La voluntad popular y un antecedente histórico

En cualquier tiempo que sea, demócratas y dictadores utilizan los mecanismos que el hombre ha encontrado en la ciencia política para hacer que la voluntad popular se exprese por medios que recogen el sentimiento de mayoritario de los electores.

Entre esos métodos se sitúa, en primer lugar, a los procesos electorales, ese concurso en los cuales los votantes se pronuncian por el candidato de su preferencia; pero, además, existe otra forma de pedir que la decisión de un pueblo sea expresada en asuntos de interés nacional, y allí se encuentra el artículo 5 de la constitución venezolana de 1999 que dispone que “La soberanía reside inalterablemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y las leyes, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Para expresar esa voluntad los artículos 70 y 71 eiusdem prevén la consulta popular como una forma de participación ciudadana en materias de especial trascendencia nacional, para que la ciudadanía se manifieste libremente como titular de soberanía en cuanto conjunto de individuos unificados por el interés compartido de proteger sus derechos y el consiguiente anhelo originario de dotarse de un Estado libre y democrático.

Para que el mecanismo funcione, el procedimiento utilizado debe ser conducido por una autoridad autónoma e independiente que garantice que el resultado ha sido obtenido libre e imparcialmente, pero cuando la autoridad electoral es parcializada y rendida en favor de determinada opción, o el procedimiento ha sido fraudulento, puede suceder que el resultado, si bien a la luz de la opinión publica pueda aparentar legitimidad y que es producto de una mayoría, la verdadera voluntad popular se alce contra el resultado al amparo del artículo 333 que le impone el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, y en el artículo 350 que le da el derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

La historia venezolana de los años 50 del s. XX registra un hecho en el que la voluntad popular fue frustrada por una dictadura, en noviembre de 1957.

El general Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República, informó al país que las elecciones presidenciales y regionales pautadas por la Constitución de 1953 para ese año no se efectuarían y, en su lugar, convocó a la realización de un plebiscito que, de resultar favorable a su propuesta, le significaría permanecer cinco años más al frente de la Presidencia, pues también se pretendía ratificar a sus candidatos al Congreso, Asambleas Legislativas, Estadales y Concejos Municipales.

El 15 de diciembre de 1957 se realizó el plebiscito con un Consejo Supremo Electoral fiel a las instrucciones del dictador, y pese a que los partidos de oposición -algunos ilegalizados- llamaron a la abstención ante la violación constitucional, los resultados oficiales, como se esperaba, fueron ampliamente favorables a Pérez Jiménez gracias a un inmenso fraude que le daba una mayoría absoluta, siendo ratificado como Presidente de la República por el sumiso Congreso, para el periodo constitucional 1958-1963.

Al amanecer del 1 de enero de 1958, a escasos días de la celebración plebiscitaria, un alzamiento militar despertó a un pueblo que, pese al terror policial impuesto por la temida y legendaria Seguridad Nacional, se atrevió a desafiar a la dictadura e impuso su voluntad de querer vivir en democracia y libertad el 23 de enero, dando paso a una democracia que, con errores y aciertos, sobrevivió por 40 años.

Como se ve, pueden manipularse cifras y votos y vociferar a los cuatro vientos cuantos triunfos se quieran, pero la voluntad popular se hace presente cuando menos lo espera un régimen dictatorial.

Publicado en: https://www.elnacional.com/opinion/la-voluntad-popular-y-un-antecedente-historico/

 

 

!A POR LA LENGUA CASTELLANA!

«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Artículo 3 de la Constitución de 1978.

 

La lengua de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo, de Calderón de la Barca y de otros inmortales del Siglo de Oro, esa lengua que vio la luz en el milenario Real Monasterio de San Millán, en la Cogolla (Rioja) hoy Patrimonio de la humanidad, y que en 1492 Antonio de Nebrija desarrollara en su “Gramática castellana”, la primera obra que dedicada al estudio del castellano y sus reglas.

La lengua que viajó en las tres carabelas del Almirante de la Mar Océana y que, gracias a la colonización de un inmenso continente, se convirtió en la expresión verbal de millones de habitantes para inmortalizarse con la publicación en 1506 de “La Florida del Inca”, de Garcilaso de la Vega -el primer mestizo biológico y espiritual de América, príncipe de los escritores del Nuevo Mundo- y la edición profusa de innumerables obras cuyos autores de habla castellana originarios de la América española han merecido algunos de ellos el nobel premio de la Academia de Oslo: Gabriela Mistral, Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa.  

La lengua madre que recibimos como preciada herencia cultural de nuestros padres y abuelos, y que hemos transmitido en vida a nuestros herederos, la que con la religión y las costumbres forman parte de la idiosincrasia hispanoférica, ha sido relevada de su sitial de lenguaje oficial de España por el comunismo y sus adláteres,  valiéndose para ello de un texto leal denominado coloquialmente “Ley Celaá” en clara referencia a su promotora -cuantas formas nobles que ay para pasar a la historia y se seleccionan las peores!- mediante el cual se deroga la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en las aulas estudiantiles. 

Nace la amenaza en la propia tierra en la que un previsor monje que moraba en el gélido monasterio riojano tuvo la idea de inventar un nuevo código de comunicación parlante para que el mensaje Jesús de Nazaret, pronunciado en el latín de la gente culta, fuera entendido y aprendido por una inmensa masa de iletrados siervos y campesinos y que, con el transcurrir de los siglos se impusiera en los reinos de Aragón, Navarra y Castilla para, luego, avanzar paulatinamente hacia otras regiones de la península hasta consolidar la unidad territorial gracias al matrimonio de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos.

Con la enmienda se dispone que, con la nueva reforma educativa, las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano (en su enfoque tradicional, sin coerciones, si así lo prefieren) y/o en las lenguas cooficiales (arriba mencionadas) en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable; sin obstáculos, atinentes al idioma o de ninguna otra naturaleza.

En otros términos, quien quiera cursar estudios libremente seleccionará la comunidad autonómica de su conveniencia, y el idioma de esa región, sin vinculación con el castellano; y una vez que culmine sus estudios, éstos serán reconocidos por  el Estado español integralmente, independientemente del idioma en que aparezcan certificados sus documentos estudiantiles.

Sea la que sea la justificación que quiera darse, es evidente que la intención salta a la vista: Cual piratas, abordar la nave institucional que representa el castellano para la hispanidad y derribarla, como pretende el comunismo y sus adláteres hacer con otras instituciones fundamentales de esa gran comunidad que une a dos continentes.

Se cuenta que cuando Nebrija presentó su Gramática a Isabel de Castilla, su Católica Majestad cuestionó el mérito de la obra. Fray Hernando de Talavera, su confesor y consejero, contestó por el autor con palabras proféticas[1]:

Después de que Su Alteza haya sometido a bárbaros pueblos y naciones de diversas lenguas, con la conquista vendrá la necesidad de aceptar las leyes que el conquistador impone a los conquistados, y entre ellos nuestro idioma; con esta obra mía, serán capaces de aprenderlo, tal como nosotros aprendemos latín a través de la gramática latina”.

 

 

CON ESTA LEY CAE BUENA PARTE DE NUESTRA LIBERTAD Y NUESTRA DEMOCRACIA

La frase que encabeza esta nota fue pronunciada por un parlamentario español en el Congreso de los Diputados cuando una mayoría circunstancial formada por el comunismo y sus adláteres aprobaba la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, el 14 de diciembre de 2020; y es que el proyecto permitirá al Gobierno interferir en este órgano y recortar sus atribuciones con el deliberado propósito de tomar cuanto antes el control del CGPJ, como se deduce de las expresiones de sus promotores. 

El debate en la Cámara se caracterizó, como informan los medios, por la “lluvia” de insultos de la izquierda contra los integrantes de ese organismo, de los jueces y hasta de los respetables magistrados del Tribunal Supremo, a quienes se llegó a acusar de «prevaricar» y violar los derechos humanos por sentenciado a volver a juzgar a un dirigente de la izquierda abertzale, una ideología nacionalista e independentista vasca.

Para cualquier ciudadano que disfrute de la libertad en un régimen democrático le parecerá que una discusión como la comentada es normal en el menos malo de los sistemas políticos, como se dice que Winston Churchill consideraba a la democracia; pero, luego de haber vivido la experiencia venezolana, en la cual se enterraron 40 años de una República Civil para dar paso a una vulgar dictadura, queda solamente recordar los eventos con miras a mostrar al pueblo español el grave derrotero que esta tomando la política en la madre patria que, a la larga pero antes de lo que menos se piensa, pisa el acelerador hacia el fin de esa libertad y democracia nacidas al amparo de la Constitución de 1978.

Durante la República Civil, los venezolanos advertimos que, debido a la intervención política del Poder Judicial, la independencia de los jueces y magistrados fue paulatinamente disminuyendo, al tiempo que la corrupción avanzaba extendiendo sus tentáculos a través de las llamadas “tribus” judiciales. Por supuesto, honorables y honrosas excepciones las hubo, pero repetíamos casi automáticamente y con resignación y sarcasmo que “( … ) los nombramientos los hacen Gonzalo y Caldera en una partida de dominó ( … )”, en alusión directa al senador Gonzalo Barrios y al expresidente Rafael Caldera, ambos célebres por su adicción al popular juego de mesa.

Una Corte Suprema de Justicia que se rindió a la política para condenar al expresidente Carlos Andrés Pérez; y un Consejo de la Judicatura entretenido -vuelven las excepciones a aparecer- en defender o acusar a los jueces pertenecientes a la tolda contraria, mientras que a nivel de instancia se veían toda clase de desatinos que evidenciaban desconocimiento de la profesión judicial, corrupción y sometimiento al poder político, mientras algunas voces se alzaban unas criticando y otras -como el movimiento ARCA en inicios de los 90´s- proponiendo soluciones, quizá anticipando que la falta de iniciativas para recuperar la independencia judicial conduciría a la perdida de la libertad y la democracia.

Y llegó 1999 con la panacea esperada por aquellos que ingenuamente creían que el comunismo y sus adláteres -agazapados detrás de un militarcete que había ganado unas elecciones con amplia mayoría- traerían en su portafolio una reforma seria y sincera del Poder Judicial, pero su esperanza se transformo en desilución cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fundamentándose en su propio Estatuto e invocando un imaginario e inventado poder constituyente dizque otorgado por el pueblo mediante referendo, el 12 de agosto de ese año dictó el “Decreto mediante el cual se declara la reorganización de todos los órganos del Poder Público”, y el 19 del mismo mes y año acordó intervenir el Poder Judicial estableciendo una Comisión de Emergencia Judicial que sustituyó a los órganos normales del gobierno y administración de justicia que se venían rigiendo conforme a la Constitución de 1961.

Ante la insuficiencia del Decreto de reorganización del Poder Público, la ANC promulgó el “Decreto de Medidas Cautelares Urgentes de Protección al Sistema Judicial”, para proceder a la suspensión masiva de jueces y su enjuiciamiento a través de procesos disciplinarios, la incorporación de suplentes, y la designación de “nuevos” jueces sin concursos, dependientes de la Comisión de Emergencia Judicial, y con el aval de la propia Corte Suprema de Justicia que reconoció que “( … ) la situación del Poder Judicial y los vicios que lo afectan han sido una constante del debate político nacional en el cual la Corte Suprema de Justicia ha estado presente, estableciendo los lineamientos básicos de las vías a través de las cuales debe producirse el saneamiento de esta rama del Poder Público”.

Ante estas circunstancias, Cecilia Sosa Gómez, a la sazón Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, renunció a su condición de magistrada por considerar que:

“( … )  la CSJ de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: Está muerta”.

Posteriormente, un nuevo Decreto de la ANC del 27 de diciembre de 1999, el de “Régimen de Transición del Poder Público”, dispuso la reorganización del máximo tribunal expresando que la Corte Suprema de Justicia, sus Salas y dependencias desaparecían y pasaban a conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”). A continuación, se designaron a los nuevos magistrados que pasaron a integrar la nueva cúspide del sistema judicial, para lo cual la ANC se apartó de la normativa constitucional que preveía los requisitos para ser magistrado a fin de permitir que otros abogados no calificados para esa investidura pudieran asumir sus respectivos cargos; y éstos flamantemente asumieron la magistratura, sin el más mínimo rubor.

La debacle total culminó con la espuria tesis del “colaboracionismo” para sustituir el principio de la colaboración de poderes, propugnada por dos inefables mujiquitas de cuyo nombre no quiero acordarme que fungían de magistrados del Supremo, y que fue la puntilla que puso fin al equilibrio de los Poderes Públicos, mientras unos dóciles y sedicentes jueces y magistrados, con emoción y lagrimeo, practicaban la proskynesis en las aperturas del Año Judicial entonando un procaz canto: «Uh, ah, Chávez no se va«.

Al comparar este largo rosario de lamentables eventos acaecidos en Venezuela para demoler el Estado de Derecho con lo sucedido en el Congreso de los Diputados del reino de España, debo con tristeza advertir que, de consumarse la pretendida reforma del CGPJ, se habrá dado el paso definitivo para enterrar a la democracia mediante la implantación de las torticeras y obsoletas ideas del comunismo y sus adláteres. No es la primera vez que se intenta politizar el Poder Judicial español pues para la década de los 90´s el jurista venezolano José Gabriel Sarmiento Núñez, al comentar una nota informativa sobre el tema expuesto en un importante diario, decía:

“[…] la causa fundamental de la politización de la justicia en España se atribuye a la intervención de los partidos políticos, a través de sus miembros congresantes, en la designación de los órganos judiciales. En Venezuela la situación es, sin lugar a dudas, evidentemente similar. El propio Presidente de la República (Carlos Andrés Pérez) ha reconocido públicamente esa grave irregularidad, al expresar: Hemos politizado al Poder Judicial, hemos buscado en el clientelismo político la manera de elegir a los jueces, y ahí están las consecuencias de lo que suceden en el Poder Judicial de Venezuela”.

Quiera Dios que los demócratas y los no demócratas españoles entiendan que España esta en camino de convertirse en Venezuela.

Publicado en: https://www.elnacional.com/opinion/con-esta-ley-cae-buena-parte-de-nuestra-libertad-y-nuestra-democracia/

 

 

¡BIENVENIDO 2021!

Conversar acerca de temas negativos -o tóxicos, según la neolengua- atenta contra nuestra psiquis y nos puede arrojar al fondo de una profunda sima, como esas que para dicha de la humanidad construyó la naturaleza en la majestuosa Guayana venezolana, al sur del Orinoco; y despedir al año 2020 puede ocasionar un derrumbe emocional, especialmente cuando el fantasma del Covid-19 sigue campeando sin misericordia.

Por ello este escribidor, con el mayor espíritu y con todo optimismo hace votos porque en el 2021 la paz, el amor y la alegría reine en su vida, amigo lector, con unas animadas navidades y que en el venidero año sus sueños se realicen en compañía de aquellos que les quieren desde la familia y la amistad.

 

 

[1] Ver: Wikipedia. Gramatica castellana. Disponible en: https://es.wikipedia.org/. Consultado el 10112020.

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