Al doctor Pedro Manuel
Arcaya Urrutia, distinguido abogado de intachable y reconocida trayectoria en el mundo financiero y de los seguros, digno heredero de su padre, el doctor Pedro Manuel Arcaya, y excelente amigo de los Sarmiento.

In memoriam.

En un comunicado emitido el pasado 17 de noviembre, la SC-TSJ hizo del conocimiento público el contenido de la sentencia 948 dictada para ratificar el derecho a manifestar con permiso, sin armas y sin obstaculizar el tránsito (http://www.lapatilla.com/site/2016/11/17/tsj-ratifica-el-derecho-a-manifestar-con-permiso-sin-armas-y-sin-obstaculizar-el-transito/).

La decisión contiene el mérito invaluable -con toda seguridad un descuido de sus fervorosos firmantes – y es que, por interpretación a contrario,  reconoce los derechos ciudadanos a convocar y realizar actos que no alteren el orden público ni instiguen contra las autoridades y Poderes Públicos ni constituyan actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico, y sin armas, o sea, que cualquier acto de esa naturaleza está absolutamente permitido, quedando solamente cumplir con las formalidades como la que exige la Ley de Tránsito que se cita en la sentencia; y, en ese caso, no pueden las autoridades negarse a conceder su beneplácito. 

Para este escribidor, el pronunciamiento de la SC-TSJ era innecesario porque en Venezuela rige el principio según el cual la ley se presume conocida por todos, pero no deja de llamar la atención que así como hizo referencia al derecho a manifestar en forma pacífica, sibilina y convenientemente  hizo “mutis por el foro” al omitir toda referencia al artículo 68 de la Constitución de 1999 que contiene la prohibición del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas.

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