Al doctor Adán Febres Cordero, quien se desempeñara con honor y sapiencia como magistrado de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia.

In memoriam

¿QUÉ SON LOS TRIBUNALES POPULARES?

Tomada de internet

Los tribunales populares están constituidos por grupos de personas que asumen ilegítima e inconstitucionalmente el derecho de juzgar a ciudadanos y condenarles a determinadas penas, incluso la pena de muerte, generalmente con violación del debido proceso y del derecho del encausado a ser juzgado por su juez natural. Se dan en tiempos convulsivos, sea con motivo de una guerra, o de una revolución, en el que el Estado se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial, y a la interferencia militar en la política, lo que coincide con la definición de un estado fallido.

En Rusia, en la segunda década del s. XX, ante el vacío de poder creado luego de la detención del zar Nicolás II, las vacilaciones del gobierno de Kerensky y el golpe de estado bolchevique que originó una guerra civil, grupos organizados se encargaban de apresar y condenar sin fórmula de juicio a los adversarios, como expuso este escribidor en las Reflexiones de agosto 2017, en la titulada TERROR ROJO, en la que se relata que la Checa -la policía política, centro de detención, interrogatorio, torturas y ejecuciones – arrestó y ejecutó a unos 800 seguidores del Partido Social-Revolucionario al punto que esta organización desapareció, dejando el campo libre al bolchevismo para iniciar la dictadura del proletariado.

En España, en 1936, el vacío de poder surgido en el gobierno de la República al inicio de la guerra civil, fue ocupado por las milicias que se habían encargado de frenar el alzamiento militar en las ciudades bajo control republicano, las que, con ansias de revancha, dieron lugar a las “checas” y a los “paseos”, en base a los cuales los milicianos que dominaban las distintas ciudades y pueblos de la zona se tomaban la justicia por su mano, ante la ausencia de un poder central que monopolizase el ejercicio de la justicia, prácticamente una justicia popular incontrolada.

 Cuando el 22 de agosto de 1936 fueron asesinados a sangre fría por milicianos un relevante grupo de políticos y militares detenidos en la Cárcel Modelo de Madrid, el gobierno republicano, para intentar controlar a los grupos armados y  recuperar el control perdido, ideó  una nueva estructura judicial en la que apareció el Tribunal Popular, competente “para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio”, y meses después el Tribunal Especial de Responsabilidades Civiles, con poder de incautar los bienes de todos los desafectos al régimen y sospechosos de traición y espionaje, “aunque no hubieran cometido delito alguno” y expulsarlos de su puesto de trabajo; y el 10 de octubre de 1936 se dispuso la creación de los llamados Juzgados de Urgencia, también tribunales populares con facultad para castigar penalmente los actos de “hostilidad y desafección al régimen que no sean constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el Código Penal Común y en las Leyes penales especiales”.

Poco tiempo después se crearon los Jurados de Guardia para castigar las infracciones a los Bandos del Ministerio de la Gobernación que se consideraran como “perturbadores del orden público” o que tendieran “a perturbarlo” y aplicarían estrictamente el “procedimiento sumarísimo regulado en el Código de Justicia Militar”; y los Jurados de Seguridad, encargados de castigar a los “presuntos vagos habituales”. Los recursos de apelación contra sus sentencias los atendían los “Tribunales Populares” de la provincia respectiva.

No obstante que con la creación de los llamados Tribunales Populares se intentaba contener el descontrol de la aplicación de facto de justicia por propia mano y sin fórmula de juicio, fue célebre el caso de Manuel Iglesias por haber sacado de su casa madrileña al marqués de San Fernando y a unos amigos de éste, los trasladó a una checa y al día siguiente aparecieron asesinados. Por cierto, según  Hermann Tertsh, al cesar la guerra, el susodicho Iglesias -abuelo del podemita Pablo Iglesias- fue condenado a la pena capital que luego le fue conmutada a 30 años, pero que no cumplió al ser liberado tan solo pagar 5 años por el crimen cometido. Cosas veredes, Sancho.

En Cuba, con el triunfo de la revolución cubana en 1959, se inició la llamada justicia revolucionaria aplicada a la manera rebelde y guerrillera, con el paredón como marco de ejecución de la pena de muerte bajo la mirada impávida del “carnicero de la Cabaña”, el Che Guevara, conocido por ese seudónimo porque personalmente ejecutó o mandó  ejecutar a funcionarios del depuesto gobierno de Fulgencio Batista. Todo al estilo nazi, que antes de la segunda guerra mundial, había instituido el Tribunal del Pueblo para juzgar delitos políticos.

Esos enjuiciamientos eran autorizados por los novatos gobernantes bajados de la montaña, inexpertos en política, leyes y derechos, y en ellos se violentaron los más elementales derechos humanos porque era justicia popular, expedita, sin formalismos; y fue la misma que se aplicó años después cuando  la camarilla Castro resolvió deshacerse de su compinche el general Arnaldo Ochoa haciéndolo enjuiciar y fusilar en el paredón de la deshonra.  

Como se ve, los tres aludidos casos de Rusia, España y Cuba dejan en claro que los tribunales populares se constituyen en tiempos en los que el estado de Derecho y la seguridad jurídica brillan por su ausencia, lo que se confirma con una reciente modalidad, como es la de los tribunales populares que grupos de autodefensa han organizado al sur de México, so pretexto de que lo que “No buscamos que el Gobierno nos dé todo, solamente queremos lo justo para establecer el orden público en el que participemos todos los miembros de las comunidades”, como dice la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG) que cree las autoridades son incapaces de combatir el crimen organizado.

También es posible que, ante determinadas circunstancias que encuadrarían dentro del concepto de estado fallido, algún tribunal del sistema judicial ordinario de un país decidiera convertirse en tribunal popular y, como tal, pretender asumir las facultades constitucionales correspondientes a los otros poderes públicos, dictar decisiones contra los opositores y condenarlos sin cumplir con formalidades esenciales como el derecho a ser juzgado por el juez natural y el derecho al debido proceso. En ese caso, el tribunal trocaría su naturaleza institucional por la de un tribunal popular y sus integrantes dejarían de ser magistrados para convertirse en empíricos leguleyos capeados de toga y birrete, a quienes, en lenguaje galleguiano, cabría aplicarles el mote de  mujiquitas.

(Publicado en el boletín AIPOP http://aipop.org/web/?p=1686)

¿QUÉ ES EL EXILIO?

 ESCULTURAS DE BRUNO CATALANO


Escapad gente tierna, 
que esta tierra está enferma, 
y no esperes mañana 
lo que no te dio ayer, 
que no hay nada que hacer. 

Toma tu mula, tu hembra y tu arreo. 
Sigue el camino del pueblo hebreo 
y busca otra luna. 
Tal vez mañana sonría la fortuna. 
Y si te toca llorar 
es mejor frente al mar. 

Si yo pudiera unirme 
a un vuelo de palomas, 
y atravesando lomas 
dejar mi pueblo atrás, 
juro por lo que fui 
que me iría de aquí… 

Joan Manuel Serrat

Pueblo blanco

De acuerdo al DRAE, la palabra exilio tiene varias acepciones: 1. m. Separación de una persona de la tierra en que vive. 2. m. Expatriación, generalmente por motivos políticos. 3. m. Efecto de estar exiliada una persona. 4. m. Lugar en que vive el exiliado. 5. m. Conjunto de personas exiliadas.

De esas definiciones, puede entenderse como exilio cuando una persona se va de la tierra donde vive a otros lugares, de manera voluntaria, o también cuando ha sido expatriada por razones de índole política; y de allí se afirma que exiliado lo es por el hecho de estar en el exilio, o se denomina así al lugar donde aquél vive, lo que también se aplica a las personas que en un lugar conviven en la condición de exiliados.

Otras definiciones, más explícitas, dicen que el exilio es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural (ya sea ciudad o nación) debido a la expatriación, voluntaria o forzada, de un individuo mientras que alguna circunstancia, generalmente por motivos políticos, le​ deniega explícitamente el permiso para regresar por amenazas de cárcel o muerte.

El exilio puede ser externo o interno. El externo se da cuando se trata de la deportación fuera del lugar de residencia, y el exilio interno, ya sea por un forzado reasentamiento en el lugar de residencia o por verse coartada la posibilidad de actuar en el mismo a través de la prohibición de desarrollar sus actividades (generalmente literarias o artísticas) o de manifestar públicamente la disensión respecto al régimen.  También se distingue entre exilio voluntario y exilio forzoso, pues el primero se corresponde con una persona que voluntariamente resuelve salir de su pueblo por determinadas razones como las que expone el trovador Serrat, o por seguridad personal, emergencia alimentaria o asistencial, mientras que en el otro el sujeto es forzado a abandonar el país por circunstancias políticas, o simplemente echado fuera de sus fronteras por parte de la autoridad, generalmente una dictadura.

En la historia, el exilio era una práctica común en distintas sociedades y así en Grecia antigua se utilizaba bajo la forma del ostracismo, que consistía en el destierro a que se condenaba a los ciudadanos pero no era una pena perpetua, sino temporal y la persona exiliada no perdía jamás sus derechos como ciudadano e incluso podía ser perdonado; y en Roma, también se usaba el exilio para alejar del imperio a opositores, como sucedió con Cicerón, Ovidio y Séneca, quienes sufrieron este castigo y fueron obligados a abandonar la ciudad.

 En México, un grupo de exiliados españoles constituyeron un gobierno  luego de la guerra civil de 1936-1939; y también puede darse el caso de naciones   como Armenia de 1078 a 1375 que, tras la invasión de su territorio por tribus selyúcidas, se exilió en Cilicia formando un nuevo reino.

En Venezuela, el exilio fue una práctica común desde la independencia en el s. XIX, pues Bolívar y muchos de los insurgentes de 1811 sufrieron esta pena, al igual que muchos compatriotas a partir de 1830; y durante el s. XX, los dictaduras gobernantes forzaban a sus opositores a abandonar el país, o éstos simplemente optaban por alejarse de las fronteras para ponerse a salvo de persecuciones, al punto que, en 1945, el expresidente Eleazar López Contreras escribió que en Venezuela no podía haber un jefe político sin una historia de destierro, aunque él, al igual que el también expresidente Isaías Medina Angarita fueron puestos fuera de las fronteras por el gobierno surgido a raíz del derrocamiento de este último.

El último ostracismo del siglo pasado, hasta un decenio para algunos, ocurrió durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como lo legó para la posteridad el bardo cumanés en 1955 al declamar en su “Canto a los hijos” que “…el hijo vil se le eterniza adentro y el hijo grande se le muere afuera”.

El exilio como pena fue abandonado por la República Civil con excepción de los casos de ciertos dirigentes de la ultra izquierda condenados a prisión por los tribunales , a quienes se les aplicó la Ley de Conmutación de Penas por Indulto o Extrañamiento del Territorio Nacional, para que, en lugar de pagar su deuda con la sociedad en una cárcel, pudieran hacerlo viviendo fuera de las fronteras hasta el completar el tiempo de la condena.

No obstante, desde comienzos del s. XXI, se viene produciendo una dispersión de venezolanos por diversos lugares del orbe, una diáspora que se calcula en una cifra cercana a 2.5 millones. Esa salida, inesperada para una mayoría que marcha con escasas pertenencias pero con maletas llenas de sueños, bien por hacerlo por su propia voluntad en busca de mejores condiciones de vida o acosadas por las condiciones político-económicas, optan por cambiar su terruño por una lejana tierra que les brinde una mejor calidad de vida y un futuro promisor para ellos y su descendencia; pero, independientemente de sus razones para desterrarse y de donde se encuentran, recuerdan con nostalgia a los seres queridos y a sus afectos, mientras que esperan con ansiedad un no lejano día para regresar cantando emocionadamente “la vuelta a la patria” para incorporarse a la ardua tarea de rescatar los valores de una destruida sociedad e iniciar la construcción de un país. Como canta el coro del grupo musical «Desorden público»:

Los que se quedan, los que se van 

 Algún día volverán… 

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