Bajo su valioso lema de “La paz mundial mediante el derecho”, la Asociación Mundial de Juristas o World Jurist Association se prepara para celebrar su XXV congreso mundial entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre próximos, a escasos kilómetros de la costa venezolana, en Aruba, siendo su tema central el de la Energía, vinculado a un tema que atañe al mundo globalizado, cual es la justicia y la paz para todos.

Cualquiera se preguntará la razón por la que un evento de tal magnitud e importancia se celebrará en una pequeña aunque acogedora y emprendedora isla caribeña; y la razón estriba en que, Aruba, como país receptor de turismo y de inversiones, facilita el acceso a los visitantes sin exigirles engorrosas visas y, además, garantiza la seguridad personal de quienes a ella acudan, al igual que éstos gozan de la libertad que se requiere para expresar libremente sus ideas cuando se trata de reuniones como la que promoverá la AMJ en las que se debaten ideas atinentes al Estado de Derecho.

Con respecto a Venezuela, el tema de la energía es fundamental por razones derivadas de su condición de país productor y exportador de hidrocarburos y los efectos económicos, sociales y políticos que de la explotación racional de la energía se producen y que deberían traducirse en el bienestar de la sociedad, de donde se vincula el asunto a la justicia y a la paz. A la justicia, como elemento fundamental de una sociedad organizada en la cual la división y separación de los poderes públicos es nítida y diferenciada para que, de su sana administración, se deriven la paz, la tolerancia y la fraternidad, independientemente de las ideas y creencias de cada uno, sin odios ni rencores.

Pero, como han advertido los organizadores, existe un elemento maligno, que corroe a la sociedad cuando los principios de justicia y paz son alterados, y es la corrupción en sus distintas formas, desde el aprovechamiento ilícito de los bienes públicos hasta el lavado de dinero tanto a nivel nacional como transnacional, trastornando la economía mundial mediante el pago de comisiones o sobreprecios para facilitar el acceso a contratos con el Estado, lo que ha obligado a ciertos países a celebrar tratados y convenios regionales para controlar el lavado de dinero y el tráfico de sustancias nocivas en los que se contempla la jurisdicción penal universal para determinados delitos, lo que facilita la aplicación de la justicia por cualquier juez competente para conocer de ese tipo de delitos, independientemente de la nacionalidad del individuo y del lugar de la comisión del delito, e incluso que se promuevan leyes para lograr que se recuperen para los países los dineros extraídos por los corruptos, como precisamente ha propuesto en Venezuela la Asociación Mundial de Juristas.

Sin duda, el llamativo temario animará a muchos profesionales del derecho a acercarse a Aruba para participar en un evento de una transcendental importancia como la que se ha señalado, con la seguridad de que la declaración final del congreso será de gran importancia para Venezuela.

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