Meditaciones en torno a los artículos 328, 329, 333 y 350 de la Constitución de 1999

Carlos J. Sarmiento Sosa, Abogado, Doctor en Derecho UCV 

 

RESUMEN

1. Juan Guaidó es el Presidente interino de la República y por tanto tiene un carácter legítimo por su basamento constitucional.

2. La AN igualmente tiene carácter legítimo y su funcionamiento mas allá de 2021 con los actuales diputados tiene basamento constitucional.

3. Los actos dictados por el interinato y la AN, incluso las decisiones del TSJ legítimo en el exilio gozan de legitimidad.

4. No obstante, tales actos carecen de coercibilidad, es decir, no pueden ser ejecutados porque el control de los órganos de ejecución dependen de la usurpación.

5. Los artículos 333 y 350 de la Constitución dan la base para todo el andamiaje jurídico que sostiene a las autoridades legítimas representadas por la Presidencia de la República interina, la AN y el TSJ.

6. Los artículos 328 y 329 de la Constitución obligan a la FAN a cumplir y a acatar las decisiones de esos tres poderes legítimos y, ademas, el articulo 333 eiusdem obliga a la FAN a ejecutar ¡, incluso por la fuerza, con las órdenes del Presidente interino que es su comandante en jefe para poner fin a la tiranía de la usurpación, desconociendo la autoridad de esta ultima, como dispone el articulo 350.

7. El gobierno legitimo podría ejercer todos los actos de gobierno siempre y cuando cuente con el soporte de la FAN que le garantice la gobernabilidad dentro de ese territorio. Igualmente el resto de los poderes legítimos podrían funcionar libremente, la AN y el TSJ legitimo; e, incluso, dentro de esas circunstancias y respetando los derechos y garantías constitucionales (algunas podrían ser suspendidas) el gobierno legitimo podría adoptar medidas de alta policía para prevenir acciones de la usurpación o acordar la ejecución de ordenes de detención y/o captura dictadas por los tribunales nacionales o internacionales, teniendo presente que la Constitución proscribe la extradición de nacionales, y que la pena de exilio no es admitida en la legislación venezolana.

 

 

  1. El 22 de mayo de 2018, la Asamblea Nacional (AN) declaró “( … ) como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 (elección de Nicolás Maduro)” y, a escasos dias, la Asamblea General de la OEA, mediante resolución de 5 de junio – AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) –, decretó:

Que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.

  1. El 13 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional (AN), mediante Acuerdo, dispuso avanzar hacia “( … ) una transición democrática (y) crear el marco normativo que asegure el cambio político y la vuelta a la democracia”.
  2. Habiendo desconocido la OEA a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019, el 15 de enero la Asamblea Nacional acordó aprobar “el marco legislativo para la transición política” (y) adoptar las medidas para restablecer el orden constitucional ( … )”;
  3. Dada la ausencia de un presidente electo, en lo inmediato, el 23 de enero de 2019, 11 gobiernos miembros del Grupo de Lima, Estados Unidos y Canadá otorgaron reconocimiento al ejercicio temporal del Poder Ejecutivo por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y luego España, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón; de donde, el 5 de febrero siguiente la AN precisó en su Acuerdo que la provisionalidad la sostendrá hasta tanto “( … ) se logre la salida del régimen dictatorial de Maduro, ponga fin a la usurpación, permita la convocatoria a elecciones y el restablecimiento de la democracia en Venezuela”.
  4. Ante la desmaterialización constitucional que ha significado la usurpación de facto del poder en Venezuela por Nicolás Maduro, la AN, con fundamento en el artículo 333 de la Constitución dictó un estatuto constitucional provisorio: el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de 1999, que obliga a todos los venezolanos y rige el proceso de restablecimiento del orden constitucional y la relegitimación de los poderes públicos.
  5. A tenor de este Estatuto, conforme a principios de concurrencia, de progresividad y de innovación constitucional, la propia Asamblea Nacional, en interpretación auténtica del señalado Estatuto, precisó el 19 de febrero de 2019, de acuerdo con los artículos 2 y 3 del mencionado instrumento constitucional provisorio, que la transición significa “el itinerario de democratización y reinstitucionalización” hasta alcanzarse el “pleno restablecimiento del orden constitucional”. Por ende, corresponde a la Asamblea Nacional “modificar los lapsos y requisitos legales con el objeto de recuperar la legitimidad de los poderes públicos” en Venezuela.
  6. Dado lo anterior, en su Acuerdo del 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional dispuso, de manera expresa, ratificar “( … ) el mandato de los diputados electos democráticamente ( … ) dando respaldo irrestricto al liderazgo de Juan Guaidó Márquez como presidente de la Asamblea Nacional, y como presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, hasta que se produzca el cese de la usurpación”; de suyo, hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un marco de garantías constitucionales y libertades.
  7. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que por estado de necesidad se encuentra en los Estados Unidos de América, en sentencia del 3 de diciembre de 2020, entre otros asuntos, declaró:

( … ) SEXTO: Que en relación a la continuidad de la representación parlamentaria de los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, esta Sala Electoral declara “Ha Lugar” la solicitud, por cuanto no ha existido una convocatoria legal para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026 y ante la ausencia de una reglamentación constitucional a la cual se pueda acudir para evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 333 de la Carta Magna, se acuerda que se mantengan como los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del del 6 de enero de 2021, a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 y juramentados el 05 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas en plena garantía al derecho al sufragio consagrado en el artículo 63 constitucional. SÉPTIMO: Que en relación a la solicitud de pronunciamiento sobre la continuidad de la Junta Directiva presidida por el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, quien además de presidente de la Asamblea Nacional ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela…”, se declara “Ha Lugar” dicha petición, en el entendido de que a partir del 6 de enero de 2021, continuarán en el ejercicio de sus funciones la totalidad de la directiva del organismo en pleno y de todas las comisiones designadas en el período 2020-2021, en aras de mantener el ejercicio de sus atribuciones, hasta tanto la Asamblea Nacional decida lo conducente en los términos a que se refiere el artículo 194 de la Constitución de la República y el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional ( … )”.

  1. En el mismo sentido, la WJA (En defensa del Estado democrático de Derecho, declaración sobre las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020, W. D. C. Diciembre 4, 2020) dijo:

( … ) el proceso electoral organizado para el 6 de diciembre de 2020 no garantiza una elección válida y no asegura la voluntad libre de los electores, de acuerdo con las condiciones de integridad electoral reconocidas por el Derecho Internacional. Este proceso es parte de las sistemáticas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen de Nicolás Maduro, publicadas recientemente en el Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (Consejo de Derechos Humanos, 15 de septiembre de 2020, Sección IV, párrafos 21 y siguientes). 8) De conformidad con el artículo 192 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la legislatura de la Asamblea Nacional fue electa en 2015 para un período de cinco años, que comenzó el 5 de enero de 2016 y finalizará el 5 de enero de 2021. En consecuencia, en esa fecha la legislatura debería transferir la función legislativa a la nueva legislatura que debería elegirse en 2020. 9) Sin embargo, la legítima transferencia de poder no debería ocurrir, ya que el proceso electoral que se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2020 no reúne las condiciones de una elección libre y justa. 10)Cuando no se celebran elecciones para la renovación de los cargos de elección popular y dichos mandatos vencen, se genera un vacío de poder que afecta el funcionamiento de las instituciones constitucionales. Frente a tal situación, y como solución excepcional desde la perspectiva del Derecho Constitucional, los funcionarios en cargos de elección popular deben preservar su mandato hasta que sean sustituidos por funcionarios electos en elecciones libres y justas. 11)Tales principios deberían aplicarse en Venezuela a partir del 5 de enero de 2021, con lo cual, la legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015 debe mantener la titularidad de iure de la función legislativa más allá del 5 de enero de 2021, hasta tanto se celebren elecciones libres y justas. Esta solución se enmarca en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permite adoptar decisiones extraordinarias en caso de ruptura del orden constitucional. Por ello, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Resolución de 21 de octubre de 2020, concluyó que los representantes de Venezuela designados por la legítima Asamblea Nacional, mantendrán su condición hasta que se celebren elecciones libres y justas ( … )”.

  1. Lo transcrito parcialmente confirma: a) que los diputados de la AN electos en 2015 continúan en sus cargos; y b) que el Presidente interino de la República igualmente se encuentra en pleno ejercicio de su cargo, lo que esta perfectamente ajustado a lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución de 1999, por lo que no merece comentarios adicionales.

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La Constitución de 1999 consagra el deber de toda persona de cumplir los requerimientos sociales y participar en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo una sociedad plural, armónica, solidaria, abierta, integrada y comprometida en todos sus ámbitos y, en la búsqueda de estos propósitos se resalta la obligación de promover y defender los derechos humanos siempre con fundamento en la convivencia democrática y en la paz social.

Partiendo de estos dos principios, convivencia democrática y paz social, es fácil deducir que el texto constitucional promueve fundamentalmente el consenso social y la paz. O sea, solamente por un pacto social pacifico es que los venezolanos tienen el deber de cumplir con los requerimientos sociales y participar en la vida política, civil y comunitaria del país, lo que se reconoce en el artículo 326 eiusdem:

La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional”.

Pero a la vez el constituyente, en previsión de un eventual desconocimiento o derogatoria de la Constitución, incluyó el artículo 333, el cual impone a todo ciudadano, investido o no de autoridad, el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva de la carta fundamental, ordenándole al pueblo de Venezuela, en el articulo 350 de la misma, el desconocimiento de cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos; y esto es precisamente lo que sirvió de fundamento jurídico constitucional que la AN sancionara el Estatuto de la Transición y dispusiera que la Presidencia de la República interinamente fuera desempeñada por el Presidente de la AN, ante la ausencia de un Presidente legítimamente electo; y que posteriormente se dictaran actos legislativos y ejecutivos.

Ahora bien, el problema estriba en la coerción[1], es decir, en la imposibilidad de ejecución de tales actos porque la coercibilidad esta en manos de la usurpación que controla el resto de los poderes públicos, la estructura estatal y la FAN y los organismos de seguridad que desconocen los actos que emanan de los poderes legítimos.

Ante esas circunstancias, pareciera que ambas normas constitucionales y los actos cumplidos por la AN y el interinato presidencial fueran “letra muerta” porque sus efectos no se ven ni se sienten ante la ausencia de ejecución[2]; y es en este aspecto que la institución que debería jugar el rol mas importante es la FAN que, conforme a los artículos 328 y 329 constitucionales[3], ha sido organizada por el Estado para garantizar, entre otras cosas, el mantenimiento del orden interno, la participación activa en el desarrollo nacional y tendrá (la Guardia Nacional) como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país; y, ademas, por disposición del numeral 5 del articulo 236 debería subordinarse al Presidente interino, que es su comandante en jefe, sin olvidar que los miembros de la FAN, como venezolanos, tienen el deber de colaborar en el restablecimiento efectivo de la carta fundamental, estando obligados sus integrantes al desconocimiento de cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos[4].

Solamente, de esta manera, se podría iniciar la ruta de la transición para la restauración del Estado de Derecho en Venezuela[5]: cese de la usurpación, gobierno provisional o transitorio y elecciones libres y competitivas.

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Ahora bien, una vez agotados los medios pacíficos para reestablecer la constitucionalidad como previó el Estatuto de la Transición, la FAN puede hacer uso de la fuerza para apoyar las decisiones legítimas de la AN y del Presidente interino, porque la Constitución si bien promueve la convivencia democrática y la paz social, no proscribe la coacción de las armas para que su vigencia sea restituida.

En cuanto al alcance en el uso de la fuerza, no existe una clara precisión al respecto, pero la R2P (Responsabilidad para Proteger)[6] a nivel internacional es reconocida como el compromiso de los países miembros de la ONU de actuar para restablecer el Estado de Derecho en las naciones donde este siendo transgredido, lo que implica necesariamente el uso de la fuerza[7].

En un escenario imaginario, el Presidente interino bien puede pedir con la AN a la ONU que aplique el R2P siempre que contara con el apoyo de la FAN de la que es comandante en jefe, incluso aunque fuera circunscrita a una parte del territorio nacional hasta desalojar a la usurpación del poder, porque seria la vía en la que una encontraría menos resistencia. En ese caso, el gobierno legitimo podría ejercer todos los actos de gobierno siempre y cuando cuente con el soporte de la FAN que le garantice la gobernabilidad dentro de ese territorio. Igualmente el resto de los poderes legítimos podrían funcionar libremente, la AN y el TSJ legitimo; e, incluso, excepcionalmente y respetando los derechos y garantías constitucionales (algunas podrían ser suspendidas) el gobierno legitimo podría adoptar medidas de alta policía para prevenir acciones de la usurpación o acordar la ejecución de ordenes de detención y/o captura dictadas por los tribunales nacionales o internacionales, teniendo presente que la Constitución proscribe la extradición de nacionales, y que la pena de exilio no es admitida en la legislación venezolana.

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Post scriptum

A escaso tiempo de la redacción de las notas que anteceden, informan los medios y las RRSS que un total de 6.4 millones de venezolanos participaron en la Consulta Popular y que, de forma presencial en Venezuela se sumaron 3.209.714 de votos, en el exterior 844.728, y en la modalidad digital 2.412.354 personas, lo que engloba de forma parcial el escrutinio del 87,44% de las actas.

El mensaje que dieron millones de venezolanos con la abstención del 6D fue “( … ) no le tenemos miedo al régimen criminal de Maduro a pesar de sus amenazas y chantajes ( … )”, y millones de venezolanos que participaron en la Consulta Popular ratificaron ese mensaje.

En dictadura, la participación en una convocatoria como la Consulta Popular tiene mucho valor, porque es un reto al régimen. Por consiguiente, si se toma en consideración que la Consulta Popular fue una iniciativa de la sociedad civil con basamento en la Constitución de 1999, es fácil concluir que el pueblo venezolano al manifestar su voluntad ha desafiado a la dictadura por una parte, y por la otra se ha alineado con el gobierno legitimo. Por ende, todos los venezolanos, incluidos los miembros de la FAN como ciudadanos que son, con fundamento en los artículos 333 y 350 deben mantenerse activos en las acciones necesarias que se desarrollan y continuaran desarrollándose en pro del restablecimiento de la constitucionalidad. 

Madrid, 13 de diciembre de 2020.

 

[1] Enciclopedia Jurídica. El poder de coerción (coercitio) consiste en el poder de la jurisdicción de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen los fines de Administración de justicia.

[2] Existen ciertas empresas del Estado que se encuentran bajo el control del Presidente interino y de la AN porque con el apoyo de los Estados Unidos, empresas que están funcionando en USA y Colombia fundamentalmente.

[3] Artículo 328 La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

Artículo 329 El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley. (resaltado del autor).

[4] En comunicado del Capitulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, Madrid, 7 de julio de 2020, se acordó “Hacer un llamado a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional para que inspirados en los valores que hicieron grande a lo que fue las FAN, se unan al pueblo soberano en la restitución de la Constitución, única vía posible para recuperar su legitimidad”.

[5] En un escenario en el que no existiera el régimen legitimo del interinato, la FAN escaria obligada por las mismas disposiciones citadas para abstenerse de obedecer al usurpador e imponer, incluso por la fuerza, la vigencia de la Constitución de 1999.

[6] https://www.un.org/es/chronicle/article/la-responsabilidad-de-proteger 

[7] Lo mismo sucedería si se fuera a aplicar el TIAR.

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