1. Es un hecho público y notorio de transcendencia universal el que, desde hace algún tiempo, en Venezuela se vienen repitiendo periódicamente manifestaciones y protestas callejeras en ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, consagrado en los artículos 53 y 68 de la constitución de 1999 y en el artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones del 2010, bastando sólo la notificación a la autoridad competente, sino también porque la misma constitución ha incorporado como normas de rango constitucional las contenidas en los convenios y tratados internacionales atinentes a los derechos humanos y, siendo el de manifestar uno de ellos, cuando se violenta o impide este último, se viola tanto la constitución como esos convenios supranacionales.
 
2. La verdadera esencia de los principios generales que orientan internacionalmente la libertad de manifestar pacíficamente está precisamente en que la manifestación no debe estar sujeta a la obtención de una autorización previa de las autoridades. A lo sumo, a una notificación para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y para proteger la seguridad y el orden públicos y los derechos y libertades de los demás, como indica la Ley de Partidos Políticos [ … ] de 2010,   al establecer  que  toda intención de reunión o manifestación debe ser informada con al menos 24 horas de anticipación a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.
 
3.  Esa es la libertad de manifestar  y, por tanto, lo demencial es pretender poner camisas de fuerza y cortapisas injustificadas e ilegales al ejercicio de los derechos usando falacias y sofismas concebidos a la medida para la satisfacción de los intereses ajenos al derecho y la justicia. 
 
4.  La libertad priva sobre su control, sea del tipo que sea, porque su restricción atenta contra ella misma y, en el caso de la libertad de manifestar pacíficamente el Estado tiene obligaciones fundamentales: Una, dejar que la expresión pacífica se desarrolle bajo protección estatal y, a la vez, impedir que el derecho de manifestar afecte los derechos de terceros. Al respecto, quien manifiesta pacíficamente y sin armas está imposibilitado de violentarse frente a un tropel de robocops armados hasta los dientes, en cuyo caso la violencia es generada por otras causas, como el derecho de defensa ante una agresión injustificada de la fuerza pública, o por terceros ajenos a la manifestación prestos a pescar en río revuelto o inducidos por los adversarios de los manifestantes; y, allí precisamente debe la autoridad represiva afinar su objetivo, que no es otro que dejar que la manifestación transcurra en paz y sin alteraciones del orden público y, en lugar de, sin discriminación, comenzar a agredir con la fuerza bruta, identificar a los violentos, incluyendo a los colectivos, y ponerlos a la orden de la autoridad competente. 
 
5.  Ahora bien, de igual manera es un hecho público y notorio de transcendencia internacional el que las aludidas manifestaciones públicas han sido reprimidas omitiendo el deber de  proteger a las personas frente a las situaciones de amenaza y de riesgo de su integridad física y de  sus propiedades causados por colectivos armados, y, de controlar el porte o tenencia de armas, consideradas como material de guerra, por parte de grupos armados paramilitares conocidos como colectivos.
 
6. La represión de las protestas públicas constituye una violación continuada fundamentada en la inconstitucional Resolución Nº 008610 de 23 de enero de 2015, que autorizó el uso de armas de fuego por el personal militar para “el control de reuniones públicas y pacíficas”, cuando la utilización de armas, o de  sustancias tóxicas, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para impedir el derecho a manifestar en las calles, violan los límites de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, porque se trata de movimientos pacíficos y sin armamento.    
 
7.  También ha servido de base para la represión el fallo No. 276 del 24 de abril de 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados –solícita y agorafobicamente- se apartaron de los lineamientos internacionales sobre el derecho a manifestar pacíficamente, al disponer que se necesita autorización previa de la autoridad local para su ejercicio; criminalizando las protestas que se efectúen sin autorización; y avalando la acción represiva de los cuerpos policiales para dispersar manifestaciones no autorizadas, extendiendo esa obligación a las policías municipales cuando éstas no tienen facultades legales de esa naturaleza, todo ello contrariando  el artículo 332 de la misma Constitución, que en los casos del mantenimiento del orden público  impone a los órganos de seguridad ciudadana la obligación de respetar la dignidad y  los derechos humanos, sin discriminación alguna.
 
8.  De acuerdo a lo expuesto, en la manejo represivo de las manifestaciones pacíficas desarmadas se han violado normas constitucionales expresas: el artículo 53, en el que se reconoce el derecho de toda persona de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas;  y el artículo 68, en el que se garantiza  el derecho a
manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley  y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Por consiguiente, al violentarse un derecho humano como es el de manifestar pacíficamente y estar éste derecho previsto en el Pacto Internacional, la jurisdicción internacional tiene competencia para conocer de esa violación y de los daños que se generen como consecuencia de la represión.
 
9.   Por otro lado, cuando un gobierno abandona su obligación de escuchar y atender el mensaje del pueblo manifestante y se desentiende de proteger y regular los derechos fundamentales que la constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de protesta pacífica nunca puede ser castigada como lo han pretendido las autoridades bajo el amparo de las ilegales normas que para tales fines invoca, y menos en la amañada sentencia antes aludida.
 
10.  Para finalizar, hay que recordar que la constitución de 1999 contempla la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos y que los represores directos y quienes les dan órdenes tienen ese carácter, por lo que pueden responder junto con el Estado por los daños y perjuicios causados a las víctimas; y, además, tienen que tener presente que la obediencia debida es inadmisible como defensa en los casos de comisión de delitos contra los derechos humanos, que son imprescriptibles, y su conocimiento puede corresponderle a la jurisdicción penal internacional.

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