Dentro de la misma idea de explicar con sencilla palabras el léxico jurídico, este escribidor hará una breve referencia sobre el referéndum.

 De acuerdo a la Constitución de 1999, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de dicho poder, puede convocar a la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de: i) transformar el Estado, ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico, y iii) redactar una nueva Constitución.

Ahora bien, para que el pueblo ejerza ese poder, la iniciativa de convocatoria a la ANC podrán tomarla; i) el Presidente de la República en Consejo de Ministros; ii) la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; iii) los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o iv) el 15%  de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.

Como se observa, se trata de dos actos jurídicos distintos y separados:

  •  La iniciativa de convocar y
  • El poder de decisión que reside en el pueblo, quien decide si se convoca o no a la ANC.

Recibida la iniciativa, el Consejo Nacional Electoral hace esa consulta al pueblo, para lo cual fija una oportunidad para que mediante el voto universal, directo y secreto se manifieste si se convoca o no a la ANC.

Llegado el día, el pueblo emite su voto y, si es negativo, se cierra el proceso constituyente; y si es afirmativo, el CNE procede a la convocatoria para elegir a aquellas personas que se postulen como constituyentistas, se hacen los comicios, se vota secreta y directamente, y luego el CNE anuncia lo nombres de las personas que resultaron electas, quienes luego integrarán la ANC, la cual una vez instalada podrá tratar y decidir sobre: i) transformar el Estado, ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico y iii) redactar una nueva Constitución.

De lo expuesto se concluye que solamente puede hablarse de proceso constituyente el que se lleve a efecto respetando el marco jurídico previsto para ello en la Constitución de 1999. Todo aquello hecho fuera del texto constitucional es nulo de toda nulidad e incapaz de producir efectos jurídicos.

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