A John R. Pate, un abogado nacido norteamericano que hizo de Venezuela su hogar y a la que amó como a su país natal. Bien dijo su hijo John Thomas Pate, horas después de su lamentable deceso:“…él era feliz en Venezuela a pesar de todo, y la disfrutó hasta el último minuto”.

In memoriam.

 

DOMESTICIDAD O AGORAFOBIA

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado al gobierno venezolano de usar el sistema de justicia para aplicar castigo político a decenas de opositores que han criticado sus políticas en los medios, agregando que, además de los procesos más notorios contra determinados dirigentes políticos, otros opositores menos conocidos enfrentan o han sido amenazados de acciones penales, lo que evidencia la “ausencia de un poder judicial independiente” que pueda frenar las acciones del Poder Ejecutivo porque “[…] la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, según señaló un ejecutivo de HRW, en un reciente comunicado.

No es la primera vez que surge a la palestra una noticia de esta naturaleza porque es un hecho público y notorio el que se viene utilizando al sistema de justicia como el verdugo que aplica las sanciones que impone  el Ejecutivo a determinados actores políticos, pero la domesticidad judicial se pone aún más de manifiesto cuando se observa que ya es práctica constante y reiterada el que las solicitudes oficiales sean resueltas favorablemente, poniendo en evidencia aquel dieciochesco dicho de que “gobierno no pierde juicio”, muy al contrario a lo que sucede cuando existe una judicatura independiente, como en caso de Holanda, donde recientemente una sentencia expresó que los jueces deben ocupar el sitio de los gobernantes cuando se trate de ejercer la  protección de los ciudadanos para evitar maniobras injustas.

Para muestra de esta reflexión, un botón basta. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha liberado al Banco Central de Venezuela de la obligación legal de informar públicamente los indicadores de la actividad económica,  arrebatando a los ciudadanos sus derechos a la transparencia gubernamental, de acceso a la justicia y de acceso a la información administrativa, como demuestra Allan R. Brewer-Carías en un estudio denominado “EL SECRETO Y LA MENTIRA COMO POLITICA DE ESTADO Y EL FIN DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA”.

Si esto no domesticidad, entonces es agorafobia, una patología que se manifiesta como sensación morbosa de angustia o miedo ante los espacios despejados, como las plazas, las avenidas, etc., y que, según el procesalista italiano Piero Calamadrei, afecta a ciertos jueces cuando se encuentran ante la posibilidad de que el Ejecutivo les exija la sumisión, cuando prefieren rendirse a sus pies antes de que les sea requerido.

Un ejemplo de agorafobia lo es una declaración de un magistrado del TSJ afirmando públicamente que en Venezuela no hay retraso procesal de los juicios. Nadie le pidió que hiciera tal exposición, pero él lisonjeramente prefiere anticiparse a que una orden ejecutiva se lo exija.

Sea domesticidad o sea agorafobia, se trata de conductas que perturban el funcionamiento del sistema judicial en Venezuela y cuyo conocimiento va más allá de las fronteras, como lo acredita la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de 31 de julio de 2015 en la que calificó como catastrófica la situación del Poder Judicial venezolano, al que consideró simplemente como carente de autonomía e independencia, estimando, por ello, que nadie podría esperar poder ser juzgado por delitos comunes en Venezuela gozando de garantía judicial, y menos si hay alguna motivación política de por medio; y por consiguiente, ordenó la libertad plena de un ciudadano croata/venezolano que estaba detenido en ese país desde diciembre de 2014 mientras se completaban los trámites de extradición, acusado en Venezuela de haber estafado al llamado “Fondo Chino”.

 

LA GUERRA ECONOMICA QUE SE DESATÓ EN ESPAÑA DESPUÉS DE LA
GUERRA CIVIL

A la terminación de la guerra civil en 1939, España quedó en la ruina. No solamente era un problema de producción, sino también el que los “rojos” habían entregado el oro de las reservas a los soviéticos de Stalin que jamás lo devolvieron, alegando que había sido en pago de las compras de armamento realizado por el tambaleante gobierno republicano.

El caso es que el Generalísimo se encontraba ante un gravísimo dilema puesto que la escasez, la inflación, el estraperlo -léase el contrabando- a la par de las extremas medidas represivas de la dictadura, mantenían a la población en medio del hambre y la miseria, y el miedo.

Ante estas circunstancias, el Caudillo resolvió implantar una economía dirigida en la cual el control lo tenía el Estado para lo que contaba con leyes punitivas para facilitar el control de precios y de la peseta, la prohibición de importaciones y otras medidas propias de la economía dirigida, empecinándose en lo que se conoce como la autarquía o lucha por el autoabastecimiento con rechazo toda ayuda externa, algo parecido a lo que por estos lados algunos trasnochados se han dado en llamar desarrollo “endógeno” que interpretan como “[…] una forma de llevar adelante la transformación social, cultural y económica de nuestra sociedad, basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio ambiente y las relaciones equitativas de producción, que nos permita convertir nuestros recursos naturales en productos que podamos consumir, distribuir y exportar al mundo entero”.

Pues bien, tan pronto se implantaron las medidas, se dio inicio a la guerra económica. Los revendedores de productos regulados los adquirían para venderlos a elevados precios a la población mientras los estraperlistas profundizaron el estraperlo con la introducción de productos extranjeros de manera clandestina que vendían a altísimos precios bajo la impávida mirada de la guardia civil y de otros funcionarios previamente “engrasados”, se incrementaron las “colas” y no se mejoraba la hambruna, aunque sí la fortuna de los contrabandistas que amparados por “amiguetes” oficialistas hacían pingües ganancias, como el personaje al que este escribidor aludió en las reflexiones de a primeros de agosto, el famoso chato Puertas.

A todas estas, y para completar ese cuadro tan complejo, España era objeto de un bloqueo internacional acordado por las Naciones Unidas, que prohibía a los países miembros vender productos a la dictadura franquista, con excepción de la Argentina, que se negó a acatar la decisión mundial.

La situación de crisis persistía y Franco y sus adláteres sentían los efectos a través de críticas y aisladas protestas; y he allí que llegó a España el salvavidas que le daría un primer oxígeno: El auxilio norteamericano plasmado en un contrato de arrendamiento de parte del territorio nacional para implantar bases militares.

Con el arribo de la primera oleada de militares americanos con “verdes” en los bolsillos, la  situación fue mejorando para la población y se comenzaron a abrir fuentes de trabajo al establecerse algunas transnacionales en el país, como Coca Cola en 1950; pero aun así, la guerra económica continuaba entre la economía dirigida que no cesaba de controlar y una economía de libre mercado que quería ocupar el espacio, lo que estaba trastornando la paz sepulcral impuesta por la represión dándose protestas en las minas asturianas por parte de los trabajadores, mientras que los estudiantes hacían lo propio en las universidades.

Ante este estado de cosas, y agravándose el estado de las finanzas públicas, el Caudillo se vio ante un dilema: o se da marcha atrás a la economía dirigida, o el nacionalcatolicismo se va al garete.

Franco, de no muchas luces intelectuales pero sí con unas desarrolladas fosas nasales para percibir las moléculas del olor de la política, se dejó de imaginarios Planes Buitre de sabotaje a la economía, de proyectos de reestructuración económica y de OLP´s contra el “bachaquerismo” (ver nota al final de la reflexión), y optó por un cambio radical, entregando los principales ministerios a los tecnócratas y dejando las carteras políticas y militares a su entorno, con lo cual él mismo derrotó pacíficamente a la economía dirigida para establecer una economía de libre mercado mediante la aplicación de ajustes económicos que permitieron al Generalísimo morir en su cama 25 años después, en medio de una bonanza económica que distaba mucho de la pobreza existente en los años de la post guerra, ese período que el historiador Juan Eslava Galán considera como “[…] una época de doble moral, un tiempo radicalmente hipócrita”.

Por supuesto, no todos los gobernantes son capaces de tomar la amarga medicina que podría ayudarlos a mantenerse en el poder con mejoras para sus pueblos, o para entrar en la historia por la puerta menos vergonzosa. 

NOTA: El comentarista Willy Mckey, en el artículo titulado “¿A usted le conviene llamar  ‘bachaquero’ al revendedor de productos regulados?” publicado en Prodavinci, ha dicho:

“[…] la palabra bachaquero es un invento de la neolengua y (que) los revendedores de productos regulados son una consecuencia del fracaso del gobierno”.

 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION EN LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS

El numeral 3 del Artículo 188 de la Constitución exige que el candidato a diputado haya residido “cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección”.

Este requisito tiene por objeto evitar un fraude al principio de representación, exigiendo que el candidato sea residente de la entidad que aspira a representar en el Poder Legislativo, lo que implica que si un candidato no cumple con la exigencia, no podrá postularse a la diputación.

No obstante, tan clara disposición del constituyente de 1999, una torticera norma contenida en el artículo 113 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales modificó el espíritu, propósito y razón de la disposición constitucional al consagrar un fraude al principio de representación cuando dispuso que esos cuatro años de residencia podían cumplirse “en cualquier momento antes de la elección”, con lo cual cualquier persona que no sea residente de la entidad que pretende representar podrá candidatearse, siempre y cuando en algún momento anterior haya residido en ese lugar.

De esta manera, se ha agregado un nuevo y falaz requisito puesto que es público y notorio que varios candidatos pertenecientes a la tolda oficialista y uno a la oposicionista no cumplen con la exigencia de residencia por cuatro años en los lugares por los cuales se han postulado, lo que constituye una acción inconstitucional; y por esa razón se entiende que lapatilla.com (4AGO2015) haya dicho:

Oficialismo y oposición se dan la mano demoliendo el artículo 188 de la Constitución Nacional”.

Pero de nada sirve protestar o alegar infracciones al principio de la representación contenido en la Constitución, ese librito amarillo que sirve para todo: El Poder Electoral, siempre tan solícito ante el oficialismo ya aprobó las postulaciones y si algún osado las impugnara, el Tribunal Supremo de Justicia, tan eficiente cuando aplica la teoría del colaboracionismo jurídico, se encargará de mantener el orden preestablecido.

¿LIBERTAD O DESARROLLO?

Singapur, la que fuera hace 50 años una mísera villa de pescadores del sureste asiático carente de recursos naturales, es hoy, con 5 millones de habitantes y 700 kms2 de superficie, uno de los países más desarrollados del mundo ubicándose en el 7o lugar del PIB per capita, con el menor índice de corrupción y ostentando uno de los mejores sistemas educativos del planeta, como apunta Andrés Oppenheimer en su libro «Basta de historias«. ​​

​Su independencia de la corona británica se produjo en 1963 cuando el líder independentista ​Lee Kuan Yew -fallecido hace unos meses- inició su mandato con el apoyo del único partido existente que es y ha sido el ganador de todas las elecciones realizadas y que por tanto lo mantiene en el poder.

Pues bien, Yew tomó determinadas decisiones que han permitido el florecimiento de los negocios, comenzando por la obligatoriedad del aprendizaje del idioma inglés, bajas tasas impositivas que lo asimilan a un paraíso fiscal y una gran estabilidad política. También se aprovechó de la situación estratégica de su territorio puesto que está situado en el estrecho de Malaca, que es una de las rutas de navegación más importantes del mundo.

Pero así como ha habido una extraordinaria prosperidad económica a lo largo de los años, el país carece de libertades individuales pues Yew consideraba que ​el modelo de democracia liberal occidental no podía ser aplicad​o​ en un país en desarrollo. Basta con mencionar que la homosexualidad está penada con dos años de prisión, el tráfico de drogas y el homicidio ​es castigado​ con ​la pena de muerte y los azotes son una forma de condena para numerosos delitos en las prisiones, reformatorios y las escuelas. Y también se prohíben actos que son parte de la vida cotidiana en la mayoría de los países del mundo: desde abrazarse a escupir en la calle o mascar chicle.

Como se observa, Singapur es un país donde los derechos humanos no son muy apreciados por el régimen pero se ha posicionado entre los más económicamente desarrollados, sacrificando ciertas libertades civiles y sosteniendo una sociedad que no puede debatir públicamente.

Entonces, este escribidor vuelve su mirada al primer país al norte de América del Sur, aquel que debe su nombre al navegante italiano Américo Vespucci, busca en el calendario el año 1958, cuando renació la democracia un 23 de enero, y observa la instauración de la república civil hasta su desaparición en 1998 y la paulatina y posterior destrucción de un país unido al deterioro físico, intelectual y moral del de su población que lo ubica con los peores resultados en todos los estudios comparativos mundiales serios,  y se pregunta:

 ¿Libertad o desarrollo?.

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