Cuestionada la independencia judicial, el arbitraje luce como la vía alterna para resolver las controversias.

La independencia judicial se sintetiza en que los jueces deben actuar ceñidos a la ley y a sus propias concepciones jurídicas, independencia que tiene dos aspectos: la exterior, de los jueces y magistrados frente al resto de los poderes públicos, y la interior, de los jueces frente a las partes. José Gabriel Sarmiento Núñez, en 1958, indicaba que, para alcanzar la independencia judicial, se requerían varias condiciones:

a) un sistema apolítico y rigurosamente técnico para el ingreso a la carrera judicial;

b) un sistema de escalafón, ascensos y provisión de vacantes libres de interferencias gubernativas;

c) la garantía de inamovilidad judicial, siempre que los jueces se desempeñen rectamente, y el derecho a no sufrir interferencias ni represalias por razón de su ministerio, ni a ser postergados, suspendidos o destituidos, sino mediante causa debidamente comprobada en juicio contradictorio;

d) un régimen de autogobierno del Poder Judicial, y

e) remuneración holgada de los jueces que les asegure una independencia económica.
Cuarenta años después, la Federación Interamericana de Abogados, en su conferencia de México en 1999, recomendaba a los Estados americanos: “… investir y preservar a los Poderes Judiciales de la dignidad, independencia y medios, para que puedan cumplir a plenitud con sus facultades de interpretar y aplicar el derecho en nuestras sociedades, dándoles así la seguridad jurídica necesaria”.

La Constitución de 1999 proclama la independencia del Poder Judicial y, en su interpretación, Levis Ignacio Zerpa ha dicho:

“La independencia judicial se alcanza por un apropiado sistema de selección de los llamados a juzgar, mediante concursos de oposición públicos, transparentes, con jurados doctos, amplios y confiables. Se alcanza por el establecimiento de una verdadera carrera judicial que asegure la estabilidad y la permanencia de los más idóneos, con diversos y adecuados estímulos para su mejoramiento integral y para el logro de la excelencia. Se alcanza con la vigilancia de las conductas indeseables y con un régimen disciplinario firme, sostenido y eficiente, con las imprescindibles garantías para la defensa del Juez afectado”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha fallado:

“El Poder Judicial, por mandato de nuestra Carta Fundamental, es autónomo e independiente (artículo 254 eiusdem). Ello significa que el Poder Judicial, no depende de ningún otro Poder del Estado, y por ello, por el citado mandato constitucional, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, la cual la asigna el artículo 254 Constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza y director del sistema judicial”.

“La independencia funcional significa que en lo que respecta a sus funciones, ningún otro poder puede intervenir en el judicial, motivo por el cual las decisiones de los Tribunales no pueden ser discutidas por los otros Poderes; y los jueces, y funcionarios decisores del Poder Judicial -como el Inspector General de Tribunales- no pueden ser interpelados, ni interrogados por los otros Poderes, sobre el fondo de sus decisiones, a menos que se investigue un fraude o un delito…”.

No obstante, pese a estos pronunciamientos, en la práctica hay una pérdida de credibilidad en la independencia judicial que afecta la seguridad jurídica. Por ello, en su día Calamandrei exclamó:

“…la peor desgracia que podría ocurrir a un magistrado sería la de enfermar de ese terrible morbo que se llama el conformismo. Es una enfermedad mental similar a la agarofobia: el terror de su propia independencia; una especie de obsesión, que no espera las recomendaciones externas, sino que se les anticipa; que no se doblega ante las presiones de los superiores, sino que se las imagina y les da satisfacción de antemano”.

Ante estas circunstancias, y cuestionada la independencia judicial, el arbitraje luce como la vía alterna para resolver las controversias que, hasta la Constitución propicia e incluye dentro del llamado sistema de justicia, a pesar de ciertas sentencias de la Sala Constitucional y de la Sala Político Administrativa del TSJ que han tratado de minimizar su valor.

En efecto, el arbitraje cumple los mismos principios que consagra el derecho procesal, a saber: el dispositivo, el de disponibilidad de los derechos litigiosos, el de dirección del proceso, el inquisitivo, el de inmediación, el de economía procesal, el de oralidad combinado con el principio de escritura, así como las garantías de imparcialidad e igual de las partes en el proceso.

A todo esto, habría que añadir la ventaja indiscutible de que los árbitros son especialistas en determinadas materias y, cuando emiten su laudo, lo hacen, sea en derecho o en equidad, para resolver un caso concreto, distinto al proceso judicial en el cual el juez ordinario tiene a su cargo la pesada tarea de sentenciar numerosos asuntos de distinta naturaleza, aun cuando él no sea especialista. Por otra parte, el arbitraje se tramita en una sola instancia, sin recursos, salvo el de nulidad.

Ante estas ventajas, la vigencia e importancia del arbitraje debe considerarse en la preparación de los contratos, y reflexionar siempre la posibilidad de incorporar una cláusula que contemple el acuerdo o compromiso de arbitraje, pues, si bien la intención de las partes es cumplir los compromisos asumidos, circunstancias sobrevenidas pueden conducirlas a que un órgano imparcial, o sea, el tribunal o panel arbitral, tenga que ser llamado a resolver los impasses que se hubieren presentado; y si bien, prima facie, pareciera que el arbitraje es económicamente costoso, cuando se compara con los tiempos, dilaciones e imprevistos de la jurisdicción ordinaria, resulta ciertamente menos oneroso.

Deja un comentario