INFORMACION AL LECTOR

ESTE ENSAYO FORMA PARTE DEL LIBRO “HABEAS CORPUS EN PAPEL HIGIÉNICO”, COMPILACION EN HOMENAJE AL DOCTOR REYNALDO PETERS, PRESENTADA EN AGOSTO DE 2012 EN LA PAZ, BOLIVIA. 

Iter del hábeas corpus en el contexto jurídico político venezolano desde 1947

 

Carlos J. Sarmiento Sosa·

 

Hábeas corpus: ‘Derecho de todo detenido a ser conducido ante un juez o tribunal para que éste decida sobre la legalidad de la detención’. Es locución nominal masculina y tiene su origen en la frase latina Hábeas corpus ad subiiciendum (‘tengas tu
cuerpo para exponer’). Diccionario panhispánico de dudas

 

Para el mes de mayo de 1972, el doctor Reynaldo Peters Arzabe se encuentra cautivo, sin fórmula de juicio, en la celda “El Tropezón” del Departamento de Orden Político del Ministerio de Gobierno del régimen autoritario presidido por el general Hugo Banzer Suárez. Ante la imposibilidad de ser liberado de forma inmediata, el doctor Peters recuerda que, entre los derechos de los bolivianos, existe el hábeas corpus, pero en su celda carece de papel para redactar el escrito que dirigiría a una autoridad judicial, por lo que decide escribirlo sobre papel higiénico, convencido de que los jueces conocerían del caso e inmediatamente acordarían su libertad.

Para hacerlo llegar a sus destinatarios, el doctor Peters esconde el papel higiénico dentro de su ropa sucia el 18 del mismo mes de mayo y su esposa lo pone en manos de la Corte Superior del Distrito de La Paz, quien el 22 de ese mes fija la audiencia para la inmediata presentación del accionante.

La admisión del hábeas corpus genera una inmediata reacción favorable entre las fuerzas democráticas del país y distintas instituciones se adhieren a la petición del doctor Peters e, incluso, la amplían a favor de otros detenidos políticos, lo cual es acogido favorablemente por la Corte. Al mismo tiempo, el gobierno dictatorial, pusilánimemente, como todos los regímenes opresores, se siente presionado por la ola de adhesiones al hábeas corpus y comienza sigilosamente a liberar a algunos detenidos; pero Banzer y sus rastreros colaboradores no pueden permitir que un hábeas corpus haga mella en la imagen de fortaleza que se pretende dar ante la opinión pública nacional e internacional y, así, el 2 de junio dicta un decreto mediante el cual se faculta a las autoridades policiales para detener a los presos políticos sin plazo para ser presentados a la justicia.

El 14 de julio, con los votos disidentes de dos de sus vocales que salvan el honor de la judicatura boliviana, la mayoría de la Corte de Distrito de La Paz -a los que el doctor Peters califica acertadamente como corifeos del régimen dictatorial- le da validez jurídica retroactiva al aludido decreto y declara improcedente el hábeas corpus pese a que su detención era anterior, lo que es confirmado posteriormente por la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación por sentencia del 16 de octubre declarando que, según el decreto del 2 de junio de 1972, “los organismos de seguridad quedan facultados a emplear el tiempo que fuere necesario, con el objeto de investigar en todos sus alcances la participación delictiva de los sometidos a detención por los Servicios de Seguridad del Estado para que concluida la investigación los sindicados y detenidos políticos sean pasados a la justicia ordinaria”. 

No obstante el contenido adverso de los fallos, lo cierto es que la iniciativa del doctor Peters sirvió de base para que las puertas de la libertad se abrieran para numerosos detenidos políticos de facto en el país andino.

Desde entonces han transcurrido 40 años, durante los cuales los derechos humanos han adquirido una relevancia universal sin precedentes a nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en las Américas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos promulgada por la Organización de Estados Americanos (OEA) ha rendido frutos de singular importancia al punto de que el sistema interamericano cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D. C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. Ante ambos organismos, naciones de este Hemisferio se han sentado en el banquillo de los acusados en imparciales procesos, algunos favorables a los Estados y otros condenatorios de éstos por haber quedado comprobada la infracción de los derechos humanos, obligándoseles a resarcir a las víctimas y/o sus parientes inmediatos.

La mayoría de las constituciones de los países del continente, por no decir todas, contiene disposiciones enmarcadas dentro del contexto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pareciera que hay un consenso global por el respeto a estos derechos pero, a veces, surgen alteraciones voluntarias o involuntarias que finalmente son llevadas a las instancias interamericanas, una vez agotados los recursos del derecho interno de cada país.

Dentro de este tenor, la gesta de Reynaldo Peters expresada en su “papel higiénico”  hace cuatro décadas debe mantenerse vigente como un alerta ante las transgresiones a los derechos humanos que, pese a toda la reglamentación existente, lamentablemente se presentan en las Américas como una sinuosa y oscura nube ocultando los templados y benignos rayos del sol.

En este ensayo, intentaré una visión panorámica del hábeas corpus en Venezuela, desde su incorporación como derecho positivo en la Constitución de 1947 hasta la vigente de 1999, período harto suficiente para pensar que, en medio siglo, ha habido momentos fulgurantes de vigencia del hábeas corpus bajo el conocimiento de jueces inspirados la tradición francesa expresada en la noblesse de robe[1]; y otros, tristes, de negación del derecho a la libertad ante la detención arbitraria, frente a magistrados afectados de agorafobia, que, como dice Piero Calamandrei[2], temen a su propia libertad como jueces y, por ello, se doblegan ante el amo del poder no sin antes satisfacer los deseos imaginarios de éste: Empíricos leguleyos capeados de toga y birrete, malabaristas en la argumentación al servicio genuflexo del mandatario de turno[3].

 

  1. El Hábeas Corpus en la Constitución del 5 de julio de 1947

La Constitución de 1947 es la primera carta magna del siglo XX que, en Venezuela, consagra el hábeas corpus. Para ello, comienza la Constitución de 1947 declarando que la Nación garantiza a todos sus habitantes la inviolabilidad de la vida y que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna podrá aplicarla (art. 20), para luego, de manera expresa, garantizar a todos los habitantes la libertad y seguridad personales (art. 21) y, en consecuencia:

1º. Nadie podrá ser sometido a reclutamiento forzoso. El servicio militar es obligatorio y se prestará conforme a la Ley.

2º. Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que fuere sorprendido infraganti, sin que precedan información sumaria de haberse cometido un hecho punible que merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario autorizado por la Ley para decretar la detención, debiendo expresarse siempre en dicha orden el motivo que la causa. El sumario no podrá en ningún caso prolongarse por más de treinta días después de la detención judicial. En los delitos de injuria, difamación, desacato u ofensas a personas o a cuerpos judicales, políticos o administrativos, investidos de autoridad pública, será sometido a juicio el acusado, y no podrá separarse del lugar del proceso hasta que el asunto quede decidido. La detención no procederá sino en virtud de sentencia firme.

3º. Nadie continuará en detención si, mediante decisión judicial firme, hubieren quedado destruidos los fundamentos de aquélla, ni después de la libertad bajo fianza, en casos que la Ley permita este beneficio. El otorgamiento y la tramitación de la fianza no causarán impuesto alguno.

4º. Nadie podrá ser incomunicado, ni obligado a prestar juramento, ni a sufrir interrogatorio en causa criminal contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni contra el cónyuge o la persona con quien haga vida material.

5º. Nadie podrá ser juzgado por tribunales o comisiones especialmente creados, sino por sus jueces naturales y en virtud de ley preexistente.

6º. Nadie podrá ser condenado en causa criminal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la Ley.

7º. Nadie puede ser privado de su libertad por incumplimiento de obligaciones civiles no definido como delito por la Ley.

8º. Nadie podrá ser condenado a pena corporal por más de veinte años.

9º. Nadie podrá ser condenado a penas infamantes ni perpetuas, ni sometido a torturas o a otros medios que causen sufrimiento físico.

10.  Nadie continuará privado de su libertad una vez cumplida la pena impuesta.

11. Nadie podrá ser juzgado por los mismos hechos que hubieren motivado su anterior
enjuiciamiento.

Esta amplia gama de garantías no estaría completa sin la incorporación del Hábeas
Corpus, el cual queda fraseado de la siguiente manera en el artículo 32:

A toda persona detenida o presa con violación de las garantías establecidas en esta Constitución en resguardo de la libertad individual, le asiste el recurso de Hábeas Corpus. Este recurso podrá ser ejercido por el interesado o por cualquiera otra persona en nombre de aquél, y será admisible cuando la ley no consagre contra la orden, acto o procedimiento que lo motive, ningún recurso judicial ordinario. 

La Ley determinará los Tribunales que conocerán y decidirán en forma breve y sumaria de las denuncias del caso, así como también las demás condiciones necesarias para el ejercicio de este recurso.

A la par que en la Asamblea Nacional Constituyente se aprueba la consagración del Hábeas Corpus, un entonces bisoño y obcecado diputado -Luis Alfaro Ucero[4]– origina una candente discusión al proponer lo que la historia registra como el “inciso Alfaro Ucero”, que se circunscribía a restringir el ejercicio de este recurso en determinadas circunstancias para lo cual se facultaba al Presidente de la República a ordenar la detención hasta por seis meses de cualquier persona cuando hubiera serios indicios de que estuviese atentando contra la paz pública.

No están claras las razones que impulsaron al diputado Luis Alfaro Ucero a propugnar la inclusión de su controvertido inciso. Rómulo Betancourt[5] sostiene que en esta disposición nada había de lesivo para las libertades individuales, sino una recia campaña organizada que amparaba una subterránea conspiración en marcha; y como testigo de esas horas, Betancourt, a la par de pronunciarse a favor del promovido inciso trae a colación la siguiente información histórica:

Interesado como estaba en que los dirigentes de AD oyeran la opinión de los miembros militares de la Junta sobre la conveniencia y necesidad del artículo 77, promoví una reunión en mi casa de habitación. Asistieron los entonces comandantes Delgado Chalbaud y Mario Vargas, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Alberto Carnevali, Luis Augusto Dubuc, Luis Manuel Peñalver, entre otros, y los miembros de AD que formaban parte de la Junta. Y fue el comandante Delgado, con esa precisión suya para argumentar que le venía de su formación en liceos y universidades francesas, quien estuvo más convincente. Su tesis fue la de que el próximo Gobierno Constitucional iba a afrontar perturbaciones sediciosas del orden público como las surgidas durante el régimen de facto. El comandante Mario Vargas suscribió esa tesis y defendió también la necesidad de dotar al Gobierno democrático de eficaces instrumentos legales para defender su estabilidad.                                                                                                                                              

La investigación desplegada por Rafael Arráiz Lucca[6] sobre estos hechos acredita que la oposición pensaba que se le daba una carta blanca de mucha discrecionalidad al Presidente de la República, sin que el Poder Legislativo tuviese funciones contraloras sobre la norma. “Además -agrega Arráiz- era evidente que contradecía el artículado relativo a los derechos individuales y el Hábeas Corpus, abriendo una brecha a una discrecionalidad que pudiese ejercerse autoritariamente. Evidentemente, el Ejecutivo Nacional buscaba tener margen de maniobra frente a conspiradores potenciales, circunstancia que no era descabellado prevenir y que, en efecto, ocurrió”.

El resultado final de la discusión pública ocasionada por el infeliz inciso condujo a que su inicial redacción fuera matizada y completada, dando origen al artículo 77:

Si las circunstancias no exigiesen la restricción o la suspensión de las garantías, pero hubiere fundados indicios de la existencia de planes o actividades que tengan por objeto derrocar los Poderes constituidos, por golpe de estado u otros medios violentos, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, podrá ordenar la detención preventiva de las personas contra quienes obren graves motivos para considerárselas comprometidas en dichos planes o actividades. Estas medidas serán sometidas, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, a la consideración del Congreso Nacional o, durante el receso de éste, a la Comisión Permanente, para su aprobación o improbación; y serán suspendidas al cesar las causas que las motivaron. Si fueren aprobadas por el Congreso Nacional o por la Comisión Permanente y no fueren suspendidas dentro de los 60 días siguientes a dicha aprobación, el Presidente de la República cumplido este último plazo, las someterá al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá sobre su mantenimiento o suspensión tomando en cuenta, además de las disposiciones legales, la seguridad del Estado, y la preservación del orden público.

Pese a la polvareda que levantan tanto el inciso Alfaro Ucero como la propia norma contenida en el artículo 77, limitantes sin dudas del Hábeas Corpus, no es posible a los gobernantes de turno prevenir que, a 16 meses de la entrada en vigencia de la Constitución de 1947, una conspiración militar daría al traste con el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948 y, con esta asonada, con las ilusiones de aquellos civiles que, tres años antes, se habían asociado con los militares para deponer al Presidente Medina Angarita[7]

 

  1. EL HÁBEAS CORPUS EN EL ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO DE 1948

El 24 de noviembre de 1948 sustituye a Gallegos una Junta Militar que asume el Poder Ejecutivo, integrada por los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud[8], quien la preside, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez.

El primer pronunciamiento de la Junta Militar fue su acta constitutiva, en la cual pone en vigencia la Constitución de 1936, reformada en 1945 “sin perjuicio de que la Junta de acatamiento a aquellas disposiciones de carácter progresista de la Constitución Nacional, promulgada el 5 de julio de 1947”. Como afirma Arráiz[9], “una combinatoria constitucional que descansaba en la voluntad de tres personas”.

De esta declaración, podría deducirse que siendo el hábeas corpus una “disposición progresista” de la Constitución de 1947, la Junta Militar la acataría; sin embargo, a los pocos días del golpe de estado, el trío castrense revela su carácter autocrático. En efecto, disuelve el Congreso Nacional, designa a los vocales de la Corte Federal y de Casación, disuelve los Concejos Municipales de todo el país y el Consejo Supremo Electoral, y asume el control de las facultades ejecutivas y legislativas, interviene el Poder Judicial mediante un decreto de reorganización, a la par que proscribe a dos partidos, Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). De esta manera, cesa todo vestigio de constitucionalidad, de respeto a los principios constitucionales contenidos en la restablecida Constitución de 1936 y, menos aún, de las “disposiciones progresistas” de la Constitución de 1947. Así, puede decirse, desaparece el hábeas corpus para instaurarse un régimen oprobioso y represivo en el que la temida Seguridad Nacional, nido de esbirros y espías, asume la vigilancia de cualquier actuación política de los ciudadanos, procediendo a encarcelar o expulsar del país a quienes consideran enemigos del régimen, sin fórmula de juicio.

El hábeas corpus se desvanece para refugiarse en academias y universidades, centros del conocimiento mantenidos bajo odiosa cautela policial.

 

  1. EL HÁBEAS CORPUS EN LA CONSTITUCION DE 1953

Al morir asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbaud en 1950, los militares resuelven maquillar la Junta de gobierno mediante la incorporación de un civil, el abogado y profesor universitario Germán Suárez Flamerich quien, junto con los ahora coroneles Pérez Jiménez y Llovera Páez, integran la Junta de Gobierno. Se intenta así dar un ropaje democrático al gobierno de facto, previo a las elecciones de 1952 para elegir una asamblea constituyente, resultando ganador el sector opositor y democrático que encabeza Jóvito Villalba, antiguo líder desde sus años universitarios; pero el resultado electoral es desconocido, proclamándose ganador a la tendencia liderizada por el coronel Pérez Jiménez, quien luego resulta proclamado Presidente por el período 1953-1958.

La Constitución promulgada el 15 de abril de 1953 por la espuria Asamblea  Constituyente paradójicamente incluye un significativo elenco de garantías (art. 35):

Se garantiza a los habitantes de Venezuela:

  1. La inviolabilidad de la vida. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla;
  2. La libertad y seguridad personal. En consecuencia nadie podrá:
  3. a) Ser preso o detenido sino conforme a las leyes; b) Ser preso o detenido por  incumplimiento de obligaciones civiles no definido como delito por la ley; c) Ser obligado a prestar juramento ni a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; d) Continuar detenido después de decisión firme que revoque la detención ni después de ser concedida legalmente la libertad bajo fianza o cumplida la pena impuesta; e) Ser condenado en causa criminal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la ley; f) Ser juzgado por los mismos hechos que hubieren motivado su anterior enjuiciamiento; g) Ser condenado a pena corporal por más de treinta años ni a penas infamantes ni perpetuas, ni sometido a procedimientos que causen sufrimiento físico;
  4. La inviolabilidad del hogar. No podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. Estará sujeto conforme a la ley, a inspecciones de carácter fiscal o de seguridad pública;
  5. La inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas. Sólo la autoridad
    competente, previo el cumplimiento de las formalidades legales podrá ocupar las cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia. En todo caso se guardará el secreto respecto de lo doméstico y privado que no tenga relación con el correspondiente proceso;
  6. La libertad de transitar por el territorio nacional, cambiar de domicilio, ausentarse de la República y regresar a ella, traer sus bienes al país o sacarlos de él, con las limitaciones que imponga la ley;
  7. La libertad religiosa, bajo la suprema inspección de todos los cultos por el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con la ley. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de las leyes;
  8. La libertad de expresión del pensamiento, con las limitaciones que establezcan las leyes;
  9. La igualdad ante la ley. La identificación de una persona para los actos de la vida civil no comprenderá mención alguna que se refiera a la naturaleza de la filiación, establezca diferencias en los nacimientos o indique el estado civil de los padres.

No se dará otro tratamiento oficial sino el de ciudadano o usted, salvo las fórmulas diplomáticas;

10. El derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, de conformidad con la cual también podrá ser declarada la expropiación de cualquiera clase de bienes mediante sentencia firme y pago de su precio. La ley podrá establecer prohibiciones especiales para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de determinadas clases de propiedad, por su naturaleza, condición o situación en el territorio nacional. Las tierras adquiridas y destinadas a explotación de concesiones mineras, de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva;

11. El derecho de reunión, el de asociación y el de sindicalización, conforme a las leyes;

12. La libertad y la protección del trabajo, conforme a las leyes;

13. La libertad de industria y de comercio conforme a las leyes;

14. La libertad de enseñanza, con las limitaciones establezca la ley.

La promulgación de esta carta magna en nada influyó para minimizar la política represiva adoptada por el régimen presidido por Pérez Jiménez pues, habiendo sido éste factor importante en el derrocamiento de Rómulo Gallegos y, por consiguiente, ejecutor, como miembro de la Junta Militar iniciada en 1948, de prácticas lesivas a la actividad democrática, no era previsible que se aproximara a las prácticas democráticas. Al contrario, la represión, las detenciones ilegales, el exilio son sanciones aplicadas cotidianamente durante la llamada “dictadura perezjimenista”, la cual se fundamentaba para ello en el ordinal 3º de la propia Constitución que, contradictoriamente, le pone una mordaza a la propia norma que garantiza los derechos individuales:

Entretanto se completa la legislación determinada en el capítulo sobre Garantías individuales de esta Constitución se mantienen en vigor las disposiciones correspondientes del Gobierno Provisorio y se autoriza al Presidente de la República para que tome las medidas que juzgue convenientes a la preservación en toda forma de la seguridad de la Nación, la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público.           

De esta manera, el hábeas corpus es enviado a los anaqueles de bibliotecas de los centros de conocimiento, mientras las cárceles se alimentan de hombres y mujeres considerados enemigos del régimen, detenidos arbitrariamente sin derecho de defensa y, en algunos casos, sometidos a dolorosas torturas físicas y sicológicas, en tanto que otros venezolanos son forzados a abandonar el país para residenciarse en distintos países del orbe.

 

  1. EL HÁBEAS CORPUS EN LA CONSTITUCION DE 1961

Con el amanecer democrático del 23 de enero de 1958, el dictador huye de Venezuela y le sustituye una Junta de Gobierno[10] que, de primeras, se propone la convocatoria de elecciones libres para elegir constitucionalmente al Presidente de la República, todo bajo la vigencia de la Constitución de 1953, que continúa en vigencia.

Electo como Presidente de la República en 1959 Rómulo Betancourt, el Congreso de la República promulga el 23 de enero de 1961, la nueva Constitución, en la cual nuevamente se reproduce un elenco de garantías constitucionales (art. 60):

La libertad y seguridad personales son inviolables, y en consecuencia:

1°. Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que sea sorprendido in fraganti, sino en virtud de orden escrita del funcionario autorizado decretar la detención, en los casos y con las formalidades previstas por la ley. El sumario no podrá prolongarse más allá del límite máximo legalmente fijado. El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa que prevea la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de detención. En caso de haberse cometido un hecho punible, las medidas provisionales, de necesidad o urgencia, indispensable para asegurar la investigación del hecho y el enjuiciamiento de los culpables. La ley fijará el término breve y perentorio en que tales medidas deberán ser comunicadas a la autoridad judicial, y establecerá además el plazo para que ésta provea, entendiéndose que han sido revocadas y privadas de todo efecto, si ella no las confirma en el referido plazo.

2°. Nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo incumplimiento no haya sido definido por la ley como delito o falta.

3°. Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral. Es punible todo atropello físico o moral inferido a persona sometida a restricciones de su libertad.

4°. Nadie podrá ser obligado a prestar juramento ni constreñido a rendir declaración o a reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge o la persona con quien haga vida marital, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

5°. Nadie podrá ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indica la ley.

Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia con la garantía y en la forma que determine la ley.

6°. Nadie continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. La Constitución de fianza exigida por la ley para conceder la libertad provisional del detenido no causará impuesto alguno.

7°. Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas o infamantes. Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder de treinta años.

8°. Nadie podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiere sido juzgado anteriormente.

9°. Nadie podrá ser objeto de reclutamiento forzoso ni sometido al servicio militar sino en los términos pautados por la ley.

  1. Las medidas de interés social sobre sujetos en estado de peligrosidad sólo podrán ser tomadas mediante el cumplimiento de las condiciones y formalidades que establezca la ley. Dichas medidas se orientarán en todo caso a la readaptación del sujeto para los fines de la convivencia social.

Ante la ausencia de reglamentación legal, la Constitución de 1961 opta por incluir en su articulado dos importantes disposiciones transitorias que complementan el ordinal 1º del art. 60:

QUINTA.-
El amparo de la libertad personal, hasta tanto se dicte la Ley especial que lo  regule conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución, procederá de acuerdo con las normas siguientes: 

Toda persona que sea objeto de privación o restricción de su libertad, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que el Juez de Primera Instancia en lo Penal que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya ejecutado el acto que motiva la solicitud o donde se encuentre la persona agraviada expida un mandamiento de habeas corpus. 


Recibida la solicitud, que podrá ser hecha por cualquier persona, el Juez ordenar inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia esté la persona agraviada, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad y abrir una averiguación sumarial. 

El Juez decidirá, en un término no mayor de noventa y seis horas después de presentada la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hayan impuesto, si encontrare que para la privación o restricción de la libertad no se han llenado las formalidades legales. El Juez podrá sujetar esta decisión al otorgamiento de caución o prohibición de salida del país de la persona agraviada, por un término que no podrá exceder de treinta días, si lo considerare necesario. 

La decisión dictada por el Juez de Primera Instancia se consultará con el Superior, al que deberán enviarse los recaudos en el mismo día o en el siguiente. La consulta no impedirá la ejecución inmediata de la decisión. El Tribunal Superior decidirá dentro de las sesenta y dos horas siguientes a la fecha de recibo de los autos.   

SEXTA.-
En tanto la legislación ordinaria fija los términos y plazos a que se refiere el último aparte del ordinal 1.º del artículo 60 de la Constitución, las autoridades de policía que hayan practicado medidas de detención preventiva deberán poner al indiciado a la orden del correspondiente Tribunal en un término no mayor de ocho días, junto con las  actuaciones que hubieran cumplido, a los fines de la prosecución de las diligencias sumariales. El tribunal instructor deberá decidir, acerca de la detención, dentro del término de noventa y seis horas, salvo los casos graves y complejos que requieran un término mayor, el cual en ningún caso excederá ocho días. Solo están facultadas para tomar las medidas previstas en el artículo 60 de la Constitución, las autoridades de policía, que, de acuerdo con la ley, tengan carácter de auxiliares de la Administración de la Justicia.

Si se hace un análisis comparativo entre esta normativa y la contenida en la Constitución de 1947, se verá que prácticamente son coincidentes y la razón es muy sencilla: el período 1948-1958 constituye un paréntesis en el proceso democrático venezolano y, prácticamente, los mismos hombres y mujeres que integraron la Asamblea Nacional Constituyente en 1947 son los que aprueban la novel Constitución de 1961: El hábeas corpus ha roto las cadenas que lo mantienen en los reductos académicos y renace como el Ave Fénix, sin la abominable atadura del “inciso Alfaro Ucero”.

No cabe duda de que los diez años del período perezjimenista permite a los políticos democráticos en el exilio nutrirse de nuevos conocimientos del derecho y de las ciencias políticas y, sabiamente, agregan un importante dispositivo en la Constitución de 1961 (art. 50):

La enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Tan pronto entra en vigencia la Constitución de 1961, Betancourt se ve obligado a suspender las garantías constitucionales[11]. Razones políticas le sobran al mandatario pues desde la toma de posesión de su gobierno el 13 de febrero de 1959, intentos de golpes de estado y hasta un atentado personal contra su vida el 24 de junio de 1960, mantienen al país en vilo, a lo que se viene a unir la ultra izquierda, coordinada por el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en clara y abierta oposición contra el gobierno constitucional, con el apoyo financiero y bélico suministrados por el castro comunismo cubano.

A fin de controlar la situación, Betancourt ordena medidas de alta policía -así se las denominaba- y numerosos dirigentes políticos de esa ultra izquierda son detenidos sin fórmula de juicio, por lo que, al amparo de la Constitución, solicitan mandamientos de hábeas corpus por tratarse de acciones policiales ilegales. Los jueces, en demostración de independencia judicial, inmediatamente ordenan la libertad de los detenidos.

Ante estas circunstancias, Betancourt opta por respetar los mandamientos de hábeas corpus pero, siendo necesario mantener el control de las actividades subversivas de los dirigentes, al momento en que éstos son puestos en libertad, a la salida de los retenes les espera la policía política que nuevamente los detiene hasta que un nuevo amparo les pone en libertad, y así sucesivamente, hasta que, ante la gravedad de la situación y visto que la ultra izquierda descaradamente ha llamado a sus militantes a incorporarse a la lucha armada, Betancourt ordena el encarcelamiento de los senadores y diputados de  los levantiscos dos partidos y los hace enjuiciar ante los tribunales militares, pese a estar amparados por la inmunidad parlamentaria, a la vez de decreta la inhabilitación del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en un cuestionado decreto que es convalidado por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de octubre de 1963 que contó con el voto salvado de dos de sus cinco magistrados[12].

Toda esta situación política enguerrillada, tanto en las ciudades como en el campo, impide que el hábeas corpus se cumpla eficientemente porque los propios jueces comienzan a dudar de la institución, ordenando mandamientos de amparo esporádicamente. Así, transcurre el período constitucional de Betancourt.

Instalado constitucionalmente el Presidente Raúl Leoni en 1964, la ultra izquierda comienza a dar señales de debilidad, aunque el gobierno continúa con la represión política para mantener doblegadas a las fuerzas subversivas mientras se afianza el sistema democrático.

El hábeas corpus sigue su módica actividad, aunque dando pasos erráticos, producto de la novedad de la institución. Así, el 4 de septiembre de 1968, la entonces Corte Superior Primera en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda ordena expedir un mandamiento de amparo a favor de un ciudadano cuya libertad se encontraba restringida por un auto de detención dictado en un proceso penal de acción privada iniciado sin que hubiese mediado acusación de la parte agraviada[13].

Meses después, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en sentencia del 27 de mayo de 1969, y con el voto salvado del magistrado J. R. Duque Sánchez, declara que en las normas programáticas dirigidas hacia el legislador, no puede fundarse declaratoria de inconstitucionalidad en ellas hasta el momento en que el legislador las desenvuelva.

El 22 de diciembre de 1969, la Corte Superior Cuarta en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda confirma de inmediato la vigencia inmediata del amparo como un derecho de los ciudadanos y un deber de los jueces; y la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Martín Pérez Guevara[14],  ante los numerosos procesos de amparo que comienzan a plantearse, dicta el 24 de abril de 1973 un acuerdo vinculante que merece copiarse parcialmente:  

…la competencia de los tribunales de Primera Instancia y Superiores en lo Penal de la República, se limita exclusivamente al conocimiento del recurso de hábeas corpus previsto en dicha norma y que, en consecuencia, toda decisión que no esté apoyada en la competencia específica de dichos tribunales o que invada la atribuida por la Constitución o las Leyes, a otros órganos judiciales, constituye una usurpación o extralimitación de atribuciones.

Conforme a esta decisión del más alto tribunal de la República, los tribunales continuaron tramitando procesos relacionados con la privación ilegítima de la libertad y concediendo mandamientos de hábeas corpus; pero, el 19 de enero de 1973, ante un caso de violación de derechos, surge la opinión disidente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a cargo del juez José Rafael Mendoza, al dictar un mandamiento de amparo a favor del tenor Alfredo Sadel, a quien se niega el derecho a participar en un concurso de canto.

Nueve años después, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo la tutela del juez Alirio Abreu Burelli[15], admite un amparo propuesto por la Asociación Civil Rondalera pero, al decidir el fondo, lo declara improcedente por lo que asume su conocimiento en consulta el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, a cargo de la juez Yolanda Poleo de Báez, en memorable sentencia del 24 de noviembre de 1982, se aparta definitivamente del criterio impuesto por el acuerdo de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, antes aludido y declara que puede conocer del amparo propuesto por Rondalera porque la Constitución confirió esa competencia a los tribunales en forma genérica, agregando que, hasta tanto se dicte una ley con competencias específicas para conocer del amparo, cualquier juez, so pena de incurrir en denegación de justicia, debe atender a la solicitud de amparo.

Súbitamente, el mundo jurídico ve abierta la posibilidad de revertir la situación que viene imperando y así, la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en célebre sentencia del 20 de octubre de 1983, con ponencia del magistrado René De Sola, al admitir el amparo propuesto por el dirigente político Andrés Velázquez, ordena a los jueces, de acuerdo a la competencia por la materia, que se declararan competentes en el conocimiento de las acciones de amparo intentadas por los ciudadanos contra la violación de sus derechos constitucionales.

Poco tiempo después, la misma Sala Político Administrativa, en otra notoria decisión del 6 de agosto de 1987, con ponencia de la magistrada Josefina Calcaño de Temeltas en el caso conocido como Registro Automotor Permanente (RAP), sienta una doctrina judicial seria y uniforme en materia de amparo de tal magnitud que, poco después, el Congreso de la República salda la deuda con la ciudadanía y sanciona la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conocida como Ley de Amparo[16], publicada el 27 de septiembre de 1988, la cual declara enfáticamente (art. 1):

Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley.

Luego de esta declaratoria, la Ley de Amparo establece el procedimiento que ha de seguir el hábeas corpus en los siguientes términos:

Art. 38.- Procede la acción de amparo para proteger la libertad y seguridad personales de acuerdo con las disposiciones del presente título.

A esta acción le serán aplicables las disposiciones de esta Ley pertinentes al amparo en general.

Art.  39.- Toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que un Juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o donde se encontrare la persona agraviada, expida un mandamiento de habeas corpus.

Art. 40.- Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes para conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales. Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en consulta de las sentencias dictadas por aquellos.

Art. 41.- La solicitud podrá ser hecha por el agraviado o por cualquier persona que gestione en favor de aquel, por escrito, verbalmente o por vía telegráfica, sin necesidad de asistencia de abogado, y el Juez, al recibirla, abrirá una averiguación sumaria, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia se encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad.

Las solicitudes referidas a la seguridad personal se tramitarán, en cuanto les resulten aplicables, conforme a las previsiones de este artículo.

Art.  42.- El Juez decidirá en un término no mayor de noventa y seis (96) horas después de recibida la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto, si encontrare que para la privación o restricción de la libertad no se hubieren cumplido las formalidades legales.

El Juez, caso de considerarlo necesario, sujetará esta decisión a caución personal o a prohibición de salida del país de la persona agraviada, por un término no mayor de treinta (30) días.

Art. 43.- El mandamiento de habeas corpus o, en su defecto, la decisión que lo niegue, se consultará con el Superior, al que deberán enviarse los recaudos en el mismo día o en el siguiente.

La consulta no impedirá la ejecución inmediata de la decisión y el Tribunal Superior decidirá dentro de las setenta y dos (72) horas después de haber recibido los autos.

Con esta apertura democrática de avanzada en respaldo de la vigencia efectiva de los derechos humanos, el amparo, tanto de los derechos individuales como de la libertad personal, se afianza seriamente en el derecho venezolano. Numerosa bibliografía y jurisprudencia se desarrolla y alimenta la vigencia del estado de derecho enVenezuela.

 

  1. EL HÁBEAS CORPUS EN LA CONSTITUCION DE 1999

La Constitución de 30 de diciembre de 1999 nace por voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente elegida en comicios generales una vez iniciado el período constitucional presidido por el teniente coronel (r) Hugo Rafael Chávez Frías[17]. Contiene numerosas disposiciones atinentes a los derechos humanos y, al consagrar el derecho a tutela judicial efectiva (art. 26), de seguidas dispone (art. 27):

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales del ciudadano, la Constitución de 1999 es prolija y, con respecto al hábeas corpus, se dispone (art. 44):

  1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Como complemento de esta disposición, la carta fundamental garantiza el debido proceso (art. 49):

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas;
en consecuencia:

  1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y  grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.

Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.

  1. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
  2. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad.  Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

Acorde con todas estas disposiciones de carácter constitucional, y en conjunción con la Ley de Amparo, se considera procedente el hábeas corpus cuando la detención es realizada sin los requisitos legales mínimos y por un funcionario público o particular que no actúe por flagrancia.

Además del derecho de cualquier persona a solicitar un mandamiento de hábeas corpus, el constituyente de 1999 crea la Defensoría del Pueblo (art. 280), organismo que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas, dotándose expresamente a la Defensoría (art. 281) la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos dentro del territorio, y de éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República en el exterior.

Estas facultades conferidas constitucionalmente al Defensor del Pueblo son desarrolladas en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (art. 15), facultándosele para:

  1. Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos.

Por tanto, como todo ciudadano, el Defensor del Pueblo igualmente tiene la facultad de intervenir en el proceso de hábeas corpus.

Desde la perspectiva jurisprudencial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que ante una detención policial o administrativa es procedente la solicitud de habeas corpus. Así, en sentencia N° 113 del 17/03/2000, asienta:

… entiende la Sala, haciendo una interpretación armónica y coherente que garantice una adecuada aplicación de ambos institutos, que el recurso de hábeas corpus, por principio, resulta procedente cuando se trata de proteger al ciudadano frente a arbitrarias detenciones administrativas, más sin embargo el mismo también es ejercible en aquellos casos en los cuales exista de por medio una detención de carácter judicial pero, únicamente cuando dichas decisiones no cuenten con un medio ordinario de impugnación o éste no sea acorde con la protección constitucional que se pretende.

En la decisión No. 50 de la Sala Constitucional del 26/01/2001 se reitera:

La ley consagra el derecho que tienen los ciudadanos de ejercer un amparo para solicitarle al juez le expida un mandamiento de hábeas corpus, cuando ha sido ilegítimamente privado de su libertad, e igualmente se establece que el único competente para expedir ese mandamiento de hábeas corpus, es el tribunal de control, y por lo tanto, ningún otro juzgado puede decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales.

A pocos días de esa decisión, la Sala Constitucional en sentencia del 13 de febrero de 2001, expediente 00-2419 confirma: 

…haciendo una interpretación armónica y coherente que garantice una adecuada aplicación de ambos institutos, debe entenderse que el mandamiento de hábeas corpus resulta procedente cuando se trata de proteger al ciudadano frente a arbitrarias detenciones administrativas, sin embargo, el mismo también es ejercible en aquellos casos en los cuales exista de por medio una detención de carácter judicial, pero únicamente, cuando dichas decisiones no cuenten con un medio ordinario de impugnación o éste no sea acorde con la protección constitucional que se pretende”. De tal manera que, en el supuesto de privaciones ilegítimas por detenciones policiales o administrativas, incluidas las practicadas en acatamiento de sanciones disciplinarias decretadas por los jueces, debemos reiterar que corresponde la competencia en primera instancia, como regla general, a los jueces de control –primera instancia en lo penal. 

La Sentencia N° 70 de la Sala Constitucional del 24/01/2002 vuelve a repetir que la procedencia del hábeas corpus depende de la ilegitimidad de la privación de libertad, para ello, la detención debe haber sido impuesta por una autoridad administrativa,  policial o judicial, con violación de normas constitucionales, o excediéndose dicha autoridad en el ejercicio de sus atribuciones legales, o en plazo en que se mantiene la detención.

Más recientemente, la Sala Constitucional, en sentencia del 21 de octubre de 2005, señala: 

En reiterada jurisprudencia esta Sala ha manifestado que el mandamiento de hábeas corpus resulta procedente cuando se trata de proteger al ciudadano frente a arbitrarias detenciones administrativas o, cuando, si se trata de detenciones de carácter judicial, las mismas no cuentan con un medio ordinario de impugnación, o éste no sea acorde con la protección constitucional que se pretende…la Sala ha sostenido que la procedencia del hábeas corpus depende de la ilegitimidad de la privación de libertad; para ello, la detención debe haber sido impuesta por una autoridad administrativa, policial o judicial, con violación de normas constitucionales, o excediéndose dicha autoridad en el ejercicio de sus atribuciones legales, o en los plazos en que se mantiene la detención. En casos como el de autos, en el que se denuncia, mediante un hábeas corpus, la desaparición forzada de una persona, el desconocimiento del lugar donde se encuentra el presunto agraviado no extingue el deber de actuación del órgano judicial, el cual debe activar la intervención de los órganos competentes, mediante una decisión ajustada a derecho para que se averigüe el paradero y el estado físico de la persona que estuviere desaparecida, para la preservación tanto de los derechos fundamentales a la integridad física y a la vida, que puede encontrarse comprometidos, como de la tutela judicial eficaz y el debido proceso. En modo alguno podría el juez desprenderse del asunto so pretexto de la falta de información sobre el lugar de reclusión, ni respecto a la orden de cuál autoridad fue detenida la persona, como ocurrió en el presente asunto.  

Como se puede observar, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de amparo a los derechos humanos, incluyendo el amparo a la libertad individual, ha tenido un importante auge en los años de vigencia de la Constitución de 1999. Existen por  supuesto, excepciones que quizás vienen a confirmar la regla; y, en este sentido, hay que mencionar el affaire conocido internacionalmente como el “caso de la juez Afiuni”, aún procesada, habiéndosele negado la libertad al declararse improcedentes los distintos amparos y solicitudes de mandamientos de hábeas corpus interpuestos para lograr el cese de su detención. 

Este affaire se inicia cuando la jueza María Lourdes Afiuni Mora acuerda que el régimen de detención de un procesado sea sustituido por la libertad condicional con presentación periódica obligatoria ante el juzgado de la causa.

Luego de haber tomado su decisión en presencia de la Procuraduría General de la República y previa la opinión favorable del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la jueza ha sido acusada de estar presuntamente implicada en irregularidades que habrían permitido la evasión del enjuiciado inmediatamente después de haber sido sustituido su régimen de detención provisional; y en medio de una alharaca, la funcionaria judicial es recluida en un establecimiento penitenciario para mujeres, acusada por la presunta comisión de los delitos de corrupción administrativa, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión, con pérdida del derecho a goce de su sueldo.

Al mismo tiempo, el propio Presidente Chávez Frías solicita públicamente que la jueza sea condenada a la pena máxima de treinta y cinco años[18].

El affaire ha traspasado las fronteras patrias y ha sido conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales quienes se han pronunciado a favor de una inmediata solución de la investigación y que a la jueza le sean respetados sus derechos constitucionales. Luego de una delicada intervención quirúrgica, se mantiene detenida en su casa a la orden de la autoridad judicial, negándose a acudir a las audiencias en acto de desobediencia civil.

Distintas organizaciones internacionales e instituciones de otros países han abogado por la libertad de la jueza Afiuni. Cabe mencionar a la American Bar Association, una agrupación no gubernamental con sede en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y que reúne a más de 400 mil abogados en el mundo, la cual, en comunicación del 20 de mayo de 2010, se ha dirigido al Presidente Chávez y a la Fiscal General de la República exhortando al gobierno a procurar la liberación de la funcionaria judicial. 

 

  1. CONCLUSIONES

Como puede observarse, el hábeas corpus, pese a los vaivenes políticos que a veces hacen tambalear los derechos humanos, tomó carta de naturaleza en el derecho venezolano con su incorporación en la Constitución de 1947; tuvo su supresión caprichosa y de facto durante el período dictatorial iniciado en 1948 y surgió nuevamente con el amanecer democrático de 1958, para quedarse firmemente atado en la Constitución de 1961, complementado y regulado por la Ley de Amparo, para transcender luego a la Constitución de 1999.

Es importante destacar que para que instituciones como el hábeas corpus funcionen eficientemente se requiere de un Poder Judicial independiente, sometido única y exclusivamente a los designios de la Constitución y de las leyes, en el cual los jueces administren la justicia imparcialmente y que, al momento de conocer de un hábeas corpus -o de cualquier otra violación de los derechos humanos- hagan abstracción de consideraciones ajenas al derecho, como son las de carácter político. Durante el transcurso de los años pasados desde 1947 al 1999 existen magistrados y jueces que cumplen sus funciones con toda seriedad y responsabilidad, a la par de que otros violan su juramento y se prestan a los designios políticos o practican avarientamente la voracidad económica pero, si hay que establecer un balance con respecto al tema objeto de este estudio, es justo reconocer que hay magistrados y jueces en Venezuela no solamente en período iniciado con la Constitución de 1947, sino que, con anterioridad y pese a los gobiernos autócratas del siglo XIX y de los años transcurridos desde 1900, funcionarios judiciales íntegros desempeñan sus labores con honestidad profesional.

Con respecto a los años que corren desde 1999, el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente del 27 de diciembre de 1999 del “Régimen de Transición del Poder Público” transforma la Corte Suprema de Justicia, sus Salas y dependencias, las cuales pasan a conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia integrado por las Salas Político Administrativa, de Casación Penal, de Casación Civil, Constitucional, Social y Electoral; y con el “Decreto de Medidas Cautelares Urgentes de Protección al Sistema Judicial”, la Asamblea Nacional Constituyente obtiene carta blanca para proceder a la  suspensión masiva de jueces y su enjuiciamiento a través de procesos disciplinarios, la incorporación de suplentes, y la designación de nuevos jueces, dependientes de la Comisión de Emergencia Judicial, vale decir, nuevos actores a cargo de la administración de justicia dentro del marco de la Constitución de 1999.

La historia es una ciencia que juzga los hechos a distancia. Por consiguiente, es prematuro emitir un juicio objetivo sobre el desempeño judicial a raíz de la Constitución de 1999 y los decretos antes aludidos; y como la paciencia es una virtud, habrá que contar con ella para que, en pocos años, se pueda tener una visión completa del sistema judicial de la primera década del siglo XXI venezolano. Hoy, se cuenta con dos visiones distintas:

El reporte de la CIDH sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela 2009[19]
cuestiona la independencia del sistema judicial fundamentándose en una serie de documentos aportados por los denunciantes, pese a que el  Estado venezolano tuvo  acceso a todas las actas, ejerció su derecho de defensa y el control probatorio y presentó las alegaciones y descargos que estimó conveniente.

El citado reporte no es bien recibido por el gobierno del Presidente Chávez, quien ordena iniciar los trámites para retirar a Venezuela del organismo. El anuncio presidencial fue respaldado, entre otras, por la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, por lo que la Comisión, en una misiva enviada a los representantes de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), la instancia hemisférica acusa al presidente Chávez de querer «desacreditarla y debilitarla«[20].                  

Contrariando el contenido del informe de la CIDH, el magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Franceschi Gutiérrez[21]  asegura que el país cuenta “con un Poder Judicial deslastrado de servilismos políticos y colocado al servicio de los intereses del pueblo”, al tiempo que expresa que “provenimos del pueblo, a él nos debemos, y sólo a él responderemos en obsequio a la justicia”.

Ante criterios tan disímiles sobre la independencia judicial, solo queda recordar, en los tiempos que transcurren, a Mateo el evangelista:

Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, ó higos de los abrojos?”

Caracas, Venezuela, marzo 2012.

 

 

[1] Cfr. Ana Irene Vidal. El sistema de justicia y el Poder Judicial en Francia y Venezuela. Perspectivas de Derecho Comparado. En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Anauco Ediciones. Caracas/Venezuela, Enero-Diciembre 2003, No. 141, Año LXVV, p. 18. La noblesse de robe, según el criterio napoleónico impuesto en Francia, consiste en que el juez debe ser pagado con el honor y la consideración social que le atribuye el cargo, antes que con el relativo estipendio que le da el Estado.

[2] Cfr. Piero Calamandrei. El Elogio de los Jueces escrito por un abogado, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1956, p. 277. El ilustre florentino del derecho procesal, expresaba: “…la peor desgracia que podría ocurrir a un magistrado sería la de enfermar de ese terrible morbo que se llama el conformismo. Es una enfermedad mental similar a la agorafobia: el terror de su propia independencia; una especie de obsesión, que no espera las recomendaciones externas, sino que se les anticipa; que no se doblega ante las presiones de los superiores, sino que se las imagina y les da satisfacción de antemano.

[3] Cfr. Carlos J. Sarmiento Sosa. Vida y pensamiento jurídico del doctor J. G. Sarmiento Núñez. LIVROSCA, Caracas, 2000, p. 101.

[4] Dirigente regional del Estado Monagas, Venezuela. Con el transcurso del tiempo, llega a consolidarse como Secretario General del partido Acción Democrática, a los finales de la década de los 80 y principios de los 90, siendo candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1998. Faltando pocos días para los comicios, su partido le retira el apoyo para respaldar a otro candidato, Henrique Salas Romer, a quien se consideraba el único capaz de derrotar al candidato que punteaba en las encuestas, el teniente coronel (r) Hugo Rafael Chávez Frías. Alfaro no acepta la decisión y es expulsado del partido, permaneciendo en campaña con la ayuda de mini organizaciones políticas. El 6 de diciembre de 1998 ocupa el cuarto lugar en la carrera presidencial con 30.000 votos (0,60 %) frente a la avalancha de sufragios obtenidos por Chávez.

[5] Venezuela: Política y Petróleo. 6ª edición. Edición conjunta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Rómulo Betancourt, Caracas, 2007, p. 976. Esta transcripción tiene una particular importancia porque, para la época en que se debatía la Constitución de 1947, Betancourt se desempeñaba como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno que, en 1945, suplantó al gobierno constitucional del general Isaías Medina Angarita, derrocado a través de un golpe cívico-militar con miras a establecer un sistema democrático que tuviera su origen en el sufragio universal, directo y secreto, en lugar de la elección de segundo grado que había imperado con anterioridad. La Junta Revolucionaria había estado integrada por miembros del partido Acción Democrática (AD) y comandantes militares, entre ellos los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud y Mario R. Vargas, quienes son mencionados como asistentes a la reunión en la casa de Betancourt, además de Rómulo Gallegos, quien sería electo Presidente en las elecciones posteriores a la promulgación de la Constitución de 1947 y derrocado el 24 de noviembre de 1948; Andrés Eloy Blanco que, como se vio, fungía de Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; los restantes, Alberto Carnevali, Luis Augusto Dubuc y Luis Manuel Peñalver eran dirigentes del partido AD. Carnevali murió en una tenebrosa cárcel política en 1952 víctima de un cáncer; Luis Augusto Dubuc se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Betancourt en 1959; y Luis Manuel Peñalver fue ministro de Educación en algunos de los gobiernos democráticos conducidos por Acción Democrática. Los restantes miembros de la Junta Revolucionaria que Betancourt no menciona eran Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Edmundo Fernández y Raúl Leoni. Este último sería Presidente de la República en el quinquenio 1963-1968.

[6]  Cfr. Rafael Arraiz Lucca. El “trienio adeco” (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía. Editorial Alfa, Caracas, 2011, p. 81.

[7] El general Isaías Medina Angarita había sido electo Presidente de la República en 1941 en una elección de segundo grado. Su gobierno se caracterizó por su talante democrático, período en el cual no hubo presos políticos ni desterrados. Fue depuesto so pretexto de no haber apoyado la inclusión en la reforma constitucional de 1945 del sufragio universal, directo y secreto como fórmula para elegir al Presidente de la República y cuerpos legislativos.

[8] Carlos Delgado Chalbaud se había desempeñado como ministro de la Defensa del gabinete del Presidente Gallegos. Muere asesinado en 1950, en extrañas circunstancias, cuando ejercía las funciones de Presidente de la Junta Militar de Gobierno.

[9] Op. cit., p. 131.

[10] La Junta de gobierno la preside inicialmente el contralmirante Wolfgang Larrazábal quien, al ser postulado como candidato presidencial para los comicios de 1958, es sustituido por un respetado profesor universitario, el doctor Edgar Sanabria.

[11] Irónicamente el diario El Nacional, ante el decreto de suspensión de garantías, publica esta mancheta: “Pobre flor, que mal naciste…”.

[12] Los magistrados firmantes son J. M. Padilla Hernández, Jonás Barrios E. y Alejandro M. Osorio. Los votos salvados son de los magistrados J. G. Sarmiento Nüñez y Saúl Ron Troconis.

[13] Cfr: Sarmiento. Op. cit., p. 95. Los jueces penales que tomaron la decisión fueron los doctores Humberto Bello Lozano, Rafael L. Villanueva Mata y Oscar R. Navarro Hernández. Los defensores del procesado GED fueron los doctores José Gabriel  Sarmiento Núñez y José Gabriel Sarmiento Sosa.

[14] El  magistrado Martín Pérez Guevara había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, activo protagonista en aquella acalorada discusión que ocasionó el hábeas corpus y el tristemente famoso inciso. Para 1973, ejerce la presidencia de la República el doctor Rafael Caldera, quien la había asumido en 1969.

[15] El juez Alirio Abreu Burelli, de larga y brillante carrera judicial, finaliza sus funciones como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de haberse desempeñado como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.

[16] Para ese momento, ejerce la Presidencia de la República el doctor Jaime Lusinchi, quien la había asumido constitucionalmente en 1984.

[17] El Presidente Hugo Rafael Chávez Frías es electo en base a la Constitución de 1961, pero con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se llama a comicios generales y resulta nuevamente elegido por un período de seis años, como prevé la nueva carta fundamental. Para la fecha, Chávez Frías continúa como Presidente al haber sido reelecto hasta el año 2013.

[18] La privación de libertad como condena penal no puede exceder de 30 años, según dispone el artículo 44, numeral 3 de la Constitución. El Código Penal prevé la pena máxima de 30 años para el homicidio. 

[19] Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm

[20] Disponible en: http://www.eluniversal.com/2010/03/27/pol_art_comision-interameric_1811496.shtml

[21] Disponible en:

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=6602   y en

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=6603del

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