La independencia judicial es un tema que se discute diariamente en aquellas sociedades en las cuales el balance de la actuación del sistema judicial es cuestionado objetivamente como consecuencia de la conducta adoptada por los magistrados y jueces frente a factores ajenos a la ley y a la justicia dando cabida, de esta manera, a la inseguridad jurídica. A este respecto, Jaime Guasp y Pedro Aragoneses Alonso (Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Séptima edición, Thomson Civitas ™, p. 158) han expresado: «…el principio de justicia independiente es esencial para toda sociedad civilizada y fundada sobre bases éticas cualquiera que sea su forma política y, en la realidad, pocas son las sociedades organizadas que han inculcado a sus ciudadanos que los tribunales constituyen la última garantía del Estado de Derecho, para la tutela plena y efectiva de los derechos e intereses legítimos de todas las personas, iguales ante la ley, sin que pueda producirse discriminación alguna entre los sujetos del proceso».

Para alcanzar la independencia judicial, José Gabriel Sarmiento Nüñez (Independencia Judicial. En Temas Jurídicos. Editada por la Fiscalía General de la República, Caracas, 1972, pp. 19-20-21) expone que se requieren varias condiciones:

A. Un sistema apolítico y rigurosamente técnico para el ingreso a la carrera judicial, que asegure la adecuada selección del personal, tanto desde el punto de vista de la capacidad y competencia como de la formación moral.
B. Un sistema de escalafón, ascensos y provisión de vacantes libres de interferencias gubernativas.
C. La garantía de inamovilidad judicial, es decir, el derecho de los jueces a permanecer en sus cargos siempre que los desempeñen rectamente y a ser respetados por el Poder Público en el ejercicio de sus funciones. El derecho a no sufrir interferencias ni represalias por razón de su ministerio, ni a ser postergados, suspendidos o destituidos de sus cargos, sino mediante causa debidamente comprobada en juicio contradictorio.
D. La existencia de un régimen de autogobierno del Poder Judicial bajo la dirección, control y exclusiva competencia del más alto Tribunal de cada país y sus organismos inspectores.
E. Remuneración holgada de los jueces que les asegure una independencia económica.
F. La defensa de los intereses de los jueces mediante las asociaciones y organizaciones profesionales y de previsión social.
G. Infraestructura física adecuada.

Estos principios han permanecido inalterables y, así, más de cuarenta años después, la Federación Interamericana de Abogados, Sección de Administración de Justicia (XXXV Conferencia celebrada en México D.F. del 5 al 11 de junio de 1999), recomendó a los Estados americanos:

«(…) investir y preservar a los Poderes Judiciales de la dignidad, independencia y medios, para que puedan cumplir a plenitud con sus facultades de interpretar y aplicar el derecho en nuestras sociedades, dándoles así la seguridad jurídica necesaria».

El magistrado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (SPA-TSJ), doctor Levis Ignacio Zerpa (Discurso de orden pronunciado con motivo de la sesión solemne de apertura del año judicial 2000. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/informacion miscelaneas/discursodeorden2000.html.), se adhiere a los criterios doctrinales expuestos y, al pronunciarse sobre la independencia judicial a raíz de la entrada en vigencia de la CRBV, así:

«La independencia judicial debemos apreciarla como presupuesto básico de la imparcialidad. Justicia y parcialidad son conceptos incompatibles. La independencia judicial se alcanza por un apropiado sistema de selección de los llamados a juzgar, mediante concursos de oposición públicos, transparentes, con jurados doctos, amplios y confiables. Se alcanza por el establecimiento de una verdadera carrera judicial que asegure la estabilidad y la permanencia de los más idóneos, con diversos y adecuados estímulos para su mejoramiento integral y para el logro de la excelencia. Se alcanza con la vigilancia de las conductas indeseables y con un régimen disciplinario firme, sostenido y eficiente, con las imprescindibles garantías para la defensa del Juez afectado».

En la misma exposición, el magistrado Zerpa, admirablemente, añade:

«En la búsqueda de la independencia, como medio para la imparcialidad, se nos prohíbe a los jueces el activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante».

Dentro del mismo orden de ideas, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (SC-TSJ. Sentencia del 23 de septiembre de 2002. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/2230-230902-02-2116.htm.) se ha pronunciado sobre la independencia judicial en inobjetables términos: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela («SC-TSJ»), se ha pronunciado sobre la independencia judicial en los siguientes términos:

«Cada una de las ramas del Poder Público tiene establecidas en la Constitución y las Leyes funciones propias, las cuales se cumplen ceñidas a las leyes (artículo 136 y 137 Constitucionales). Ello significa que las atribuciones privativas que la ley señale a un poder no pueden ser cumplidas, ni invadidas por otro. En particular, al Poder Judicial, corresponde la potestad de administrar justicia, mediante sus órganos, creados por la Constitución y las Leyes que la desarrollan (artículo 253 Constitucional). El Poder Judicial, por mandato de nuestra Carta Fundamental, es autónomo e independiente (artículo 254 eiusdem). Ello significa que el Poder Judicial, no depende de ningún otro Poder del Estado, y por ello, por el citado mandato constitucional, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, la cual la asigna el artículo 254 Constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza y director del sistema judicial. La independencia funcional significa que en lo que respecta a sus funciones, ningún otro poder puede intervenir en el judicial, motivo por el cual las decisiones de los Tribunales no pueden ser discutidas por los otros Poderes; y los jueces, y funcionarios decisores del Poder Judicial -como el Inspector General de Tribunales- no pueden ser interpelados, ni interrogados por los otros Poderes, sobre el fondo de sus decisiones, a menos que se investigue un fraude o un delito…».

Estos preceptos son imperecederos dentro de todo estado que se ajuste a una concepción democrática de gobierno. En aquellos estados que tienen otros sistemas, incluso regidos por constituciones, pueden existir otras formas de solucionar las controversias por medio de magistrados y jueces dependientes de factores ajenos a la sagrada misión de la administración de justicia, pero no tienen nada en común con la independencia judicial preconizada por el Baron de Montesquieu, idealizador de la trilogía de los poderes públicos, que es a la que adhiere la Constitución de 1999 en Venezuela, como sabiamente ha proclamado el Tribunal Supremo de Justicia.

Caracas, octubre 2011.

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