Carlos J. Sarmiento Sosa
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL EN LA
LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO
(Con referencia al Código de Procedimiento Civil venezolano y al Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica)

Segundas Jornadas de Actualización en el Ambito Jurídico CIED-HPCD celebradas en Caracas los días 1 y 2 de julio de 2002

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL EN LA
LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO
(Con referencia al Código de Procedimiento Civil venezolano y al Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica)

SUMARIO

Introducción

I. El principio de autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral
1. Fundamento
2. La jurisdicción laboral
3. La competencia de los tribunales del trabajo.
4. Requisitos para los jueces laborales
5. Los Circuitos Judiciales
6. Los tribunales de primera instancia
7. Los tribunales de segunda instancia
II. El principio de gratuidad
1. La prohibición de establecer tasas, aranceles y exigir pagos
2. La Defensoría Pública de Trabajadores
3. El CPC
4. El Código Modelo
5. Comentarios
III. El principio de oralidad
1. Las audiencias
A. La audiencia preliminar
a. Comparencia obligatoria
b. El despacho saneador
c. Privacidad de la audiencia. Medidas cautelares
B. La audiencia del juicio
2. El CPC
A) Presentación de la demanda y la contestación
B) La audiencia o debate oral
C) Conclusión de la audiencia o debate oral y consignación de la sentencia
D) Procedimiento en segunda instancia
3. El Código Modelo
4. Comentarios
IV. El principio de inmediación
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
V. El principio de concentración
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
VI. El principio de publicidad
1. El CPC
A. La publicidad de los actos del proceso
B. La publicidad de las actas procesales
2. El Código Modelo
3. Comentarios
VII. El principio de brevedad
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
VIII. Principio de dirección del juez en el proceso
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
IX. El principio de la sana crítica
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
X. El principio de equidad
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
XI. El principio de que las partes están a derecho
1. El CPC
2. El Código Modelo
5. Comentarios
XII. El principio de lealtad y probidad en el proceso
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
XIII. El principio dispositivo
1. El CPC
2. El Código Modelo
3. Comentarios
XIV. Conclusiones
BIBLIOGRAFIA

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL EN LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO
(Con referencia al Código de Procedimiento Civil venezolano y al Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica)

Introducción

La justicia laboral siempre ha sido objeto de un tratamiento especial en función de su contenido social dando paso a lo que se ha denominado una jurisdicción laboral autónoma y especializada y así lo entendió el legislador venezolano cuando promulgó la primera Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, en 1940, la cual ha venido rigiendo durante sesenta años, sufriendo solamente las modificaciones que se le efectuaron en 1956 y 1959.

Pese a tan longeva vigencia de ese texto legal, es cierto que, como dice la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (a la que me referiré en adelante como la Exposición de Motivos de la Ley), su objetivo no fue logrado ya que no creó un procedimiento verdaderamente especial y autónomo para la sustanciación de los juicios del trabajo, sino que remitió al procedimiento pautado por el Código de Procedimiento Civil (al que me referiré en adelante como CPC) para la tramitación de los juicios breves, excepción hecha solamente, de aquellos que resultarán expresamente modificados por la Ley Especial de la materia, con lo cual el proceso laboral quedó convertido en un proceso excesivamente escrito, lento, pesado, formalista, mediato, oneroso y no provechoso, para nada, a la justicia, ha deshumanizado por completo convirtiendo a la administración de justicia laboral, en una enorme y pesada estructura burocrática que en vez de contribuir a mantener la armonía social y el bien común, se ha convertido en un instrumento de conflictividad social .

Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo incorporó el procedimiento de estabilidad laboral, el cual se ha visto afectado igualmente por las mismas deficiencias que el procedimiento ordinario laboral, pese a que expresamente prohibe el recurso de casación, por lo que puede decirse que ese especial procedimiento integra esa maraña que aviva la conflictividad social.

Esta preocupante situación de la realidad de la jurisdicción laboral fue atendida por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, y con fundamento en el numeral 4 del artículo 204 de la Constitución, procedió a elaborar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la que se han incorporado no solamente los indicados principios sino también algunas innovaciones de carácter procesal que, en criterio de sus autores permitirán que, con la entrada en vigencia del novedoso texto, se garantice eficientemente el acceso a la justicia laboral.

La fuente de la cual se nutre la Ley Orgánica Procesal del Trabajo está en los principios establecidos en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Asimismo, en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 4º de nuestra Carta Magna se ordena al legislador que, dentro del primer año a partir de la instalación de la Asamblea Nacional se apruebe:

“Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes. La ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del Juez o Jueza en el proceso”.

Como se puede observar, se trata de una fuente inmediata pero que a la vez es conminatoria porque contiene un mandato del Poder Constituyente al Poder Legislativo para que, dentro del plazo señalado, proceda a incorporar los principios generales del derecho procesal contemporáneo para modernizar la vetusta legislación adjetiva laboral.

Sin embargo, hay que advertir que si bien es cierto que la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo no ha llenado las expectativas de patronos y trabajadores, ello no imputable solamente al legislador, sino que la deficiencia de la administración de justicia durante años ha impedido que los procesos, como actividad jurídica que está a cargo del Estado, y del Poder Judicial en especial, pudieran cumplir su verdadero y esencial cometido de dirimir y resolver, en justicia, las controversias entre patronos y trabajadores.

La incorporación expresa de los principios procesales no significa que ellos no contaran en la legislación venezolana, pues el CPC, aplicable supletoriamente por mandato de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, contiene normas que los incorporaron al derecho positivo. Lo que sucede es que, con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se crea una jurisdicción autónoma, lo que hace deducir que el legislador consideró necesario considerarlos de manera expresa en el novedoso texto legislativo.

Otro aspecto positivo por señalar es la marcada influencia del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (al que me referiré en adelante como Código Modelo), elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, lo que constituye un importante avance en la unificación de las normas procesales en el derecho internacional y comparado. Sin embargo, no se trata de principios que sean exclusivos del proceso laboral, sino que están en boga en las más recientes doctrinas de la teoría general del proceso y que la Constitución venezolana los catalogó como principios constitucionales.

En líneas generales, considero que la justicia laboral se encuentra ante una interesante experiencia de la cual se intenta obtener resultados ampliamente favorables para las partes y, en especial para el “débil jurídico” .

Ahora bien, si la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no va acompañada de una reforma de la administración de justicia, sea de la laboral o de la ordinaria en general, nunca se alcanzará el objetivo que persigue el texto sustantivo en cuanto a disfrutar de una jurisdicción laboral autónoma y especializada.

En esta presentación, seguiré la pauta que marca la Exposición de Motivos de la Ley, con los pertinentes comentarios y con referencia al CPC y al Código Modelo. La idea fundamental es que, como abogados interesados en la administración de justicia y el proceso, estemos conscientes de los principios que ahora inspiran el procedimiento laboral, acorde con la Constitución y la ciencia procesal.

La Castellana, julio de 2002.

I. El principio de autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral

6. Fundamento

El fundamento de este principio se encuentra en el numeral 4 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, el cual establece que dentro del primer año siguiente a la entrada en vigencia de la misma, la Asamblea Nacional aprobaría:

“Una Ley Orgánica Procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada”.

A este respecto, la Ley confiere a los órganos jurisdiccionales del trabajo la facultad de conocer exclusivamente de todos aquellos asuntos de carácter contencioso que se produzcan con relación al hecho social trabajo, desarrollando la idea de autonomía, imparcialidad y especialidad de la jurisdicción laboral a los fines de no dejar dudas sobre la eficacia de una jurisdicción que debe ser rodeada de las garantías jurídicas y fácticas que impidan convertirla en la justicia de un solo sector, al establecer la imparcialidad como un presupuesto indispensable para administrar justicia y la especialidad laboral ante la reconocida autonomía del derecho de trabajo, que exige Jueces y Magistrados a su vez especializados en un ambiente jurídico, donde a los textos legales y reglamentarios se suman normas muy singulares, como las de los convenios colectivos de trabajo, los reglamentos de empresa. En suma, dice la Exposición de Motivos de la Ley, se trata de proporcionar a los trabajadores y empleadores un procedimiento sencillo y rápido.

7. La jurisdicción laboral

La jurisdicción laboral se ejerce por los tribunales del trabajo y la materia laboral comprende, no sólo los conflictos surgidos por aplicación de las leyes laborales y de seguridad social, sino todas las cuestiones de interés laboral y social que se encuentren en otras leyes, cuya competencia no haya sido expresamente excluida del conocimiento de los tribunales laborales, razón por la cual, la competencia es mucho más amplia. Por ello, la disposición es enunciativa y no taxativa y tales materias estarán atribuidas a los tribunales del trabajo, sin perjuicio del fuero atrayente que ejerce la jurisdicción laboral, por la competencia genérica que se establece.

8. La competencia de los tribunales del trabajo

La competencia de los tribunales del trabajo abarca tres áreas fundamentales:

A. Los asuntos contenciosos, relativos al hecho social trabajo y en particular a la prestación personal de servicios, dependiente o no dependiente, incluso los relacionados con intereses colectivos o difusos, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, con excepción de los litigios entre funcionarios y la Administración Pública;
B. Las demandas de calificación de despido y las solicitudes de amparo constitucional por violación de derechos y garantías constitucionales de trabajo y seguridad social; y
C. Los litigios relativos a la aplicación de las normas de seguridad social.

9. Requisitos para los jueces laborales

Los jueces laborales deberán ser abogados, preferentemente especialistas en Derecho del Trabajo y como tales, estudiosos a fondo de dicha ciencia, garantizando de esta manera un conocimiento especializado de la materia.

5. Los Circuitos Judiciales

Los Circuitos Judiciales Laborales van a permitir la mejor ubicación y distribución del trabajo de los nuevos tribunales a lo largo de la geografía nacional, con base en los estudios estadísticos y poblacionales disponibles y en absoluta concordancia con las más aceptadas recomendaciones de los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como apunta la Exposición de Motivos de la Ley.

6. Los tribunales de primera instancia

Los tribunales de primera instancia se dividen entre dos órganos especializados: Los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y los Tribunales de Juicio.

A) Los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo tendrán a su cargo tres funciones claramente definidas y especializadas: la introducción de la causa y el despacho saneador; la mediación y empleo de todos los procedimientos alternativos de resolución de conflictos (PARC) y la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza ejecutoria.

B) Los Tribunales de Juicio tendrán atribuida la instrucción, decisión y ejecución del asunto, para que éstos puedan presenciar el debate, la evacuación de las pruebas y decidir el mérito de la controversia, con suficiente serenidad, tranquilidad y un número razonable de asuntos, sin menoscabar la aplicación real de los principios procesales de oralidad, inmediación y concentración que conforman el nuevo proceso, según apunta la Exposición de Motivos de la Ley.

7. Los tribunales de segunda instancia

La segunda instancia estará conformada por los Tribunales Superiores del Trabajo, a quienes corresponde conocer en alzada, podrán ser colegiados o unipersonales, constituidos los primeros por tres (3) Jueces y los segundos por un (1) Juez.

II. El principio de gratuidad

El principio de gratuidad tiene su fuente inmediata en las normas contenidas en los artículos 26 y 254 de la Constitución. En efecto, en el primero de los nombrados se expresa que el Estado garantizará una justicia gratuita mientras que en la segunda de las disposiciones citadas se dispone que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.

1. La prohibición de establecer tasas, aranceles y exigir pagos

La Exposición de Motivos de la Ley considera que la necesidad de hacer accesible la justicia al pueblo, al menor costo posible, impone el deber de establecer la gratuidad en el ámbito laboral, pues tratándose que los trabajadores son los débiles económicos en la relación obrero-patronal, es necesario, para contribuir con la igualdad de las partes en el proceso, que éste se desarrolle con la menor incidencia económica posible. En consecuencia, y siguiendo casi textualmente el artículo constitucional, los Tribunales del trabajo no están facultados para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios, permitiéndose actuar en papel común y sin necesidad de pago alguno por la obtención de los servicios de la justicia laboral.

Igualmente, se prohibe a los Registradores y Notarios Públicos el cobro de tasas o aranceles por sus servicios, cuando la actuación sea de naturaleza laboral .

2. La Defensoría Pública de Trabajadores

La Defensoría Pública de Trabajadores tiene por objeto facilitar a los trabajadores el acceso efectivo a la justicia laboral. Su función básica será asistir o representar a los trabajadores ante los Tribunales del trabajo y la promoción, defensa y vigilancia de los derechos laborales establecidos en la Constitución y la Ley, pero acogiendo una observación de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), se deja toda su regulación, relativa a la organización, atribuciones y funcionamiento, a la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública, que contempla el numeral 5 de la Disposición Transitoria Cuarta, de la Constitución.

3. El CPC

El CPC contiene expresas disposiciones sobre la justicia gratuita, a cuyo efecto los artículos 175 y siguientes, establecen el procedimiento a las personas a quienes el Tribunal o la Ley confieren este beneficio.

4. El Código Modelo

El Código Modelo, en las bases generales para códigos latinoamericanos de Procedimiento Civil (en adelante me referiré a ellas como las Bases), sugiere dos recomendaciones. La primera de ellas incita a la consagración del principio de la gratuidad de la justicia, expresando que si se establecieren tasas fiscales, éstas no deben constituir obstáculos para la impugnación de las resoluciones judiciales, ni ser causa de deserción o clausura del proceso, debiéndose las tasas reducirse al mínimo y ser proporcionales al monto del asunto de modo que no constituyan una grave dificultad para utilizar el proceso. En otras palabras, que no se afecte el principio de acceso a la justicia.

La otra recomendación atiene a la defensa de quienes carezcan de medios económicos para atender a los gastos del proceso y, en ese sentido, apunta el Código Modelo que esos litigantes deben recibir el amparo o beneficio de pobreza, que incluirá el patrocinio gratuito a través de los Colegios de Abogados o por designación del mismo Juez de la causa cuando aquellos no existan, o por otro sistema que de igual resultado.

5. Comentarios

En otra oportunidad, he manifestado que el problema de la gratuidad reside en la prácticamente imposible asistencia jurídica para aquellas personas que carecen de recursos económicos para pagar un abogado privado y no en el pago de un arancel judicial, y en apoyo a este criterio, e invocado que algunas iniciativas han contribuido a crear clínicas jurídicas y centros de atención gratuita para quienes no pueden pagar los honorarios de un profesional del derecho, concluyendo en que una asistencia jurídica gratuita, unida a un beneficio de justicia gratuita, serían los elementos que, combinados, garantizarían el libre acceso a la justicia y su gratuidad .

No obstante, el legislador tendrá que cumplir con la orden constitucional de aprobar una Ley Orgánica sobre la Defensa Pública, pero tengo serias dudas acerca del eventual funcionamiento de la institución de la defensa gratuita que tuvo en mente el constituyente. En efecto, se trata de la creación de un cuerpo burocrático integrado por abogados dispuestos a atender la defensa de aquellas personas que no pueden pagarse un defensor privado y, en el caso laboral, atender a los trabajadores en sus reclamos contra los patronos. En primer término, un organismo de esta naturaleza es costoso, por lo que requerirá de una partida presupuestaria para su funcionamiento, lo que se traduce en una pesada carga económica en un país afectado por una inmensa crisis fiscal; en segundo término, los defensores deberán cumplir determinados requisitos y, entre ellos, la especialización en la materia que vayan a desempeñar de manera que cumplan cabalmente sus funciones. Al respecto, hay que indicar que la experiencia muestra que generalmente este tipo de actividades son desempeñadas por abogados recién egresados de las universidades, necesitados de trabajo y de ingresos, lo que dificulta que puedan ejercer la defensa de casos que se les asignen a través de una defensoría pública con la debida responsabilidad profesional. En tercer lugar, los honorarios que se pagarían a esos defensores tendrían que ser acordes con el mercado profesional, de manera de evitar que puedan presentarse corruptelas en perjuicio de los defendidos.

Por otra parte, la forma como la Ley Orgánica Procesal del Trabajo concibe la defensoría pública atenta contra el derecho de defensa porque, así como se prevé la asistencia al trabajador debería considerarse la posibilidad de asistir al patrono. En efecto, la experiencia indica que no todos los patronos están en capacidad económica de sufragar los honorarios profesionales de un abogado particular, sobretodo cuando se trata de demandas multimillonarias por prestaciones sociales y otros conceptos laborales, pues es sabido que los abogados, generalmente, estiman sus estipendios en función del monto de la demanda, lo que incide marcadamente en el presupuesto de un patrono al momento de enfrentar un litigio laboral. Por tanto, así como el empleador se beneficia del principio de justicia gratuita, deberá poder disfrutar del servicio público de la defensa en igualdad de condiciones que el trabajador.

Quizás una solución podría encontrarse en la legislación uruguaya sobre la defensa pública o de oficio. En efecto, en la República Oriental del Uruguay existen las Defensorías de Oficio en lo Civil, Criminal, Laboral, Menores Infractores, en lo Penal y de Ejecución Penal y Contencioso Administrativo para asistir a quienes requieran de sus servicios, siempre que concurran en el solicitante determinadas circunstancias económicas que reglamenta la Defensa Letrada de Oficio. Estas defensorías dependen del Servicio de Asistencia Letrada de Oficio, subordinado a la Suprema Corte de Justicia y presta sus servicios tanto a demandantes como a demandados, es decir, no se trata únicamente de proveer asistencia en la defensa, sino suministrarla a quien, siendo titular de un derecho, pretenda acceso a la justicia. En cuanto a los límites de esta asistencia, la normativa fija las condiciones para que el interesado pueda ser asistido, a cuyo efecto establece los baremos en función de unidades salariales, las obligaciones de los defensores, su régimen administrativo y la distribución del trabajo mediante turnos en el servicio.

El principio de oralidad

La Exposición de Motivos de la Ley señala que la oralidad permite que los actos procesales se realicen de viva voz, en dos audiencias: La preliminar y la de juicio, limitando el principio de escritura sólo las formas escritas previstas en su propio texto.

La estructura fundamental del proceso laboral, descansa sobre la base del principio de la oralidad, establecida tanto en el artículo 257, como en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 4, de la Constitución.

De acuerdo a la concepción del legislador, la oralidad, como principio básico, rige y condiciona todas las actuaciones procedimentales y a tal fin estima que la manera más clara en que se concreta este principio se encuentra en la propia existencia de un proceso oral, en el que de forma verbal se exponen todas las alegaciones de las partes.

La Ley, sigue la tendencia, casi universal, de sustituir el proceso escrito “desesperantemente escrito” como lo denominara Couture , por un procedimiento oral, breve, inmediato, concentrado y público, que permita la aplicación efectiva de la justicia laboral en el área de los derechos sociales. Sin embargo, como indica la Exposición de Motivos de la Ley, el principio de la oralidad no impera de manera absoluta, en la prosecución de los juicios laborales, sino que hay actuaciones que se rigen por el principio de la escritura, como es el caso de la introducción de la demanda, que puede ser de manera oral, reduciendo a forma escrita, las pruebas documentales y la consignación de la contestación de la demanda en la audiencia preliminar. Se materializa el principio de la oralidad a través de la audiencia, en donde participan directamente los tres sujetos procesales a saber: el demandante, el demandado y el Juez, (Tribunal y las partes) con lo cual se cumple con los principios de inmediación, publicidad y concentración.

1. Las audiencias

Procesalmente, el sistema establecido en la Ley desarrolla el principio de la oralidad a través de la audiencia, en donde participan directamente los tres sujetos procesales a saber: el demandante, el demandado y el Juez. A tal efecto, se prevén dos audiencias fundamentales: la audiencia preliminar ; y la audiencia de juicio:

C. La audiencia preliminar

La audiencia preliminar es presidida por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución y a ella deben comparecer las partes de manera obligatoria, personalmente o mediante apoderados en el día y hora que determine el Tribunal, previa notificación del demandado. Nótese que la Ley no halla de citación, sino de notificación que procesalmente, son figuras distintas.

D. Comparencia obligatoria

La obligatoriedad a la comparecencia de esta audiencia persigue garantizar y facilitar un primer encuentro ante el Juez, oportunidad en que éste estimulará la utilización de los medios alternos de resolución de conflictos, siguiendo el mandato constitucional contenido en el artículo 258 de la Constitución, que prevé la promoción del arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

E. El despacho saneador

Si las partes no acceden a utilizar los medios alternos de resolución de conflictos, propuestos por el Juez para la solución de la controversia, la audiencia preliminar permitirá al Juez, por intermedio del despacho saneador , corregir los vicios de procedimiento que pudieran existir, evitando de esa manera reposiciones inútiles de la causa.

F. Privacidad de la audiencia. Medidas cautelares

La audiencia se debe realizar en forma personal, privada y oral lo que constituye una excepción al principio de publicidad, y podrá el Juez acordar las medidas precautelativas correspondientes, que garanticen la eventual ejecución de la sentencia.

D. La audiencia del juicio

La audiencia de juicio viene a ser el elemento central del proceso laboral y consiste en la realización oral del debate procesal entre las partes, con la presencia del Juez de Juicio y la participación obligatoria de las partes o sus representantes –actum triarum personae-, en donde expongan de viva voz las alegaciones pertinentes para la defensa de sus respectivos derechos e intereses. En esa misma audiencia de juicio serán evacuadas, de forma oral, las pruebas de testigos y expertos y la del interrogatorio por declaración de parte. Al finalizar el debate oral, el Juez pronunciará su sentencia inmediatamente en forma oral, la cual reducirá por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes al pronunciamiento.

Esta misma audiencia de juicio se realizará, en el caso de apelación, por ante el Tribunal Superior del Trabajo y de casación por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto que, tanto la apelación, como el recurso de casación, serán decididos previa la comparecencia de las partes en audiencia oral, pública y obligatoria, produciéndose la sentencia en forma oral e inmediata, al concluir el debate procesal y la audiencia correspondiente .

2. El CPC

El CPC contempla el juicio oral en los artículos 859 y siguientes, de manera que la oralidad, o proceso por audiencias, no es algo novedoso para el derecho procesal venezolano pero, como dice José Gabriel Sarmiento Núñez , desafortunadamente los proyectistas del Código no culminaron su labor con respecto a este proceso, pues en lugar de adoptarlo con toda su adecuada reglamentación, declararon en la Exposición de Motivos que lo introducían como “un ensayo en determinadas materias y dentro de una determinada cuantía, a fin de contribuir así a la formación progresiva de la mentalidad y experiencia que requiere el juicio oral, a cuyo efecto se estableció que el Ejecutivo Nacional quedaría autorizado para determinar mediante Resolución tomada en Consejo de Ministros, las circunscripciones judiciales y los Tribunales de éstas en que entrarían en vigencia las disposiciones del procedimiento oral.

En realidad, en el juicio oral no se está concibiendo un sistema que prescinde totalmente del procedimiento escrito sino de un régimen mixto que contiene una fase escrita: demanda y contestación, luego una o varias audiencias orales, de viva voz, continuando luego con la fase de escritura . En síntesis, este es el procedimiento oral del CPC.

A. Presentación de la demanda y la contestación

El procedimiento oral se inicia por demanda escrita y se contesta en la misma forma; pero ambas partes deben señalar y acompañar todas las pruebas que deseen hacer valer en el juicio, así como la lista de testigos que rendirán declaración.

B. La audiencia o debate oral

Recibidos los escritos de demanda y contestación, el tribunal debe fijar uno de los treinta días siguientes a la contestación de la demanda para que tenga lugar la audiencia o debate oral, durante la cual se han de practicar todas las pruebas promovidas por las partes, bajo la inmediata y personal dirección del Juez de la causa, salvo aquellas que por su naturaleza deberán evacuarse fuera de dicha audiencia. Durante la fase oral, el Juez está facultado para formular interrogatorios a las partes, peritos y testigos.

C. Conclusión de la audiencia o debate oral y consignación de la sentencia

Concluidas la o las audiencias de la fase oral, el Juez pronunciará el dispositivo del fallo, debiendo consignar la sentencia completa en los autos dentro del plazo de cinco días. En caso de que el asunto sea sometido al conocimiento de los jueces de alzada, en la segunda instancia se observarán las reglas del procedimiento ordinario, es decir, el sistema escrito.

D. Procedimiento en segunda instancia

En cuanto al procedimiento en segunda instancia, el CPC opta por el procedimiento ordinario, es decir, el sistema de escritura.

3. El Código Modelo

En las Bases , se expresó que debe procurarse la implantación del proceso oral como la solución más eficaz contra la excesiva duración del proceso penal, civil o laboral, lo que demuestra que los procesalistas de Iberoamérica han tomado en consideración la necesidad de la economía procesal no solamente en el proceso civil, sino también en el penal y en el laboral.

En el Código Modelo, la oralidad es entendida en el sentido general, aunque en puridad, se plantea un proceso mixto, porque no se trata de perder los beneficios y virtudes de la escritura. Y es así que, fuera de la prueba documental, cuyo valor resultará tan esencial como establecen los derechos de fondo, en el proceso planeado son escritos la demanda, la contestación (en sentido amplio de contradicción, excepciones y defensas) y la reconvención en su caso, la interposición y fundamentación de los recursos y la contestación a la expresión de agravios (etc.). Lo que sucede es que se sigue un modelo de proceso por audiencia, que viene a ser el elemento central del proceso o, dicho en otras palabras, la oralidad no como punto de partida, sino como consecuencia de la necesaria presencia –copresencia- de los sujetos en la audiencia, vale decir, las partes y el Juez .

El proceso ordinario del Código Modelo sigue el sistema mixto (escrito y oral), con predominio de la audiencia, en especial, la preliminar, confirmando en ella la función conciliatoria a cargo del Juez, sin perjuicio de que se puedan crear conciliadores especiales para que, al lado del tribunal, realicen tal función, o que, según la experiencia de cada país, se adopte uno u otro sistema.

La audiencia preliminar puede ser seguida por una segunda, para el desahogo o evacuación de las pruebas, las breves alegaciones orales de las partes y la sentencia del Tribunal, la cual debería pronunciarse en ese acto, sin perjuicio de que se expidan los fundamentos en un plazo breve posterior, a partir de cuyo conocimiento comienzan a contarse los plazos para recurrir .

4. Comentarios

Como indicara el Adolfo Gelsi Bidart , la naturaleza del juicio oral no se agota con la expresión oral de los actos más importantes de la causa. Oralidad no es simple oratoria, viene etimológicamente del latín “orare”, que traducido significa hablar, decir. Audiencia proviene de “audientia”, de “audio ire” y traduce a escuchar. Se trata de lo mismo, encarado desde el punto de vista del que habla o del que escucha. El hablar y el escuchar ha de ser necesariamente mutuo para que el procedimiento funcione.

Como se observa, la aclaratoria del profesor uruguayo es muy conveniente para evitar confusiones cuando se habla de juicio oral. Se trata, como expresa el Código Modelo, de la oralidad no como punto de partida, sino como consecuencia de la necesaria presencia –copresencia- de los sujetos en la audiencia. Por tanto, cuando se establece un procedimiento oral quiere decir que se trata de un sistema de principios inseparables, es decir, la oralidad propiamente dicha, la inmediación y la concentración, pero en ningún caso puede interpretarse que ello implica la supresión de la fase escrita.

En este sentido, hay que explicar que la escritura es inherente al proceso porque es la única forma de dejar constancia de los hechos y datos acontecidos a lo largo de un proceso. Es el modo de acceder a la información básica para ejercer el derecho de defensa, es decir, aun cuando exista una fase oral, la información de las declaraciones de las partes, testigos, peritos y cualquier otro tipo de prueba expresada de viva voz debe acreditarse por escrito .

Por otra parte, no hay que olvidar que la oralidad va asociada a otros principios procesales: la inmediación, la concentración, la brevedad y la publicidad.

Finalmente, hay que destacar la previsión del legislador procesal del trabajo al prever que la audiencia sea reproducida en forma audiovisual, debiendo el Juez de Juicio remitir, junto con el expediente y en sobre sellado, la cinta o medio electrónico de reproducción, para el conocimiento del Tribunal Superior del Trabajo o la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de la reproducción audiovisual de la audiencia, la misma podrá realizarse sin estos medios, dejando el Juez constancia de esta circunstancia en la reproducción de la sentencia. De esta manera, se acogió la recomendación del Código Modelo que prevé que el tribunal puede disponer la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados y que, probablemente, tomó en consideración el cuestionamiento de Victor Ml. Obando S. sobre el particular: “…¿Cómo y en que medida un Tribunal que no ha asistido al debate oral, puede revisar y corregir las sentencias de los Tribunales del Juicio Oral?. -En otras palabras:- ¿Pueden, y hasta dónde en su caso, han oído al imputado, testigos, ni peritos, que no han visto desfilar ante sus ojos la prueba de la causa, pueden repetimos, intervenir a posteriori y declarar que los jueces del juicio oral fallaron mal o bien la causa?.”

El principio de inmediación

Como indica la Exposición de Motivos de la Ley, la inmediación, a la que denomina inmediatez, es esencial al juicio oral por cuanto tiene por finalidad imponerle al Juez el deber de actuar junto con las partes, en contacto directo con ellas, sin intermediarios.

Por su parte, la inmediación a su vez, es esencial al juicio oral, por cuanto tanto el debate entre las partes, como la evacuación de las pruebas en el proceso, deben ser incorporadas en la misma audiencia, es decir, de manera inmediata.

El otro aspecto resaltante de este principio, es que el Juez debe participar personal y activamente en la evacuación de la prueba, a los fines de poderse formar personalmente, un juicio valorativo, tanto de los argumentos y alegaciones de las partes como de las pruebas evacuadas en la audiencia y así poder juzgar personalmente, con base en la sana crítica, resultante del debate procesal. La inmediación y la oralidad, añade la Exposición de Motivos de la Ley, procuran que el Juez obtenga una percepción directa y clara de todo cuanto atañe a la cuestión o cuestiones controvertidas por las partes en litigio; porque el Juez obtendrá una percepción más perfecta del material probatorio si lo percibe de manera directa; una comprensión más exacta y nítida sobre los hechos controvertidos, si se comunica con las partes que intervienen en el proceso, con los testigos, peritos y con todo el material probatorio, circunstancias estas que, le permitirán desentrañar la verdad real de los hechos controvertidos y como consecuencia lógica, juzgar con más acierto, que es el fin primordial de la recta administración de justicia.

1. El CPC

En el CPC, se trata el principio de inmediación para el juicio ordinario y para el juicio oral. En cuanto al juicio ordinario, se prohíbe que los jueces den comisión a los que sean inferiores para la evacuación de inspecciones judiciales, posiciones juradas, interrogatorios de menores y casos de interdicción e inhabilitación; y en relación al juicio oral, se dispone que, sin perjuicio del principio de concentración, los actos y pruebas cuya disposición se disponga fuera de la audiencia, se cumplirán bajo la dirección del mismo Juez que debe pronunciar la sentencia, a menos que sea necesario comisionar a la autoridad judicial de otra circunscripción territorial.

2. El Código Modelo

En el Código Modelo, tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, se realizarán por el tribunal no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

3. Comentarios

El fin del principio de inmediación no es otro que el Juez esté en contacto permanente y personal con las partes y los hechos del juicio. Como afirma J. V. Peyrano , sólo cuando el proceso es “vivido” por el Juez, puede éste ponderar las reacciones y gestos de partes y declarantes, pautas inapreciables para descubrir al mendaz o comprobar la veracidad de los dichos.

El principio de concentración

Como apunta la Exposición de Motivos de la Ley, la concentración busca aproximar los actos procesales unos a otros, reuniendo en breve espacio de tiempo la realización de ellos, por esta razón se ha concebido el procedimiento por audiencias una preliminar y otra de juicio, dentro de las cuales se deberán realizar prácticamente todos los actos procesales establecidos.

En este orden de ideas, la evacuación de las pruebas y la sentencia deben concentrarse en una misma audiencia o en el menor número de ellas, todo esto con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, a fin de garantizar, por parte del juzgador, un conocimiento rápido, efectivo y actual del debate procesal y poder obtener así una sentencia inmediata.

1. El CPC

El principio de concentración está contemplado para el juicio oral y, al efecto el CPC dispone que la causa se tratará oralmente en la audiencia o debate, agregando que las pruebas se practicarán por los interesados en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia, en cuyo caso la parte promovente de la prueba tratará oralmente de ella en la audiencia, pero la contraparte podrá hacer al tribunal todas las observaciones que considere pertinentes sobre el resultado o mérito de la prueba.
Si la prueba practicada fuera de la audiencia fuere la de experticia, se oirá en la audiencia la exposición y conclusiones orales de los expertos y las observaciones que formulen las partes, sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será desestimada por el Juez quien, en todo caso, puede hacer los interrogatorios que considere necesarios a las partes, a los testigos y a los peritos en la audiencia o debate oral.

4. El Código Modelo

En el Código Modelo, los actos procesales deben realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos cuando se faculta para ello por la ley o por acuerdo de partes y de concentrar en un mínimo acto todas las diligencias que sea menester realizar.

5. Comentarios

Véscovi sostiene que la concentración propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión; y Devis Echandía expresa que la concentración hace que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el estudio de lo fundamental, es decir, que todas ellas se resuelvan simultáneamente en la sentencia, concentrando así el debate judicial.

Es indudable que el principio de concentración es muy sano para el proceso porque permite el contacto directo del Juez y las partes y que la única forma en que puede lograrse, junto con el principio de inmediación y el principio de publicidad, es a través del principio de la oralidad en la audiencia que, en el caso de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo viene a ser en la audiencia del juicio.

El principio de publicidad

El principio de publicidad, según la Exposición de Motivos de la Ley, permite que las partes y los terceros ajenos a la controversia puedan fiscalizar las actuaciones de Jueces y litigantes, haciendo por primera vez en Venezuela un verdadero ejercicio de este principio, esencia del sistema democrático y se fundamenta en el artículo 26 de la Constitución.

Sin embargo, existe una excepción en relación con este principio en el caso de la audiencia preliminar, en donde se procederá a puerta cerrada, para facilitar la posibilidad de mediación y conciliación por parte del Juez, por motivos de decencia pública o de protección de la personalidad de alguna de las partes, cuando así lo determine el Tribunal.
En otras palabras, la publicidad permite la transparencia del proceso y la participación de todas aquellas personas que tengan interés en presenciar las audiencias y demás actos, lo que se traduce en una forma de control por parte de la sociedad civil en la administración de justicia.

1. El CPC

En el CPC el principio de publicidad tiene dos aspectos: la publicidad de los actos del proceso y la publicidad de las actas procesales.

C. La publicidad de los actos del proceso

La publicidad de los actos del proceso es admitida cuando se determina que los actos del proceso serán públicos, pero se procederá a puertas cerradas cuando así lo determine el tribunal por razones de decencia pública, según al naturaleza de la causa, en cuyo caso ni las partes ni los terceros podrán publicar los actos que hayan verificado, ni dar cuenta o relación de ellos al público.

Por vía de excepción, el estudio de los expedientes y solicitudes así como la conferencia de los jueces para sentenciar y la redacción del fallo, se harán en privado, sin perjuicio de la publicación de las sentencias.

D. La publicidad de las actas procesales

La publicidad de las actas procesales determina que cualesquiera persona puede imponerse de los actos que se realicen en los tribunales y tomar de ellos las copias simples que quiera, sin necesidad de autorización del Juez, a menos que se hayan mandado reservar por algún motivo legal.

4. El Código Modelo

En el Código Modelo se dispone que todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga la contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las partes.

5. Comentarios

Véscovi manifiesta que este principio reclama el conocimiento público de los actos del proceso como medio contralor de éste y, en definitiva, de la justicia, por el público. Loreto y Sarmiento Núñez coinciden en que la publicidad del proceso civil es un postulado de especial importancia técnica y política, que las miradas de todos los ciudadanos pueden controlar y verificar; y para Devis Echandía significa, en conclusión que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones.

Por lo demás, el principio de publicidad está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El verdadero control democrático de las actuaciones judiciales está en la opinión pública. Cierto es que, en determinados casos, particularmente aquellos que pueden afectar particulares intereses, o que conmocionen a la colectividad, la publicidad puede ser adversa a una sana administración de justicia, pero pese a estos riesgos, es preferible correrlos que mantener la justicia detrás de inaccesibles muros que conllevan desconfianza y temor hacia los órganos encargados del reparto de los derechos.

El principio de brevedad

La brevedad busca que los actos procesales que realicen los tribunales sean concisos, lacónicos, con trámites más sencillos, mediante la simplificación en las formas empleadas en el debate para garantizar, de esta manera, junto con la especialidad, gratuidad, celeridad y concentración, que el procedimiento se introduzca, sustancie y decida en los lapsos legalmente establecidos. La celeridad, por su parte, como manifestación particular del principio de economía procesal, procura la obtención de la verdad y la justicia, como fines fundamentales del proceso, con el mínimo de esfuerzo y de tiempo.

La fuente inmediata del principio de abreviación, o de brevedad, o celeridad procesal, o economía procesal, se encuentra en el artículo 26 de la Constitución al expresar que se garantiza una justicia expedida, sin dilaciones indebidas, y en el artículo 257 de la misma, cuando declara que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que las leyes procesales adoptarán un procedimiento breve, oral y público.
El cómputo de los días se cuenta por días hábiles, salvo que la Ley disponga que sean continuos.

La audiencia preliminar no puede extenderse por más de cuatro meses, pues se considera que este lapso es suficiente para lograr una solución, si es que existe, en el caso concreto tal posibilidad, y para evitar que la buena intención de reducir la controversia a un arreglo, se constituya en un obstáculo para el acceso a la justicia.

4. El CPC

En el CPC el principio de celeridad procesal está determinado por la afirmación de que la justicia se administrará lo más breve posible. En consecuencia, cuando en el CPC o en leyes especiales no se fija término para librar alguna providencia, el Juez deberá hacerlo dentro de los tres días siguientes a aquel en que se haya hecho la solicitud correspondiente.

5. El Código Modelo

En el Código Modelo, al principio de brevedad se le denomina principio de pronta y eficiente administración de justicia y, al efecto, expresa que el tribunal y bajo su dirección los auxiliares de la jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta eficiente administración de justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

6. Comentarios

La celeridad es uno de los problemas de mayor gravedad que afecta la administración de justicia, no solamente en Venezuela, sino en gran cantidad de países. De allí que en las V Jornadas Iberoamericas que se reunieron en Bogotá, Colombia, el primer tema a tratar fue “El problema de la lentitud de los procesos y sus soluciones”, bajo ponencia de Hernando Morales Molina y Hernando Devis Echandía , quienes determinaron que la duración anormal del proceso comporta una denegación de justicia, por lo cual debe reducírsela al mínimo posible, pero sin mengua del derecho de defensa y de las garantías del debido proceso.

Este pronunciamiento de los profesores Morales Molina y Devis Echandía es muy acertado porque no puede confundirse celeridad, o brevedad, con la mera reducción de lapsos porque se corre el riesgo de atentar contra las garantías mencionadas. En efecto, estimar que por el solo hecho de fijar el lapso de comparecencia para la contestación de la demanda para el tercer día siguiente a la citación del demandado, como lo hace la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, en nada ha favorecido a la economía procesal pues, al contrario, lo que ha sucedido en la práctica forense es que el patrono, en lugar de dar contestación de la demanda, propone cuestiones previas, aún improcedentes, con el solo fin de conseguir un plazo mayor para preparar su defensa.

Principio de dirección del Juez en el proceso

La Disposición Transitoria Cuarta, numeral 4º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, que el proceso laboral debe estar bajo la rectoría del Juez.

Siendo ésta la fuente inmediata, la Exposición de Motivos de la Ley expresa que el Juez gobierna el proceso mediante una participación directa y personal, sin intermediarios, en la sustanciación del proceso y en el debate procesal correspondiente, bajo su absoluta y personal dirección, resolviendo las incidencias que pudieran presentarse, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley o en su defecto, de acuerdo con los criterios que éste establezca, a fin de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso, razón por la cual el Juez, como director del proceso, debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión, debiendo tener en cuenta, incluso a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de los medios alternos de solución de controversias, presenciar el debate y la evacuación de las pruebas para obtener su convencimiento, con la excepción relativa a la inspección judicial por razones de competencia territorial.

Dentro de esta potestad que se confiere al Juez, éste podrá ordenar el pago de conceptos como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos, cuando estos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con esta Ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas.

La dirección del proceso a cargo del Juez se ve plasmada en distintas normas de la Ley. Así, se le faculta para que pueda ordenar de oficio la corrección de errores u omisiones que presente una demanda. Igualmente, para suspender el proceso de oficio, a petición de cualquier tercero interesado o del Ministerio Público, hasta por veinte (20) días hábiles, a fin de ordenar la notificación de las personas que se puedan ver perjudicadas por las resultas de un proceso, cuando se presuma que puede haber fraude o colusión. Asimismo, el Juez puede fijar el lapso o término para el cumplimiento de los actos procesales, cuando aquellos no han sido expresamente establecidos en la Ley. Es esta una potestad de carácter excepcional y general, que permite tener la certeza jurídica que el Juez está facultado para fijar el lapso procesal ante la ausencia de regulación legal y que hace innecesario autorizar expresamente al Juez, en cada caso concreto.

El principio del Juez Director del Proceso, permite concebir la función jurisdiccional como una actividad dinámica, donde las iniciativas relativas al proceso están distribuidas por el legislador entre las partes y el Juez. Ha quedado atrás –dice la Exposición de Motivos de la Ley- la concepción del Juez mercenario, que sólo hacía aquello que las partes le habían solicitado y mientras ello no sucediera, debía mantenerse impasible. Ahora la concepción es radicalmente distinta por lo que se da al Juez del Trabajo la potestad de examinar la demanda al inicio del procedimiento y de advertir algún error u omisión que pueda ser corregido o subsanado, para que el procedimiento se inicie sin obstáculos de ninguna especie, pudiendo incluso el Tribunal declarará inadmisible la demanda.

También se prevé que los actos procesales se realizarán como exprese la Ley. En ausencia de disposición expresa, el Juez del trabajo determinará los criterios a seguir para la realización de los actos, para garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso, atendiendo a los criterios de jerarquía de las fuentes de derecho del trabajo, y cuando no haya disposición expresa, podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo siempre en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del trabajo; y en consecuencia cuidando siempre que la norma aplicada por analogía no contraríe los principios establecidos en la presente Ley.

En razón a que el Juez es el Director del Proceso y por aplicación del principio de inmediación, deberá presidir la audiencia, y, para controlar su desenvolvimiento y lograr sus fines, se ha considerado indispensable dotarlo de los más amplios poderes disciplinarios, para lograr adecuadamente su celebración. Oídas las alegaciones de las partes, se evacuarán las pruebas, comenzando con las de la parte demandante, siguiendo con las de la parte demandada. Solo se permitirá la lectura del escrito de contestación de la demanda y previa la autorización del Juez, de cualquier escrito contentivo de nuevos alegatos y/o de alguna prueba o pruebas que consten en autos, para evitar una deformación del principio, que derivaría en la lectura interminable de actuaciones presentadas o no con anterioridad por las partes, en franco detrimento de la celeridad y abreviación, que también conforman el nuevo procedimiento, lo cual es totalmente contrario al propósito de la Ley.

1. El CPC

El CPC confía al Juez la dirección del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal; y cuando esté paralizada, el Juez debe fijar un término para su reanudación, que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados.

4. El Código Modelo

El Código Modelo sigue la tendencia que ya habían marcado con anterioridad España, México y Venezuela al convertir a los jueces en verdaderos directores del proceso y, evocando a Calamandrei y Alcalá Zamora y Castillo , así como señala que el Juez es el director del proceso, le confiere una serie de facultades que se corresponden con la función de dirección que le ha sido asignada .

5. Comentarios

La dirección del proceso por el Juez, no deviene solamente de las disposiciones que al respecto establezcan las leyes procesales, o las disposiciones legales que regulen la organización judicial. Creo que, más que normas de derecho positivo, se requieren jueces con vocación, principios y valores, aparte de contar con las garantías necesarias de una auténtica independencia judicial que no les haga dudar en la aplicación de sus facultades al momento de tomar una decisión –drástica o no- en la dirección del proceso.

El principio de la sana crítica

El principio de la sana crítica para valorar la prueba por el Juez, afirma la Exposición de Motivos de la Ley, es un principio de universal aceptación y de comprobada utilidad y eficacia en la consecución de los fines de la justicia que persigue el proceso, por ello se ha considerado necesario mantenerlo en la Ley y además incluir también la facultad para fundar su decisión en el conocimiento de hecho, que se encuentra comprendido en la experiencia común.

Agrega la Exposición de Motivos de la Ley que como el juicio oral se materializa a través de las audiencias, ello va a garantizar que la decisión judicial está fundamentada en las evidencias o pruebas aportadas al proceso, en forma oral o escrita, por lo que se regula el sistema de la sana crítica de la prueba por parte del juzgador, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para lo cual, el juzgador deberá valorar las pruebas libremente, pero con un razonamiento lógico y coherente, que permita fundamentar adecuadamente su decisión.

1. El CPC

El CPC, en el artículo 507, dispone que, a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica.
En la Exposición de Motivos de este Código se justifica la disposición anterior expresando que, “en cuanto a la apreciación de la prueba, se introduce una regla general, el Juez debe apreciar las pruebas según las reglas de la sana crítica, a menos que exista una regla legal expresa de valoración del mérito de la prueba”; y agrega “se señalan, además, algunas reglas de sana crítica en materia de apreciación de la prueba testimonial que deben guiar al Juez en la mejor apreciación de esta prueba”.

4. El Código Modelo

En el Código Modelo se establece el sistema de la apreciación racional de conformidad a las reglas de la sana crítica, en todo lo que no esté expresamente regulado por la ley de fondo (prueba tasada); y, al efecto, se establece que las pruebas deberán ser apreciadas en su conjunto, racionalmente y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, salvo que haya un texto legal que establezca una regla de apreciación diversa, sin perjuicio del análisis que el tribunal deberá realizar de todos los medios de prueba, indicando cuáles de ellos fundan principalmente su decisión.

En cuanto a la regla de experiencia, el Código Modelo expone que a falta de reglas legales expresas, para deducir del hecho percibido el hecho a probar, el tribunal aplicará las reglas de la experiencia común, extraídas de la observación de lo que normalmente acaece.

5. Comentarios

Para Jaime Guasp, entre los sistemas de la prueba libre y la prueba tasada no hay, jurídicamente hablando, ningún criterio intermedio que pueda ser válidamente recogido; porque las reglas de la sana crítica o del criterio humano, o son definidas jurídicamente por la ley o la jurisprudencia, y entonces se convierten en preceptos de derecho y hacen de la prueba una prueba tasada, o bien no se consideran como mandatos, sino como simples indicaciones y la prueba sigue siendo libre, con lo que la alusión a tales reglas resulta teóricamente, aunque no prácticamente, estéril.

Juan Montero Aroca, al referirse al mismo tema, expresa que la sana crítica ha sido destacada como uno de los aciertos de la terminología jurídica hispana, y el Código Modelo tiene la virtud de recogerla en los artículos 129 y 130. Agrega el mismo autor que con ella se quiera reflejar un tercer sistema de valoración de la prueba, sino que con este acierto terminológico se quiere poner de manifiesto que por prueba libre no puede entenderse prueba irracional, destacando la racionalidad que está en la base de toda valoración.

Víctor Ml. Obando S. expresa que, en definitiva, la sana crítica debe ser la manifestación cabal de que la apreciación de la prueba efectuada por el juzgado se corresponde con la realidad de los hechos o, de no ser posible alcanzar semejante grado de certeza, de que cuenta a su favor con las mayores posibilidades de reflejar esa coincidencia.

La extinta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en sentencia del 18 de febrero de 1988 sostuvo:

Ahora bien, las reglas de la sana crítica…[ommisis]…sólo se aplicarán supletoriamente, para el caso de que no existe regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba. Según lo establece el denunciado artículo 507 del Código de Procedimiento Civil vigente y el artículo 508 eiusdem, es precisamente la norma que consagra la regla expresa para valorar la prueba testimonial, según la cual, el Juez examinará si las deposiciones concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias…

El principio de equidad

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra la equidad como principio, dirigido al Juez para que en su interpretación esté orientado, siempre, por la justicia del caso concreto, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a una justicia equitativa.

4. El CPC

Dentro de los deberes del Juez en el proceso, se encuentra que en sus decisiones debe atenerse a las normas del derecho a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad, o cuando las partes de común acuerdo así lo hayan solicitado y la controversia se refiera a derechos disponibles.

Asimismo, el CPC excluye del recurso de casación a los juicios sentenciados conforme a la jurisdicción de equidad.

5. EL Código Modelo

El Código Modelo sigue al CPC en cuanto al principio de ética y, en este sentido, dice que el tribunal sólo podrá fallar por equidad en los casos previstos por la ley o cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes así lo soliciten.
En cuanto a la procedencia del recursos de casación en procesos decididos en equidad, el Código Modelo no expresa prohibición alguna, pero si prevé que entre los requisitos del escrito de formalización se mencionan las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas. Por interpretación a contrario, debe deducirse que no procede el recurso de casación en los casos decididos en equidad.

6. Comentarios

Arístides Rengel-Romberg , siguiendo a un sector de la doctrina, manifiesta que el poder del Juez de decidir según la equidad tiene dos manifestaciones principales: una, limitada, cuando el legislador no expresa con precisión en el precepto jurídico el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica, sino que remite al Juez al concepto indeterminado de la equidad, caso en el cual el Juez completa o integra la norma basándose en lo que según su conocimiento de las circunstancias de la vida y del sentimiento común de la equidad, responde mejor a la resolución del caso concreto. La otra, añade el citado tratadista, más amplia e intensa, cuando la ley o la voluntad de las partes, autorizan al Juez a decidir conforme a la equidad, esto es, aplicando una regla que no está escrita en ningún código, pero que está expresa y es sentida por el hombre medio en un determinado momento histórico, caso en el cual el Juez prosigue la obra del legislador, realizando en el caso concreto la tutela jurídica con la valoración más libre –pero no arbitraria- de aquellos elementos que en general el legislador tiene en consideración al dictar la norma jurídica.

Ricardo Henríquez La Roche , por su parte, ha determinado en el CPC tres grados de atribución de equidad: la jurisdicción de equidad ope conventionis, la jurisdicción de equidad ope legis y la jurisdicción de equidad ope iudicis.

A. La jurisdicción de equidad ope conventionis es aquella que faculta al Juez para decidir el fondo de la causa con acuerdo a la equidad sujeto a dos condiciones: que las partes, de común acuerdo, así lo hayan solicitado y que la controversia se refiera a derechos disponibles, o sea, aquellos que corresponden a la libre autonomía de la voluntad de las partes en los cuales no está inmerso el orden público.

B. La jurisdicción de equidad ope legis se entiende que, cuando la ley dice “el Juez o tribunal puede o podrá”, lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad.

C. La equidad ope iudicis o discrecionalidad ordinaria del Juez. El Juez tiene esta opción en orden a la interpretación amplia o restrictiva de la norma jurídica, según un criterio razonable y de sentido común, con fundamento en el marco de variedad de posibilidades que brinda la necesaria indeterminación de toda norma general, y que deviene precisamente de esa generalización. Se trata de congeniar un principio romano dura est lex, sed lex con otro summum ius, summa iniuria.

En relación a estas reglas que regulan la aplicación de la equidad, he dicho que es en base a ellas que deberá considerarse la justicia equitativa que garantiza la Constitución, pues en ningún caso puede admitirse que los jueces, en su ministerio, den libre paso a la equidad, por encima de la ley, para la solución de conflictos judiciales. Y ello es aplicable a la novísima jurisdicción laboral preconizada por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El principio de que las partes están a derecho

El principio de que las partes están a derecho, y que se cumple mediante la citación del demandado, es sustituido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por lo que se denomina “la notificación”, pues se consideró conveniente flexibilizar la forma de dar aviso a la parte demandada en los juicios laborales, al tiempo que se le impone al Juez el deber de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes en juicio, el cual además se desarrolla en audiencia, lo que impedirá casi en forma absoluta la posibilidad de fraude en este estado del proceso, según narra la Exposición de Motivos de la Ley.

1. El CPC

Siguiendo la tradición procesal venezolana, el CPC recoge el principio de citación manifiesta que hecha la citación para la contestación de la demanda las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún acto de juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley.

Como complemento de este principio, el CPC indica que la citación válida del demandante es formalidad necesaria para la validez del juicio, y su omisión ocasiona la nulidad de las actuaciones procesales.

2. El Código Modelo

En el ordinal 5º de las BASES se expone que deben reducirse al mínimo las notificaciones personales o por cédulas, e implantarse como regla general la notificación por constancia secretarial, de acuerdo con el principio de que “las partes están a derecho” en el proceso con la primera notificación personal que reciban.

En el artículo 83 del Código Modelo se dispone que entablada la demanda, el demandado será emplazado para contestarla, notificándole la resolución que así lo dispone conforme lo regulado en la Sección II del Capítulo II del Título VI, adicionando que hecha esa notificación, las partes estarán a derecho en el proceso, teniéndose por notificadas de las resoluciones y actuaciones con la sola publicación de las mismas en la oficina del tribunal, de lo que se dejará constancia en el expediente, por la Secretaría.

3. Comentarios

Lo primero que salta a la vista es la similitud entre la concepción establecida por el legislador procesal del trabajo y el Código Modelo. Se trata, en realidad, de la adopción en la legislación interna de un país, de una norma formulada como guía para los distintos países iberoamericanos, de allí que, en los juicios laborales el emplazamiento del demandado se hará por notificación en lugar de compulsa , como lo sugiere el Código Modelo.

En segundo lugar, este medio de comunicación de la demanda al demandado en nada afecta el derecho de defensa pues con la notificación, sin bien no conlleva con ella la copia del libelo de la demanda, se emplaza al demandado para que comparezca a la audiencia preliminar, lo cual le permite que, si no hay una solución de la controversia entre las partes, el asunto se pasará al Juez de juicio para la tramitación de la audiencia del juicio. Por tanto, el demandado tendrá el tiempo suficiente y necesario para imponerse de los hechos y preparar su defensa frente a la demanda.

El principio de lealtad y probidad en el proceso

En relación con la falta de lealtad y probidad en el proceso, se establece que las partes, sus apoderados o los terceros, que realicen conductas contrarias a la falta de lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión o el fraude procesal, o cualquier otro acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes, podrán ser sancionados con multa equivalente a diez (10) unidades tributarias, como mínimo, y de sesenta (60) unidades tributarias, como máximo y si no pagaren la multa en el lapso establecido, sufrirán arresto domiciliario hasta por ocho (8) días a criterio del Juez. En todo caso, la persona sancionada podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago correspondiente y contra la decisión judicial que impone la sanción no se admitirá recurso alguno.

A este respecto, escribe la Exposición de Motivos de la Ley que la lealtad y probidad procesales son un deber, no sólo de las partes y de los apoderados, sino también de los terceros, por lo que se faculta al Juez para sancionar las conductas contrarias a estos principios de manera enérgica, con multa y arresto domiciliario, lo que es una realidad, desde hace mucho años, en otros ordenamientos jurídicos. También resulta de particular significación, el carácter jurídico de las sanciones, pues se considera que las mismas forman parte de los poderes discrecionales del Juez, necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, por ello se consideran decisiones judiciales irrecurribles y no actos administrativos, como tradicionalmente se ha estimado en Venezuela, criterio éste último que se ha considerado se debe dejar de lado, porque ha convertido al Juez en blanco de excesos, que desde luego siempre es conveniente evitar, para lo cual ha decidido retomar la potestad que originalmente tenía atribuida el Juez, con claros límites mínimos y máximos, en concordancia con las disposiciones del resto del ordenamiento jurídico y de esta manera poder excluirla de todo control administrativo y judicial, para que las sanciones por él impuestas no se vean sorpresivamente burladas.

1. El CPC

El principio de lealtad y probidad en el proceso está admitido en el CPC al disponer que el Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.
Asimismo, refiriéndose a las partes, el CPC señala que éstas, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar, en el proceso, con lealtad y probidad y, en tal virtud, deberán exponer los hechos de acuerdo a la verdad; no interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos; ni promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan.

Adiciona el CPC que las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables de los daños y perjuicios que causaren, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas; cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa; y cuando obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso.

3. El Código Modelo

El Código Modelo vislumbra, con acierto, que el abogado o el apoderado podrá ser condenado en costas, solidariamente con su patrocinado o poderdante, cuando de su actividad surja mérito por ello en forma manifiesta. Asimismo, se contempla que cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la parte podrá ser condenada además, a los daños y perjuicios, sea en el mismo proceso o en otro posterior; y en caso de que su abogado o apoderado resulte también culpable, podrá ser condenado solidariamente con la parte, sin perjuicio de las reclamaciones que la parte pueda efectuar por los daños y perjuicios que haya debido pagar por culpa del abogado o apoderado.

3. Comentarios

Rengel-Romberg, al referirse a esta norma, ha expuesto que el mejoramiento de las instituciones procesales del CPC, favorecerá la actuación de las partes y de sus apoderados con lealtad y probidad o impida en lo posible la mala fe procesal y, siguiendo a Carnelutti, agrega que “el litigante deshonesto es fruto del tipo de proceso vigente” .

Igualmente, Henríquez La Roche ha dicho que todas estas pautas que reclaman una actuación diligente del litigante en el proceso, así como las presunciones iuris tantum que deduce el legislador de ciertas conductas procesales tiene por causa motiva la crisis moral por la que atraviesa la profesión de abogado en el ámbito judicial, lo cual, a fin de cuentas, no es propio solamente de esta profesión ni de nuestro país. “Esa crisis de valores generalizada –agrega- tiene que ver con el fuero interno y halla su origen : ´en una cierta ideología de la técnica que ha impuesto la primacía de la materia sobre el espíritu, de las cosas sobre la persona, de la técnica sobre la moral (…) En los valores y derechos humanos inviolables y sagrados de la persona, es donde hay que pensar y definir de nuevo las nociones de desarrollo y progreso (Juan Pablo II, Ciudad Guayana, 29-1-85), tanto el progreso de índole personal y de realización profesional, como el consiguiente progreso de la sociedad” .

El problema central de la sanción por parte del Juez contra las partes y sus representantes no está en la condena en costas y en la eventualidad de una responsabilidad civil ante una alegada mala fe o temeridad, sino lo que se discute fundamentalmente, en cuanto a su constitucionalidad, es la sanción relativa cuando se incurre en algún acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes, en cuyo caso el infractor podrá ser sancionado con multa que, si no es pagada, se convierte en arresto domiciliario hasta por ocho (8) días, a criterio del Juez.

En efecto, se ha alegado al respecto que se trata de penas restrictivas de la libertad impuestas en franca violación del derecho a ser oído, del derecho de defensa y del debido proceso porque generalmente el Juez impone la pena de arresto sin siquiera escuchar al presunto infractor y sin que éste tenga la posibilidad de defenderse, aparte de que estaría aplicando sanciones al mismo tiempo que se presume agraviado, con lo cual adquiere el carácter de Juez y parte, lo que viola el debido proceso al asumir funciones que le corresponden al Juez natural. En síntesis, según este criterio se violan el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución y los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 49 eiusdem.

Personalmente, participo de este criterio porque en efecto considero que el arresto domiciliario propuesto infringe las normas constitucionales; pero, además, estimo que las faltas a la majestad de la justicia y al respeto entre los colegas es un asunto que tiene que ver con la ética profesional del abogado porque, generalmente, es éste quien actúa en estrados en representación de su cliente y quien, con frecuencia, siente en carne propia las vicisitudes del litigio y la pasión que, en ocasiones, produce entre los litigantes, o en alguna oportunidad, el disgusto que origina la parcialidad sin disimulo de algún Juez.

El principio dispositivo

El principio dispositivo profundiza la tendencia establecida en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo y en el CPC, generalmente reconocida en la doctrina internacional, de ampliar las iniciativas probatorias del Juez, cuando está regido por el principio dispositivo, pues se estimó que siendo el proceso de interés público, no puede pensarse en aquel Juez mercenario que sólo hace lo que las partes solicitan. Por el contrario, la controversia es delimitada por las alegaciones de hecho formuladas por las partes en la demanda y en la contestación, pero en cuanto a las pruebas, si bien es cierto que de acuerdo con el principio general, cada parte tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, el legislador considera que en cuanto a las pruebas, el Juez no puede tener limitación alguna y como consecuencia de ello, decide plasmarlo así en la Ley, dándole al titular del órgano jurisdiccional la facultad de decidir, en forma motivada, la evacuación en todo momento, de cualesquiera medios probatorios adicionales, que considere convenientes, a los fines de formarse el mejor criterio posible de los hechos controvertidos, con las limitaciones tradicionales que derivan de la conducencia, pertinencia y legalidad, en general, del medio probatorio que se ordena evacuar. En cuanto a los otros aspectos relacionados con el mismo, se mantiene la solución tradicional, por ello el auto que la acuerda, debe fijar el término para cumplir lo ordenado y es inimpugnable.

En el principio dispositivo, el Juez de Juicio podrá ordenar el pago de conceptos, como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos, cuando estos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas.

1. El CPC

En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.

En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa.

Asimismo, los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.

Finalmente, el CPC apunta que toda sentencia deberá contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

2. El Código Modelo

El principio dispositivo es inherente al sistema de proceso oral y, por consiguiente, se manifiesta a través del aumento de las facultades del Juez lo que, no altera el indicado principio sino que sigue rigiendo con atenuaciones. En efecto, según el Código Modelo sigue en vigor el sistema que dispone que el proceso se inicia a instancia de parte (ne proceda iudex ex officio), que las partes mantienen la disposición de los actos procesales y del proceso mismo, que se mantiene la congruencia, según la cual el tribunal no puede fallar más allá de lo solicitado por las partes (ultra petita), ni fuera de lo litigado (extra petita) ni de dejar de fallar lo pedido (citra petita), así como la reformatio in peius para la segunda instancia.

3. Comentarios

La manifestación más importante del principio dispositivo se encuentra en las diligencias o autos para mejor proveer, particularmente en materia laboral aunque no es muy frecuente su uso por parte de los jueces, ni materia civil, ni laboral. Quizás la falta de aplicación de estas diligencias se fundamentan en que ellas son de uso excepcional, por lo que generalmente son miradas con desconfianza por las partes y los propios juzgadores dentro de un régimen procesal en el cual las pruebas son iniciativa del actor y del demandado .

Ahora bien, lo que viene a ser una innovación es la facultad que se confiere al Juez del trabajo de ordenar el pago de conceptos, como prestaciones o indemnizaciones, distintos de los requeridos, cuando estos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, siempre que no hayan sido pagadas.

I. Conclusiones

Como anticipé en la Introducción, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo tiene la importancia de incorporar principios generales del proceso civil de manera expresa y que, con anterioridad a ella, regían en los juicios laborales por aplicación supletoria del CPC y, si la justicia del trabajo ha venido siendo lenta e inoperante, no ha sido por ausencia de tales principios, sino por hechos y circunstancias –que se resumen en ausencia de transparencia judicial – de profundas raíces en la administración de justicia.

Ahora, esos principios forman parte de ese nuevo sistema que la citada Ley reconoce como principio de autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral y, aplicados en forma relacionada con los demás principios procesales, deberá obtenerse el cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales recogidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución, con el fin de facilitar la transparencia judicial y el acceso a la justicia para que, fundamentalmente los trabajadores, hagan valer sus derechos e intereses, a obtener tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

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(Reeditado y ampliado con el mismo título en: LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO – ENSAYOS. Fernando Parra Aranguren, editor. Volumen I, Tribunal Supremo de Justicia, Serie Normativa No. 4, Caracas, 2004).

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