Pareciera que no hay forma de detenerla. Todos los esfuerzos parecen vanos y la esperanza cae en el vacío pues ni siquiera proyectos de ley como el de LEY DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN promovido por la Asociación Mundial deJuristas causa la más leve preocupación a los corruptos ante la posibilidad de que sus bienes mal habidos sean restituidos al patrimonio público, al punto que en Perú, debido a los reiterados casos de corrupción que sacuden a la administración pública, el gobierno del Presidente  Pedro Pablo Kuczynski tomó la iniciativa de aprobar recientemente la ley de “muerte civil” para los funcionarios públicos que incurran en ilícitos (http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/sector-publico/203520-gobierno-decreta-ley-de-muerte-civil-para-funcionarios-corruptos/), una novedosa forma de castigar a los corruptos.

Se trata del “Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública y crea el registro único de condenados Inhabilitados”, en la que se incluyen como delitos la concusión, cobro indebido, colusión, peculado, malversación, soborno, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y que tiene por objeto que todos los funcionarios gubernamentales que estén involucrados en actos dolosos en contra de la administración pública no volverán a trabajar en el Estado de por vida.

En cuanto a la “muerte civil” se trata de la inhabilitación perpetua, que se aplicará cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, o cuando su conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo, desarrollo o inclusión social, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas superen 15 unidades impositivas tributarias (UIT).

 El decreto legislativo también crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, que será público; y las entidades públicas deberán consultar este listado antes de decidir cualquier nombramiento.

Ojalá sea posible que una combinación entre mecanismos como el propuesto por la WJA y el decreto peruano sirvan, al menos, para cumplir su función de coerción y de esa manera aminorar los daños que causa la corrupción.

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