Reflexiones de Junio de 2018

Antes del inconstitucional y fraudulento proceso electoral venezolano convocado por el CNE con el aval de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, este escribidor, sin entrar en consideraciones políticas, se pronunciaba  sobre la transparencia, calificándola como uno de los requisitos fundamentales de unos comicios y, al efecto, afirmaba que la transparencia es la garantía de un resultado incuestionable que legitima al ganador y a la institución electoral que lo haya presidido, al igual que a los partidos o formaciones políticas que en él hayan participado[1].  

Asimismo, agregaba este escribidor que el órgano electoral tiene que ser imparcial -o equilibrado-, para vigilar la actuación de los participantes y, además, frenar la tendencia generalizada de quien detenta el poder y desea reelegirse -o de un candidato avasallante- influenciando a los electores, o coaccionándolos cuando son funcionarios públicos, y hasta detener el odioso ventajismo, como el abuso de la propaganda oficialista con recursos del Estado, la compra de votos, la utilización de los “puntos rojos”, todo un fraude generalizado.  

En conclusión, sostenía en aquel momento que si, en un proceso electoral, no se dan los principios de la transparencia, la duda sobre participar mediante el ejercicio del voto subsistirá aun cuando, por razones de estricta índole política, gobierno y sectores opositores decidan hacerlo y posteriormente acepten los resultados, pero, de ser así, la falta de transparencia en el proceso electoral dejará sembrado de dudas el resultado de las urnas y, por tanto, la legitimidad del candidato ganador.

En el caso de las seudo elecciones del pasado 20 de mayo, llevadas a cabo dentro de un ambiente completamente ajeno a la transparencia, como fuera denunciado públicamente por uno de los candidatos opositores y por un miembro del CNE, se continuó con esos comicios haciendo oídos sordos a los reclamos presentados, por lo que el resultado fue el esperado: en horas de la noche, el CNE anunció la reelección de Nicolás Maduro con una supuesta participación del 46% de votantes, la más baja en la historia comicial venezolana a pesar de que, pocos minutos antes, el candidato opositor Henri Falcón había denunciado una serie de irregularidades, anticipando el desconocimiento de los resultados.

La situación transcendió al exterior y, hasta la mañana del 24 de mayo, 68 países habían fijado posición en torno a las elecciones: 20 admitieron los resultados y 46 los adversaron por “[…]no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente […]”, mientras que Ecuador y Uruguay -éste último cual saltimbanqui haciendo piruetas en la cuerda floja- no desconocieron ni reconocieron el proceso electoral[2].

Además de la falta de transparencia y de imparcialidad denunciadas, objetivamente este conjunto de elementos llevan a una primera conclusión, cual es la inexistencia jurídica de las elecciones por cuanto afectaron la legitimidad de ese acto electoral y, por tanto, determinan su nulidad por haberse infringido los  derechos políticos de los votantes al limitarse el ejercicio del derecho al voto libre, haciendo que ese proceso deba ser considerado nulo, sin olvidar que, como se ha dicho, es jurídicamente inexistente por haber sido convocado por el dócil CNE a instancia de un organismo inconstitucional y espurio, la ANC; y que todo ese andamiaje carente de fundamento constitucional, producto de decisiones políticas de una mayoría circunstancial que controlan las destruidas instituciones venezolanas, forma parte de una acción fraudulenta iniciada con el desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo, pasando por una también inconstitucional convocatoria para las elecciones de una ANC que igualmente devino por su origen inconstitucional, continuando con el igualmente inconstitucional y fraudulento proceso electoral para devenir finalmente en la elección o reelección -llámese como se quiera- del Presidente Maduro que, por su origen, es de igual manera inconstitucional, un fraude continuado producto de un conjunto de decisiones concatenadas entre sí que pretenden tener apariencia de un proceso electoral pero que, en el fondo, no son más que actuaciones políticas orientadas a violentar la Constitución y muy en especial, los derechos políticos de los venezolanos[3].

Como corolario de todo este proceso plagado de vicios, la resolución la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que el gobierno venezolano considera inexistente[4],  es tan contundente como explicativa cuando en su reunión del 5 de junio de 2018[5], acordó:

  1. Declarar que el proceso electoral implementado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad, por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, y por haberse llevado a cabo sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
  2. Reafirmar que solo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y actores venezolanos se podrá lograr la reconciliación nacional y se acordarán las condiciones necesarias para realizar un nuevo proceso electoral que refleje fielmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva pacíficamente crisis actual en ese país.
  3. Reiterar que se ha producido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo establece la resolución CP / RES. 1078 (2108/17) del 3 de abril de 2017.
  4. Instar al Gobierno de Venezuela a tomar medidas para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restablecer la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el estado de derecho y las garantías y libertades de la población.

[1] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ELECTORALES. AIPOP. Consultado en 24-05-2018.

[2] Véase:  PRODAVINCI. Consultado en 24 de mayo 2018.  

[3] Véase: José Ignacio Hernández. ¿Qué fue lo que pasó con la “juramentación” de Nicolás Maduro ante la ANC?. PRODAVINCI. Consultado en 24-05-2018.

[4] Véase: Venezuela considera inexistente la resolución de la OEA que busca expulsarle. Informe21.com. Consultado en 6 de junio de 2018.

[5] Véase: 48th OAS General Assembly Concludes. Consultado en 6 de junio de 2018.

Carlos J. Sarmiento Sosa

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