Reflexiones de Julio de 2018

Reporta el Consejo General del Notariado (CGN)[1] que los notarios han remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias un total de 5.000 operaciones en los últimos 12 años en las que han detectado indicios de delito de blanqueo de capitales, o legitimación de capitales, como se denomina en Venezuela y otros países.

Los notarios, por acuerdo del CGN, tienen la obligación de notificar al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) los casos que intuyan que puedan configurar un delito económico, para que el OCP, luego de recibida la información, cruce datos y, en caso de observar indicios suficientes, los envía al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para que continúe la investigación y determine si se ha cometido algún delito.

Otra obligación que se ha impuesto a los notarios es la de comprobar si el precio de venta de la vivienda corresponde con los precios medios que hay operativos en la comunidad autónoma, porque si se percibe precios muy inferiores a los del mercado puede entenderse que parte del precio se está pagando fuera, sin constancia de la entrega del dinero; y si, por el contrario, el notario observa que el precio de la vivienda es muy alto, puede deducir que existe alguna trampa económica detrás de la operación, lo que podría considerarse, en ambos casos, como blanqueo de capital.

Aparte de esas obligaciones, los notarios españoles cuentan con la base de datos de titular real, cuyo objeto es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, con lo cual se trata de evitar el uso de testaferros y sociedades pantalla mediante el cruce de información que permitan identificar negociaciones a través sociedades fraudulentas.

Otra herramienta de los notarios en pro de la transparencia es la base de datos de personas con responsabilidad pública, o sea, políticos y altos funcionarios, así como de sus relacionados que sean empleados del Estado, a través de la cual se podrían detectar fraudes que les impliquen en la comisión de delitos vinculados a la corrupción.

Como se observa, aunque alguien crea que no se toma ninguna iniciativa contra la delincuencia económica o que ésta va in crescendo, cada día el círculo se reduce con ciertas medidas como las adoptadas por el CGN lo cual, aunque sea un pequeño paso, significa que, cuando alguien piense en fabricar en España actos fraudulentos con máscara de legalidad corre el riesgo de que sus intenciones se vayan al foso y sea sentado incómodamente en el banquillo de los acusados.

[1] Véase: CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO. El notariado informa. Disponible en en este enlace. Consultado en 14-05-2018.

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