La Constitución de 1999, en el artículo 253, indica que el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.

Conforme a esta disposición, los abogados en ejercicio forman parte del sistema de justicia que no es más que una ratificación del viejo principio según el cual el abogado es un auxiliar de la justicia. En esencia, no es parte en el proceso en el cual intervenga, sino un auxiliar de la justicia, que tiene que actuar en defensa de su cliente, pero sin dejar de lado la búsqueda de justicia, aunque no puede, aún en su invocación, perjudicar a su cliente. Por supuesto no puede mentir, ni asesorar sobre conductas ilícitas, pero sí alegar en defensa de su cliente las leyes, doctrina y jurisprudencia que más lo favorecen.

Este carácter especial que el constituyente ha conferido a los abogados hace presumir que éstos, en el ejercicio de su profesión, son en efecto no sólo integrantes del sistema de justicia sino que sus actuaciones profesionales están signadas por la presunción de buena fe, de que en el ejercicio de su profesión se desempeñan como auxiliares de la justicia.

En este sentido, hay que recordar que la buena fe se presume en las actuaciones donde la lealtad, corrección y rectitud en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. De allí que la norma contenida en el artículo 789 del Código Civil según la cual la buena fe se presume siempre, y quién alegue la mala deberá probarla se ha extendido a todos los niveles, incluso el constitucional, al consagrarse la presunción de inocencia en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución.

Por consiguiente, al estar los abogados provistos de una autorización para el ejercicio de su profesión, sus actuaciones, por tanto, deben presumirse cumplidas de buena fe y, quien dude de ello, deberá probarlo por las vías legales pertinentes.

Aparte de esta función de auxiliar de la justicia, la Ley de Abogados de 1967 indica en el artículo 1, que la profesión de abogado se ejerce de acuerdo a las disposiciones de esa ley, su Reglamento, los reglamentos internos y por el Código de Ética Profesional del Abogado que dictare la Federación de Colegios de Abogados.

Por su parte, el artículo 6, en el encabezamiento, expresa que los Jueces, los Registradores, los Notarios y los Inspectores Fiscales se abstendrán de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o declarativos de la propiedad de bienes, títulos supletorios documentos relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que deban inscribirse en el Registro de Comercio declaraciones de herencia y en general toda especie de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido redactados por un abogado en ejercicio.

De acuerdo al contenido del artículo transcrito parcialmente compete a los abogados, y particularmente a quienes estén en el ejercicio de su profesión, la redacción de todos aquellos documentos que allí se enuncian, es decir, que la redacción de documentos es una atribución por mandato legal a los profesionales del derecho.

De manera, pues, que el abogado es el único autorizado para redactar documentos que deben ser tramitados o autorizados por Jueces, Registradores, Notarios e Inspectores Fiscales; y cuando los documentos redactados por ellos son presentados ante cualesquiera de estos funcionarios, se presume que están redactados conforme a la ley.

Esto significa que cualquier intromisión de un funcionario público destinada a formular observaciones de fondo o de forma a los documentos redactados por los abogados, o devolverlos sin derecho a tramitación -autenticación o registro- es una intromisión, un intrusismo, pues de esa manera se atropella el derecho que legalmente corresponde a los abogados a redactar los documentos que deben ser autorizados por los funcionarios públicos mencionados. En todo caso, las facultades que el Código de Comercio y la Ley de Ley de Registro Público y del Notariado confieren a los Registradores Mercantiles y Notarios son de carácter restrictivo y en ningún caso y bajo ningún concepto pueden afectar las disposiciones que dan el derecho a los abogados a la redacción de documentos.

Carlos J. Sarmiento Sosa, octubre 2011.

Un comentario en “Apostilla sobre el derecho de los abogados a redactar documentos sin intromisión de jueces, registradores, notarios e inspectores fiscales”

  1. Estas reflexiones son perfectamente atinentes a la discrecionalidad de algunos funcionarios en Registros y Notarías, quienes tachan párrafos y le ordenan –a su real saber y entender– a los presentantes, la corrección de documentos, irrespetando el conocimiento, la experiencia y la academia de los abogados redactores. A todas luces, los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados deberían entran en funciones, aplicando las medidas sancionatorias a los infractores de los preceptos tan claramente expresados por el Dr. Sarmiento Sosa.
    Caracas, 12 de marzo de 2014

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