Algunos poderes en el exilio pueden convertirse en una fuerza formidable, porque representa un factor de deslegitimación del poder que se encuentra ejerciendo sus funciones en el país y también como un gesto simbólico ante la deslegitimación del poder que ejerce sus  funciones de hecho.
Román J. Duque Corredor, Justicia y Ecologia Integral

 

Reflexiones de Enero de 2018

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde que quedó constituido en el exilio en Washington D. C. bajo el ala protectora del Secretario General de la OEA, ha dado de qué hablar no solamente por la particular forma de instalarse en una sección del edificio sede de la unión panamericana, sino también por las decisiones que ha tomado su Sala Constitucional (TSJ-SC), sin importarte si sus decisiones llegarán a constituirse en precedentes o en jurisprudencia, o si tienen fuerza ejecutoria. Es decir, se ha dedicado a sentenciar conforme a las facultades que al más alto tribunal de la República confiere la Constitución de 1999, dando que hablar tanto a nivel nacional como internacional; y, dentro de este orden de ideas, cabe mencionar la ejecución forzosa de lasentencia del 25 de octubre de 2017 que, al considerar fraudulento el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), declaró la disolución de la misma y estableciendo que no tienen efecto jurídico los actos emitidos de ese órgano nacido de un fraude constitucional.

Bien se sabe que las actuaciones del TSJ en el exilio carecen de coerción para ejecutar o hacer ejecutar las decisiones que emanen de él, pero sus sentencias tienen un contenido jurídico que finalmente pasarán a formar parte del derecho internacional en cuanto atañe a los DDHH y a los principios constitucionales, particularmente en el caso de Venezuela, cuya Constitución de 1999 da rango constitucional a los tratados y convenios internacionales; y, en el asunto de la orden de ejecución es importante señalar la referencia del citado tribunal sobre la activación de la resistencia civil –desobediencia civil- con fundamento en el artículo 350 de la carta fundamental venezolana que expresa:

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Con base en esta norma, el TSJ exilado ordenó:

[ … ] que los ciudadanos, los poderes públicos, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, asuman el deber de desconocer y resistirse contra el fraude constitucional del proceso de la ANC, autorizados por el artículo 333 de la Constitución, tal y como fue establecido en la decisión de mérito.

Y es que el artículo 333 expresa:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido [ … ] o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Como se observa, argumentaciones como las utilizadas por el TSJ exiliado  devendrán en una doctrina que, si bien no será acatada por los Poderes Públicos y los militares venezolanos, enriquecerá el derecho internacional, e incluso el constitucional, pues ha caído en terreno fértil y progresivamente se irá nutriendo a nivel mundial para convertirse en un robusto árbol en defensa de la democracia y la libertad.

Carlos J. Sarmiento Sosa

Un comentario en “De nuevo el TSJ venezolano en el exilio”

  1. Mi querido amigo: he leido con detenimiento la nota en relación a la constitución del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio la cual me resultara de mucho apoyo para la fundacion de» El deber de constituir un gobierno en el exilio». Proximamente te enviaré copia del proyecto. Recibe un abrazo Hernán Semprum

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