Reflexiones de Septiembre de 2018

El enjuiciamiento del Presidente de la República ha estado constitucionalmente previsto en Venezuela. No es una novedad, sino de vieja data y existen antecedentes concretos e incluso trabajos doctrinales sobre la materia[1], y durante los siglos XX y XXI se han celebrado procesos que han involucrado a Presidentes.

El primer juicio que se inició fue el propuesto contra Cipriano Castro mientras éste había viajado a Europa para que se le practicara en Alemania una intervención quirúrgica, quedando a cargo de la Presidencia de la República su compadre Juan V. Gómez. En efecto, en 1909 se inició un juicio contra Castro ante la Corte Federal y de Casación acusándose a Castro del delito de instigación al asesinato de la persona de Gómez, quien se desempeñaba como Vice Presidente encargado de la Presidencia de la República.

La alta Corte decidió que había lugar para la formación de una causa contra Castro, quien quedó de hecho suspendido en el ejercicio de sus funciones como Presidente de la República, e inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo durante el tiempo del proceso, y el expediente fue pasado al Tribunal de Primera Instancia en lo criminal, “para que continuara por los canales respectivos hasta la sentencia; pero el Ejecutivo Nacional el 19 de abril de 1909 promulgó un decreto de amnistía que favoreció a Castro y que el expediente fuese archivado, una vez iniciado el correspondiente auto de sobreseimiento.

No obstante, Castro permaneció en el exilio hasta su muerte, ocurrida en Santurce, Puerto Rico, en 1924, y sus restos inmerecidamente fueron trasladados al Panteón Nacional en 2003 por orden del fallecido Presidente Chávez.

Marcos Pérez Jiménez, en 1948, siendo entonces teniente coronel, formó parte de la Junta de Gobierno que sustituyera al Presidente Rómulo Gallegos, integrada por los también tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud y Luis Felipe Llovera Páez, hasta que en 1952, en unos amañados comicios electorales, resultó electo Presidente de la República hasta el 23 de enero de 1958, cuando su dictadura es derrocada.

Iniciado el procesamiento de Pérez Jiménez,  la Corte Federal  acordó solicitar a los Estados Unidos la extradición del fugitivo ex dictador que estaba residenciado en Miami, por malversación de fondos y otros delitos y, entregado a las autoridades venezolanas, fue conducido a prisión mientras se organizaba el juicio ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual el procesado contó con el debido proceso y ejerció su defensa a través de sus abogados, terminando sentenciado a una condena de más de 4 años, resultando liberado por cumplimiento de pena.

Pérez Jiménez, luego de un breve intento de retornar al país para ejercer como senador por el Distrito Federal, frustrado por un complaciente auto de detención por un supuesto homicidio en el que se le calificó de autor intelectual, permaneció viviendo en España hasta su fallecimiento en 2001.

Jaime Lusinchi, Presidente entre 1984 y 1989, también se vio envuelto en un proceso judicial con motivo de hechos de corrupción. En 1993, es decir, 5 años después de haber cesado como primer mandatario,  la Corte Suprema de Justicia aprobó su procesamiento tras hallar indicios de corrupción, pero el juicio no continuó porque se trasladó Costa Rica y Miami, donde residió por un tiempo hasta que prescribiera la causa en su contra, regresando posteriormente a Caracas, donde falleció en mayo de 2014, pocos días antes de cumplir 90 años.

En 1993, Carlos Andrés Pérez fue acusado por la supuesta comisión del uso ilegal de la partida secreta presupuestaria por el supuesto desvío de fondos estatales para apoyar económicamente a la entonces Presidente de Nicaragua, Violeta Chamorro; y al poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia en Pleno autorizó su enjuiciamiento, por lo que el Congreso le separó del ejercicio de la Presidencia para que enfrente el proceso hasta que el 30 de mayo de 1996, cuando se le condenó al cumplimiento de 2 años y cuatro meses de arresto domiciliario por haber incurrido en “malversación genérica agravada”, pasando a cumplir cívicamente la condena en un retén judicial y luego, en su residencia particular. 

En su última alocución al dejar la Presidencia de la República, para  rendir cuentas de su gestión y de las circunstancias que llevaron a su enjuiciamiento, Pérez manifestó cívicamente su respeto por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

Quien como yo, que ha dedicado su vida entera a la conquista, defensa y consolidación de la democracia, no tiene que ratificar que acato esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. No la juzgo. Será la historia -implacable en su veredicto- la que lo hará más adelante. Y la acato, porque asumo mi responsabilidad como Presidente, como poder y como venezolano. Del mismo modo que tendrán que asumir la suya quienes han conducido al país a esta encrucijada dramática de su historia [ … ]  Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse.

CAP falleció en el exilio el 25 de diciembre de 2010, en Miami.

Ahora la suerte le ha correspondido a Nicolás Maduro, con la particularidad de que el órgano jurisdiccional que le ha juzgado y condenado fue el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que previamente había declarado la existencia de méritos para el enjuiciamiento por la decisión del 9 de abril de 2018 por Corrupción Propia y Legitimación de Capitales[2].

En la sentencia, respaldada por la Asamblea Nacional[3], el Tribunal exilado condenó a Maduro a cumplir 18 años de cárcel, pagar una multa de US$ 25 millones por el delito de corrupción y resarcir a su país con otros US$ 35 mil millones por legitimación de capitales.

Además, la sentencia ratificó su anterior orden dada a INTERPOL para la captura internacional de Maduro.

El lector se preguntará cuándo y cómo se ejecutará esa sentencia cuando es bien conocido que el gobierno de Maduro, atrincherado dentro de los límites del territorio venezolano, desconoce la legitimidad del TSJ en el exilio y, por tanto, hará caso omiso del fallo.

Ciertamente, pareciera que la decisión judicial de condenar a Maduro no pasa de ser un simple pronunciamiento que encaja más en la política que en la justicia, al carecer de coercibilidad, aunque cuente con el respaldo parlamentario porque bien se sabe que el resto de las instituciones del país han sido destruidas[4]; pero es evidente que, desde su constitución,  el TSJ en el exilio ha venido dictando decisiones que marcan pautas dentro del derecho internacional público y que por tanto deberán tener aceptación en la comunidad democrática mundial y hasta pueda sentar precedentes o referencias que eventualmente serían reconocidas por la comunidad global e incorporadas a tratados y convenios internacionales para la prevención de delitos y establecer normas de carácter procesal para el juzgamiento de Presidentes o Jefes de Estado, aparte de que, otros organismos como la Corte Penal Internacional podría iniciar algún proceso por violación de los DDHH.

Otra posibilidad que habría que considerar como efecto real y práctico de la sentencia y que desde su pronunciamiento está surtiendo efecto es que Maduro se ha visto conminado a mantenerse refugiado en Venezuela, sin salir de sus fronteras porque, de hacerlo, podría correr el riego de una posible detención pues las autoridades de cualquier país al que se trasladara -salvo sus aliados- podría acatar la sentencia y ordenar su detención, con lo cual su margen de acción frente a los otros países se reduce a los pocos estados que lo respaldan.

Por otra parte, si el TSJ en el exilio es el tribunal legítimo designado por la AN, y Maduro cesara en el poder, la sentencia podría ser ejecutada de inmediato al recobrarse la coercibilidad, en cuyo caso si mantuviera en Venezuela podría ser encarcelado, o solicitada su extradición si se hubiere fugado.


Referencias:

Imagen: http://www.fediea.org/info/admon.php

[1] Véase: Ezequiel Monsalve Casado. Enjuiciamiento Del Presidente de la República y de Los Altos Funcionarios. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1993.

[2] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. La continuación del proceso contra Nicolás Maduro Moros ante el TSJ en el exilio Reflexiones a agosto de 2018. Disponible en: www.carlosjsarmientososa.com.

[3] Véase: AN aprueba respaldo a sentencia del TSJ en el exilio contra Maduro por corrupción. Lapatilla.com. Disponible en: https://www.lapatilla.com/2018/08/21/an-aprueba-respaldo-a-sentencia-del-tsj-en-el-exilio-contra-maduro-por-corrupcion/ . Consultado el 22 de agosto de 2018.

[4] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. El clamor de la libertad ante la destrucción del Estado de Derecho en Venezuela. https://www.amazon.com/libertad-destrucci%C3%B3n-Derecho-Venezuela-Spanish-ebook/dp/B07FSSWTQT/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1532447616&sr=1-1&keywords=sarmiento+sosa 

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