Reflexiones de Febrero de 2019

World Justice Project es una organización con sede en Washington D. C. y en Seattle WA, que tiene como objeto desarrollar iniciativas destinadas al mejoramiento de la vigencia de la ley en el mundo, a cuyo efecto concibe que el concepto de Estado de Derecho abarca varias acepciones: el cumplimiento de premisas tales como que los funcionarios, oficiales y agentes estén obligados a rendir cuentas a la Ley, que las leyes sean claras, estables y justas, y que los derechos fundamentales de las personas sean protegidos, incluyendo el derecho a la vida, a la seguridad y a la propiedad. También, que funcione un sencillo y transparente acceso a la justicia y que los órganos jurisdiccionales sean independientes e imparciales.

Partiendo de esa premisa, anualmente la organización elabora un Índice de Estado de Derecho con base en entrevistas a catedráticos, abogados, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios en los países evaluados, a quienes se les consulta si consideran que en sus países existe un sistema de investigación criminal eficiente, sobre la eficacia del sistema carcelario para regenerar a los delincuentes, sobre su percepción de la corrupción en los juzgados y si consideran que los jueces eran independientes de otros poderes a la hora de decidir sus casos (Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. Otra oprobiosa calificación para Venezuela. Reflexiones a últimos de Enero de 2014. Disponible en www.carlosjsarmientososa.com. Consultado en 3 de marzo de 2019).

Para 2014, la WJP emitió su informe correspondiente al período 2012-2013, en el que sus expertos ubicaron a los tribunales penales venezolanos en el último puesto del ranking, 97/97, pues apenas obtuvieron una puntuación de 0.24 sobre 1, por debajo de países de dudosa condición democrática como Zimbabue, Irán o China, concluyendo en que

Venezuela es el país con peor desempeño en la región en la mayoría de las dimensiones que conforman el estado de derecho. La responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno es débil (quedando en el antepenúltimo puesto del ranking mundial), la corrupción está muy extendida (puesto número ochenta y uno), el crimen y la violencia son comunes (puesto número noventa), las instituciones gubernamentales no son transparentes y la justicia penal no es efectiva (quedando en el último lugar en el ranking mundial). El país también muestra serios problemas para garantizar algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Los derechos de propiedad son débiles. La mejor puntuación de Venezuela se da en las áreas de libertad religiosa, acceso a las cortes civiles y protección de los derechos laborales”.

Ese mismo resultado fue observado en el Indice de 2015, cuando Venezuela figuró de nuevo en el último lugar dentro de 102 países analizados; y en el Indice de 2016, la ubicó en el último lugar, a nivel mundial, dentro 113 países por debajo de Egipto (Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa EL WJP RULE OF LAW INDEX 2016 Y ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA. Consultado en 3 de marzo de 2019).

Para los años 2017-2018, el Índice colocó a Venezuela en el puesto 113/113, o sea, que el país se mantuvo en la misma posición que en el año anterior dentro de igual número de países; pero es el Índice de 2019 el que hace sonar las alarmas cuando refleja que  Venezuela se encuentra en una vergonzosa posición en el ranking: el escalafón 126 de 126 países analizados, lo quiere decir que no solo quedó en el último lugar sino que fue precedido nada menos que por Zimbabue, Pakistán, Etiopía, Bolivia, Camerún, Egipto, Mauritania, Afganistán, Republica Democrática del Congo y Camboya!.

En contraste, los países con mejor desempeño fueron Dinamarca en primer lugar, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá y Estonia.

Si para 2014 la clasificación ganada por Venezuela -el último lugar del Índice entre 97 países- era oprobiosa, el resultado arrojado 5 años después es aún más vergonzoso y escandaloso porque en esta oportunidad se trató del análisis de 126 países, es decir, un espectro mayor que en los estudios precedentes, especialmente si se observa que aventajaron a Venezuela países tercermundistas, lo que revela la anunciada y demostrada carencia del Estado de Derecho en Venezuela sobre la que este escribidor ha clamado, al igual que otras voces (Clara Machado. El problema de Venezuela puede definir el curso de la humanidad – Huffington Post, en JOKESLAB POLÍTICA Y ACTUALIDAD VENEZOLANA, consultado en 4 de marzo de 2019) que han afirmado que “En Venezuela desde hace mucho tiempo no hay leyes que regulen la vida pública, que limiten la autoridad, pero tampoco se respetan las más básicas, los derechos fundamentales que le permiten a un individuo tener el control de su vida. En Venezuela desde hace mucho tiempo no hay leyes que regulen la vida pública, que limiten la autoridad, pero tampoco se respetan las más básicas, los derechos fundamentales que le permiten a un individuo tener el control de su vida”. 

En fin, como ha dicho el Bloque Constitucional de Venezuela, el resultado del WJP Rule of Law Index® 2019 “[ … ] es un motivo de vergüenza y un escándalo que sacude la conciencia de quien crea en la Justicia como valor fundamental y en la preeminencia de los derechos humanos [ … ] El proceso de destrucción intencional del Estado de Derecho iniciado por Hugo Chávez luego de controlar los diversos órganos de los poderes públicos y seguido por Nicolás Maduro y sus acompañantes ha producido una corrupción de niveles y montos incalculables, así como un empobrecimiento de todos los venezolanos, traducido en muertes por hambre y enfermedades que podían haberse curado o paliado [ … ]” (Comunicado del Bloque Constitucional sobre el grave deterioro del Estado de Derecho en Venezuela. Caracas, 02 de marzo de 2019).

Carlos J. Sarmiento Sosa

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