Carlos J. Sarmiento Sosa
Abogado
Doctor en Derecho
 
ALGUNAS NOCIONES SOBRE INDULTO Y AMNISTIA
 
Caracas-Venezuela
Noviembre 2012
 
SUMARIO
     Introducción
1.  Algunas nociones sobre el indulto
1.1.     Definición
1.2.     Antecedentes
1.2.1.  El indulto en el Antiguo Testamento
1.2.2.  El indulto en el Nuevo Testamento
1.2.3.  El indulto en el antiguo Egipto
1.2.4.  El indulto en Roma
1.2.5.  El indulto en la Edad Media y el Renacimiento
1.2.6.  El indulto en España
1.3.      El indulto en Las Américas
1.3.1.  El indulto en los Estados Unidos de América
1.3.2.  El indulto en Canadá
1.3.3.  El indulto en el Perú
1.3.4.  El indulto en la República Argentina
1.3.5.  El indulto en el Uruguay
1.4.    El indulto en Venezuela
1.4.1.   Evolución constitucional del indulto
1.4.1.1.        La Constitución de 1811
1.4.1.2.        La Constitución de 1819
1.4.1.3.         La Constitución de 1821
1.4.1.4.          La Constitución de 1830
1.4.1.5.          La Constitución de 1858
1.4.1.6.          La Constitución de 1874
1.4.1.7.          La Constitución de 1901
1.4.1.8.           La Constitución de 1909
1.4.1.9.      Las Constituciones de 1931, 1936, 1945, 1947, 1953, 1961 y 1999
1.5.     Evolución legislativa del indulto
1.5.1.        El Código Penal
1.5.2.      Ley de Conmutación de penas por indulto o extrañamiento del territorio nacional
1.6.      La Comisión Nacional de Indultos
1.7.      Indultos célebres
1.7.1.        El indulto a Antonio Leocadio Guzmán
1.7.2.       El indulto a Pedro Numa Salas Bustillos
1.7.3.       El indulto a Larry Tovar Acuña
2.   Algunas nociones sobre la amnistía
2.1.      Definición de amnistía
2.2.      Antecedentes
2.2.1.        La amnistía en Grecia y Roma
2.2.2.        La amnistía en el Antiguo Testamento
2.2.3.       La amnistía en el Nuevo Testamento
2.2.4.       La amnistía en la Edad Media y en el Renacimiento
2.2.5.       La amnistía en España
2.2.5.1.          La amnistía durante el franquismo
2.2.5.2.          La amnistía en el post franquismo
2.3.     La amnistía en Las Américas
2.3.1.       La amnistía en los Estados Unidos de América
2.3.2.       La amnistía en el Canadá
2.3.3.       La amnistía en el Perú
2.3.4.       La amnistía en la República Argentina
2.3.5.       La amnistía en el Uruguay
2.4.     La amnistía en Venezuela
2.5.      Evolución legislativa de la amnistía
2.5.1.       La Ley de Amnistía Política General
2.5.2.       Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía
2.5.3.       El proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación
2.5.3.1.          Los principios elementales para la reconciliación nacional
2.5.3.2.          La amnistía general
3.   Conclusiones
 
 
ALGUNAS NOCIONES SOBRE INDULTO Y AMNISTIA
 
Carlos J. Sarmiento Sosa
 
Papá, en este noviembre de 2012, a 16 años de tu viaje sin retorno, sigo envaneciéndome de la
fortuna de haberte tenido como padre, maestro y amigo.
 
Introducción
       
        La Constitución de 1999 establece, como principio general, la
libertad personal, a la cual declara inviolable y, en el artículo 44, consagra
que  ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti, en cuyo caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención; y será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
 
        Por tanto, y según la aludida norma, todo ciudadano debe ser juzgado en libertad, con excepción de aquellos delitos en los cuales se haya previsto la privación inmediata de libertad, o porque el juez considere que debe ser confinado en un establecimiento penitenciario. El ejemplo más patente es cuando se tema la posibilidad de fuga.
 
        Con la salvedad señalada, para privar a alguien de su inviolable libertad, la Constitución garantiza el debido proceso en el artículo 49, según el cual, además de contar con la presunción de inocencia, toda persona, con el derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, por lo que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.
 
        Una vez que el procesado es sentenciado por decisión definitivamente firme e irrevocable, debe cumplir con la pena de privación de libertad que le corresponda por el delito que cometiera en el lugar que señale el juez y con las garantías de respeto a
sus derechos humanos; pero pudiera darse el caso que, durante el cumplimiento
de la pena, surgieran circunstancias que ameritaran que ese procesado sea
puesto en libertad. Se trataría, en ese caso, de hacer una exclusión de la
aplicación cierta y jurídica de una sanción para devolverle a la libertad; y,
dentro de este orden de ideas, desde hace cierto tiempo, existe en Venezuela un grupo de ciudadanos que
han sido condenados por los tribunales y se encuentran recluidos en
establecimientos penitenciarios cumpliendo las penas que les fueron impuestas, e
inhabilitados de sus derechos civiles y políticos.
 
        Por el otro lado, un grupo de ciudadanos, y de organizaciones
no gubernamentales -Ong´s- han solicitado que cese el cumplimiento de las penas
y que a los primeros sean puestos en libertad. En su petición, han incluido que
la merced alcance a otro grupo de venezolanos, en este caso los que se encuentran
fuera del país con el carácter de exilados, para lo cual han propuesto por
iniciativa popular una ley general de amnistía.
 
        En medio de las vocerías que se pronuncian a favor de la
liberación de los presos, y el regreso de los exilados, se utilizan conceptos e
instituciones de carácter jurídico. Unas veces se habla de amnistía, otras
veces se hace de indulto.
 
        Como es un asunto que atiene a los derechos humanos, porque
son personas que están privados de su libertad, o en el ostracismo, es preciso
que la opinión pública tenga claro que no se trata solamente buscar una
liberación, o un retorno al terruño, sino que, para ello, hay que hacerlo por
la vía de las instituciones estatales y utilizando los elementos que contiene
el sistema jurídico para lograr ese fin.
 
        Las líneas que siguen tratarán de identificar el mecanismo
idóneo para que proceda la gracia de devolver la libertad a un procesado que
cumple sentencia condenatoria, que bien pudieran ser el indulto o la amnist,
advirtiendo que distinto fue el caso de la gracia conferida por el Presidente
Rafael Caldera al entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías porque,
allí se trató de un “sobreseimiento
es decir la terminación anticipada de un
proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido
porque el Jefe de Estado, de acuerdo con el artículo 54, numeral 3 del Código
de Justicia Militar, estaba facultado para “ordenar
el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo considere conveniente

(el Presidente de la República) en
cualquier estado de la causa
”.
 
        Como
se observa, lo que hizo el Presidente Caldera fue poner fin al juicio en el que
se procesaba al hoy Presidente Chávez, sin que hubiera producido una sentencia.
 
        Este
ensayo consta de dos capítulos y al final unas conclusiones. En el primer
capítulo se aborda el indulto y en el segundo la amnistía y, en ambos, la
estructura es similar en cuanto a que se comienzan con la definición de cada
instituciones, sus antecedentes comenzando con los más antiguos que se
encontraron hasta llegar a un análisis comparativo en las Américas, para lo
cual se seleccionaron a dos países en América del Norte y cuatro en Sur
América, haciendo énfasis en el derecho positivo, para llegar finalmente a las
conclusiones.
 
        Es
de señalar que el ensayo no pretende ser un estudio de derecho comparado
porque, como se ha indicado supra, el interés está en difundir conocimientos
relativos al indulto y la amnistía en momentos tan significativos como el
actual en Venezuela, donde cotidianamente se comenta la posibilidad de promover
una amnistía política. Por esa razón, excluimos a países como Colombia,
Nicaragua, El Salvador y Honduras que, en los años recientes, han tenido que
utilizar el perdón como un mecanismo para pacificar sus respectivos países
mediante el reencuentro de sus ciudadanos, divididos por la guerra y hasta por
el disentimiento de las ideas.
 
        Entremos,
pues, en materia para informar, en lenguaje sencillo, qué son el indulto y la
amnistía, formas que se han considerado procedentes para obtener la liberación
de ciertos ciudadanos que cumplen condenas, y el regreso de otros que
permanecen alejados de la patria.
 
        Caracas,
noviembre 2012
 

 

 
1.  
Algunas
nociones sobre el indulto
 
Sobre el indulto existen distintas nociones que, al ser una gracia, como
lo es también la amnistía, se presta a confusiones. Por esa razón, comenzaremos
con una definición de indulto, para seguir con los antecedentes y el indulto en
las Américas y en Venezuela con su tratamiento constitucional y evolución
legislativa para concluir, en este capítulo con una referencia a indultos
célebres.
 
1.1.    
Definición
 
        De acuerdo al Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española (DRAE), el verbo indultar significa perdonar a alguien total o parcialmente la pena
que tiene impuesta, o conmutarla por otra menos grave; y el sustantivo indulto
tiene dos significados: Uno, Gracia
por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena y dos, Gracia
que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o
parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna.
 
        Conforme
a esas definiciones, el indulto, por lo tanto, puede considerarse
como una vía para extinguir una responsabilidad del ámbito penal, lo que supone
la eliminación de todas las sanciones aplicadas sobre el condenado.
 
        El origen de indulto deriva del latín “indultum”, forma sustantivada del verbo
indulgeo, indulsi, indultum”, cuya
traducción es condescender, ser complaciente, ser indulgente con las faltas;
también en dicha lengua materna nos hallamos con el sustantivo “indultor, indultoris”, que significa el que perdona, el que favorece[i].
También se ha considerado que como la palabra Gracia viene del latín Gratia, significa “Don de Dios”, que eleva sobrenaturalmente a un ser racional[ii].
 
        El
indulto también fue conocido analógicamente como el “derecho de gracia” o la
“merced”, o “clemencia”, o “perdón”, o “misericordia”, entre otros
calificativos.
 
        El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Por el indulto, la persona sigue siendo
culpable, pero se le ha relevado el cumplimiento de la pena.
 
        El indulto puede ser total
o parcial: El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que
hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas; y el indulto parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas
impuestas o su conmutación por otras menos graves.
 
        A su vez, el indulto puede
ser general y particular: General cuando sea otorgado a varias personas o un
grupo; y particular cuando con él se beneficia a un solo individuo.
 
1.2.    
Antecedentes[iii]
 
        Los antecedentes del indulto se remontan
a la antigüedad, por lo que podría decirse que ha existido en todos los tiempos
y en todas las civilizaciones. Es una
institución, fundamentalmente, histórica, gran parte de su naturaleza,
contenido, estructura y fines viene determinada en la propia historia.
 
1.2.1.      
El
indulto en el Antiguo Testamento
 
        En el Antiguo Testamento[iv]
se narra que en el trigésimo séptimo año de la deportación de Joaquín, rey de
Judá, el día veinticinco del duodécimo mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el
año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la
prisión. Le habló amigablemente y
le asignó un sitial más elevado que el de los reyes que estaban con él en
Babilonia. Le hizo cambiar su ropa de prisionero, y Joaquín comió siempre en su
presencia, durante toda su vida. Su
mantenimiento fue asegurado por el rey de Babilonia con una asignación regular
para cada día, hasta el día de su muerte, durante toda su vida[v].
 
1.2.2.      
El
indulto en el Nuevo Testamento
 
        En el Nuevo
Testamento, el primer antecedente se remota a la inmediata era cristiana y lo fue
el indulto que Poncio Pilatos, Prefecto de Judea, diera a Barrabás, el reo que
fue preferido por el pueblo judío a Jesús de Nazareth. Quizás Pilatos, por
razones políticas, optó por satisfacer a las autoridades de Jerusalén pues bien
se sabe que los romanos eran ocupantes a la fuerza del territorio conocido en
la época como Palestina, aunque también existía una costumbre en Pascua de
proceder al perdón de un reo. 
 
1.2.3.      
El
indulto en el antiguo Egipto
 
        En
el Antiguo Egipto existía la conmutación de penas. Diodoro de Sicilia dice que
Atisano, Rey de Egipto, conmutó la pena de muerte a que condenó a unos
salteadores de caminos para la relegación o deportación a una comarca desierta.
 
1.2.4.       El
indulto en Roma
 
        El indulto apareció en Roma como un
acto de justicia de los gobernantes, quienes detentaban la facultad de otorgar
la gracia, aunque en Roma existían ciertas formas de indulto que correspondían
al pueblo, como el caso del que se arrodillaba ante un sacerdote de Júpiter,
pues no podía ser apaleado en 24 horas. También, el que entraba encadenado en
su propia casa, debía ser desatado; y el criminal que al dirigirse a una
ejecución tropezaba con una vestal, resultaba perdonado.
 
        De allí se deduce que esa potestad popular, aún en
el Derecho Romano antiquísimo, la detentaba el pueblo soberano al ejercer el
supremo derecho de gracia convirtiéndose en la primera manifestación de
extinguirse de ese modo la acción penal y la condena -la “provocatio ad populum”- de la cual se hizo uso desde bien pronto
durante el período de los reyes.
        En la República la “restitutio in integrum” y más tarde la “restitutio damnatorum”, que remitían la
pena y los demás efectos de la condena, “ac
si judicium non fuisset
”, tomaban la forma de ley votada por el pueblo en
los comicios. 
        Con el Imperio de Augusto fue
evocado el poder de gracia que, con el apoyo del Senado, se fue haciendo cada
vez más absoluto y más completo; poder manifestado mediante la “indulgencia principis” la cual “poenae gratiam facit” y podía ser especialis y generalis, mediante la “abolitio
pública
”, formas que corresponden sustancialmente a la gracia o al indulto
particular y al indulto, referido al general, y a la amnistía. Las dos primeras
consistían en la antigua “restitutio
integrum
”, la tercera implicaba la extinción de la acción penal pendiente,
y podían realizarse, publice, privatum y ex lege.
 
1.2.5.      
El indulto en la Edad Media y el Renacimiento
        En el derecho de los pueblos
bárbaros tuvo poca aplicación el derecho de gracia, que quedó como una facultad
residual del Monarca para los supuestos de reos condenados por delitos
cometidos contra su persona y familia y por delitos de carácter público, pues
el Rey no podía indultar por delitos privados (que eran la mayor parte) sin el
consentimiento de aquellas personas a quienes correspondía el derecho de
ejercitar la venganza o la compasión.
  
        En el régimen feudal, la
prerrogativa de gracia es compartida por el Monarca, los grandes señores y las
municipalidades, detentadores del ius
puniendi
, o sea, del derecho a castigar, pero caracterizándose que en ese
período de la Edad Media, la gracia fue un recurso frecuente, surgiendo
costumbres extrañas que hacían depender su concesión aun de circunstancias
fortuitas. En el siglo XII se encuentran ejemplos claros de algunas amnistías
en las “cartas de abolición general
que otorgaban los Reyes para borrar singularmente crímenes de Majestad, rebeliones
y motines populares, y con el renacimiento del derecho romano, el derecho de
gracia y el de abolición se fueron concentrando en los reyes, sosteniendo los
intérpretes que sólo en odio a algunos delitos graves (homicidio, adulterio,
blasfemia e idolatría) debía el príncipe abstenerse de perdonar.
        Las monarquías absolutas provenientes
del derecho divino concentraron todos los poderes en los reyes, quienes
detentaban los poderes de administrar, legislar y juzgar,  e indultaban cuando y como lo tenían por
conveniente, sin limitaciones al efecto mediante la indulgentia specialis, o indulto particular, y la indulgentia generalis o communis, es decir el indulto general, que
se concedía en ciertas fiestas u ocasiones solemnes, sobre todo, cuando las
familias reales tenían algún motivo, aun privado, de regocijo (bodas, bautizos,
mayoría de edad,…).
 
1.2.6.      
El indulto en España
        Los primeros reflejos de la
clemencia en el derecho castellano se remontan al Fuero Juzgo, elaborado en
Castilla en 1241 por Fernando III y cuyo antecedente remoto es el Liber Iudiciorum del año 654, promulgado
por los visigodos.
        La “merced” en ese ordenamiento restringía su ejercicio a los supuestos
de reos condenados por delitos cometidos contra el Príncipe o la tierra para lo
cual el Príncipe debía ser ilustrado previamente a su decisión de graciar[vi], por un “consejo
de sacerdotes
“ y por los “maiores de
su corte
”.
        Con el Fuero Real, promulgado en 1254
por Alfonso X el Sabio, se trata de poner fin al libre albedrío judicial,
causante de muchos males de Castilla. En el Fuero Real se recogen preceptos
sobre el perdón, muy expresivos en cuanto a su concepto y, así, decía que el
perdonar la pena al reo es algo que hace el Rey si quiere, a lo que puede
moverle su piedad o merced.  
        En las Siete Partidas del mismo
Alfonso X el Sabio, con la rúbrica “De
los Perdones
”, de la Partida Séptima, se estableció la diferencia entre “Misericordia e Merced e Gracia”: la misericordia consiste en el perdón
otorgado por espontáneo sentimiento de piedad del Rey: la merced es el acto de perdonar por servicios prestados al Rey; y la Gracia no es perdón, sino concesión
gratuita y voluntaria “como manera de galardón hecha por el Rey”.
        Las Siete Partidas también distinguió
la clemencia por sus efectos según el
beneficiario sea un delincuente pendiente de juicio o un condenado, produciendo
en el primer caso la extinción no sólo de la pena sino de la responsabilidad
penal y, en el segundo, la extinción de la pena corporal o de privación de
libertad, no extendiéndose a las penas subsidiarias ni a la responsabilidad
penal contraída.
        Posteriormente se van disponiendo
un incremento de las limitaciones a la facultad regia de graciar, llegándose a implantar la necesidad de que los reos
susceptibles de beneficiarse de la gracia hayan sido previamente condenados por
sentencia firme, siendo claros ejemplos de lo expuesto las Disposiciones de
Fernando IV en 1.310 y de Carlos I en 1.518.
        En las Ordenanzas de Castilla de los
Reyes Católicos en 1484, y en la Nueva Recopilación de Felipe II en 1567 se
regulan los perdones, al igual que en la Novísima Recopilación de Carlos IV en
1.805 en la que, además, se inserta un título referido a las “visitas de
cárceles y presos” y se prohíbe la conmutación de la pena de galeras.
 
        En la Novísima Recopilación también se
encontraba un título que trata “De las penas corporales, su conmutación y
destino de los reos”, y se atribuye la clemencia como facultad regia, por lo
que los indultos, rebajas, conmutaciones y alzamientos de cláusulas de
retención deberían concederse por el Rey o con su autorización por Audiencias,
Chancillerías o Consejo.
 
         La primera disposición del siglo XIX sobre la
gracia es el Reglamento de 26 de marzo de 1.805 aplicado al Presidio de Cádiz,
que posteriormente fue suprimido, en el que se contiene un sistema de rebaja o
reducción de condena. 
 
        El Estatuto de Bayona de 1808 disponía
que “el derecho de perdonar pertenece solamente al Rey, y lo ejercerá oyendo al
Ministro de Justicia en un consejo privado compuesto de los Ministros, de dos
Senadores, de dos Consejeros de Estado y de dos individuos del Consejo
Real”.   
 
        Será la Constitución de Cádiz de 1812 el
primer texto constitucional español que da cabida a la institución de la gracia
como atribución regia sometida a las leyes, que permitía el otorgamiento de la
gracia a los delincuentes.
         
         Las Constituciones de 1837 y 1845 reproducen prácticamente
la  fórmula utilizada para la gracia en
la Constitución de Cádiz; y en la Constitución de 1856 se dispuso, entre otras
prerrogativas reales, la de “indultar a los delincuentes con arreglo a las
leyes”, prohibiéndose los indultos 
generales y haciéndose necesaria la “petición de uno de los Cuerpos
colegisladores” para que fuera posible indultar a un “Ministro a quien se haya
exigido responsabilidad por las Cortes”.
 
        El
Real Decreto de diciembre de 1.866, fue el primer texto legal del siglo XIX que
presentó una regulación sistemática de los límites a la facultad de indultar, prohibiendo
la concesión de indultos de penas no ejecutoriadas a no ser en casos
extraordinarios, el curso de solicitudes colectivas o de muchedumbres,
relativas a reos fugados o en rebeldía y los indultos generales; y limitó a
tres el número de indultos de pena de muerte que podían otorgarse en Viernes
Santo y estableció reglas para los de penas temporales, preceptuando que no
pudieran concederse hasta que los reos hubieran extinguido las dos terceras
partes de las graves, la mitad de las menos graves y las tres cuartas partes,
la cuarta o la quinta, según los casos, de las correccionales.   
       
        En la
Constitución de 1869 se añadió la necesidad de solicitud del indulto por una de
las Cámaras para el supuesto de ser un ministro el sujeto beneficiario de tal
gracia; mientras que a la vez se le faculta al Rey para indultar a los
delincuentes.
 
        En la Ley
de 18 de junio de 1.870 se restringieron las reglas para el ejercicio de la
Gracia de Indulto, limitándose su aplicación a los indultos particulares; y las
Cortes Constituyentes por Ley de agosto de 1.873 vendrían a abolir la gracia de
indulto para toda clase de penas, a excepción de la de muerte y de la
conmutación de las perpetuas. 
       
        La
Constitución de 1876 dispuso que 
“corresponde (…) al Rey (…) indultar a los delincuentes  con arreglo a las leyes” no proscribiendo la
facultad de ejercicio de la prerrogativa de gracia en sus formas de amnistías
ni indultos generales; pero la Ley de 26 de junio de 1890 agregó que “no se
dará  curso por el Ministerio de Gracia y
Justicia ni se informará por los Tribunales ni por el Consejo de Estado
solicitud alguna de indulto en causa por delitos electorales sin que conste
previamente que los solicitantes han cumplido por lo menos la  mitad del tiempo de su condena en las penas
personales y satisfecho la totalidad de las pecuniarias y costas”.       
 
        La
Segunda República Española dará un nuevo giro a la regulación de la gracia,
primero mediante el Decreto de Indulto de abril de 1.931, y poco después, en
diciembre del mismo año, atribuyendo la facultad de amnistiar al Parlamento, y dando
la facultad de conceder los indultos particulares al Tribunal Supremo, y
excepcionalmente al Presidente de la República para los supuestos de delitos de
extrema gravedad, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del
Gobierno responsable.
 
        En el
gobierno del generalísimo Francisco Franco, la atribución para indultar
correspondía al Jefe del Estado de modo exclusivo y excluyente, lo que se
ratificó posteriormente en la  Ley
Orgánica del Estado de enero de 1.967 en la que se ratificó que “El Jefe del
Estado…. ejerce la prerrogativa de gracia”.  
 
 
        Con la
Constitución de 1978 el ejercicio de la prerrogativa de gracia volvió al
Monarca con arreglo a las leyes, se prohibieron expresamente los indultos
generales y se omitió cualquier referencia expresa a la amnistía, quedando
excluidos el Presidente y a los demás miembros del Gobierno  del derecho al beneficio de la gracia y se eliminó
la prerrogativa de las materias  objeto de regulación por la vía de la
iniciativa legislativa popular.
 
1.3.     El
indulto en Las Américas
 
        Probablemente las culturas precolombinas tendrían algunas
prácticas relativas al perdón; pero con la llegada de las culturas europeas al
continente americano sin duda que la gracia se implantó por la sencilla razón
de que el derecho de cada país conquistador comenzó a aplicarse en las tierras
conquistadas y luego colonizadas. En esta sección se hará referencia solamente
a algunos países americanos, en el entendido de que las naciones del continente
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica del 22 de noviembre de 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, los
cuales contienen normas sobre la gracia del indulto, al que consideran
aplicable incluso en casos de personas condenadas a la pena de
muerte, que tienen el derecho a solicitar el indulto o la conmutación
de la pena.
 
        En este breve recorrido se observará cómo funciona la
institución en los Estados Unidos y el Canadá, con procesos claramente
definidos y estables, aunque en el primero ha habido cuestionamientos; y por
otra parte, se verán las vicisitudes del indulto en países que se vieron
afectados por gobiernos de facto durante los cuales se cometieron delitos
contra los derechos humanos y de lesa humanidad, como en el Perú, la Argentina
y Uruguay, países que se vieron forzados a promulgar leyes que coloquialmente
eran denominadas como leyes de impunidad o leyes de perdón porque estaban destinadas
a proteger de las acciones penales a los autores de tales delitos, y que
posteriormente, gracias a la presión popular, fueron anuladas o declaradas
inconstitucionales.
 
        También se hará una breve referencia al status del indulto en
el Perú, donde actualmente existe un debate público al respecto.
       
1.3.1.       El
indulto en los Estados Unidos de América
 
        La Constitución americana dispone que el Presidente “tendrá el poder de
conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra los 
Estados
Unidos
, excepto en los
casos de personas condenadas en un juicio político
.
 
        Las peticiones federales de
perdón se dirigen al Presidente, y son concedidas o denegadas por él. Como
norma, estas peticiones se remiten para su revisión y recomendación no
vinculante respecto de las mismas al U.S. Pardon Attorney, un
funcionario del Departamento de Justicia.
        Muchos perdones han sido
controvertidos; los críticos arguyen que los perdones se usan más por
conveniencia política que para corregir un error judicial. Quizás el perdón más
famoso en la historia de Estados Unidos fue concedido por el presidente Gerald
Ford
 a su
antecesor en el cargo, el presidente Richard
Nixon
, por su
participación en el  escándalo Watergate
 
        Un perdón presidencial
puede ser concedido en cualquier momento tras la comisión del delito; el
perdonado no tiene por qué haber sido ni condenado ni siquiera formalmente
acusado por un crimen. En la inmensa mayoría de los casos, sin embargo,
el Pardon Attorney solo considera las peticiones de personas
que han cumplido condena y que, además, han demostrado su capacidad para desarrollar
una vida responsable y productiva durante un período significativo tras su
acusación o tras haber sido liberados. Determinados Tribunales federales
sostienen que el Presidente puede perdonar o indultar de forma condicionada, y
que la persona objeto de tales perdones e indultos no puede rechazarlos, aunque
debe aceptar y cumplir sus condiciones.
 
        El poder de perdonar del Presidente
afecta sólo a delitos considerados por la Ley Federal. Sin embargo,
los gobernadores de muchos Estados de la Unión tiene el poder de
conceder perdones o indultos por delitos considerados por la Ley Criminal del
estado. En otros estados, ese poder está en manos de un consejo, o,
combinadamente, en las de un consejo y el gobernador.
 
1.3.2.       El indulto en Canadá
               
        En Canadá, los perdones son gestionados por el National
Parole Board
 bajo las directrices del Criminal Records Act,
del Código Criminal y de otras leyes. El Código Criminal establece un periodo
de tres años de espera para los delitos menores, y un periodo de cinco años
para los graves.
        El periodo de espera
comienza tras haber sido terminado el juicio y existen dos formas para obtener gracia:
 
        La solicitud de perdón, que es un
complejo y largo proceso, y cualquier error en la petición puede causar
innecesarios y costosos retrasos, por lo que el interesado acude a agencias
privadas para gestionar sus documentos con el objeto de evitar errores al respecto
y tiene un costo cuyo monto depende de un número de circunstancias específicas
de cada caso.
 
        El tiempo del proceso para cada
aplicación del perdón depende de si es calificado o no como urgente. Para los
casos normales, el proceso típico puede llevar un año o dos, o más. Los
Perdones Urgentes son difíciles de obtener, y son evaluados caso a caso por
el National Parole Board. Una vez concedido el perdón, desaparece
administrativamente cualquier referencia delictiva al respecto de la persona
que ha sido perdonada.
 
        La clemencia, que es concedida
por el Gobernador General de Canadá o por el Governor in
Council
 (el gobierno federal) bajo la Prerrogativa
Real
 de Gracia. Las aplicaciones se realizan también por parte
del National Parole Board, como en el caso de los perdones, aunque
la clemencia puede suponer la conmutación de la condena, o la remisión de la
misma completa o en parte, un aumento del plazo de ejecución de la condena (por
motivos médicos, por ejemplo), o una derogación de una prohibición (por
ejemplo, permitir conducir a quien se le había prohibido).
 
1.3.3.       El indulto en el Perú
 
        La Constitución Política de
1993 dispone que corresponde al Presidente de la República conceder indultos y
conmutar penas y además ejercerá el derecho de gracia en beneficio de los
procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble
de su plazo más su ampliatoria.
 
        El Presidente de la
República está facultado a conceder el «derecho de gracia», que
aplica a los procesados y es análogo al indulto, observándose que es frecuente
la concesión de esta gracia por razones humanitarias. Así, en agosto de 2011 se dio el primer
indulto del Presidente Ollanta Humala a favor de un ciudadano que cumplía
condena en el penal de la ciudad de Huancayo, obedeciendo a razones
humanitarias, según informe médico, pues el beneficiado padece cáncer hepático
de 1 y 2 segmento, ascitis moderada y adenopatías retroperitoneales[vii]
        La resolución
suprema que oficializó este derecho de gracia invocó  «La gravedad de la enfermedad se
configura como un argumento en el que se justifica la extinción de la acción
penal que conlleva la gracia, sin sacrificar los fines de la pena
constitucionalmente reconocidos”. 
        Recientemente, los medios
informaron que una procesada falleció luego de que en octubre de 2012 le fuera
concedido el indulto por el  Presidente
Humala. Además de la fallecida, que cumplía condena de 18 años por tráfico de
drogas y era víctima de una cáncer terminal, otras dos internos fueron
beneficiados por la gracia presidencial por encontrarse uno de ellos en estado
terminal grave y el otro en etapa avanzada de la enfermedad[viii].
 
        En el curso del año 2012[ix],
en el Perú se debate un indulto humanitario al ex Presidente de la República
Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
 
 
 
 
1.3.4.      
El indulto en la República
Argentina
       
        Uno de los países donde se ha generado mayor polémica con el
indulto ha sido la República Argentina, básicamente por razones de índole
política. En efecto, ese país estuvo a cargo de gobiernos dictatoriales
militares desde 1976 a 1983, período durante el cual se produjeron
desapariciones en masa de ciudadanos y numerosos crímenes de lesa humanidad.
 
        Con el retorno a la democracia, se planteó la necesidad de
pacificar al país, dividido entre víctimas y victimarios y sus respectivos
seguidores, por lo que a tal fin se promulgó la Ley
23.492 del 23 de enero de 1986 de Punto Final  que estableció la
caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente
responsables
 de haber cometido el
delito complejo de desaparición
forzada
 de personas (que
involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) durante la dictadura militar.
 
        La Ley de Punto Final no fue considerada
suficiente por la oficialidad militar por lo que se promulgó otro texto
legislativo, la  Ley de Obediencia Debida n.º 23.521 del 4 de junio de 1987, que estableció una
presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si
habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances
de la ley) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no eran punibles, por haber actuado
en virtud de la denominada «obediencia debida» (concepto militar
según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus
superiores).
 
        Aún así, la situación política era
inestable porque la ciudadanía partidaria del castigo de los militares que
condujeron la dictadura, incluyendo a los ejecutores de sus actos, continuaba
presionando por la derogatoria de las leyes de Punto Final y de Obediencia
Debida; y por el otro lado, los militares presionaban para mantener la
impunidad que les garantizaban ambas leyes.
 
        Ante estas circunstancias, el Presidente
Carlos Menem dictó diez decretos en 1989 y 1990 indultando a
1.200 civiles
y militares que cometieron delitos durante el período dictatorial, incluyendo a
los miembros de las juntas condenados en el Juicio
a las Juntas
 de 1985 y hasta los líderes
de las organizaciones guerrilleras.
 
        Si bien
los indultos perseguían convocar a la paz y la reconciliación, tuvieron un
efecto contrario pues abrieron una brecha mayor, generándose más violencia al
considerarse que, con la gracia a favor de los considerados criminales de la
dictadura, se estaba violentando la justicia al protegérseles de
enjuiciamientos ante la justicia.
 
        Esta situación se prolongó por años
hasta que en 1993 el Congreso de
la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida y, a partir de allí, algunos jueces comenzaron a declarar
inconstitucionales los indultos otorgados por el Presidente Menem y a reabrir
los casos.
 
        Tres
años después de la anulación legislativa de las Leyes de Punto Final, en junio
de 2006 la Cámara de
Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, declaró la
inconstitucionalidad de los indultos de lesa humanidad; y en el 2012, la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales
inferiores, declarando que los indultos no fueron constitucionales y las
condenas que anularon debían ser cumplidas.
 
        Esta
decisión de la Corte Suprema de Justicia permitió que los procesos los procesos
instaurados contra los ex dictadores Jorge R. Videla y Reynaldo Bignone, y otro
contra el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, continuaran su
curso. Videla y Bignoni fueran condenados a 50 y 15 años de prisión respectivamente
por encontrárseles responsables penalmente por el secuestro sistemático de
neonatos y niños durante su gobierno[x];
 y Martínez
de Hoz fue procesado por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim
y su hijo, quienes fueron forzados a renegociar desde la cárcel un contrato
privado con comerciantes extranjeros en 1976[xi],
por lo que en el año 2010 se dictó su prisión preventiva, la que cumple en su
domicilio, mientras se tramita el proceso penal seguido en su contra, en el que
el ministerio público ha solicitado que sea condenado a 10 años de prisión[xii].
 
        Como puede observarse, las cuestionadas leyes, más que textos
legales de indulto o amnistía, lo que contenían eran normas que declaraban la
caducidad de los delitos, aunque lo que quedó claro fue que el Presidente
Menem, con fundamento en esa legislación, dictó los indultos que posteriormente
quedaron anulados.
 
 
 
1.3.5.       El
indulto en el Uruguay
 
        Durante
la primera mitad del siglo XX, Uruguay era conocido como la “Suiza” de América,
años en los que el país prosperaba y se ejecutaron reformas urbanas que solidifican
el movimiento hacia democracia. Sin embargo, la Gran Depresión de los Estados
Unidos afectó seriamente a la economía uruguaya y los problemas sociales y
políticos escalaron para provocar algo más destructivo.
 
        En efecto, 1973 las Fuerzas Armadas tomaron
el poder que ejercieron hasta 1985, período caracterizado por la represión y la
 falta de libertades básicas, y una onda
de miedo se había formado sobre la sociedad porque los militares amenazaban con
encarcelar a los uruguayos por cualquier mínima acción que consideraban
subversión.
Quizás contribuía a este clima de represión
la presencia activa del movimiento tupamaro, una fuerza clandestina armada de
tendencia ultra izquierdista.
       
        El período militarista  dio al traste en 1985, luego de 12 años en el
poder y, desde entonces, el Uruguay ha hecho un compromiso con la democracia.
Sin embargo,  en aquel momento los
partidos y los líderes democráticos, con el Presidente Julio María Sanguinetti
a la cabeza, se vieron forzados a hacer promulgar en 1986 por el Poder
Legislativo la Ley 15.848
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado[xiii] (popularmente conocida como «Ley
de Caducidad») mediante la cual se estableció la caducidad del «ejercicio
de la pretensión punitiva del Estado respecto de los 
delitos cometidos hasta el
1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y
asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones
y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el 
período de facto«.
 
        De esta manera, los militares, civiles y demás colaboradores
se garantizaban la inmunidad frente a delitos de lesa humanidad ocurridos en la
dictadura; pero, ante la disidencia generada entre los ciudadanos, en 1989, luego de una campaña de
recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y
políticos relacionados con la izquierda, se realizó en un referéndum con el objetivo de revocar la ley pero el
resultado fue favorable a su vigencia.
 
        A
mediados de 2007 nuevamente se realizó una
campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiese
implicado efectos retroactivos, entre ellos la negación de la cosa juzgada; y,
llevado a cabo el plebiscito en el año 2009, la votación resultante no aprobó
la reforma.
 
        Finalmente, en   octubre de 2009,
la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de
la Ley de Caducidad.
 
        A
nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su informe
anual de 19921993, concluyó que la Ley de Caducidad es
«incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre
 y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos«, al tiempo que recomendó que el
gobierno de Uruguay otorgara «a las víctimas peticionarias, o a sus
derecho-habientes, una justa compensación por las violaciones a las que se hace
referencia en el párrafo precedente» y adoptara las «medidas
necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto».
       
        El
24 de febrero de 2011 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
 falló en contra del Estado uruguayo en el caso «Gelman vs. Uruguay»,  estableciendo que debido a la
interpretación y a la aplicación que se ha dado a la Ley de Caducidad, el
Uruguay incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas. A su vez, la CIDH dispuso que El Estado debe
garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al
carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no volverá a
representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y
para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los
mismos, de conformidad con la Sentencia.
 
      Como corolario de todo este largo
proceso iniciado con la Ley de Caducidad, el 27 de octubre de 2011 el Poder
Legislativo sancionó la ley N° 18.831 de «Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del
terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985
«[xiv],
la que catalogó a esos delitos como de lesa humanidad, con lo cual se reestableció el
pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos
en aplicación del terrorismo de estado hasta marzo de 1985, comprendidos en la
Ley de Caducidad, sin computar plazo alguno, procesal, de prescripción o de
caducidad en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la
entrada en vigencia de la nueva Ley, declarándose finalmente que los delitos a
que se refiere el texto legal son crímenes de lesa humanidad.
 
      De esta
manera, la gracia que legalmente había sido establecida por ley, quedó excluída
por su inconstitucionalidad y por la posterior ley de Restablecimiento para los
delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo
de 1985, con lo cual quedaron reabiertos los procesos contra los autores de
crímenes de lesa humanidad aplicados como política de terrorismo de Estado.
 
      En el caso del
Uruguay hay que observar que la Ley de Impunidad fue considerada como ley de
indultos porque el mecanismo que se utilizó fue el de declarar la caducidad de
los actos cometidos por personajes de los gobiernos de facto para que no pudieran
ser procesados, de manera que estrictamente no se trató de una ley de amnistía
como tal, es decir, de una normativa legal destinada a dar gracia por delitos
cometidos.
 
1.4.     
El indulto en Venezuela
 
El indulto es una facultad que la
Constitución atribuye al Jefe de Estado como expresión del denominado
«derecho de gracia», el cual, si bien es residuo de una tradición
absolutista de perdón, hoy en día debe entenderse como fórmula por la cual el
Presidente, interpretando el sentir del pueblo, puede corregir entuertos de la
justicia formal y poner fin a la pena impuesta o, inclusive, en forma anómala,
al proceso, aún no concluido, siendo esto último censurable por la intromisión
indebida del Ejecutivo en la administración de justicia[xv].
 
1.4.1.      
Evolución constitucional del indulto
 
El indulto en Venezuela, como gracia o
perdón ha estado regulado constitucionalmente y se remonta a la Constitución
Federal dictada por los representantes de las provincias de Margarita, Mérida,
Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas el 21 de diciembre de 1811. En
las Constituciones posteriores igualmente ha estado considerado el indulto
hasta la actual Constitución de 1999.
 
A continuación se revisarán las
Constituciones más relevantes porque hay que tener presente que
desde la primera Constitución en 1811 hasta la Constitución de 1999 han
existido aproximadamente 27 Constituciones en Venezuela.
 
 
 
1.4.1.1.         
La
Constitución de 1811
 
En la Constitución de 1811 se asignó al
Poder Ejecutivo la facultad de dar gracia en el artículo 88 en los siguientes
términos: “A favor y amparo de la humanidad podrá (el Poder Ejecutivo) perdonar
y mitigar la pena aunque sea capital en los crímenes de Estado y no en otros;
pero debe consultar al Poder Judicial expresándole las razones de conveniencia
política que lo inducen a ello y sólo podrá tener efecto el perdón o
conmutación cuando sea favorable el dictamen de los Jueces que hayan actuado en
el proceso”. 
 
Hay que recordar que la Constitución de
1811 había dispuesto que el Poder Ejecutivo estaría integrado por un
triunvirato[xvi],
de manera que a esos tres triunviros correspondía la facultad de graciar,
sujeta a lo que la regulación contenida en el artículo 88.
 
La norma constitucional habla de dos
figuras: el perdón, es decir, el
indulto propiamente dicho; y a la vez se refiere a la mitigación, en cuyo caso se trataría de conmutación de las penas; y
ambas, o sea, el perdón o la mitigación se podían aplicar a todo tipo de
delito, incluso a las penas capitales en los crímenes de Estado, pero
expresamente no abarcaban a los condenados a la pena máxima por la comisión de
otros delitos.
 
Por otra parte,  el Poder Ejecutivo debía previamente consultar
al Poder Judicial, expresándole las razones de conveniencia política que lo
inducen a ello y sólo podía tener efecto el perdón o conmutación con el
dictamen favorable de los Jueces que habían actuado en el proceso.
 
Como se puede observar, no fue muy claro
el Constituyente de 1811 al tratar la materia del indulto porque por un lado lo
justificaba en razones de humanidad y, por el otro, debía mostrarle a los
jueces que habían actuado en el proceso la conveniencia política que inducía al
Poder Ejecutivo a proponer la medida.
 
1.4.1.2.         
La
Constitución de 1819
 
         La Constitución de 1819, promulgada
en Angostura en 1819, contemplaba el perdón y se lo atribuía al Presidente de
la República en el artículo 17, en términos similares a los de la derogada
Constitución de 1811: En favor de la humanidad, puede mitigar,
conmutar, y aún perdonar las penas aflictivas, aunque sean capitales; pero
consultará antes al Poder Judicial, y no decretará el perdón, sino quando su
dictamen fuere favorable, pero extiende la gracia a las penas aflictivas,
aunque sean capitales, sujetándolo siempre a la consulta previa del Poder
Judicial pero solamente sería decretado cuando la respuesta de este Poder fuera
favorable.
 
1.4.1.3.         
La
Constitución de 1821
 
 La
Constitución de Cúcuta fue redactada en el Congreso
de Cúcuta
 de
1821 y es la que creó a la Gran Colombia, esa ilusión de El
Libertador Simón Bolívar, que estuvo conformada por Colombia, Venezuela y
Ecuador; y en su  artículo 127 se
disponía que el Presidente de la República, en favor de la humanidad podía,
cuando lo exigiera algún grave motivo, conmutar las penas capitales de acuerdo
con los jueces que conozcan de la causa, bien sea a su propuesta o a la de
aquéllos.
 
La gracia
presidencial se ejercía, según el texto constitucional, en conformidad con los
jueces que conocían de las causas, a propuesta del Presidente, o a iniciativa
de los primeros pero sólo a las penas capitales.
 
También se observa
que el Constituyente de 1821 no tenía muy clara la institución del indulto
porque si bien podía limitar la gracia a cierto tipo de delitos, como las penas
capitales, tenían que hacerlo de acuerdo con los jueces que conocieran de las
causas; pero, si no habían condenas firmes, sino que se eran procesos en curso,
no se trataba entonces de indultos porque la esencia de éste está precisamente
en el perdón a alguien, total
o parcialmente, de la pena que tiene impuesta, o su conmutación por otra menos
grave.
 
1.4.1.4.         
La
Constitución de 1830
 
La Constitución de
1830 se inaugura con la República de Venezuela nacida a raíz de la separación
de la Gran Colombia y en ella se faculta al Presidente, en el artículo 117,
para indultar, así: : En favor de la humanidad puede conmutar las penas
capitales con previo acuerdo y consentimiento del Consejo de gobierno, á
propuesta del tribunal que conozca de la causa en última instancia ó á
excitación del mismo ejecutivo, siempre que ocurran graves y poderosos motivos,
excluyéndose de esta atribución los que hayan sido sentenciados por el Senado[xvii].
 
Al igual que sus
predecesoras, esta Constitución fundamenta el indulto de las penas capitales en
razones de humanidad, vale decir, humanitarias; pero a la vez exige que,
previamente y con su consentimiento, el Consejo de gobierno bien sea a propuesta
del tribunal que conozca de la causa en última instancia, o bien a excitación
del mismo Poder Ejecutivo, y que hubieran ocurrido graves y poderosos motivos,
quedando excluidos quienes fueran sentenciados por el Senado.
 
1.4.1.5.         
La
Constitución
de 1858
 
La Constitución de 1858, en su artículo 64 facultaba al
Presidente de la República para conmutar la pena de muerte en otra grave,
cuando haya para ello poderosos motivos; oyendo previamente el informe del
tribunal que pronunció la última sentencia. De esta atribución no podrá usarse
en favor de los que sean sentenciados por el Senado[xviii].
 
El constituyente de 1858 pareciera que fue más preciso en
el tratamiento del indulto, en su versión de conmutación de penas, pero lo
condicionó a ciertas circunstancias, una, que se tratara de la pena de muerte,
otra, que se consultara con el tribunal que pronunció la sentencia que aplicaba
la pena, y finalmente, excluía a los que fueran juzgados y sentenciados por el
Senado. Lo que no quedó objetivamente 
expresado fue cómo valorar los “poderosos” motivos para que se
considerara la conmutación.
 
1.4.1.6.         
La
Constitución de 1874
 
La Constitución de 1874, quizás con más transparencia y
menos tramitación burocrática, faculta tajantemente al Presidente de la
República[xix],
en el artículo 72, para conceder indultos generales o particulares.
 
Como se observa, el novedoso texto se ajustaba en la
forma expuesta a atribuir al Presidente la facultad de dar indultos, fueran
generales o particulares, alejándose así de las anteriores Cartas Magnas que condicionaban
el ejercicio de la gracia y limitaban sus alcances.
 
1.4.1.7.         
La
Constitución de 1901
 
La Constitución de 1901, con la cual Cipriano Castro, el
Cabito, inaugura el siglo XX, curiosamente no tiene disposición alguna relativa
al indulto. Solamente, aparece una escueta redacción mediante la cual en el
artículo 54 se inserta el numeral 21, en el que se faculta al Congreso para
conceder amnistías.
 
 
1.4.1.8.         
La
Constitución de 1909
 
La Constitución de 1909, hecha a la medida de Juan
Vicente Gómez, en el ordinar 3º del artículo 82 devuelve al Presidente de la
Unión la facultad para conceder amnistías y le asigna el derecho a otorgar
indultos, pero previo el voto deliberativo del Consejo de Gobierno[xx].
 
1.4.1.9.         
Las
Constituciones de 1931, 1936, 1945, 1947, 1953, 1961 y 1999
 
        La Constitución de 1931, última del
régimen de Juan Vicente Gómez, en el numeral 29 del artículo 100 continuó
asignando la facultad de conceder indultos al Presidente de la Unión, pero
eliminó la condición preexiste de la Constitución de 1909 de contar con la
deliberación previa del Consejo de Gobierno; y la facultad de conceder
amnistías por numeral 16 del artículo 78 la delegó en la Cámara de Diputados y la del Senado funcionando como
Cuerpos Colegisladores.
        En las Constituciones siguientes –excepción hecha de otras
que no fueron más que ajustes para complacer al “Amo del poder”[xxi] y la de 1945 que fue una
mera reforma de la de 1936- asignaron la atribución de graciar al Presidente de
la República como facultad expresa, sin ningún tipo de regulación, ni sujetándola
a condición alguna. Particularmente, en Venezuela, cuando el Presidente de la
República acuerda un indulto se fundamenta en los numerales 2 y 19 del artículo
236 de la Constitución, sin hacer ninguna otra consideración en cuanto a
motivación o fundamento del acto de gracia presidencial.
        Concretamente, el Presidente de la República ha considerado
que el  indulto  es 
la  potestad  de 
clemencia,  que  se 
encuentra excluida  de  control jurisdiccional, como una medida
de  carácter excepcional  y  como  un 
acto  de  gobierno, 
por  interés  público, con 
pleno  asidero  en  la  tradición 
jurisprudencia!  del  país, 
cuya única  exclusión  son 
los  delitos  de 
lesa  humanidad  y  las
violaciones  graves  de 
los  derechos  humanos[xxii].
1.5.    
Evolución
legislativa del indulto
 
        No obstante que, como se ha dicho, la
facultad de conceder indultos corresponde al Presidente de la República, desde
el punto de vista legislativo se promulgaron leyes destinadas a regularlo, o a
facilitar las condiciones para la procedencia de esta merced.
 
1.5.1.      
El
Código Penal
 
        El Código Penal venezolano ha mantenido
prácticamente en vigencia el mismo que fuera promulgado en 1915, con
modificaciones parciales que de tiempo en tiempo se le hicieron hasta el
último, publicado en octubre de 2000.
 
        Durante su vigencia, la normativa
atinente al indulto ha permanecido invariable en el artículo 104 del citado
código:
 
“La amnistía extingue la acción penal
y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la
misma.
El indulto o gracia que condona la pena la hace cesar con
todas sus accesorias.
Cuando el
indulto se concede  conmutando la pena
impuesta por otra inferior, se cumplirá ésta con las accesorias que le
correspondan”.
 
1.5.2.      
Ley de Conmutación de penas por indulto o
extrañamiento del territorio nacional
 
        Durante la década de los 60´s,
Venezuela fue sometida al acoso de los grupos de ultra izquierda quienes se
organizaban en bandas armadas que azotaban a nivel de las ciudades y pequeños
grupos de paramilitares bajo el mote de Frente Armado de Liberación Nacional
(FALN) que lo hacían en las montañas.
 
        En
medio de ese conflicto, y habiendo sido sentenciados y condenados algunos de
los dirigentes que esas fuerzas ilegales, el Congreso de la República, en 1964,
dictó la Ley de Conmutación de penas por indulto o extrañamiento del territorio
nacional[xxiii],
la cual contenía dos títulos: La conmutación
de penas por extrañamiento del territorio nacional
en el título I, y la conmutación de penas por indulto, en el
título II.
 
        En
cualquiera de los dos supuestos, la conmutación se aplicaba a solicitud de los
reos que habían sido juzgados y condenados por la comisión de hechos punibles
previstos en el Código de Justicia Militar.
 
        Los
procedimientos establecidos por la Ley de Conmutación eran dos:
 
        La
conmutación de la pena por extrañamiento
del territorio nacional
era solicitada por ante el Ejecutivo Nacional, por
órgano del Ministerio de Relaciones Interiores, por el propio reo o su representante
legal cuando se trataba de un menor de edad.
 
        El
Ejecutivo Nacional, de acuerdo con su criterio sobre la oportunidad y
conveniencia de la medida, podía acordar la conmutación mediante Resolución
conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia; y en caso de haber
sido denegada la solicitud, no se requería Resolución formal y expresa, pero debía
ser respondida la petición del interesado en un término no mayor de 60 días.
 
        El
tiempo de esta pena se fijaba por un tiempo igual o menor que el que faltaba
para el cumplimiento de la condena, a juicio del Ejecutivo Nacional; y la
conmutación suspendía el término de la pena anterior; pero se consideraría
extinguida solo al cumplirse la pena de extrañamiento; y si durante el término
del extrañamiento el reo violaba la obligación de residir fuera del territorio
nacional y se presentaba en el país, la conmutación sería revocada y la sentencia
se ejecutaría inmediatamente por todo el tiempo que faltara para su total
cumplimiento, descontado el lapso que permaneció en el Exterior.
 
        Finalmente,
en ningún caso podía acordarse la conmutación al reincidente.
 
        Cuando
se trataba de la conmutación de penas por indulto conforme al Artículo 104 del Código Penal, el
Presidente de la República debía, cuando se trataba de los delitos a que la Ley
se refiere y si la pena inferior fuera la del confinamiento, indicar en el
Decreto correspondiente la localidad donde debe cumplirse, pudiéndose en
cualquier momento por Resolución conjunta de los Ministerios de  Relaciones Interiores y de Justicia, cambiar el
lugar de confinamiento.
 
        Si
el indultado quebrantaba el confinamiento, sería penado con prisión por el
tiempo que le faltare para cumplir con esta pena aumentada en una quinta parte.
 
1.6.    
La Comisión Nacional de Indultos
 
        Si
bien la Constitución de 1999 no condiciona el indulto, ni establece
procedimiento alguno, sino que es una atribución del Presidente de la
República, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia (MRIJ) dictó la
Resolución No. 207 del 29 de julio de 2010 mediante la cual creó la Comisión
Nacional de Indultos (CNI)[xxiv].
 
        La
CNI tendrá como objetivo fundamental presentar
propuestas al Ministro de RIJ, quien hará las postulaciones al Presidente de la
República de las personas penadas (sic)
privadas de libertad en los distintos establecimientos penitenciarios del país
(sic), susceptibles de ser
favorecidas con la gracia (sic) de
indulto presidencial, excluyendo a quienes hayan sido sancionados por delitos
de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de
guerra y corrupción.
         Los miembros de la CNI serán funcionarios del MRIJ,
a saber, el Director Nacional de Servicios Penitenciarios (quien la presidirá),
el Director General de Derechos Humanos, el Secretario Ejecutivo del Consejo
Superior Penitenciario.
         La CNI podrá tener como apoyo a los
funcionarios públicos siguientes: Director de Protección de Derechos
Fundamentales del Ministerio Público, Director Especial con Competencia a nivel
Nacional en Régimen Penitenciario de la Defensoría del Pueblo y el Defensor Público
Nacional con Competencia en Materia Penal para actuar ante los Tribunales de
Ejecución.
       
 Tanto los miembros
de la CNI como los de apoyo podrán hacerse representar por funcionarios de sus
respectivos órganos.
 
1.7.    
Indultos célebres
       
        No
pocas veces, ante situaciones concretas, ha sido objetado el hecho de que el
Presidente de la República haya indultado a un reo por  determinados delitos.
       
        Esa autoridad que le deviene en el caso
venezolano que sólo debiera ser ejercida excepcionalmente, como se ha visto en
los antecedentes históricos y constitucionales (por causas humanitarias, por
ejemplo) porque con la gracia se trata de dejar sin efecto una sentencia
judicial condenatoria, dictada por un órgano jurisdiccional. Sin embargo, no ha
sido así, y se consiguen casos que han sido cuestionables.
 
        En esta sección sólo se hará referencia
a algunos indultos que causaron celebridad en su momento y de los cuales se obtuvo
información. No obstante cabe evocar -de memoria- un indulto en beneficio de un
procesado que había sido condenado por el delito de contrabando por la Sala
Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, gestionado por un
influyente bufete de abogados el cual, sorprendiendo la buena fe del Presidente
Raúl Leoni, logró para su clente la gracia presidencial.
 
1.7.1.      
 El
indulto a Antonio Leocadio Guzmán
       
        El
indulto a Antonio Leocadio Guzmán[xxv]
el 2 de junio de 1847 por decreto del presidente José Tadeo Monagas causó en
aquel tiempo gran disgusto en el Partido Conservador porque el indultado
recibió la gracia presidencial pese a haber sido condenado a muerte por el
delito de conspiración contra el gobierno nacional y, días después de ello,
marchó al exilio.
 
        Encontrándose
Guzmán en el ostracismo, en 1848 pudo regresar al país luego de que fuera
nuevamente indultado por el mismo Presidente José Tadeo Monagas, permitiendo su
retorno y designándole Ministro del Interior y Justicia.
 
        Guzmán
continuó en la actividad política hasta su muerte, pero en sus últimos años se
vio opacado por la figura de su hijo, el general Antonio Guzmán Blanco, político, estadista, jefe
militar de la Guerra Federal, caudillo del Partido Liberal Amarillo y
presidente de la República en varias ocasiones entre 1870 y 1888.
       
1.7.2.      
El indulto a Pedro Numa Salas Bustillos
 
        Pedro Numa Salas Bustillos fue indultado por el
Presidente de la República Luis Herrera Campíns, mediante Decreto Nº 2.387 del 29 de diciembre de
1983.
 
El 3 de febrero de 1984 el Fiscal Tercero del Ministerio
Público solicitó la apertura de una averiguación sumaria, por presuntas
irregularidades en el indulto concedido al mencionado procesado, a quien se le
seguía juicio por los delitos de homicidio calificado y hurto simple, por ante
el Juzgado Superior Undécimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda. A tal efecto, el Ministerio Público señaló:
 
Que según se evidencia de la comunicación Nº
DI-R-1-2336 del 26 de enero de 1984, el procesado fue puesto en libertad el día
30 de diciembre de 1983, del Internado Judicial de El Junquito.
 
Que el 27 de diciembre de 1983, el Ministro de
Justicia ordenó a la Dirección del Internado Judicial de El Junquito, se le
practicaran los estudios Psi-criminológicos, sociales y certificación de
conducta, al mencionado procesado y se le concedió el indulto pleno el 29 de
diciembre de 1983 sin que los resultados de los estudios solicitados hubiesen
sido recibidos.
 
Que al procesado le fue concedido el indulto pleno,
sin haberse cumplido los requisitos exigidos para su otorgamiento y en virtud
de tales circunstancias, el prenombrado Fiscal Tercero del Ministerio Público,
solicitó  la apertura de la correspondiente averiguación sumarial y
la práctica de determinadas diligencias para el total esclarecimiento de los
hechos. Por supuesto, los hechos aparentemente incriminaban al Presidente
Herrera Campíns, por lo que el proceso podía derivar en un enjuiciamiento de
éste.
 
En  sentencia[xxvi]
de la  Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de agosto de 2000 declaró que el
ex Presidente Herrera Campíns estuvo en ejercicio del cargo de Presidente de la
República para el momento de la presunta comisión de irregularidades
relacionadas con el indulto concedido al Pedro Numa Salas Bustillos, y durante la tramitación
del proceso ocupó el cargo de Senador vitalicio del Congreso de la República
por disposición del artículo 148 de la Constitución de 1961, habiendo
actualmente concluido su función pública, en virtud de que con la entrada en
vigencia de la Constitución de 1999 el Congreso de la República fue suprimido
así como el privilegio constitucional que le atribuía a los ex-Presidentes de
la República el mencionado artículo; por lo que siguiendo el criterio antes expuesto
relativo a que el antejuicio era un privilegio que detentaba el funcionario
mientras ocupaba el cargo y no siendo dicha prerrogativa extensible al cesar su
función, no procedía la declaratoria a que se refiere la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en el ordinal 3° de su artículo 266.
 
        El ex Presidente Herrera Campíns
falleció en noviembre de 2007.
 
1.7.3.      
El indulto a Larry Tovar Acuña
 
        En
1988, Larry Tovar Acuña fue condenado a 13 años de prisión por participar como testaferro de un cartel colombiano de la droga para
trasladar cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos.
 
        En 1993, cumpliendo su
pena en la cárcel de El Rodeo, recibió un indulto cuando ni siquiera había sido
sentenciado por los delitos que en ese momento se le atribuían.
 
        El
caso generó un escándalo político que desestabilizó el gobierno del historiador Ramón J. Velázquez, Presidente
de la República designado por el Congreso en 1993
hasta 1994, para completar el período constitucional de Carlos Andrés Pérez.
 
        Velázquez evidenció su total franqueza ante la opinión
pública y, desde el primer momento explicó lo ocurrido en lo que a él
correspondía; no ocultó el error, abrió el Palacio de Miraflores para que las
autoridades investigaran y no se escudó tras la figura presidencial para
eludir  las averiguaciones de los
tribunales y, esencialmente decidió que en primer lugar estaba la credibilidad
de la institución presidencial antes que posibles amistades o solidaridades[xxvii],
evitando una crisis política que pudo dar al traste con el gobierno de
Velázquez a un mes de las elecciones presidenciales de 1993.
 
        El “narcoindulto” se convirtió en vox populi acusando a “una mano peluda”
como causante del inmerecido indulto y Tovar se
refugió en Colombia y, luego de un proceso de extradición, fue trasladado a
Venezuela, donde cumplió su condena hasta 1998, cuando logró la libertad
gracias a la ley que reduce las penas de los reos que estudien o realicen
trabajos dirigidos durante su tiempo de reclusión[xxviii].
 
2.  
Algunas nociones sobre la amnistía
 
Al igual que ha acontecido con el indulto, existen distintas nociones de
la amnistía, originando confusiones en cuanto a cuál es realmente la gracia que
debe otorgarse a un procesado, si indulto o si amnistía.
 
Por esa razón, se dará inicio a este capítulo con una definición de
indulto, para seguir con algunos antecedentes de la amnistía en las Américas y
en Venezuela con su tratamiento constitucional y evolución legislativa para
concluir, en este capítulo con una referencia a amnistías célebres.
 
        Como
punto de partida, hay que tener presente que el indulto se diferencia de
la amnistía ya que
ésta supone que la falta se perdona, mientras que el indulto implica el perdón
del cumplimiento del castigo aunque la persona aún sigue siendo considerada
como culpable. En otras palabras, indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía suspende
el perdón del delito. Por eso sólo se puede indultar respecto de la parte de la
pena que no haya sido ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar
rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta.
 
        Por otra parte, el indulto
afecta a una persona concreta, la amnistía afecta a una pluralidad; y aquel no
extingue la responsabilidad civil derivada del delito mas la otra sí.
 
        En general, para otorgar el
indulto es necesario un acto administrativo para la amnistía es necesaria una ley porque se refiere a un
colectivo.
 
2.1.     Definición
de amnistía
 
        De acuerdo al Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española (DRAE), el verbo amnistiar significa, lacónicamente, conceder amnistía, y ésta es
definida como “olvido legal de delitos, que extingue la
responsabilidad de sus autores”.
 
        En una forma
más precisa se ha definido también la amnistía como un perdón general, un acto
por el cual un poder, una institución, etc, otorga el total olvido de una
determinada clase de delitos, generalmente políticos; y en el mismo orden de
ideas, se considera a
la amnistía como un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos
que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.
 
        Etimológicamente,
amnistía deriva del griego “oamnestia
o “amnestía”, que se traduce simplemente como olvido.
 
        La
amnistía ha sido asimilada, al igual que el indulto, al “derecho de gracia” o
la “merced”, o “clemencia”, o “perdón”, o “misericordia”, entre otros
calificativos.
 
2.2.    
Antecedentes
 
        Los
antecedentes de la amnistía se remontan a la literatura griega antigua, por lo
que podría decirse que ha existido en todos los tiempos y en todas las
civilizaciones. La amnistía, por
tanto, es una institución, fundamentalmente, histórica, con arraigo en las
distintas sociedades.   
 
2.2.1.       La amnistía en
Grecia y Roma
[xxix]
 
        En los juramentos solemnes con los que
concluyó la guerra civil desatada con posterioridad al regreso de Ulises, en la
Odisea de Homero, se encuentra un primer antecedente de la amnistía[xxx].
       
        También,
en la Grecia antigua, fue votada la Ley del olvido que Tasíbulo hizo votar a
los atenienses luego de la expulsión de los 30 Tiranos, en virtud de la cual
ningún ciudadano podía ser molestado por sus actos pasados.
 
        Según
relata Tulcídides en su relato sobre las guerras del Peloponeso, en el año 427
a.C., Diodoto, argumentando que la pena capital no tenía valor disuasorio,
convenció a la Asamblea de Atenas de que revocara su decisión de ejecutar a
todos los varones adultos de la ciudad rebelde de Mitilene[xxxi].
 
        En
Roma, las  “indulgentia principis” y la “abolitio
publica
” proclamadas por Augusto son claras demostraciones del derecho de
gracia atribuído al emperador.
 
2.2.2.       La amnistía en el Antiguo Testamento
 
        En
el Antiguo Testamento existen dos figuras milenarias que se relacionan con la
amnistía: el año sabático y el año jubilar.
 
        El
año sabático acontece cada 7 años y tiene que ver con la conmemoración de los
israelitas caídos en esclavitud, la remisión de toda deuda pecuniaria, la
distribución de las tierras no trabajadas, etc. que tienen que ver con la devolución
e intensificación de la libertad.
 
        El
año jubilar se revive cada 50 años y viene a ser como un esfuerzo ulterior por
corregir la desigualdad institucionalizada o legalizada y la injusticia, dada
la ineficacia radical del año sabático a pesar de su periodicidad. Ambas
instituciones representan aún el intento necesario por subsanar la injusticia
que la soporta e impone en y con su aparato legal.
 
2.2.3.       La amnistía en el Nuevo Testamento
 
        El
Nuevo Testamento supondría un avance y un cambio fundamental en cuanto a la
corrección de la injusticia estructural en el mundo e intenta la destrucción de
esa injusticia y la opresión en su misma raíz, transformando su primer eslabón
mediante el amor y el perdón universales y la renuncia radical a lo que de
venganza, violencia e injusticia subsiste en el concepto humano de justicia; y
en el Evangelio se alude al “año de gracia”[xxxii],
que evocan al año sabático y al año jubilar con la ampliación de sus efectos a
la amnistía y la liberación de los cautivos y presos.
 
 
 
 
 
2.2.4.       La amnistía en la Edad Media y en el
Renacimiento
 
        En
la Edad Media, la palabra abolición era utilizada para expresar lo que hoy
conocemos como amnistía. Ya desde ésta época era usada tanto en sentido
particular como colectivo[xxxiii].
        Abolición, según el DRAE, deriva del
latín abolēre y
significa derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etc.
 
2.2.5.       La amnistía en España
 
        En Castilla, se encuentra un antecedente importante de la
amnistía cual fue el perdón que los Reyes Católicos dieron a la ciudad de Cádiz
en 1493 mediante una cédula real por la cual instruyeron al Justicia Mayor y a
cualquier justicia que no procedieran de oficio ni a instancia del promotor
fiscal contra las personas beneficiadas, observándose otro referencia en el
perdón general otorgado por el rey Felipe II con motivo del nacimiento del
príncipe[xxxiv].
 
   Sin
embargo, la amnistía toma particular relevancia en la segunda mitad del siglo
XX como consecuencia de la cruel guerra civil entre 1936 y 1939 que dejó
profundas heridas y divisiones en la sociedad española pues los “rojos” fueron
discriminados, encarcelados y mantenidos aislados durante los casi 37 años de la
férrea dictadura del generalísimo Francisco Franco.
 
2.2.5.1.         
La amnistía durante el franquismo
        
         La discriminación que sufrían los “rojos” se mantuvo la
mayor parte del franquismo. Fue solamente en 1969 que fue dictado el
Decreto-Ley 10/1969 por el cual prescribían todos los delitos cometidos antes
del 1 de abril de 1939, es decir, al final de la guerra civil, conmemorando así
la fecha de terminación de esa conflagración. 
 
 
2.2.5.2.         
La amnistía en el post franquismo[xxxv]
 
        Al fallecimiento del anciano gobernante, aún estaban vivos y
gozaban de excelente salud muchos de los protagonistas de la guerra y con la
memoria de lo que había ocurrido en perfecto estado de revista y, para ese
momento, la voluntad era de reconciliación pues los jóvenes que habían
prosperado con el régimen de Franco, gente como Adolfo Suárez y sus penenes, no
recordaban la guerra, pero querían equiparar España con países como Francia o
Alemania, a los que les iba estupendamente.
 
        En los inicios de esa primavera democrática se intentó
compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que militaron en el bando
republicano -los “rojos” propiamente dichos- o de los que estuvieron en prisión
durante la dictadura, a cuyo efecto se dictó el Decreto 670/1976 de 5 de marzo por el que se regularon pensiones a favor
de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada
contienda, no podían integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra
por la patria.
 
        A ese Decreto siguió “Ley 46/77, de 15 de octubre, de
amnistía”, en virtud de la cual quedaban amnistiados todos los actos de
intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, cometidos antes
del 15 de diciembre de 1976, que se aprobó por mayoría aplastante, de consenso,
casi búlgara: 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 nulo[xxxvi]
 
        Con
posterioridad a la Ley de amnistía, la democracia española ha promulgado otros
textos legales en beneficio de las víctimas de la guerra civil[xxxvii]:
§  Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre
reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social
a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos
como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.
§  Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los
mutilados excombatientes de la zona republicana.
§  Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los
mutilados civiles de guerra.
§  Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de
derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte
de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la
República.
§  Disposición adicional decimoctava de la ley 4/1990,
de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado para 1990, que determina
las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de
los supuestos contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
        Pese a
que habían transcurrido casi 70 años del final de la guerra civil y más de 30
de la muerte de Franco, aún se discutía sobre las víctimas de la conflagración
y de las prisiones de la dictadura. Por ello, fue dictada la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, denominada “Ley por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, más conocida como Ley de Memoria Histórica, en la que se dispuso:
§ 
    Juicios sumarios del franquismo: la ley reconoce en su preámbulo el carácter radicalmente injusto de
todas las condenas, sanciones y violencia personal [..] durante la Guerra Civil
y [..] la Dictadura». Los tribunales franquistas y sus condenas,
 dictadas por motivos políticos,
ideológicos o de creencia [..] contra quienes defendieron la legalidad
institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen
democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por
derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, son declarados
«ilegítimos». Sin embargo, aunque los juicios no son anulados, el
preámbulo de la ley establece que ante las demandas de revisión de juicios, la
Justicia no podrá rechazarlas invocando las leyes de la dictadura, definidas
como
 represoras y contrarias
a los derechos fundamentales, como ha ocurrido hasta la actualidad.
§ 
Ayudas a los represaliados: las ayudas existentes a las víctimas del franquismo y a
sus familias (pensiones, compensaciones financieras) son extendidas. Además,
podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de las personas fallecidas en defensa de
la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977
.
§ 
Fosas
comunes
: el Estado
ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas
de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a
menudo enterrados en fosas comunes. Sólo en Andalucía se ha hecho un inventario de 595
fosas de las que se desconocen el número total de cadáveres.15
§ 
Símbolos franquistas: la ley establece que los escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del
levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura
 deberán ser retiradas de los edificios
y espacios públicos. La retirada no
será de aplicación cuando [..] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o
artístico-religiosas protegidas por la ley
, lo cual podrá aplicar a
iglesias.
§ 
Valle de los Caídos[xxxviii]: se regirá por las normas aplicables
a lugares de culto y religiosos. Se dispone su despolitización, prohibiéndose
los actos de naturaleza
política [..] exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del
franquismo
 y que la fundación
gestora del Valle incluirá
entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas
a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que
le siguió
.
§ 
Brigadistas Internacionales: se les concederá la nacionalidad
española sin que tengan que renunciar a la propia.
§ 
Nacionalidad para Hijos y Nietos de exiliados: A pesar de estar incluida como
Disposición Adicional dentro de la Ley de Memoria Histórica, el Apartado
Primero de la Disposición Adicional 7a permitió optar por la nacionalidad
española a los hijos de personas que hubiesen sido originariamente españolas, sin importar la fecha de nacimiento
ni el lugar de nacimiento de éstas
. Es decir que en la práctica cualquier
nieto de hombre emigrante pudo optar ppor la nacionalidad española de su
abuelo, siempre que éste hubiera conservado la nacionalidad española hasta por
lo menos el nacimiento de su hijo en el exterior. Es de recordar que hasta el
29 de diciembre de 1978 sólo los varones transmitían la nacionalidad a sus
hijos, de modo que éstos pudieron haber sido originariamente españoles sin
importar su país de nacimiento, dando así derecho a sus propios hijos a optar
por el Apartado Primero, sin
importar la fecha de emigración del abuelo
. Por el Apartado Segundo de la
Disposición Adicional 7a, pudieron optar los nietos de quienes hubieran perdido
o tenido que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Es decir
que para poder optar por este Apartado sí fue necesario tener en consideración
la fecha de emigración de España del abuelo o abuela, pues se presumía la
condición de exiliado de cualquiera que hubiera emigrado de España en el
período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La Disposición Adicional 7a estuvo en vigencia hasta el 27 de diciembre de
2011.
§ 
Centro Documental de la Memoria
Histórica
: se crea el
Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en el que se integrará
el Archivo General de la Guerra Civil.
 
2.3.    
La
amnistía en Las Américas
 
        En esta sección se hará referencia solamente a algunos países
americanos, en el entendido de que la casi totalidad de naciones del continente
han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica del 22 de noviembre de 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, los
cuales contienen normas sobre la amnistía, al que consideran aplicable incluso en casos de personas condenadas a la pena de
muerte, que tienen el derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena.
        No obstante, En el caso concreto de
América Latina, el recurso a este tipo de mecanismo legislativo es algo que abundó
en los países de Centro y Sudamérica sobre todo a partir de 1978,
particularmente en aquellos que habían sufrido largos períodos de violencia
política y violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado.
Estas leyes tomaron diversas formas, como de amnistía, de prescripción e indulto,
llegando a reconocer la obediencia debida como una defensa para los crímenes
cometidos por los agentes del gobierno. El deliberado propósito de estas leyes que
proliferaron a lo largo de la América Hispana fue en todos los casos el de
prevenir la investigación y el castigo de los responsables de graves
violaciones de los derechos humanos[xxxix].
2.3.1.       La
amnistía en los Estados Unidos de América
 
         En los Estados Unidos comúnmente se habla de
amnistía como una forma de solventar problemas que la sociedad americana tiene
como consecuencia de la inmigración ilegal. Así, esporádicamente se han
dictados normas legales destinadas a controlar el flujo de inmigrantes
indocumentados permitiéndoles permanecer y trabajar en el país, lo que se ha
asimilado a una indulgencia.
 
        Recientemente[xl],
el Gobierno de Estados Unidos anunció que
dejará de deportar a aquellos inmigrantes ilegales
llegados al país antes de cumplir los 16 años y
que lleven al menos cinco en territorio norteamericano, según comunicó el
Departamento de Seguridad Interior. «No es justo expulsar a cientos de miles de
jóvenes talentosos que son estadounidenses de corazón y han hecho
contribuciones extraordinarias al país», explicó el Presidente Barak Obama en
una comparecencia en la Rosaleda de la Casa Blanca.
 
        La orden ejecutiva favorecerá
de modo inmediato a los solicitantes con menos de 30 años, que no cuenten con
antecedentes penales y hayan obtenido el grado escolar o tengan formación
militar, según explica el comunicado de la ministra de Seguridad Interior, Janet Napolitano, que aclara,
sin embargo, que este cambio de política no dará necesariamente la nacionalidad
estadounidense.
 
        Los cálculos
oficiales estiman que podrán acogerse a esta iniciativa unos 800.000 «sin papeles», en su inmensa mayoría hispanos.
El permiso de residencia tendrá una validez de dos años y podrá renovarse
ilimitadamente.
 
        Sin embargo,
este proyecto no ha sido aún consumado.
 
2.3.2.       La
amnistía en el Canadá
 
        La
amnistía en Canadá sigue la misma suerte que la norteamericana y se relaciona
con la inmigración ilegal, lo que ha obligado a las autoridades a dictar una
serie de normas legales -10 programas de regularización- con miras a normar el status de los indocumentados, lo que se
ha considerado como amnistías[xli].
 
2.3.3.       La amnistía en el Perú
 
La amnistía ha sido cuestionada en el Perú
en materia política porque constituye la “institucionalización de la
impunidad”, garantizando su inclusión en el ordenamiento jurídico[xlii].
Sin embargo, la institución tiene raigambre pues
hace más de dos siglos se otorgó una amnistía a Diego Cristóbal y sus
partidarios en 1782, quien había asumido el liderazgo de la rebelión campesina
iniciada por su primo Túpac Amaru II, ejecutado dos años atrás[xliii]
 
El 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó
la Ley 26.479, cuyo artículo primero otorgaba una amnistía general a todos
aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y a todos aquellos civiles que se
encontrasen denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por
violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 15 de junio
de 1995.
        El
día en que entró en vigor la ley, la juez encargada de la investigación de la
matanza de 1991 en Barrios Altos declaró que la ley de amnistía no era
aplicable a ese caso. Sin embargo, el 28 de junio de 1995, antes de que su
resolución fuese ratificada o anulada por una corte superior, el Congreso
promulgó una nueva ley de amnistía, la Ley 26.492 que reforzaba las
disposiciones de la primera y ampliaba su esfera de aplicación; y en el
artículo 1 prohíbe a la judicatura sentenciar sobre la legalidad o
aplicabilidad de la primera ley de amnistía, con lo que anuló efectivamente la
resolución de la juez e impide todo fallo similar en el futuro. Igualmente, el
artículo 3 amplía la esfera de aplicación del artículo 1 de la primera ley de
amnistía (Ley 26.479), al otorgar una amnistía general al personal militar,
policial o civil que pueda ser pasible de denuncia en relación con violaciones
de derechos humanos que se hubieran cometido entre mayo de 1980 y el 15 de junio
de 1995 pero que no se hubieran denunciado a las
autoridades hasta después de la entrada en vigor de la ley.
        El 14 de marzo de 2001, la Corte
Interamericana declaró en su sentencia en el Caso Barrios Altos la
incompatibilidad las leyes de amnistía Nº 26.479 y Nº 26. 492 dictadas en el
Perú con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, anulando las
amnistías concedidas y ordenando la apertura de nuevos juicios. Desde aquella
histórica sentencia, los tribunales peruanos han vuelto a reabrir más de 180
causas que se encontraban paralizadas en aplicación de la mencionada normativa[xliv].
 
        Recientemente, el Congreso peruano oficializó
la Ley 29858 que otorga amnistía a la posesión irregular o ilegal de armas de
uso civil, de guerra, artesanales, municiones, granadas o explosivos, para su
entrega a las autoridades con fines de regularización o confiscación.
        De
acuerdo a la Ley, publicada en el Diario Oficial El Peruano[xlv],
la amnistía, por un plazo de 120 días, alcanza a personas naturales o jurídicas
que poseen ilegal o irregularmente este tipo de armamento.        El
dispositivo establece que la entrega de este material se hará a la Dirección
General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), la autoridad policial, militar o al
Ministerio Público; y la entrega debe realizarse en el plazo de 120 días calendario,
contados a partir de la vigencia de la ley, a fin de regularizar su tenencia o
proceder a su confiscación, según corresponda.        Esta
amnistía también es aplicable a las personas que
omitieran denunciar la pérdida o sustracción de armas de fuego de uso civil y/o
armas de guerra
.

        La norma
precisa que el amnistiado tendrá derecho a solicitar la presencia de un notario
público, fiscal, juez de paz o de una autoridad comunal o eclesiástica que deje
constancia de la entrega del arma.
También tiene derecho al anonimato, a una
constancia de internamiento del arma, y a que no se ejerza contra el amnistiado
una acción penal, civil o administrativa por la tenencia ilegal o irregular de
armas.        Las
autoridades que reciban ese material deberán remitirlo en un plazo no mayor de
cinco días calendario a la Dicscamec para el procesamiento correspondiente, a
fin de establecer su destino final.        Vencido
el plazo establecido por la ley, las personas naturales o jurídicas que posean
armamento de manera irregular, serán sancionadas administrativa, civil o
penalmente, según corresponda.

        Las
autoridades, igualmente, quedan autorizadas a formular y ejecutar programas
preventivos, disuasivos y concientizadores de capacitación, difusión y control,
para reducir la venta ilegal, la violencia y las consecuencias por el uso
indebido de armas de fuego.

2.3.4.       La amnistía en la República Argentina
        En el caso de Argentina, la Corte
Suprema de la Nación, en su histórica sentencia de 14 de junio de 2005, declaró
la nulidad de dos leyes de amnistía: la «Ley de Punto Final» Nº 23492, de 12 de
diciembre de 1986 y la «Ley de Obediencia Debida» Nº 23521, de 4 de junio de
1987, por las cuales se interrumpieron los procesos penales que se llevaban a
cabo en aquél momento contra militares argentinos acusados de delitos de lesa
humanidad durante la represión de las dictaduras de finales de los años 70 y
comienzos de los 80.
        Este fallo confirmaba, a su vez, las
decisiones de tribunales inferiores que habían declarado inconstitucionales las
referidas leyes y avalaba a su vez, la Ley 25.779 del Congreso Nacional, que
anulaba dichas leyes.
        En
esta sentencia se dice que la potestad del poder legislativo para dictar
amnistías generales conforme a la Constitución nacional ha sufrido una
importante limitación a causa de la obligación del Estado de garantizar los
derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.
1.1.) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de que, por
tanto, las amnistías resultan constitucionalmente nulas. Sobre la base de este
razonamiento, la Corte indicó que las amnistías no podían seguir representando
un obstáculo normativo para la investigación y el enjuiciamiento de violaciones
graves de los derechos humanos, ordenándose la reapertura de varias causas que
habían quedado paralizadas y en las cuales se encuentran implicados los
principales dirigentes del régimen militar[xlvi].
 
2.3.5.       La amnistía en el Uruguay
        
         El Congreso uruguayo rechazó en el 2011 anular la
llamada Ley de Caducidad, que dio por cerrado el periodo de la dictadura (1973-
1985) sin que sus responsables fueran juzgados por sus crímenes. El Frente
Amplio (FA), que gobierna, fue el impulsor del intento de reabrir los procesos,
pero perdió la votación por un diputado de sus propias filas que se ausentó y
provocó un empate a 49 votos que deja la ley en vigor[xlvii].
 
        En una nueva reunión del Congreso
uruguayo en octubre de 2011 se logró aprobar una ley que eliminó los efectos de
la Ley de Caducidad  que protegía a la
policía y al personal militar del enjuiciamiento por violaciones de derechos
humanos, y revocó las normas sobre prescripción que habrían impedido que las
víctimas formulasen denuncias penales a partir del 1 de noviembre.
        Amnistía
Internacional había solicitado a las autoridades uruguayas en reiteradas
ocasiones que revocaran la ley de amnistía, que impedía el enjuiciamiento de
las personas acusadas de torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras
violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985, antes de
que se reinstaurase la democracia en el país[xlviii]
        Previamente
a la decisión legislativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había
resuelto que Uruguay debía garantizar que la ley de amnistía dejaba de
obstaculizar la investigación de crímenes cometidos en el pasado y que las
personas responsables de las violaciones graves de derechos humanos comparecían
ante la justicia. La sentencia también ordenaba a Uruguay que no aplicara
ninguna ley similar que exonerase a los responsables.
 
2.4.    
La
amnistía en Venezuela
 
         En las Constituciones
venezolanas consultadas[xlix], en
general, se estableció expresamente la amnistía como atribución del Congreso, o
sea, del Poder Legislativo. Sin embargo, cronológicamente, en la Constitución
de 1909 quien tenía la potestad para amnistiar era el Presidente de la
República, en las de 1953 y 1961 nada se expresó al respecto y, en la de 1999
se atribuyó tal potestad a la Asamblea Nacional como Poder Legislador. 
 
2.5.    
Evolución
legislativa de la amnistía
 
         Con
fundamento en la Constitución de 1999, han sido promulgadas dos leyes de corte
típicamente político cuyo objeto ha sido claro: amnistiar a aquellas personas
procesadas o condenadas por delitos de esa naturaleza lo que,
constitucionalmente, es inobjetable.
 
 
2.5.1.       La Ley de Amnistía Política
General
 
        La Ley de Amnistía Política
General (LAPG), promulgada el 17 de abril de 2000, fue sancionada por la
Comisión Legislativa de la República en ejercicio de la atribución que le confiere el
artículo 6° numeral 1 del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente
mediante el cual se establece el Régimen de Transición de Poder Público, en
concordancia con el artículo único numeral 19 del Decreto mediante el cual se
dispone la Ampliación de las Competencias de la Comisión Legislativa Nacional
dictado por la Asamblea Nacional Constituyente.
 
        Como punto de partida, en la LAPG se
concede amnistía política general y plena a favor de todas aquellas personas
que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas,
condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos
políticos, o conexos con delitos políticos, hasta el 31 de diciembre de 1992.        En consecuencia, quedaron
amparadas todas aquellas personas que hubieren sido procesadas o no, en proceso
o condenadas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o
conexos con delitos políticos previstos o conexos con delitos políticos
previstos en la legislación penal ordinaria o penal militar. Los efectos de la
presente amnistía se extienden a todos los autores y participantes de tales
delitos.
        Asimismo, la LAPG anuló de pleno
derecho las acciones penales, así como los procesos administrativos,
judiciales, militares y policiales instruidos por cualesquiera de los órganos
del Estado, tribunales penales ordinarios o penales militares, que se
correspondan exclusivamente con los delitos a que se refiere la LAPG. Igualmente,
quedaron condonadas las penas y sanciones de sus autores y participantes en
general.        En el aspecto burocrático, los organismos
administrativos, judiciales, militares o policiales en los cuales reposasen
registros o antecedentes sobre personas amparadas por la LAPG, debían, previa
notificación y autorización del Fiscal General de la República, eliminar de sus
archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, en lo que atañe a
los delitos señalados en el artículo 1 de la LAPG; de lo contrario, las
personas amparadas podían, directamente o a través de la Defensoría del Pueblo
o Fiscalía General de la República, solicitar la eliminación de sus registros o
antecedentes.
        Consecuente con las disposiciones
internacionales sobre derechos humanos, la LAPG dispuso que aquellas personas
que hubieren incurrido en delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los
derechos humanos y crímenes de guerra.
        Finalmente, y en cuanto a la forma
de cómo ejecutar la gracia en cada caso, la LAPG expresó que las autoridades de
investigación administrativas, militares y policiales en general suspenderán
y/o darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los
hechos; y las autoridades judiciales con competencia penal ordinaria y penal
especial militar solicitarían y/o declararían el sobreseimiento de todas las
causas en curso y la revisión de oficio  de las sentencias firmes para la anulación de
éstas mediante sentencias de reemplazo en las causas que versen sobre los
hechos amnistiados, así como procesar y dictar todas las medidas o providencias
necesarias para asegurar la eficiencia de la presente Ley, sin perjuicio de la
notificación y autorización previa del Fiscal General de la República en todos
los casos.
 
2.5.2.       Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía
  

         La Ley Especial de Amnistía (LEA), con vigencia del
2 de enero de 2008, fue promulgada por el Presidente de la República el 31 de
diciembre de 2007 con fundamento en una ley habilitante que le permitía la
potestad legislativa al Jefe del Poder Ejecutivo.
 
                Como punto de
partida, en la LEA se concede amnistía a favor
de todas aquellas personas que enfrentadas al orden general establecido, y que
a la fecha se encontraban a derecho y sometidos a los procesos penales,
procesados o condenados por la comisión de delitos en los siguientes hechos: 
        a. Por la redacción del decreto del
gobierno de facto del 12 de abril de 2002,
 
        b. Por firmar el decreto de
gobierno de facto del 12 de abril de 2002, 
        c. Por la
toma violenta de la gobernación del estado Mérida el 12 de abril de 2002, 
        d. Por la privación ilegítima de
libertad de Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Interior y Justicia, el 12 de
abril de 2002, 
        e. Por la Comisión de los delitos
de Instigación a Delinquir y Rebelión Militar hasta el 2 de diciembre de 2007,
 
        f. Por los hechos acaecidos el 11
de abril de 2002 en Puente Llaguno, en aquellos delitos en los cuales no se
haya incurrido en ofensa de lesa humanidad, 
        g. Por la toma violenta de la
alcaldía del municipio Junín del estado Táchira, en abril de 2002,
 
        h. Por la toma violenta de la
gobernación del estado Táchira en perjuicio del gobernador Ronald Blanco La
Cruz el 12 de abril de 2002, 
        i. Por el
allanamiento de la residencia de la diputada Iris Varela en abril de 2002,
 
        j. Por el ingreso a la fuerza, al
Palacio de Justicia, de la circunscripción del estado Táchira el 12 de abril de
2002, 
        k. Por la toma violenta de las
instalaciones de la planta televisiva Venezolana de Televisión,
 
        l. Por los hechos violentos
ocurridos en los buques petroleros en diciembre de 2002, 
        m. Por los hechos que configuren o
constituyen actos de Rebelión Civil hasta el 2 de diciembre de 2002.
        Conforme a lo expuesto, la LEA
declara que se extinguen de pleno derecho las acciones penales, judiciales,
militares y policiales, instruidas por cualquiera de los órganos del Estado,
tribunales penales ordinarios o penales militares, que se correspondan
exclusivamente con los hechos amnistiados.
 
        Las demás
disposiciones de la LEA siguen a su antecesora LAGP en cuanto a los aspectos
burocráticos y el procedimiento a seguir para ejecutar la amnistía decretada; e
igualmente exceptúa de la gracia a aquellas personas que hubieran incurrido en
delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes
de guerra; y no podía ser de otra forma porque los hechos a los cuales se
refiere la LEA constituyeron sucesos de carácter político que acaecieron en
2002 en Venezuela.
 
 
 
 
2.5.3.       El proyecto de Ley
de Amnistía y Reconciliación
 
        Versa el
proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación (Proyecto LAR) de un texto[l] propuesto por un grupo de ciudadanos y
familiares de procesados y exilados políticos a consideración de la Asamblea
Nacional como respuesta a una declaración pública hecha por el Presidente de la
República el 7 de octubre de 2012 ante los medios de comunicación, según la
cual expresó que haría todo lo posible por el reencuentro de todos los
venezolanos.  
 
2.5.3.1.         
Los principios
elementales para la reconciliación nacional
 
        El
Proyecto LAR comienza con un título referido a la amnistía y a la reconciliación
política con un llamado a la neutralidad de las instituciones estatales y al
efecto contiene una orden para que se reconozca que en un Estado social y democrático de derecho y de
justicia, toda institución, organismo u órgano del Poder Público debe
conducirse con neutralidad y se debe a toda la ciudadanía y, en  consecuencia, no pueden ponerse éstas
instituciones, organismos u órganos del Poder Público al servicio de
parcialidad política alguna, ni destinar los recursos o bienes que les hayan
sido asignados a finalidades distintas de las admitidas por la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y las leyes vigentes.
 
        El artículo
2 versa sobre una serie de prohibiciones al sector estatal y expresamente se
plantea la prohibición  a toda entidad
pública o privada, y a sus representantes o 
voceros, descalificar, discriminar o perseguir de cualquier modo a
cualquier persona por disentir o estar en desacuerdo con las políticas
oficiales o por estar en desacuerdo con los planes de gobierno en cualquiera de
sus niveles, extendiéndose  especialmente
esta prohibición a las discriminaciones, violatorias al debido proceso y a las
garantías procesales que de éste dimanan, que se estén ejecutando o se hayan
ejecutado contra las personas en los procesos penales con ocasión a su
identificación con su tendencia política, religiosa o ideológica.
 
        El artículo
3 continúa en el mismo orden de ideas invitando al diálogo y a la no
discriminación por parte de los funcionarios estatales a quienes se les impone el
deber ineludible, cualquiera que sea su jerarquía, de promover el diálogo y la
confrontación pacífica de argumentos y de ideas como mecanismos primarios y
únicos para la resolución de cualquier conflicto político, social o de
cualquier otra naturaleza que se suscite entre ciudadanos o entre éstos y las
diferentes instancias del Poder Público, sin hacer distinciones
discriminatorias sobre la base de las preferencias políticas, religiosas,
ideológicas o de cualquier otro tenor entre los involucrados. 
 
        El artículo
4 está destinado a la eliminación de listas cuyo objeto sea la discriminación
y, al efecto, se dispone la prohibición del uso, a cargo de entidades públicas
o privadas, o de sus representantes o voceros, de listas de personas elaboradas
sobre la base de sus preferencias políticas, religiosas, ideológicas o de
cualquier otro tenor, con el objeto de discriminarlas, agregando que la elaboración
o uso de tales listas ha de ser considerada como un acto de persecución injusta
y será penada legalmente.
 
2.5.3.2.         
La amnistía general
 
        Luego de esos principios generales
destinados a la toma de medidas para restaurar la reconciliación, en el Título
II, artículo 5 versa expresamente sobre la merced que se aspira lograr con el
Proyecto-LAR para los venezolanos presos o en el exilio y se dice que se
concede amnistía general y plena a favor de todas aquellas personas naturales
sobre las que haya comenzado investigación fiscal, administrativa,
disciplinaria o policial, sometidas a persecución penal, procedimientos administrativos
o acciones civiles por parte de los órganos judiciales, disciplinarios o
administrativos, en relación con acontecimientos políticos que hayan tenido
lugar en  Venezuela desde 1999, o que
hayan sido procesadas o condenadas por haber sido declaradas incursas en la
comisión de delitos conexos con sucesos de carácter político, hasta la plena
entrada en vigencia de esta ley, bajo su publicación en Gaceta Oficial.
 
        Los hechos
concretos son los siguientes:
 
(i) Los sucesos de relevancia nacional ocurridos entre
los días 11,12, 13 y 14 de abril de 2002, en el territorio de la Republica
Bolivariana de Venezuela.
 
(ii) Los hechos relacionados con el paro nacional
ocurrido entre 2002 y 2003, sobre todo en lo que respecta a los trabajadores y
extrabajadores de la industria petrolera nacional (PDVSA) y sus empresas
conexas o filiales, así como a los activistas políticos y de la sociedad civil
involucrados en dichas situaciones.
 
(iii) Los actos que se hayan considerado como delitos de
traición a la patria, subversión o rebelión civil o militar, o cualquier otro
delito que pueda ser calificado como un delito Contra la Independencia  o Seguridad de la Nación, así como cualquiera
de los Delitos previstos en el Capítulo IV del Título V del Libro II del Código
Penal o como los denominados delitos Contra la Seguridad de los Medios de
Transporte o Comunicación, u otros de la misma naturaleza o entidad, ocurridos
desde el Primero (1º) de enero del año 2002 hasta la entrada
en vigencia de esta ley, así como cualquier otro hecho punible de los que pueda
ser calificado como un delito de opinión.
 
(iv) Los hechos que hayan dado lugar a Procesos
Judiciales, conforme a los parámetros internacionalmente aceptados, conocidos
en los Tribunales  con competencia
exclusiva para conocer causas por delitos vinculados al terrorismo, creados en
fecha 23 de noviembre de 2004, según resolución 2004/0217, aparecida en Gaceta
Oficial No. 38.071.
 
(v) Los hechos que hayan dado lugar a Procesos Judiciales
de índole político, conforme a los parámetros internacionalmente aceptados,
derivados de la intervención unilateral por parte del Estado de Instituciones
Financieras, Bancos, Casas de Bolsa, Empresas de  Seguros o de Reaseguros, Constructoras y
otras.
 
(vi) Los actos que hayan sido considerados delito,
realizados por funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones hayan
sido sometidos a procedimientos administrativos o penales por haber realizado
actividades legal y constitucionalmente permitidas, ejecutado valoraciones
propias de su profesión, apegadas al derecho, denunciando violaciones al
sistema legal vigente o contradicho alguna orden superior que pretendiera
violentar normas o principios constitucionales o derechos humanos.
 
(vii) Cualquier otro acto de la misma naturaleza, o
cualquier otro delito o infracción, por el cual o por la cual se haya
investigado, procesado, inhabilitado políticamente, o condenado a cualquier
ciudadano, particular o funcionario público, por motivos políticos o por haber
ejercido sus derechos constitucionales a la libre expresión de las ideas o
manifestarse a favor de cualquier corriente política o ideológica de manera
pacífica y legítima o haberse opuesto al orden político establecido y a las
estructuras del Poder del Gobierno de la República.
 
        De esta
manera, quedarían amparadas por el Proyecto-LAR todas aquellas personas que
hubieren sido investigadas, procesadas, condenadas o inhabilitadas por haber
sido declaradas incursas en los delitos e infracciones (civiles, penales o
administrativas) relacionadas con las situaciones anteriormente descritas o con
otras de similar entidad y naturaleza.
 
        Cabe
observar que los literales (i) y (ii) vienen a ampliar lo que había dispuesto
la LEA sobre los hechos acontecidos los días 11 y 12 de abril de 2002 y se
incorporan otros que si bien no tienen un neto carácter político en su origen,
podría haber derivado hacia este campo por la forma en que se desarrollaron. En
este sentido, hay que observar que una de las dificultades que probablemente
encontrará el Proyecto-LAR es precisamente la naturaleza del delito político
porque generalmente
éstos son los que se cometen contra la forma de organización política de un
Estado lo cual queda claro en los literales (i) y (ii) porque había un móvil
político concreto; pero en los restantes literales se patentiza que se trata de
hechos que en su génesis podrían constituir delitos comunes, pero que
posteriormente se evidenció que estaban vinculados directamente a una
motivación política.
 
        Las
restantes disposiciones del capítulo son similares casi íntegramente a los de
la LAPG y la LEA porque versan sobre pautas y procedimientos destinados a la
ejecución de la amnistía general que los proyectistas aspiran que sea
sancionada por la Asamblea Nacional.
 
        Finalmente,
hay que observar que tratándose de un proyecto de ley, el Proyecto-LAR deberá
estar sujeto a las discusiones legislativas, las negociaciones de índole
política pertinentes y su posterior sanción por la Asamblea Nacional y
promulgación por el Presidente de la República, de manera que cualquier
comentario vertido queda sujeto a lo que en definitiva resulte como texto
legislativo.
 
3.  
Conclusiones
       
        Del
análisis y estudio sistemático del indulto y la amnistía, aparte del aporte
histórico que arrojan sus antecedentes, salta a la vista la clara diferencia
que existe entre ambas instituciones.
 
        A
diferencia del indulto donde se toma muy en cuenta a la persona del delincuente
y donde juega sobre todo un sentimiento humanitario, de clemencia o de equidad,
para con los infractores penales; en la amnistía se mira más al tipo de delito
que a sus infractores y se tiene por punto de partida el clima político-social
que vive el Estado: de agitación interna, de enfrentamientos y conflictos
sociales, de una seria alteración del orden constituido. En estas graves
circunstancias descansan los motivos que impulsan al Poder Público a recurrir a
la amnistía; pues, se considera que la conmoción social existente amerita su
pacificación por tal vía; ya que la paz y tranquilidad social se considera un
interés superior al juicio de reproche que la sociedad debe hacer al
transgresor de la Ley, en tales circunstancias. Para restaurar la paz, el
orden, la concordia es a veces necesario recurrir a la amnistía[li].
 
        La
amnistía generalmente supone un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de
prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía
son más frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos y,
en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, su empleo puede generar vehementes
discusiones, pues puede provocar la impunidad de quienes cometieron graves
hechos durante un régimen anterior, como sucedió en Argentina, Uruguay y Perú,
países que se vieron sancionados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos porque sus leyes de perdón alcanzaban a quienes eran potencialmente
responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad o de la violación de
los derechos humanos.
 
        En
cuanto al Proyecto-LAR, la revisión de las legislaciones del perdón en los
países que se han revisado supra han
ocasionado y quizás sigan produciendo conmoción porque luego de su promulgación
aún existían graves y profundas heridas entre los bandos y, al haber sido
revertidas esas leyes y abierto procesos judiciales por la comisión de delitos
de lesa humanidad o contra los derechos humanos, se han reabierto procesos
judiciales en los cuales los implicados han tenido que enfrentar a la justicia
y expuestos a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
 
        En
el Proyecto-LAR, hay que partir de la base de la buena fe de los promotores
porque si bien tienen algunos de ellos motivaciones subjetivas muy respetables
como ver a sus familiares fuera de los centros de detención o de regreso a la
patria, en el fondo lo que se desprende de los principios generales de
reconciliación del Proyecto-LAR es lograr mantener en plena vigencia los
derechos civiles que establece la Constitución de 1999 para todos los
venezolanos sientan que reciben el mismo trato, sin discriminaciones ni color
político porque, para eso, la misma Carta Magna consagra el derecho al
disentimiento y al mantenimiento y expresión de distintas ideas, dentro de los
límites claros de que los derechos de uno llegan hasta comienzan los del otro. Vale
recordar las palabras de Benito Juárez[lii]
el 15 de julio de 1867, al entrar en ciudad de México, luego de la derrota y el
fusilamiento del emperador Maximiliano I:
 
...Mexicanos:
encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los
beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las
leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la
República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre
los individuos, como entre las naciones, 
el respeto al derecho ajeno es la paz.
Confiemos en que todos los mexicanos,
aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la
guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que sólo
pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a
las autoridades elegidas por el pueblo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[i] Jerónimo García San Martín. El control jurisdiccional del indulto particular.  Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC
.  Departamento de Derecho Público. Las
Palmas de Gran Canaria 2006,  pp. 21-22.
[ii] Walter Robles Rosales. EL INDULTO: LA INSTITUCION DEL
PERDON. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/34304185/El-Indulto-La-Institucion-Del-Perdon
[iii] En este capítulo se seguirá a García San Martín, op. cit.
[iv] La Biblia es una compilación de textos que en un principio
eran documentos separados (llamados «libros»), escritos primero en hebreoarameo y griego durante un periodo muy
dilatado y después reunidos para formar el Tanaj (Antiguo Testamento para los cristianos) y luego el Nuevo Testamento. Ambos
testamentos forman la Biblia cristiana. En sí la Biblia fue escrita a lo largo
de aproximadamente 1 000 años (entre el 900 a. C. y el 100 d. C.).
Los textos más antiguos se encuentran en
el Libro de los Jueces («Canto de Débora») y en las denominadas
fuentes «E» (tradición elohísta) y «J» (tradición yahvista) de la Torá (llamada Pentateuco por los cristianos), que
son datadas en la época de los dos reinos (siglos X a VIII a. C.). El libro
completo más antiguo, el de Oseas es también de la misma
época.
El pueblo judío identifica a la Biblia con
el Tanaj, no consintiendo bajo ningún concepto el término Antiguo Testamento y no acepta la validez del llamado Nuevo Testamento, reconociendo
como texto sagrado únicamente al Tanaj. Sin embargo, por razones metódicas la referencia se hará sobre la
Biblia cristiana.
 
[vi] La palabra graciar  no está registrada en el DRAE. 
[xvi] El primer triuvirato estuvo integrado por José Cristobal
Hurtado de Mendoza, quien lo presidió, Juan Escalona y Baltasar Padrón.
[xvii] Para mayor información, consultar
los artículos 65 a 71 de la Constitución de 1830.
[xviii]  Para mayor
información, consultar los artículos 49 a 57 de la Constitución de 1857.
[xix] La denominación del Presidente de la República en la
Constitución era la de Presidente de la Unión, por tratarse de los Estados
Unidos de Venezuela.
[xx] El Consejo de Gobierno
que se componía de diez Vocales nombrados por el Congreso cada cuatro años en
la misma sesión que elija Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, y acto
continuo de esta elección, debiendo quedar formado de un Representante, del
seno del Congreso ó fuera de él, por cada una de las Agrupaciones á que se
refiere el párrafo único del presente artículo. También se elegirán en la misma
forma los respectivos Suplentes, que llenarán las faltas temporales ó absolutas
del Principal correspondiente en el orden de elección.
[xxi]
Cfr GOMEZ EL AMO DEL PODER. Autor: RANGEL, DOMINGO A. Editorial: EDITORIAL
LIBROS MARCADOS, C.A.. ISBN: 9801215682. Año de Publicación: 2008. La obra
versa sobre el general Juan Vicente Gómez.
[xxii] Decreto N° 8.733 del 26 de diciembre de 2011. G. O. No.
390.456 del 26 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.conapri.org/Descargas/InamovilidadLaboral.pdf
[xxv] Para mayor información biográfica
consultar: http://ilustres.com.ve/antonio-leocadio-guzman/#more-306
[xxix] En este capítulo se seguirá a
Guillermo Mujica: AMNISTIA. Disponible en: http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/A/amnistia.pdf
[xxx] C. Schmitt. LA FUERZA DE OLVIDAR.
Cita de Mujica, op. cit.
[xxxii] Lucas 4, 18-19. Cita de Mujica, op. cit.
[xxxiii] Leonardo González Perafán. AMNISTIA
PARA LA PAZ. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Amnist%C3%ADa-para-la-paz.pdf
[xxxiv] María Auxiliadora Rodríguez Flores.
EL PERDON REAL EN CASTILLA (siglos XIII al XVII). Ediciones Universidad de
Salamanca. Disponible en: http://books.google.co.ve/books?id=_CVWKmlS_XIC&pg=PA234&dq=La+amnist%C3%ADa++edad+media&hl=es&sa=X&ei=VriqUJTBNMir0AGPzICQCg&ved=0CDkQ6AEwBTgK#v=onepage&q=La%20amnist%C3%ADa%20%20edad%20media&f=false

[xxxv] Fernando Díaz Villanueva. LA TRANSICIÓN Amnistía de todos y
para todos. Disponible en: http://historia.libertaddigital.com/amnistia-de-todos-y-para-todos-1276237706.html

[xxxvi] Fernando Díaz Villanueva LA TRANSICIÓN Amnistía de todos y para todos.
Disponible en:

[xxxvii] Wikipedia. Ley de Memoria histórica de España.
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_de_Espa%C3%B1a
[xxxviii] Así como la Ley propugnó el retiro
de monumentos alusivos a la guerra, a la dictadura y a la figura de Franco,, se
reconoce cívicamente el valor histórico patrimonial del Valle de los Caídos,
monumental basílica cercana a El Escorial, donde reposan los restos del
generalísimo Franco, del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera y
de miles de caídos en acción. Clara demostración de civismo de una sociedad, a
pesar de los conflictos heredados de la guerra civil.
[xxxix] Miguel Arenas Meza. LA CONTRIBUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA ELIMINACIÓN DE LAS «LEYES
DE AMNISTÍA» EN AMÉRICA LATINA: UN PASO DECISIVO EN LA LUCHA CONTRA LA
IMPUNIDAD. Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica.
Disponible en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/15/53/PDF/AT16_Arenas.pdf
[xli] Alejandro Segura Loarte. LA AMNISTIA
PARA LOS “ILEGALES” EN EL CANADA. Disponible en : http://www.aquiencanada.com/Articulos/LaAmnistiaParaLosIlegalesEnCanada.htm

[xlii] Informe de Amnistía
Internacional PERÚ. Las leyes de amnistía consolidan la impunidad para las
violaciones de derechos humanos. 23 de febrero de 1996.
Índice AI: AMR 46/03/96/s
Distr: SC/CC/CO/PG. Disponible en: http://www.derechos.net/amnesty/doc/america/peru1.html

[xliii] Alvaro Alania Pozo. LAS LEYES DE
AMNISTIA EN AMERICA LATINA. Perspectiva Internacional. Revista internacional de
Análisis e investigación. Disponible en: http://perspectivainternational.wordpress.com/las-leyes-de-amnistia-en-america-latina-2/
[xliv] Cfr. Arenas Meza. Op. cit.
[xlvi] Arenas Meza. Op. cit.

[xlvii] Uruguay ratifica la ley de amnistía
para la dictadura. Diario El País. 21 de mayo 2011. Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/05/21/internacional/1305928808_850215.html

[xlix] Constituciones de 1811, 1819, 1830,
1858, 1874, 1901, 1909, 1931, 1945, 1947, 1953, 1961 y 1999.
 
[lii] Disponible
en: http://es.wikipedia.org/wiki/El_respeto_al_derecho_ajeno_es_la_paz . Queda ajena la discusión de la originalidad de la frase,
originalmente expuesta por Inmanuel Kant en LA PAZ PERPETUA como «la injusticia cometida se ejerce únicamente en
el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible
de la paz perpetua.».
A los efectos de esta investigación sólo interesa el contenido global
de las palabras del prócer mexicano.

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