MEDITACIONES EN BLANCO Y NEGRO
Una visión personal del auge y caída de la democracia nacida en 1958
 
INTRODUCCIÓN
 
Las líneas que siguen a continuación no solamente son el producto de cavilaciones que me he venido formulando desde 1958 conforme a mi vivencia personal como un ciudadano común preocupado por su país y observador de los hechos, sino también por haber vivido de cerca alguno de ellos en mi condición de abogado, hoy con 45 años de haber egresado de la UCV.
 
La metodología que he utilizado ha sido simple: Recurrir a la memoria y comenzar a escribir frente al ordenador, por lo que no he utilizado fuentes o antecedentes, salvo algunos relativos a fechas, disponibles en Internet. Tampoco he reparado en el preciosismo de la redacción literaria.
 
Es necesario que se descubra cuál es la verdad y que se tenga conciencia de que Venezuela disfrutó de un sistema democrático con sus beneficios y sus vicios que nació en 1958, consolidándose con el triunfo de Rómulo Betancourt para el primer período que comenzó en 1959, y que el último presidente de esa hazaña democrática lo fue Rafael Caldera en  1998. Nada ni nadie es perfecto, todo representa ventajas y desventajas, lo importante es si estas últimas se corrigen o si, por el contrario, se las deja crecer hasta tragarse a las primeras; y allí, la responsabilidad recae sobre los hombres que guiaron la democracia, no a ésta como sistema político.
 
La democracia es un estilo de vida, un modo de existir basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad; y es una forma de gobierno sustentada en la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el Estado.
 
De esta concepción, se desprende que para que la democracia funcione debe contar con ciudadanos que estén conscientes de sus derechos y de sus obligaciones en la sociedad, por una parte; y por la otra, con funcionarios públicos cuya actuación sea transparente, es decir, ajustada a los principios democráticos, donde no quepa la duda  sobre su actuación.
 
Cuando el ciudadano desconoce sus derechos y obligaciones, o carece de respeto hacia la dignidad humana, o no entiende la libertad, difícilmente sabrá escoger a los candidatos que el juego democrático le presente para conducir la nave del Estado; y cuando quienes resulten electos no sean transparentes sino que propugnen exclusiones con miras a obtener ventajas que intrínsecamente violen la democracia, desgraciadamente el sistema fracasará.
 
Eso es, precisamente, lo que, en las líneas que siguen intento demostrar: que en el período 1959-1999 los actores democráticos utilizaron la exclusión como una forma particular de controlar el poder; y por ello, a los 40 años de su instauración, la democracia de partidos nacida en 1959, terminó en ruinas.

La memoria histórica es un conceptohistoriográfico de desarrollo relativamente reciente  y distingue el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pretérito, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto, porque La memoria histórica existe y ¡ay del pueblo que la pierda!, como ha dicho José Manuel Roldán Illescas, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense; y en una popular producción televisiva colombiana que se refiere a la vida y acciones de un temible jefe de una organización criminal se reconoce la necesidad de mantener vigentes los hechos del pasado, para lo cual se utiliza el siguiente lema: Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla!.
 
Dentro de ese orden de ideas, quizás estas meditaciones sirvan para mantener viva la memoria histórica de un proceso político democrático felizmente iniciado en 1958 y cuyo ciclo se cerró dramáticamente en 1999.
 
Por consiguiente, será el lector quien haga el juzgamiento y evalúe si los venezolanos asumiremos la responsabilidad de no repetir los errores humanos que dieron al traste con el sistema democrático.
 
Caracas, octubre 2012.

 

I
EL EQUILIBRIO
PARA MANTENER LA CONSTITUCIONALIDAD
 
El renacer democrático de 1958 fue una fiesta para todo el país porque surgía luego del paréntesis de diez años iniciado en 1948 con el derrocamiento de Don Rómulo Gallegos; y la positiva actitud de las Juntas de Gobierno provisionales presididas por Wolfgang Larrazábal y Edgar Sanabria en la defensa de una débil democracia amenazada por  oscuros y recalcitrantes militares,  hicieron que los principales dirigentes políticos de la época -Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera- así lo entendieran y, por ello, los partidos Acción Democrática (AD), COPEI y Unión Republicana Democrática (URD) convinieron en suscribir el Pacto de Punto Fijo, un plan de acción conjunto contentivo de reglas generales para gobernar, mantener la democracia y defenderla de ataques de sectores autoritarios.  El Partido Comunista de Venezuela (PCV) [i] no suscribió ese Pacto.
 
En cumplimiento del Pacto, y ganadas las elecciones generales por Rómulo Betancourt en 1958, éste integra su gobierno con representantes de los tres partidos, lo que se consideraba un simple reparto burocrático de cargo del Ejecutivo; y, a nivel del Poder Legislativo, también se adoptó la misma estructura, de forma tal que el Presidente del Congreso pasó a ser Raúl Leoni, por el partido mayoritario AD y el de la Cámara de Diputados, Rafael Caldera, por el partido COPEI.  Jóvito Villalba no ocupó cargo en el legislativo porque había sido resultado senador de la República, o sea, no podían haber dos Presidentes de la cámara del Senado en el Congreso.
 
A nivel del Poder Judicial, el poder legislativo procedió a designar a los vocales de la Corte Federal y de la Corte de Casación, formada ésta por la Corte de Casación en lo Civil y Corte de Casación en lo Penal. Para ello, el Congreso hizo un análisis riguroso e imparcial nombrando a abogados y juristas, la mayoría de ellos independientes políticamente y otros con ejercicio previo como jueces de la República. Igual sucedió con los nombramientos del Contralor General de la Nación y del Procurador General de la Nación.
 
Por consiguiente, se aspiraba a un funcionamiento equilibrado y transparente de poderes, con un experimento político -el Pacto de Punto Fijo- cuyas reglas se resumían así:
 
§  Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral.
 
§  Gobierno de Unidad Nacional. Esto es, considerar equitativamente a todos los partidos firmantes y otros elementos de la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador.
 
§  Programa de gobierno mínimo común.
 
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), venida a menos durante el decenio dictatorial, al integrar su dirigencia, designaba a miembros de los tres partidos firmantes del Pacto, a pesar de que AD tenía mayor control por contar con mayor número de líderes de los trabajadores[ii].
 

Las fuerzas adversas a la democracia no respetaban la voluntad popular y resentían el triunfo de Betancourt, por lo que continuaban trabajando a la sombra, inspiradas en ideas de extrema derecha y con ambiciones de regresar al poder. Intentos de golpe de estado, y alzamientos de oficiales militares, estaban a la orden del día, pero no contaban con el apoyo popular y, además, la alta oficialidad se había avenido la constitucionalidad.
 
En ese tiempo, Betancourt solicitó que se iniciara un proceso para el enjuiciamiento de Marcos Pérez Jiménez,  y la Corte Federal  en 1959 acordó solicitar la extradición de éste, por malversación de fondos y otros delitos, así como la de otros funcionarios del tren ejecutivo del ex Presidente.
 
Para los primeros meses de 1960, empezaron a aflorar las rencillas internas en Acción Democrática, porque un ala radical, integrada por jóvenes militantes, pretendía una profundización de la gestión gubernamental, y se inspiraban en la ola de simpatía de la que gozaba al momento la naciente revolución cubana. En esa contienda, triunfó lo que se llamó la “vieja guardia”, y los jóvenes se marcharon para montar tienda aparte, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)[iii].
 
El MIR dio sus inicios coincidiendo con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en su planteamiento extremista, y aprovechando que ambos partidos contaban un importante número de congresantes, lanzaban desde las Cámaras Legislativas incitaciones a la lucha armada contra el gobierno nacional, a lo que Betancourt, dispuesto a defender a la democracia, se enfrentaba a capa y espada; pero el partido URD, en un juego doble, por un lado apoyaba al gobierno y por el otro se solidarizaba con las acciones violentas que  asomaba la asociación PCV-MIR.
 
En junio de 1960, Betancourt fue  objeto de un atentado del que resultó malherido,  promovido por elementos disociados de la extrema derecha financiados por el dictador de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, para unos “Chapita” por la cantidad de condecoraciones que ostentaba, para otros el “Padre de la Patria nueva”, “el Chivo”, el mismo que describe Mario Vargas Llosa en “La fiesta del Chivo”.
 
Este crimen, aparte de las lesiones personales que dejara en Betancourt, debió incidir en su carácter porque a partir de ese momento la represión política se comenzó a acentuar; y en lo político, originó que Venezuela convocara al Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y exhibiera al gobierno dominicano ante el mundo como un régimen que practicaba el crimen político no sólo dentro de su propio territorio sino también extrafronteras; y se le condenó al aislamiento diplomático mediante la ruptura colectiva de relaciones, así como a sanciones económicas. Todos los países americanos retiraron sus representaciones y el Consejo General de la OEA aprobó que ningún país de la comunidad regional comerciara en petróleo y otros productos con el régimen sancionado.
 
Con esa resolución de la organización interamericana, se dio nacimiento a la llamada “doctrinaBetancourt”, que éste había enunciado al tomar posesión de su cargo ante el Congreso en febrero de 1959, según la cual en la OEA sólo debían tener participación “los gobiernos nacidos de elecciones y respetuosos de las libertades públicas”, a la par que buscaba la prohibición de asilo político a “ex gobernantes que se hayan comportado despóticamente en el ejercicio del poder”, y que los pueblos recuperaran “los dineros de su peculio colectivo indebidamente transferidos a bancos o empresas foráneas por gobernantes inescrupulosos en el manejo de los fondos públicos”.
 
Ese mismo año, URD abandonó sus compromisos con el Pacto de Punto Fijo, mientras que AD y COPEI continuaron alineados con el gobierno.
 
La separación de URD se pretextó en la negativa del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ignacio Luis Arcaya, a firmar la Declaración de San José, aprobada por la OEA que condenaba a la Cuba revolucionaria, en un gesto que evidenciaba las simpatías del Canciller hacia el régimen de La Habana.
 
Inmediatamente, Betancourt destituyó a Arcaya y finalizó la ilusión del Pacto de Punto Fijo. Otros dirigentes de URD como Luis Miquilena, José Herrera Oropeza, José Vicente Rangel y Fabricio Ojeda cabalgaban hacía tiempo en ambas monturas, la de la democracia y la castro cubana. 
 
Para enero de 1961, entró en vigencia la Constitución de la República, nacida del consenso de todos los partidos, incluso de la alianza PCV-MIR. Con esta Constitución se legitimaron los poderes públicos y se designaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que había sustituido a la Corte Federal y de Casación. La Contraloría General de la República y la Procuraduría fueron encargadas a personalidades independientes, ajenas a los partidos.
 
En diciembre de 1961 Betancourt  recibió a John F. Kennedy durante la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos a Venezuela, cuando firmaron la «Alianza para el Progreso«, un programa de financiamiento creado por el gobierno norteamericano para contrarrestar el avance de la revolución cubana en la América Latina y el liderazgo de Fidel Castro, quien había visitado Venezuela 3 años antes, obnubilando a los izquierdistas locales.
 
Entretanto, la alianza MIR-PCV dio inicio a lo que llamaba la lucha urbana y, algunos de sus dirigentes, se marcharon a sitios montañosos, en armas contra el gobierno constitucional; y a la vez se aliaron con ciertos sectores militares de ultraizquierda protagonizando, en 1962, dos alzamientos armados: El Carupanazo y el Porteñazo.
 
El Carupanazo estalló en mayo de 1962 en Carúpano (Edo. Sucre) y los insurrectos ocuparon la ciudad desde donde lanzaron un manifiesto contra el gobierno, mientras Betancourt exigía la rendición a los alzados y, al tiempo que se iniciaba la movilización de los efectivos leales, se producían ataques por parte de la Aviación y se bloqueaba el puerto marítimo.
 
Las tropas gubernamentales tomaron el control de Carúpano y sus alrededores, capturando al  diputado del PCV, Eloy Torres cuando huía en una embarcación, así como otros miembros de ese partido y del MIR. Ante tales hechos, Betancourt suspendió las garantías, acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevación y mediante decreto ejecutivo procedió a inhabilitar de ambos partidos en todo el territorio nacional, mientras no cesaran en la lucha armada, lo cual fue confirmado por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia con el voto salvado de dos de sus cinco magistrados[iv].
 
También solicitó Betancourt el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Eloy Torres y Simón Sáez Mérida, la cual fue aprobada por el mismo tribunal y ejecutada por el Congreso al separar de sus funciones a ambos congresantes.
 
El Porteñazo representó una conspiración cívico-militar de mayor magnitud que el Carupanazo, por las fuerzas involucradas, lo intenso de la lucha y por las pérdidas de vida y materiales, en junio de 1962. Había antecedido al Porteñazo una infausta tentativa de golpe de estado de opereta conocido como el Barcelonazo, que tuvo prácticamente nulas consecuencias.
 
Cuando el gobierno tuvo conocimiento del alzamiento porteño, envió militares de la Fuerza Aérea y del Ejército resultando Puerto Cabello bombardeada y sitiada, dando lugar a un combate frontal entre las fuerzas insurrectas y las tropas leales, en las que estas últimas pusieron fin a la rebelión con un saldo de muchas pérdidas de vidas y de heridos.
 
Betancourt ordenó el encarcelamiento de los congresantes de esas organizaciones, sin fórmula de juicio, y encarcelándolos en sitios ad hoc, y mantuvo suspendidas las garantías constitucionales. A la par, la lucha armada entre las fuerzas constitucionalistas y la banda denominada Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) continuaba en las calles de las ciudades y en ciertas regiones montañosas del país, con un importante saldo de fallecidos y heridos. En septiembre de 1963, sucedió el asalto al tren El Encanto, una acción terrorista en la que fueron masacrados humildes soldados que vigilaban esa zona turística, en la que se acusó como participante a Teodoro Petkoff.
 
Por supuesto, las acciones defensivas del gobierno iban acompañadas de la represión de la policía política, la DIGEPOL, con Carlos Andrés Pérez dirigiéndola desde el Ministerio de Relaciones Interiores y que cometía abusos y excesos contra los detenidos por las acciones guerrilleras, desde torturas hasta asesinatos de algunos dirigentes de la extrema izquierda, alentados por la frase pronunciada por Betancourt para animar a sus fuerzas represoras: “Disparen primero y averigüen después”.
 
La UCV, donde se refugiaba la guerrilla urbana al amparo de la autonomía universitaria, fue allanada en varias oportunidades, para lo cual el gobierno contaba con las órdenes de allanamiento expedidas por el Juez Francisco Villarte. Del otro lado, entre las acciones urbanas estaba contemplado el asesinato de un policía cada día, lo que fue llevado a cabo durante cierto tiempo por células armadas y de las cuales algunos de sus miembros pasaron años más tarde a ser funcionarios del Estado venezolano.
 
Dentro de Acción Democrática existían otras corrientes, una de ellas  dirigida por Raúl Ramos Giménez, que montó tienda aparte en un partido que se llamó AD-Oposición[v]; y otra liderada por Jorge Dáger, quien formó Fuerza Democrática Popular (FDP). Ambas divisiones se produjeron en 1962.
 
Entretanto, y pese a la débil institucionalidad, el país iba tomando lentamente su rumbo hacia una mejor economía acometiendo obras de infraestructura como el Puente sobre el Lago de Maracaibo, y controlando el gasto público, al punto que, durante ese período los sueldos de los funcionarios estatales fueron reducidos en dos oportunidades; se invirtió en la construcción de más de 3.000 escuelas y 200 liceos en todo el país. La matrícula escolar pasó de 847 mil alumnos en 1958, a 1.6 millones en 1963, más del 90% de la población estudiantil total asistía a las aulas de clase. La matricula sostuvo un incremento de casi el 100% en apenas 5 años de gobierno.
 
También fue inaugurado el Distribuidor El Pulpo en de Caracas, así como otras obras de infraestructura vial en todo el país, se dio inicio a la Represa del Guri y del primer puente colgante sobre el río Orinoco, el Puente de Angostura.
 

A título de conclusiones de este capítulo, la debilidad institucional fue fortaleciéndose paulatinamente, mientras el país daba la espalda a la ultraizquierda para apostar a un nuevo período constitucional, es decir, mediante la sustitución de un gobierno por otro, elegido por la vía electoral.
 
Salvo el incidente de la detención de los congresantes antes referida, el límite entre la función ejecutiva y la legislativa fue respetado; y con respecto al Poder Judicial, Betancourt aceptó la disidencia de los magistrados de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia que no apoyaron la inhabilitación del PCV-MIR, al punto que dos de ellos fueron reelectos por el Congreso para el período constitucional 1964-1969. Puede decirse, sin ambages, que hubo un respeto a las instituciones.
 
La circunstancia de que la lucha armada continuaba pero controlada por las FAN y sin colaboración de los trabajadores, no afectaba la vida en las ciudades, salvo casos aislados, y se contaba con cierta seguridad personal en las calles; y políticamente el país había aceptado que el régimen de Betancourt terminaría al ser sustituido por otro nacido de la voluntad popular electoral.
 
Pero cabe apuntar una observación, independientemente de que el resultado de la gestión de Betancourt haya sido favorable para la democracia: La exclusión del PCV del Pacto de Punto Fijo puede verse desde distintas ópticas: una, la que siendo un partido marxista leninista no se ajustaba a las prácticas democráticas preconizadas por el Pacto, por lo que se autoexcluyó; y dos, que el PCV intentó ser firmante del Pacto y los 3 partidos lo excluyeron porque, de antemano, sabían que éste no respetaría las reglas del juego por su esencia antidemocrática.
 
CAPITULO II
LA DEMOCRACIA SE FORTALECE
 
Con la elección de Raúl Leoni, el país continuó su marcha institucional y progresivamente fue mejorando sus finanzas, a la par que el mandatario daba los pasos políticos necesarios para ir logrando la paz nacional. En noviembre de 1964, Leoni inició negociaciones con Jóvito Villalba y Arturo Uslar Pietri, y formó el llamado gobierno de “Ancha base”, en el cual participarían personalidades de AD, independientes y URD, sin la participación de COPEI, pero el ensayo tuvo una existencia corta de 16 meses. Con el eclipse de la Ancha Base, también desaparecería el fantasma del  Pacto de Punto Fijo.
 
Leoni impulsó el desarrollo del sur de Venezuela, se continuaron los trabajos en la represa de Guri, se creó la Corporación Venezolana de Guayana y la Corporación Venezolana del Petróleo. Se realizaron obras de infraestructura como construcción de puentes, vialidad, acueductos; así como inauguración de urbanizaciones bajo el impulso de una iniciativa privada que confiaba en la seguridad jurídica existente, particularmente en la Ley de Propiedad Horizontal que facilitó la construcción de miles de viviendas bajo ese régimen.
 
En el aspecto político, continuaban los ataques de la guerrilla y de las FALN, alterando la paz ciudadana, aunque su percepción no era notoria, con excepción de las zonas montañosas, donde estaban refugiados algunos antiguos dirigentes políticos aficionados al manejo de las armas, entre ellos Douglas Bravo. La represión por parte de la DIGEPOL había amainado pero continuaba, registrándose asesinatos como el del profesor Alberto Lovera, que fue desaparecido y echado al mar, pero su cadáver salió a flote, originándose un escándalo de grandes proporciones.
 
Así, las cosas, en 1967 se produjo una conmoción nacional, cual fue la invasión de Venezuela por milicias cubanas en conjunción con un minúsculo grupo de irregulares que se había refugiado en montañas del Estado Miranda en el sector El Bachiller. Esta incursión foránea contra el país fue conocida como la “invasión de Machurucuto”, y repelida por las fuerzas leales sin mayor resistencia de los invasores porque los extranjeros que la integraban se rindieron inmediatamente mientras que los venezolanos desaparecían aprovechando la frondosidad de la montaña mirandina.
 
Otro curioso hecho fue que, en el mismo año 1967, tres detenidos en el Cuartel San Carlos, de Caracas, logran escapar mediante una espectacular fuga que copó todos los medios de comunicación: Los diputados comunistas Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce y Teodoro Petkoff se habían evadido del viejo penal.
 
En materia de violación a la transparencia administrativa, el Concejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Miranda fue en la época, y por muchos años, un centro de corrupción hasta que una posterior reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal acabara con las entidades distritales regionales para sustituirlas por los Municipios, de donde el Distrito Sucre se dividiría en los actuales Municipios de Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre del Area Metropolitana de Caracas.
 

 A título de conclusiones de este capítulo, puede decirse que el sistema democrático había adquirido madurez, se había fortalecido, y se apostaba por otro período constitucional por la vía electoral, aun cuando permanecían los focos de alteración del orden público aupados por la ultraizquierda. Se respiraba seguridad personal en las calles; y desde el punto de vista económico la población venezolana había empezado a contar con la posibilidad de adquirir viviendas propias con financiamiento bancario a bajas tasas de interés, lo que implicaba una mejora generalizada de las condiciones de vida.
 
En el campo político, la dirigencia todavía mostraba una mística de trabajo y de apoyo a las instituciones como en los tiempos de Betancourt, por supuesto, con las excepciones de siempre, y los líderes políticos se identificaban con país tal cual eran, sin alardes ni desplantes y menos de ostentación de riqueza. La corrupción era un hecho prácticamente aislado, aunque no puede dejarse de admitir que el tráfico de influencias siempre ha estado presente en la sociedad venezolana.
 
Los sindicatos continuaban bajo el control mayoritario de AD en la CTV, así que las directivas sindicales o eran totalmente adecas, o se integran con COPEI, partido que empezaba a contar con trabajadores de esa tolda. Además, Leoni autorizó la creación del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), lo cual fortalecía el poder sindical de AD por contar con una entidad bancaria presidida por Augusto Malavé Villalba; pero predominancia de AD y COPEI hizo que los trabajadores de izquierda constituyen una organización paralela, la Confederación Unica de Trabajadores de Venezuela (CUTV), dando así lugar a que ambas organizaciones se disputaran el terreno sindical, principalmente en el Estado Bolívar, donde habían comenzado los primeros pasos para el desarrollo industrial de la zona.
 
El Consejo Supremo Electoral estaba integrado por independientes y representantes de los partidos, por lo que, en líneas generales, los procesos electorales que se celebraron hasta que esa institución fue extinguida por la posterior Constitución de 1999 eran objetivamente transparentes, aunque siempre persistían las deficiencias a nivel de las mesas electorales, cuando los activistas de los principales partidos vociferaban que “acta mata voto”, o sea, en aquellas mesas donde no hubiera presencia de los representantes de los partidos, los presentes se encargaban de escamotearles los votos, lo que comenzó a crear cierta desconfianza hacia el árbitro electoral. Carlos Delgado Chapellín sería prácticamente el Presidente vitalicio del CSE por sus dotes de “malabarista” para mantener el equilibrio en el organismo electoral.
 
Ante la perspectiva de las nuevas elecciones generales, en AD se manifestó la posibilidad de que Luis Beltrán Prieto Figueroa, viejo dirigente del partido, ex miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945-1948, ex ministro de Educación, Presidente del Congreso, se postulara como candidato presidencial.
 
Prieto, el “Orejón” como cariñosamente se le decía, era conocido por sus ideas sociales, en las cuales predominaba el interés por la educación popular y, además, era un honesto político que no se había enriquecido al amparo del poder, pero era físicamente un individuo que podía ser calificado como “feo”.
 
Esta situación, unida a que algunos de los que postulaban por el “Orejón” mantenían rencillas y enemistades con Betancourt, hizo que éste, que se encontraba en su retiro europeo, moviera los hilos para que su “hermano” de luchas políticas fuera defenestrado y sustituido como candidato presidencial por otro político de la misma tolda, Gonzalo Barrios, hombre afable conocido por sus gustos por el confort y el hedonismo. La consecuencia fue que Prieto Figueroa y sus seguidores abrieron tolda aparte y fundaron el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
 
En el interim, la gran sorpresa para la democracia fue que Pérez Jiménez, que había purgado varios años de cárcel luego de ser juzgado y condenado por la Corte Suprema de Justicia, resultó electo senador por el Distrito Federal, con el mayor número de votos que cualquier otro postulado.
 
Este resultado encendió las alarmas y los partidos políticos se preguntaban por qué un hombre que diez años atrás había sido echado del poder por el glorioso pueblo de Caracas y las FAN, juzgado y sentenciado por delitos cometidos en el ejercicio de la Presidencia, resultaba ahora votado por el pueblo?
 
Los partidos, sin analizar las causas de esta situación, cortaron por lo sano: Procedieron a enmendar la Constitución de 1961 incorporando una disposición impidiendo la elección a cargos públicos a quienes hubieren sido sentenciados por sentencia firme por haber incurrido en delitos en el ejercicio de sus cargos; y, con fundamento en esta reforma, la Corte Suprema de Justicia anuló su credencial de senador y le impidió el ejercicio de su cargo de elección popular, a la par que le cercenó la posibilidad de ser candidato presidencial en las elecciones de 1968.
 
Para reforzar la puerta y Pérez Jiménez no volviera a franquearla, un juez de instrucción, Gonzalo Rodríguez Corro, le dictó un auto de detención como autor intelectual de un homicidio político ocurrido durante los años 50. Ese juez, de vertiginosa carrera judicial a partir de entonces, llegará a tener un papel importante en la Corte Suprema de Justicia, como Presidente de esa institución y ponente de la sentencia que acabará con la presidencia de CAP, pasados 20 años.
 
CAPITULO III
UNA DEMOCRACIA ADULTA
 
La división de Acción Democrática y la creación del MEP ocasionan la pérdida de las elecciones por parte de Gonzalo Barrios y la llegada de otro partido al poder, COPEI, con el triunfo de Rafael Caldera, demostrando que la democracia venezolana parecía había adquirido la madurez institucional necesaria pues en los diez años transcurridos, y prácticamente doblegada la ultraizquierda, se podía pensar en que no habría asonadas ni intentos de desestabilización del sistema, se había eliminado el riesgo de la presencia de Pérez Jiménez en un proceso electoral futuro y por primera vez un partido alternaba a otro en el poder.
 
Al Caldera asumir la Presidencia de la República, se topó con que el Congreso había sido aprobado una reforma  de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de despojar al Ejecutivo Nacional de la potestad legal que hasta entonces tenía de postular a los jueces al inicio de cada período constitucional.
 
Caldera, con fundamento en la Constitución de 1961 vetó la ley y la devolvió al Congreso para considerar sus observaciones; pero el Poder Legislativo, en manos de AD, promulgó la ley tal como la había sancionada, con lo cual el sistema judicial venezolano entró en terapia intensiva, pero sus médicos fueron los partidos políticos, como dijera un avezado  comentarista.
 
A Caldera no le quedó otra opción que aceptar el contenido de la LOPJ y se plegó junto con su partido a las malignas reglas de juego que subyacentemente privaban en el texto legislativo.
 
En el campo político, y con el ánimo de conseguir una concordia nacional, Caldera optó por una política de pacificación que abarcó a los principales líderes guerrilleros que declararon someterse a ese proceso, con la esperanza de que con ello continuara el mejoramiento de la economía y finanzas nacionales, especialmente la inversión privada en la industria manufacturera y de sustitución de importaciones que había adquirido un predominio muy importante hasta 1970, cuando empieza a notarse la alta vulnerabilidad de la economía ante las fluctuaciones del mercado petrolero internacional.
 
 La apertura política dio margen para que los antiguos guerrilleros, por el peso de los años, y del equipamiento militar, resolvieran incorporarse a la lucha democrática aunque sin hacer un mea culpa público, y mientras unos fundan el MAS, Caldera aprobaba el reingreso a la legalidad del PCV. Así, se llegó a un nuevo proceso electoral en el cual se impuso como candidato de Acción Democrática un personaje controvertido por su actuación enérgica y eficaz en el manejo de la represión contra la guerrilla urbana y la FALN, Carlos Andrés Pérez, quien ganó la presidencia a Lorenzo Fernández, un antiguo dirigente de COPEI.
 

A título de conclusiones de este capítulo, el sistema democrático si bien había adquirido madurez, pero comenzaba a mostrar unas heridas de las cuales se reproducían células malignas que la carcomerían. En efecto, si bien las exclusiones de Prieto y de Pérez Jiménez podían verse como incidentes netamente políticos, que no lo eran porque en esencia negaban la verdadera democracia, la reforma de la LOPJ dio paso a la politización del sistema judicial, en síntesis, el reparto del Poder Judicial, a través del recién creado Consejo de la Judicatura.
 
Este ataque despiadado contra las instituciones, y las graves consecuencias que produjo en los años venideros hasta 1998,  junto con otras que se verán infra, contribuirán al descalabro institucional  que concluirá con la democracia de partidos nacida al amparo de la Constitución de 1961.
 
CAPITULO IV
UNA VIEJA DEMOCRACIA
 
Con la llegada al poder de Carlos Andrés Pérez, con su lema “democracia con energía”,  surgió un nuevo estilo de gobernar, caracterizado por un populismo en el que el gran ingreso petrolero era administrado no con criterio de escasez como había previsto el propio CAP, sino con alegría y descontrol. Pérez el otrora odiado jefe policial antes mirado como el policía represor y agresivo, presentaba ahora una imagen de un hombre moderno, con elegante vestimenta, seleccionada especialmente para él bajo las sugerencias de Diego Arria.
 
 Los partidos comenzaron a sufrir los cambios generacionales que por naturaleza afectan a todo ser, sea humano o una institución. Betancourt gozaba de su retiro neoyorkino, Leoni había fallecido en mala hora, Caldera gozaba de su prestigio de ex Presidente, académico y profesor universitario, Jóvito Villalba siempre entre dos aguas, pero sin definir una postura frente al comportamiento democrático, un resentido Prieto jugaba al izquierdismo, mientras CAP disfrutaba las mieles del poder, y su entonces amante y posterior esposa, Cecilia Matos, era acusada de una serie de negociados.
 
Otros dirigentes de AD controlaban el CEN de AD que, junto al Comité Nacional de COPEI, pasarían a conocerse como los “Cogollos” de los partidos[vi].  A todas estas, mientras CAP nacionalizó el petróleo y dio paso a PDVSA y a las operadoras petroleras, entre ellas MARAVEN y LAGOVEN, la transparencia política iba perdiendo terreno, a la par que la judicial, donde diversas tribus se vanagloriaban de controlar el Poder Judicial, especialmente los tribunales con competencia en lo penal, sin que esos hechos pasaran a ser más que anecdóticos, como los casos de la “chatarra argentina”, el grupo de los “doce apóstoles”, las importaciones de Corpomercadeo, los supuestos negociados de Cecilia Matos dentro de los que se le atribuía la negociación del barco frigorífico Sierra Nevada, como otros casos que escapan a la memoria. Los doce apóstoles fueron incluso denunciados por Piñerúa como miembro del CEN de AD, y era pública la actuación en el sector judicial de la llamada “Tribu bíblica”, por atribuirse su creación a David Morales Bello.
 
Todos estos hechos fueron denunciados bajo el quinquenio de Pérez, incluso se comentaba que Rómulo Betancourt tenía un dossier de denuncias en su poder, pero solamente se hizo intenso seguimiento a uno de ellos: el caso Sierra Nevada porque, los “cogollos” de ambos partidos y con Rafael Caldera a la cabeza, erradamente pensaron que a través de él defenestrarían para siempre a CAP, equivocándose garrafalmente porque, como se verá, Pérez emergería como el Ave Fenix para hacerse de la Presidencia de la República en 1998, como diez años antes había acontecido con Marcos Pérez Jiménez al ganarse la senaduría por el Distrito Federal.
 
Un hecho que sorprendió a la opinión pública fue la exclusión forzosa del Contralor General de la República, José Muci Abraham. Jurista por formación, comenzó a cumplir las funciones que la ley le asignaba al Contralor, procediendo a objetar ciertos actos del gobierno de CAP y a exigir cuentas, lo que no fue del agrado del gobierno, por lo que se cuestionó su gestión en la Cámara de Diputados, para lo cual se encomendó la acusación al entonces diputado Morales Bello. El contralor Muci Abraham, cercado, procedió a presentar su renuncia pública, terminando así una función contralora que se había convertido en una la tragedia para el gobierno.
 
En lo político, si bien el juego democrático entre los partidos se debatía generalmente en el Congreso de la República, resabios del pasado tomaban caminos tortuosos en la represión de acciones políticas de la izquierda, produciéndose la muerte del dirigente de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez, en un calabozo de la DISIP, la antigua DIGEPOL, en extrañas circunstancias pero que sus herederos y seguidores póstumos aún califican como un homicidio.
 
También en lo político, la irrupción de Renny Ottolina, un conocido y respetado animador de TV, como candidato presidencial resultó en una sorpresa pues se constituyó en un ácido crítico de la gestión gubernamental de CAP. Aparentando perfilarse como una opción independiente frente a los partidos políticos, el sueño de Renny se desvaneció cuando perdió la vida en un accidente aéreo en 1978, previo a las elecciones de ese año.
 
En lo social, la situación de los menos favorecidos se agravaba porque sus necesidades no eran favorecidas, ni atendidas a tiempo. El hambre, la miseria y la delincuencia iban in crescendo, mientras el resto del país disfrutaba de las ventajas de la “Gran Venezuela”, como decía la propaganda oficial, y de los múltiples y frecuentes viajes a Miami y Disneyworld, adonde a los venezolanos se lesconocía como los “tabarato, dame dos”. Barriadas en los cerros aledaños a la vía Petare-Guarenas se formaban diariamente dando origen a peligrosas y miserables zonas marginales, al igual en las áreas de Catia y Antímano.
 
Por otro lado, las visitas de representantes de los principales bancos extranjeros  al país para abrir cuentas offshore demostraban la existencia de una clara y abierta fuga de divisas, lo que a su vez evidenciaba una falta de confianza de los venezolanos en la inversión local.
 
A todas estas, derrotado el candidato de AD -Luis Piñerúa Ordaz, a quien sus biógrafos electorales le atribuían ser formado en la “universidad de la vida” por carecer de título  universitario- se inició el período constitucional de Luis Herrera Campíns, un viejo dirigente socialcristiano quien, al concluir su mandato, si bien no dio muestras de ser un Presidente eficiente, porque su gobierno no lo fue, demostró ser un hombre que no se lucró al amparo del poder ni acumuló riquezas.
 
No obstante, hay que resaltar en el período que un incremento elevado en los precios del petróleo en la época permitió erigir obras de infraestructura para modernizar al país, como el Complejo Cultural Teresa Carreño, la primera etapa de la línea 1 del Metro de Caracas, el nuevo Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, los complejos deportivos Naciones Unidas y Parque Miranda en Caracas, el Estadio Brígido Iriarte, la culminación del complejo Parque Central en Caracas, múltiples complejos habitacionales en todo el territorio nacional, así como también la ampliación de arterias viales, entre otras obras de gobierno. Al asumir su mandato, dejó para la historia su hiriente frase contra su antecesor CAP: “recibo un país hipotecado”. CAP, previsivo o preavisado, había abandonado el Hemiciclo del Senado minutos antes.
 
Desgraciadamente, la posterior caída de los precios del petróleo y la fuga de capitales por la cual atravesó el país  originaron una crisis económica que llegó a su clímax en Febrero de 1983 -el “viernes negro”- fecha en la cual el gobierno, con el apoyo del Banco Central de Venezuela presidido por Leopoldo “Búfalo” Díaz Bruzual, tuvo que adoptar medidas económicas entre las cuales se incluyó la escabrosa devaluación de la moneda y la implementación de un control cambiario a través de RECADI, todo ello con el aval del cogollo socialcristiano.
 
También surgió otro escándalo financiero de importancia que afecta ría seriamente los ahorros de la colectividad cual fue la caída del BTV, lo que obligó a Herrera Campíns a intervenirlo administrativamente, con lo que se destapó una olla de negocios, algunos poco transparentes y otros con visos de hechos ilícitos. Los viejos sindicalistas había desaparecido, y con ellos su mística, para dar paso a nuevos dirigentes sindicales como José Vargas y Antonio Ríos, seriamente cuestionados por sus gestiones frente a la CTV, especialmente este último, vinculado a Eleazar Pinto, Presidente del BTV al momento de su intervención. Para 1983, la CTV, además de contar con el BTV, poseía un conjunto de empresas BANTRAB y a CORACREVI, una entidad cuyo objeto era gestionar el ahorro y el crédito para la vivienda de los trabajadores. El edificio sede de la CTV, por cierto, lleva el nombre de José Vargas, presidido de un busto del líder sindical.
 
En materia de infracción a la transparencia administrativa, famoso fue el caso de la Lotería de Caracas, dando origen a una investigación porque el número ganador había sido el 00000 lo que, a juicio de matemáticos y expertos era un hecho imposible y por tanto un fraude. Algunos empleados de bajo nivel resultaron enjuiciados mientras los organizadores del evento delictual quedaron a paz y salvo, disfrutando el dinero mal ganado.

La situación financiera nacional, entre otras circunstancias, originó la derrota electoral de COPEI en los comicios de Diciembre de 1983, cuando se impuso nuevamente AD, ganando Jaime Lusinchi la Presidencia de la República.
 
La política de los cogollos se fue haciendo cada día más patente dentro de los partidos, principalmente en aquellos que habían pasado a tener papel preponderante por obtener el mayor número de votos en las elecciones, es decir, AD y COPEI, con lo cual comenzó a hablarse del bipartidismo en Venezuela, como que si el país estuviera parcelado por esas dos agrupaciones, aunque el MAS y otras organizaciones pequeñas participaban en los comicios y hasta negociaban cargos y posiciones en la administración pública y en el Poder Judicial.
 
Lo que efectivamente era cierto es lo que se dijera el CEN de AD era la decisión adoptada por el Ejecutivo Nacional, o sea, el cogollo era el filtro de las decisiones que luego se tomarían, aunque había un área reservada para el Presidente de la República, en este caso, el sector liderado desde la Secretaría de la Presidencia por Blanca Ibáñez, posterior esposa de Jaime Lusinchi.
 
Con Ibañez comenzó otro período de corrupción, público y notorio. Desde vestirse con uniforme verde oliva bajo la mirada complaciente del alto mando militar, hasta la colocación de su busto en una plaza pública de un barrio de Caracas, a Blanca Ibáñez se la vinculó a numerosos negociados entre sus amigos y favoritos, llegando a alcanzar un alto nivel de popularidad, lo que revela el estado de descomposición política, cuando una encuesta realizada por Gaither S.A. en 1988 le atribuyó un 60% de respaldo para ser propuesta como diputado al Congreso Nacional, lo que produjo el rechazo de los miembros del cogollo adeco, resultando juzgada por corrupción hasta que en 1998 fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia por el caso de los “jeeps”.
 
Ante el estado general de corrupción, quedaron grabadas para la posteridad las sarcásticas frases de Gonzalo Barrios: “los venezolanos no somos suizos” y “en Venezuela no hay razones para no robar”, que alguien ha interpretado como la muestra del desprecio que este político tenía por sus compatriotas.
 
Mientras eso sucedía en el cogollo adeco, otro tanto acontecía en el cenáculo copeyano. Para legitimar la supervivencia de la derruida estructura democrática, y a sabiendas de que se trataba de un tribunal inconstitucional porque no era el juez natural configurado en la Constitución de 1961, los cogollos resolvieron introducir la Ley Orgánica del Patrimonio Público y crearon el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, un panel más propio de una zarzuela que de una institución judicial, que dictaba fallos según las instrucciones que sus jueces recibían de sus partidos. Los demócratas al igual que hicieron con la anulación de Pérez Jiménez, en vez de buscar las causas de la corrupción, inventaron resquicios legales sin atacar el mal.
 
Por otro lado, marchaba la descomposición vinculada al Poder Judicial, pues a la “Tribu bíblica” se le enfrentó en competencia el “clan borsalino” y otras tribus que gestionaban casos procesales en los tribunales, aunque justo es decirlo, hubo magistrados y jueces que cumplieron sus funciones con toda seriedad y responsabilidad, a la par de que otros violaban su juramento y se prestaban a los designios políticos o practicaban avariciosamente la voracidad económica. 
 
Además de lo expuesto, fue un hecho público y notorio que los cogollos de AD y COPEI, siempre con excepciones, mostraban su soberbia y desdén al momento de formular posiciones públicas. Era como si se tratara de dioses de un Olimpo de pacotilla en el que cada uno tenía una cuota de poder con facultad para levantar el teléfono desde su oficina en la sede del partido y dar instrucciones a un ministro, a un magistrado o a un congresante, hasta funcionarios de menor rango. Su verborrea frente a las cámaras de TV era elocuente, y su fanfarronería en bares y restaurantes era caricaturizada junto a una botella del mejor escocés, los camarones con aguacate y el lomito a la parrilla, sin olvidar las criollas “bolitas de carne” y el mondadientes. A estas licencias escapaban algunos dirigentes de AD y COPEI, respetados por su pública y severa conducta en cuanto a las festines y saraos.
 
Esto, por supuesto, ocasionó otra consecuencia cual fue que los dos partidos se dedicaron a copar todas las áreas. Así, los colegios profesionales y hasta las Juntas de Condominio de un edificio en propiedad horizontal eran tomados por los partidos, porque los incipientes dirigentes buscaban crear mecanismos de ascenso a altos cargos dentro de los partidos. Contra esta actitud, cabe recordar que el movimiento Retorno al Colegio de Abogados (ARCA), por los años 90, logró romper ese esquema en el Colegio de Abogados del Distrito Federal, ganando dos procesos electores en los cuales resultaron electos dos juristas en períodos consecutivos, José Melich Orsini y Román J. Duque Corredor. Al fin del período de este último, y agotada ARCA, el Colegio de Abogados del Distrito Federal volvió a su menguada actividad gremialista.
 
Con la llegada de CAP nuevamente al poder, con ideas renovadoras que contrastaban con las viejas políticas que preconizaban AD y COPEI, se logró, además de la suspensión del control de cambios, el restablecimiento de la libertad económica, enajenada por 25 años simultáneamente que se comenzaban a aplicar las medidas económicas que algún sector de la opinión pública ha calificado como “las medidas neoliberales preconizadas por CAP” que supuestamente originaron el “Caracazo” y los intentos de golpes de estado de 1992, en febrero y en noviembre, hasta el enjuiciamiento de CAP en una Corte Suprema de Justicia presidida por Gonzalo Rodríguez Corro, y su posterior destitución de la Presidencia de la República, con lo cual se dio al traste con la política de privatizaciones iniciada en los años 90.
 
En cuanto al “Caracazo”, la casi totalidad de los afectados provenían de las clases sociales más bajas o enterraron seres queridos o tuvieron que ir a identificar cadáveres en la fosa común cavada en el Cementerio General del Sur, a la par que escuchaban que los responsables de la tragedia era CAP y el  neoliberalismo económico.
 
Los intentos de golpes de estado, en particular el del 4 de febrero de 1992 y el “por ahora” de su cabecilla el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, demostraron que algo mal andaba en el país no solamente en la sociedad civil, sino en el entorno militar. Caldera se encargó de matizar esa situación cuando, virulentamente, afirmó desde el Congreso que era difícil pedirle al pueblo que se inmolara por la libertad y la democracia cuando ese pueblo piensa que éstas no fueron capaces de darle de comer, de impedir la inflación y de poner coto a una corrupción que a los ojos de todo el mundo estaba consumiendo la institucionalidad. Algo así como a lo que dicen los abogados: A confesión de parte, relevo de pruebas!.
 
 Es de resaltar que AD, el partido de CAP, no le apoyaba en su acción de gobierno y el cogollo se diluía en peleas internas al punto de que, como se ha dicho, Alfaro Ucero se hizo con la Secretaría General con el apoyo parcial del cogollo adeco y COPEI, por su parte, tampoco apuntalaba a CAP e igualmente su cogollo se destruía en luchas intestinas luego de que Caldera, el fundador del partido, decidiera abrir tienda aparte con el “chiripero”, como se llamó a Convergencia.
 
Por otro lado, los Notables pedían a CAP medidas extraordinarias como la remoción de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto que CAP cedió en algunas pretensiones e incluso constituyó en Consejo Asesor de la Presidencia de la República, integrado por relevantes personalidades. En la “Rebelión de los náufragos”, Mirta Rivero expone las peripecias políticas que dieron al traste con el gobierno de CAP y, entre ellas, la soberbia y arrogancia de los “Chicago boys” que integraban el gabinete ministerial y que demostraban sin recato su desprecio hacia el “cogollo” adeco. También esos tecnócratas fueron utilizados como pretexto para que la dirigencia del partido del pueblo, encrespada, se sintiera alejada de CAP y de esa política que pretendía dar el “Gran
Viraje
”.
 
El anciano historiador y político Ramón J. Velázquez simplemente se limitó a servir de eje del tránsito pacífico para entregar el poder al ganador de las elecciones de 1993, Rafael Caldera y su Agenda Venezuela, quien se enfrentó de inmediato a la más grave crisis bancaria ocurrida en el país y que dio al traste con el poderoso Banco Latino que presidiera Pedro R. Tinoco, y con un barril de petróleo cuyo precio se precipitaba aceleradamente hasta rondar los US$ 10 lo que, sin dudas, afectó la situación económico-financiera del país, dando lugar a la reimplantación del control de cambios y a una devaluación de la moneda.
 
Sin embargo, Caldera decretó la “Apertura petrolera”, un proceso destinado a unir esfuerzos del capital nacional e internacional para la explotación, exploración y refinamiento de petróleo y gas natural, programa que hizo que las grandes empresas internacionales del petróleo volcaran nuevamente sus ojos hacia Venezuela.
 
Pese a sus buenas intenciones, el anciano mandatario no pudo controlar la desbocada corrupción  ni detener la mengua del poder adquisitivo del venezolano y el incremento de la pobreza en el país. Las finanzas estaban seriamente dañadas.
 
En el ámbito político, la demolición interna de AD y COPEI quedó en evidencia cuando no lograron cada uno de ellos imponer un candidato presidencial para las elecciones de 1998 que aglutinara a sus respectivos militantes, por lo que AD propuso a Luis Alfaro Ucero, ese anciano dirigente conocido en su estado natal como “El caudillo”, y COPEI a Irene Sáenz, ex Alcaldesa del Municipio Chacao, mientras que Proyecto Venezuela optaba por Enrique Salas Römer, todos para enfrentar a Hugo Rafael Chávez Frías, un candidato recién salido de la prisión como consecuencia de la merced que le concediera Caldera cuya popularidad crecía a medida que se acercaba la fecha comicial.
 
 Ante el ascenso de la candidatura de Chávez, AD invitó a Alfaro Ucero a que renunciara a la candidatura pero, ante la negativa de éste, resultó expulsado del partido aunque persistió como abanderado presidencial mientras AD volcaba su apoyo a Salas; Irene Sáez, ida a menos, también renunció a la candidatura a la par que COPEI soportaba a Salas. Lo que siguió, forma parte de la historia patria: Hugo Chávez se hace con la mayoría de los votos, seguido de Salas y allá, a lo lejos, el caudillo convertido en ex adeco acumulaba un calamitoso resultado.
 
Como se ve, los partidos mayoritarios habían cavado sus lastimosas fosas, a lo que al poco tiempo el MAS también les acompañó en lúgubre ceremonia fúnebre.
 

 A título de conclusiones de este capítulo, a lo largo de la historia, desde la antigüedad, han existido el auge y la caída institucional. Babilonia, Persia, Grecia, Roma en la antigüedad son ejemplos, al igual que en siglos posteriores los viejos imperios europeos, que tuvieron sus momentos en que el sol no se ponía en sus dominios hasta caídas impresionantes que condujeron a algunos de ellos hasta ser ocupados por otras potencias, como fue el caso de la España de Carlos IV y Fernando VII, cuando además pierden las provincias de ultramar del continente americano.
 
Pues bien, la democracia venezolana no escapó de esa maldición, y a medida de que iba fortaleciéndose, se debilitaba en distintos aspectos hasta que, finalmente, caen sus escombros en las manos del teniente coronel Chávez Frías, un salvador, elegido por la vía
electoral.
 
Ahora bien, la democracia se debilitaba porque desde adentro se la iba devorando. La mística de los viejos dirigentes, de aquellos que habían pasado prisión y exilio, había quedado en el olvido para dar paso a líderes más pragmáticos, más “negociadores” y “conocedores de la realidad”.
 
La solidez institucional daba cierta confianza en que primero estaba el interés personal de los dirigentes que el de aquellos que les habían confiando su voto; y así comienzan subrepticiamente los primeros pasos para abandonar la transparencia administrativa porque ya no había un Betancourt que había despedido a un viejo amigo y compañero de partido que supuestamente había recibido una comisión por una negociación con un grupo privado, y así se van viendo denuncias tras denuncias sobre presuntos ilícitos administrativos, unas ciertas y otras falsas pero que, al actuar los organismos competentes y los tribunales y declararlas procedentes o no, daba la impresión de impunidad total ante la corrupción.
 
Denuncias como las labradas contra CAP por el caso Sierra Nevada no eran más que bombas de humo destinadas a sacar del juego político a un dirigente de tan grueso calibre. Pero qué pensó el ciudadano común, el elector, cuando se percató que CAP no fue condenado moralmente por el Congreso gracias al voto favorable de José Vicente Rangel? O cuando las denuncias contra Blanca Ibáñez son desestimadas porque carecían de base o porque un par de diputados quería defenestrar a Jaime Lusinchi? O cuándo las denuncias por las negociaciones de buques para la armada se perdieron en largos e interminables juicios, sin culpables? O cuando las denuncias de RECADI en la que sólo fue responsable un humilde comerciante chino mientras los que se embolsillaron los dineros lo ahorraron e invirtieron? O cuándo se engaveta el sonado caso de la negociación de la Margold con el Ejército y que involucraban a personas del círculo cercano e íntimo de CAP?.
 
No se trata de que todas las denuncias fueran infundadas, porque las hubo serias, como los negociados de los buques, RECADI, CORPOMERCADEO, y otras tantas que escapan a la memoria y que quedaron impunes.
 
Alguien justificó la corrupción diciendo que el corrupto adeco robaba para su satisfacción material, pero el corrupto copeyano lo hacía con sentido humanitario!!!!
 
La masacre de “El Amparo”, en el Estado Apure en octubre de 1988, en la que  catorce pescadores fueron tiroteados por funcionarios de la Policía Técnica Judicial, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y miembros de las Fuerzas Armadas,  de la que se tuvo noticias porque dos de los indefensos pescadores sobrevivieron a la masacre y, acompañados por organizaciones de derechos humanos, pretendieron vanamente obtener justicia ante los tribunales nacionales para ellos y los familiares de las víctimas y, al fallar en su intento, presentaron su caso asistidos de Provea­ en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1990 y luego el Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
En 1995, Caldera reconoció los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas y, con este reconocimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado venezolano, convirtiéndose ésta en la primera decisión contra Venezuela.
 
La represión del “Caracazo” con una fuerza militar desigual frente a un pueblo que inmisericordemente iba arruinándose y que en ese trágico evento -condenado mundialmente- dejó fluir la ira por décadas agarrotada, de sumisión inalterada; el surgimiento de un eventual líder uniformado que había dado un alerta roja a las clases dirigentes y a los cogollos en los fallidos golpes de estado coadyuvaron a la defenestración de CAP mediante un proceso jurídico-político inconstitucional cohonestado hasta por los Notables –Arturo Uslar Pietri a la cabeza- depusieron al Presidente de la República sin fórmula de juicio: La Corte Suprema de Justicia había autorizado el enjuiciamiento de CAP, pero no su separación de la Presidencia de la República; pero como había que “enterrar” al hombre caído en desgracia, se le mandó a su casa mientras se entroniza a un significativo miembro del cogollo adeco, Octavio Lepage, Octavio el Breve, como se le conocerá por su cortísimo ejercicio de la presidencia de la República por un día pues, percatados los cogollos del error constitucional cometido, encontraron en Ramón J. Velázquez la tabla de salvación para que las temblorosas ruinas de la democracia que se venían abajo sobrevivieran hasta el siguiente proceso electoral, en 1993.
 
V
CONCLUSIONES
 
En el primer capítulo se concluyó en que la exclusión del PCV del Pacto de Punto Fijo puede verse desde distintas ópticas: una, la que siendo un partido marxista leninista no se ajustaba a las prácticas democráticas preconizadas por el Pacto, por lo que se autoexcluyó; y dos, que el PCV intentó ser firmante del Pacto y los 3 partidos lo excluyeron porque, de antemano, sabían que éste no respetaría las reglas del juego por su
esencia antidemocrática.
 
A 54 años de ese evento, podría decirse que si se trató de una autoexclusión, el PCV jugó limpio y dejó claro su talante antidemocrático, como lo confirmó al incursionar en la lucha armada; pero si fue excluido simplemente por rechazo de los otros partidos, entonces podría decirse que esa sustracción vino a ser el primer ataque de los propios demócratas contra la democracia porque, si el PCV había mantenido una línea de lucha contra la dictadura y tenía interés en participar, lo democrático era que formara parte del Pacto. No puede haber un pacto social con exclusión de uno de los actores sociales.
 
En el segundo capítulo, se aludió a que la defenestración -exclusión- de Luis Beltrán Prieto Figueroa.  Desde la perspectiva de 45 años de distancia, pareciera que la decisión de Betancourt, y de la mayoría del partido AD, aunque no quedó clara la participación del Presidente Leoni en los hechos, dieron lugar a un ataque descarado a la propia democracia que se trataba de imponer porque, esos actores, diciéndose demócratas, cortaron el camino a la presidencia de la República a quien tenía todos los méritos y el apoyo de las masas del partido para ser el candidato presidencial.
 
Esta fue la segunda agresión que los demócratas hicieron a la democracia que acababan de fundar 8 años antes y que habían consolidado con las elecciones de Betancourt y Leoni. La primera fue la exclusión del PCV del Pacto de Punto Fijo.
 
Otra embestida contra la democracia, esa democracia que se había fortalecido en su lucha contra las agresiones de los ultra conservadores y del embate de la izquierda guerrillera, lo fue la anulación de la credencial de senador de Marcos Pérez Jiménez.
 
Los partidos, en lugar de jugar limpio y enfrentarse a la realidad, y averiguar los orígenes de la decepción popular que representaba que Marcos Pérez Jiménez fuera electo con tan
importante número de votos, buscó una salida artificial, no nacida de la voluntad popular, cual fue hurgar en la Constitución para conseguir un resquicio, inventado por supuesto por los juristas, para excluir al potencial enemigo político que les acechaba.
 
De esta forma, no solamente se hacía una nueva herida a la democracia sino que se asentaba un golpe a la separación de poderes constitucional porque la Corte Suprema de Justicia fue la partera de la exclusión de Pérez Jiménez al anular su credencial como senador de la República.
 
En el capítulo III se dijo que el sistema democrático si bien había adquirido madurez, mostraba heridas de las cuales se reproducían células malignas que la carcomerían, como fueron las defenestraciones de Prieto y de Pérez Jiménez, incidentes netamente políticos, pero que no lo eran porque en esencia negaban la verdadera democracia, la reforma de la LOPJ dio paso a la politización del sistema judicial pues AD, COPEI, URD, MAS y otras pequeñas organizaciones entraron en el juego de la designación de los jueces por de acuerdo a la filiación política y al resultado electoral, en síntesis, el reparto del Poder Judicial, a través del recién creado Consejo de la Judicatura, organismo integrado por 9 magistrados, de los cuales la mayoría respondía a los intereses de los partidos. Público era el comentario de que los magistrados y jueces eran designados por Rafael Caldera y Gonzalo Barrios en una partida de juego de dominó!. Otra agresión a la democracia.
 
En conclusión, los partidos mayoritarios disfrutaban de un apetitoso manjar y dejaban a los minoritarios las migajas que de la mesa caían, aunque se cuidaron de legitimar ese escenario respetando la carrera judicial de ciertos y determinados magistrados y jueces independientes, quienes culminaron sus funciones con honrosas jubilaciones.
 
En el capítulo IV, las arremetidas de los propios actores contra la democracia quedaron plasmadas en el deterioro de la transparencia administrativa,  la separación inconstitucional de CAP de la Presidencia de la República fueron hechos que desgarraron no solamente la democracia, sino hicieron perder la ilusión por un país mejor que aún tenían los viejos -los pocos que aún vivían por razones de edad- que en nombre de la libertad habían sufrido cárceles y exilio, y que habían transmitido a sus herederos. Los prepotentes miembros de los cogollos, actores principales de esta tragicomedia, fueron desapareciendo de la escena por múltiples circunstancias: unos fallecieron, otros se retiraron a sus hatos rodeados de comodidades y otros, o aún mantienen su ímpetu político o se alejaron de la vida pública para refugiarse en cátedras universitarias. Se decía, y aún se mantiene, que los propios partidos AD y COPEI, por medio de sus cogollos, se encargaron de auto destruirse mediante lo que Gonzalo Barrios llamaba “trompadas estatutarias” pues utilizaban leguleyismo y triquiñuelas basadas en las propias reglas de juego de esas organizaciones. Otra agresión a la democracia.
 
La obligada renuncia del Contralor José Muci Abraham fue una demostración de soberbia y prepotencia de un régimen que no admitía críticas ni disensiones y que lo que aspiraba era contar con personalidades que no resultaran incómodas al momento que tuvieran que manifestar una posición contraria. Había sido dejada de lado la política adoptada en los primeros años según la cual los independientes llamados a funciones públicas estarían en la medida de lo posible de compromisos con los partidos que lo designaran; pero esa misma independencia demostrada en ciertas circunstancias, hizo que los partidos optaran por independientes que no resultaran incómodos. Otra agresión a la democracia.
 
Mención especial merecen los militares. Efectivamente, se convirtieron en institucionalistas, muchos de ellos por interés que por convicción ya que, dependiendo el ascenso de los grados al poder político, de alguna manera tenían que “portarse bien” con el partido de turno en el poder para disfrutar de su promoción, lo que originó rencillas internas entre los altos grados para ganarse la simpatía y lograr el cargo de ministro de la Defensa, antes de pasar a retiro o a una placentera embajada. Al tiempo, así como la corrupción corroía el sector civil, igual sucedía con las Fuerzas Armadas y numerosas fueron las denuncias por prácticas ilícítas en negocios de barcos, aviones, armamentos en combinación con los llamados “perros de la guerra” quedaron inscritos en los records de la corrupción.
 
 Una grave agresión contra la democracia dentro de las encrespadas olas de la corrupción lo fue el caso “Margold”, llamado así por la denominación social de la empresa que participó en la impúdica negociación. El cubano-venezolano Orlando García, Jefe de seguridad personal de CAP, fungía de Presidente de “Margold” y a la vez tenía vínculos sentimentales con Gardenia Martínez, propietaria de esa compañía, que había vendido municiones checoeslovacas al Ejército habiendo cobrado el precio mas no entregada la mercancía, todo lo cual estaba claramente documentado como hecho ilícito; pero resultaba que Martínez era amiga personal de  Cecilia Matos, a la sazón amante de CAP. Ante estas conflictivas circunstancias y el evidente conflicto de intereses que se le planteaba, CAP optó por “hacerse la vista gorda”, con lo cual el asunto se perdió entre el papeleo oficial y pasó a ser el más grande escándalo de corrupción del segundo mandato del para el momento todopoderoso Presidente de la República, antes de que le estallara en su propia cara la bomba del alzamiento militar del 4 de febrero de 1992.
 
A todas estas, salta a la vista que si los actores políticos, y los militares, estaban volcados a otros intereses, las consecuencias las estaba pagando el pueblo venezolano. En efecto, la dirigencia política olvidó a las masas depauperadas, a los niños de la calle y a miles de indigentes que pululaban por las distintas ciudades, a la clase media que cada día fue perdiendo su capacidad adquisitiva, mientras ciertos y determinados grupos hacían su ascenso económico hacia mejores condiciones de vida, la delincuencia se incrementaba en los bajos fondos -aunque el número de secuestros en los 40 años solamente alcanzó a 306 víctimas- y las cárceles se iban convirtiendo en hacinadas escuelas del delito. Para 1992, se llegó a decir que la delincuencia desencadenada cobraba víctimas a diario y que las cifras de muertes a manos de delincuentes solamente en Caracas superaba las que se atribuían a la ciudad de Los Angeles..
 
La ranchificacion de Caracas y de las grandes ciudades era evidente: En la capital, el crecimiento de las zonas marginales de Petare y del Oeste era incalculable y desproporcionado, mientras el Este se iba sembrando de condominios y viviendas de lujo, cercanas a los mejores restaurantes de Las Mercedes, adonde esa clase marginal tenía acceso solamente para prestar los servicios más subalternos y peor pagados, en el mejor de los casos.
 
Casos que conmovieron a la opinión pública, como “El Amparo” y el “Caracazo” quedaron inscritos en los anales de la iniquidad. El caradurismo mostrado por las autoridades ante las pruebas de los hechos de “El Amparo” y la represión del “Caracazo” y sus cientos de víctimas y desaparecidos que dieron luz a un perdurable mito alrededor de ese suceso, hizo que a partir de ese infausto hecho el gobierno de CAP comenzara a mostrarse errante y débil, y el debate público generado en los medios influyó negativamente sobre la frágil institucionalidad.
 
A todas estas, si bien existía una aceptable seguridad jurídica, porque en general se respetaban el ordenamiento legal.
 
El ciudadano tenía acceso a la tutela judicial efectiva y por tanto podía solicitar justicia en los tribunales, la cual podía obtener siempre que el asunto de que se tratase no afectara determinados intereses, como los políticos, o que alguna de las tribus se inmiscuyera porque, en ese caso, la justicia podía resultar torcida. Naturalmente, había barreras insalvables por falta de instituciones efectivas, como por ejemplo, la ausencia de una defensa pública para quienes no podían sufragar los gastos judiciales y de abogados porque, salvo en materia penal que sí existía, a la persona de escasos recursos le era -y sigue siendo- difícil el acceso a la justicia.
 
Pese a todo estado general, y a los buenos deseos de promotores empresariales y a la publicidad oficial fuera del país, no se lograban crear las condiciones necesarias para la atracción de la inversión extranjera. Fue solamente cuando en su segundo período CAP comenzó la privatización que se alcanzó un incremento significativo del capital foráneo y básicamente por la privatización de la CANTV, que atrajo a numerosos inversores; y en también segundo gobierno de Caldera cuando se autorizó la “apertura petrolera” dando paso a que las operadoras petroleras pusieran sus ojos y su capital en Venezuela, pero que resultaron insuficientes ante la crisis de los precios del petróleo en la década de los 90´s.
 
De manera, pues, que aquella bonanza que existió en los tiempos ya idos del gobierno de Raúl Leoni, o de los ingresos extraordinarios logrados del primer quinquenio de Pérez y en el de  Luis Herrera Campíns a la par que el capital privado promovía viviendas para la clase media e, incluso, para la gente de menos recursos, había pasado a ser una ilusión.
 
Por supuesto, siempre hubo inversión en infraestructura pública pero insuficiente para crear las fuentes de empleo necesarias para la población trabajadora, Venezuela., que casi cien años -antes del descubrimiento de nuestra riqueza petrolera- comenzó a perfilarse como uno de los países más pobres y atrasados del continente, aunque la inversión privada había cumplido su papel en la creación de una creciente infraestructura industrial, hoy venida a menos, porque se iban reduciendo los componentes insustituibles del progreso: la productividad, la competencia y la excelencia.
 
Con este panorama, se dio paso a la ascensión al poder al candidato ganador de las elecciones de 1999, el teniente coronel (r) Hugo Rafael Chávez Frías y, con él, a la Asamblea Nacional Constituyente que concibió la Constitución de 1999.
 
Aquella otrora virginal democracia nacida entre alborozos y vítores un glorioso 23 de enero de 1958 tuvo una vida de 40 años, entre los aciertos y los errores, pero cerró su círculo en medio de una deplorable vejez, rodeada de la tristeza de quienes habíamos puesto las esperanzas en el sistema democrático de partidos y, quien sabe, de la algarabía de aquellos que, en el período, acumularon riquezas al amparo de la ausencia de una transparencia administrativa.

 

[i] El PCV contaba con dirigentes de la talla de Gustavo Machado, Eduardo Machado, Rodolfo Quintero, Jesús Faría y Pompeyo Márquez.
 
[ii] Entre los líderes adecos de los trabajadores se contaban Augusto Malavé Villalba, Pedro Bernardo Pérez Salinas, Francisco Olivo, Juan José Delpino, Manuel Peñalver, Humberto Hernández, José González Navarro, quien pasaría a ser Presidente de la CTV.
 
[iii] Domingo Alberto Rangel, Américo Martín, Gumersindo Rodríguez, Simón Sáez Mérida, Jesús María Casal, Jesús Carmona, Isabel Carmona de Serra encabezaban la lista de los disidentes.
 
[iv] Integraban la Sala Político Administrativa los doctores J. M. Padilla, Jonás Barrios, Alejandro M. Osorio, José Gabriel Sarmiento Núñez y Saúl Ron Troconis. Los dos últimos salvaron el voto en la sentencia.
 
[v] Acompañaban a Raúl Ramos Giménez los dirigentes Manuel Alfredo Rodríguez, Héctor Vargas Acosta, Manuel Vicente Ledezma, José Manzo González, José Ángel Ciliberto, entre otros.
 
[vi] Entre los dirigentes de AD que integraban el CEN estaban Octavio Legage, Jaime Lusinchi, Luis Piñerúa Ordaz, Humberto Celli, Arturo Hernández Grisanti, Armando Sánchez Bueno, Carlos Canache Mata, Paulina Gamus, Liliana Hernández, David Morales
Bello, Carmelo Lauría, Ixora Rojas, Lewis Pérez. El Comité Nacional de COPEI estaría formado por Rafael Caldera, Godofredo González, Lorenzo Fernández, Luis Herrera Campíns, Eduardo Fernández, Pedro Pablo Aguilar, Rafael  (Pepi) Montes de Oca, Oswaldo Alvarez Paz, Gustavo Tarre Briceño, Donald Ramírez.

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