Reflexiones de un Escribidor, a julio de 2019

Carlos J. Sarmiento Sosa

 

So baladíes pretextos y falsas invocaciones de los principios de soberanía y de no injerencia, el castro chavismo y la usurpación se han destacado por su deseo e interés por evitar ser obligados por los compromisos internacionales asumidos por Venezuela a nivel regional interamericano; y, por tanto, era previsible que, a fin de lograr su objetivo, el difunto Chávez, luego de contar con la anuencia de La Habana y el sumiso asentimiento del resto de los Poderes Públicos, y de la Fiscal General de la República y de la Defensora del Pueblo, el 6 de septiembre de 2012 fue consignada una Nota de Denuncia emitida por la Cancillería venezolana en la que se manifestó formalmente la decisión de denunciar la CADH y solicitar el cese de sus efectos internacionales y de la competencia de sus órganos para el país, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

De esta manera, pretendía el difunto escaparse de la larga mano de la justicia de ambos organismos interamericanos; pero como la reiterada secuencia de hechos violatorios de los DDHH en Venezuela hacía imposible que los organismos regionales apartaran su vista de lo que acontecía y acontece en el país, se hacía necesario un paso más -esta vez protagonizado por su sucesor-, cual fue el anuncio del retiro de la OEA que formuló Maduro el 27 de abril de 2017, no sin antes ridículamente y al clásico estilo castrista de los años 60´s acusar de «intervencionismo» al organismo y a su secretario general, Luis Almagro, por haber convocado una reunión de cancilleres sobre la crisis venezolana, pese a la oposición de Caracas y, para formalizar la deserción, denunció la Carta de la OEA, el documento constitutivo del organismo, firmado en 1948; pero lo que no estaba en el horizonte del usurpador era que el 8 de febrero de 2019, el Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (e) de la República, Juan Guaidó, reconocido como tal por 54 países, dirigiría una comunicación oficial al Secretario Almagro expresando «[ … ] formalmente la decisión del Estado venezolano [ … ]» de dejar sin efecto la denuncia de la Carta efectuada por Maduro y, por consiguiente, que se considerara que Venezuela permanecería en la OEA, lo que fue aceptado por una amplia mayoría de los miembros al reconocer al embajador Gustavo Tarre Briceño como representante de Venezuela ante la OEA.

Como se observa, el objetivo de la usurpación era sustraerse de cualquier decisión del organismo interamericano que pudiera ser adversa a sus espurios intereses y designios. No es el caso del Tratado del MERCOSUR porque fue a sus socios a quienes correspondió la iniciativa de suspensión de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte al haber quedado comprobada la ruptura del orden democrático, lo que constituía un incumplimiento del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR. 

Sea como sea, se trata de temas de relaciones internacionales cuya dirección, constitucionalmente, corresponde al Presidente de la República; pero recientemente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (“SCC-TSJ”) ha sorprendido con la decisión No. EXEQ. 000187 de 30 de mayo de 2019 (la “decisión”) en un caso en el que se solicitó a dicha Sala que se declarara fuerza ejecutoria en Venezuela de una sentencia dictada por un tribunal del Ecuador, países ambos signatarios de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, aprobada en Montevideo, Uruguay en 1979 (la “Convención”).

A tal efecto, dijo la decisión:

[ … ] Si bien, nuestra República tiene suscrito con la República del Ecuador esta Convención para el reconocimiento y ejecución de sentencias, no es menos cierto que, [ … ] Venezuela, formalizó su retiro definitivo de la Organización de Estados Americanos [ … ] por lo que en consecuencia, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, [ … ] avalada por el departamento de derecho internacional de la Organización de Estados Americanos, dejó de surtir sus efectos en nuestro País (sic)”.

Como se observa, la decisión se fundamentó en que si bien ambos países suscribieron y ratificaron la aludida Convención, como Venezuela unilateralmente decidió formalizar su retiro de la OEA, la Convención de dejó de surtir efectos en este país, siendo por tanto inaplicable; pero resulta que este razonamiento es errado y, por tanto, carente de todo fundamento jurídico.

En primer lugar, el hecho de que la Convención sea producto del acuerdo de los países miembros de la OEA no implica de manera alguna que por el mero hecho de retirarse un Estado de la organización se sustrae de lo que hubiere acordado en los convenios celebrados bajo patrocinio del organismo interamericano, porque cada uno de esos convenios tiene su propio mecanismo para su retiro, lo que se conoce como la denuncia de cada tratado en concreto, que es la forma en que un Estado manifiesta su voluntad de hacer cesar los efectos del mismo; y en el caso de la Convención, mediante el depósito de la denuncia ante la Secretaría de la OEA pues así aquella lo tiene previsto en los artículos 13 y 14 de la Convención..

En segundo lugar, Venezuela sigue siendo miembro de la OEA, como ha quedado anteriormente explicado, es decir, desde que el 8 de febrero de 2019 el Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (e) de la República, Juan Guaidó, pidió a la organización dejar sin efecto la denuncia de la Carta efectuada por Maduro.  

Por consiguiente, era imposible, jurídicamente, que la decisión declarara la inaplicación de la Convención por el simple hecho de que un Estado miembro de la OEA se retire de la organización; y, además, para el momento en que 

fue emitida la decisión, el Estado venezolano se había reincorporado al colegiado interamericano. En este sentido, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (“ACIENPOL”) ha declarado[1]:

“[ … ] la Convención Interamericana se mantiene en pleno vigor y vigencia jurídica, surtiendo sus efectos en el país, en virtud de no haber sido denunciada por Venezuela, conforme a las normas del Derecho internacional y las disposiciones de ese tratado. En consecuencia, la afirmación contenida en la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros “dejó de surtir sus efectos en nuestro País” constituye un error jurídico inexcusa le que atenta gravemente contra la integridad del ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica, tanto nacional como internacional.”.

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Se preguntará el lector si una decisión como la comentada es producto de la ignorancia del derecho o un error inexcusable o es que existen formas distintas a cómo sentenciar un caso conforme a la ley.

 Ante esa incógnita, recuérdese que el juez conoce el derecho (iura novit curia) según el antiguo adagio romano, lo que significa literalmente que el juez sabe el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben el contenido de las leyes en un litigio. Por consiguiente, si en un fallo el juez se aparta del derecho es porque está respondiendo a otra motivación. Por supuesto, la ignorancia crasa del derecho se ha dado y ha sido motivo de la destitución de más de un funcionario judicial; y en el caso de la decisión, la ACIENPOL la ha calificado como error inexcusable de derecho.

Pero en tiempos de dictadura no se trata de conocimientos o de errores sino de agorafobia, esa enfermedad que el procesalista Piero Calamandrei observaba en ciertos jueces durante el fascismo en Italia, que se doblegaban ante el poder o que, antes de recibir instrucciones de su amo, se le anticipaban para complacerlo, y al efecto decía:

[ …] la peor desgracia que podría ocurrir a un magistrado sería la de enfermar de ese terrible morbo que se llama el conformismo. Es una enfermedad mental similar a la agorafobia: el terror de su propia independencia; una especie de obsesión, que no espera las recomendaciones externas, sino que se les anticipa; que no se doblega ante las presiones de los superiores, sino que se las imagina y les da satisfacción de antemano[2].

Y es que solamente un funcionario judicial enfermo de agorafobia puede imponer la sumisión antes que aplicar el derecho porque en su mente no está el objetivo de administrar justicia y dar a cada uno lo suyo -“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi“-, sino servir al amo del poder, de complacerle y, si es posible, de anticiparse a los deseos de este último. A este respecto, Ramón Escovar León[3] ha comentado:

El juez servil al Ejecutivo es propio de las dictaduras y de los regímenes tiránicos. Esta falta de independencia repotencia el conflicto de intereses, cuando jueces deciden por causas políticas a favor del grupo al que pertenecen. El juez sumiso es una burla a la justicia y lo que hace es perturbar la paz, como en efecto ocurre en dictaduras. El “magistrado” que así actúa lo hace porque no conoce ni le interesan los modales republicanos, ni los protocolos de la justicia”.

Si se analiza el contenido de la decisión, se verá con meridiana claridad que se ha alejado del derecho para dar paso a su servilismo, a ser útil y a facilitar al usurpador su frustrada intención de alejarse del sistema interamericano, completando de esa forma un elemento más en la larga carrera de sumisión judicial venezolana.

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A los jueces serviles -mujiquitas-, para ser más eficientes en su malvada conducta, les vendría bien despojarse de unas togas que les quedan enormes y rendirse ante la usurpación practicando la proskynesis: el rito que los basileos, luciendo la púrpura imperial, exigían en Bizancio a los personajes que les visitaban, como Justino Lucidius Caelestinus a los potentados persas y chinos de Guang[4].

En fin, como dijera el Ingenioso Hidalgo:

Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno [ … ]”.

[1] Véase: Academia de Ciencias Políticas y Sociales. PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES SOBRE EL ERROR JURÍDICO INEXCUSABLE COMETIDO EN LA SENTENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL QUE DECLARA QUE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS “DEJÓ DE SURTIR EFECTOS” EN VENEZUELA, del 6 de agosto de 2019.

[2] En italiano: “[ … ] peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il conformismo. E una malattia mentale, simile allagorafobia: il terrore della propria indipendenza; una specie di ossessione, che non attende le raccomandazioni esterne, ma le previene; che non si piega alle pressioni dei superiori, ma se le immagina e le soddisfa in anticipo”.

[3] Véase: Ramón Escovar León. Justicia y Libertad. EL NACIONAL. Disponible en: https://www.elnacional.com/opinion/justicia-y-libertad/. Consultado el 21 de agosto de 2019.

[4] Véase: Proskynesis BY taivaansusi. Disponible en:

 https://www.deviantart.com/taivaansusi/art/Proskynesis-155593251. Consultado el 20 de agosto de 2019.

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