Difusión del derecho vs la tropelía comunitaria
Cuando el Estado de Derecho brilla por su ausencia, las dictaduras y en general los gobiernos de facto, sean forajidos o fallidos, dictan el marco regulatorio que mejor se adapte a sus intereses y al manejo de sus políticas y, además, que les proporcionen las herramientas para mantenerse a toda costa en el poder, sin importarles el respeto a los DDHH ni las miserias que afecten a su población como consecuencia de sus desatinos, por mas graves que éstos sean, e ignoran la opinión publica internacional cuando ésta hace intentos para que los mandones de turno entiendan la necesidad de volver al cauce de la institucionalidad mediante un proceso transicional pacífico que conduzca al restablecimiento de la institucionalidad por elecciones libres y competitivas.
La población, en general, puede ver ese enfrentamiento entre un gobierno de esas características, y quienes lo adversan, como algo inútil o banal; y puede caer en una apatía o estado de anomia y, en consecuencia, se aparta de toda actitud positiva o que pueda ser vista como opositora, resignándose a recibir los mendrugos que desde las altura del poder deja caer el factotum totalitario a través de una caja con alimentos nada saludables, o se dedica a la economía informal en un alocado mercado donde se impone una moneda de pago que obtenida por la prestación de servicios secundarios le permite alcanzar bienes y servicios porque su escuálido sueldo “no le alcanza ni para comprar el relleno de una arepa” (www.lapatilla.com/2021/03/19/en-venezuela-los-salarios-no-alcanzan-ni-para-comprar-el-relleno-de-una-arepa/) .
Pero a la vez, esa misma población que, si bien puede no ser analfabeta, realmente no entiende de política y menos aun que exista un gendarme “necesario” que la oprime, persigue y castiga, observa a grupos opositores en permanente diatriba de altos decibeles que van elevándose en la medida que se multiplican por las RRSS, sin resultado alguno para los problemas nacionales que, al contrario, se van profundizando; y es allí donde ese conglomerado opta por culpar de todos sus males a los dirigentes políticos.
Los expertos en ciencias sociales con seguridad tienen una mejor explicación que superan las especulaciones que anteceden, pero a mi modo de ver, el hecho de que la población mayoritariamente desconozca sus derechos, impide que pueda salir a defenderlos. De nada sirve, por ejemplo, salir a una plaza pública para pedir el cese de la represión con armas de guerra si el manifestante desconoce que tiene derecho a protestar pacíficamente y que el uso de esas armas está proscrito. Podrá asistir y expresar su desagrado y hasta el riesgo de ser atropellado violentamente y con saña por un psicópata, pero no comprenderá que su lucha en ese momento era por sus derechos.
En la actualidad, en Venezuela circula un papel titulado pomposamente “proyecto de ley de las ciudades comunales” en el que se comienza diciendo que el expresidente Hugo Chávez delineó la ruta para superar el viejo Estado signado por la exclusión social con la propuesta estratégica del desarrollo del socialismo en las cinco dimensiones ética, política, social, económica y territorial, con el objetivo de asegurar el ejercicio de la democracia participativa y protagónica contenida en la Constitución mediante el sistema de agregación comunal, como apuesta para prefigurar una sociedad impregnada de una nueva espiritualidad socialista capaz de superar la decadencia capitalista, y lograr la irrupción del nuevo Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia; y ese proyecto, aparte de las falsedades intrínsecas que lo afectan y la ignorancia en que incurren sus redactores con respecto al derecho constitucional, muestra a simple vista que su objetivo es establecer un marco seudo jurídico que facilite el control total de la ciudadanía y el desmembramiento de la familia como célula fundamental de la sociedad.
En los círculos profesionales, académicos, gremiales, políticos -en fin, en las 
organizaciones no gubernamentales sensibles a la democracia y los DDHH- se han abierto foros de discusión sobre el aborrecible texto comunal en los que los ponentes y participantes han puesto de manifiesto las aberraciones que contiene, que son de tal gravedad que un evento del pasado 17 de marzo fue intencionalmente saboteado por sedicentes defensores del sistema comunitario quienes “hackearon” el webinar interrumpiendo con vulgares grafitis y soeces palabras, con lo que demostraron la preocupación de los propulsores del proyecto de que la opinión de quienes adversan su contenido sea masivamente conocida. Afortunadamente, la situación fue controlada y las exposiciones se desarrollaron normalmente hasta por 3 horas.
Dentro de las conclusiones que se han obtenido del foro fallidamente estropeado se halla la necesidad de debatir abiertamente el tema con miras a que la población adquiera conocimientos sobre la creciente amenaza que se cierne sobre el mínimo resquicio de libertades que pueda restar en Venezuela; y, dentro de ese debate se hace indispensable la difusión del derecho, pue así como en los círculos de la sociedad civil organizada se efectúan continuos eventos, pomposos o discretos, masivos o de asistencia restringida, en el que los mas sabios debaten sus ideas e instruyen a quienes tienen acceso a los mismos, debe nutrirse a la población mediante la difusión didáctica de los derechos consagrados en la constitución como carta magna, para que los asimile y entienda, de manera que el día que acuda a una protesta sepa, a conciencia, que lo está haciendo en defensa de sí mismo, de sus derechos y el de sus compatriotas.
Arturo Uslar Pietri sostuvo por mas de dos décadas un programa televisivo en el que recibía a la audiencia con su famoso saludo “amigos invisibles”, y desde allí popularizó su “siembra del petroleo”, eslogan que se hizo del uso común de los venezolanos; porque el celebre escritor se lograba comunicar con el televidente y captaba toda su atención: No le era suficiente dominar el escenario, sino que la información que dejaba fluir era de fácil compresión.
Por su parte, José Gabriel Sarmiento Núñez, en un articulo publicado en El Universal de Caracas en abril de 1958, a los tres meses de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, titulado “Difundamos el derecho”, decía:
“( … ) es necesario que las colectividades a quienes aprovecha y rige la ley conozcan, en sus formas mas simples, donde comienzan y donde terminan los campos jurídicos de cada uno. Y así como en todas las regiones del orbe se hacen eficaces campañas de superación colectiva -de cultura y de salud, por ejemplo- en igual forma deben intensificarse la lucha por grabar indeleble y llanamente en el alma de los pueblos, las Normas fundamentales del Deber y del Derecho”.
De manera, pues, volquémonos al pueblo para enseñarle con todos los medios al alcance, con lenguaje sencillo y de fácil comprensión, de qué manera se verían afectados los ciudadanos en caso de ser impuesto el pernicioso intento de texto legislativo para que, con el debido conocimiento, ejerza su derecho impedir ser atropellado y pueda exigir que cese la amenaza que para la libertad de todos lleva en su seno el fatídico asunto de las ciudades comunitarias.
Disponible en:
https://www.elnacional.com/opinion/difusion-del-derecho-vs-la-tropelia-comunitaria/
******
Sistema judicial y reforma procesal
In memoriam: Al académico doctor Tomas Enrique Carrillo Batalla en el centenario de su nacimiento.
Cuando misiones espaciales de los Emiratos Arabes Unidos y China entraron en la órbita de Marte, y la NASA hizo amartizar al “Perseverance” en un cráter del planeta rojo, en Venezuela millones viven sin agua potable, sin gas doméstico, y prácticamente sin ningún servicio público de calidad; y es que por mas de veinte años las políticas dictatorialmente impuestas han hecho retroceder al país hasta colocar a la otrora quinta economía del mundo de los años 50´s en un estadio de tierra desconocida, como aquella que para los antiguos quedaba mas allá del cabo “Finis Terrae”, en la legendaria Costa da Morte de las tierras gallegas.
“En el difícil entorno actual, la nación demanda con urgencia un cambio de modelo que nos permita recuperar la confianza que tanto necesita nuestra economía para apalancar un desarrollo sostenible; sobre todo después de la pandemia, siendo obligación de todos procurar ese país próspero, incluyente y productivo que exigen los venezolanos”, ha dicho la patronal Fedecámaras, añadiendo que el gremio empresarial está convencido de que el progreso social y el crecimiento económico solo se alcanzará cuando se garantice la libertad, la democracia, la libre iniciativa empresarial, el derecho a la propiedad privada y el estricto apego a la Constitución; pero para que esos objetivos se materialicen con la necesaria credibilidad y transparencia, es necesario superar el estadio de Jueces provisorios, designaciones digitales, corrupción, complacencia y cualquier otro vicio que se pueda considerar como un mal servicio de justicia, compilados en ese lato memorial en que caben lamentables e inaceptables historias de jueces y magistrados convertidos en mujiquitas del mandón de turno, de sentencias con “nombres y apellidos” , de decisiones ad hoc en favor de un “enchufado”, o de una “banda de enanos” o “tribus”, como se le decía en el pasado.
En fin un rosario de iniquidades que parecieran relatos anclados en el tiempo de la naciente república de Venezuela por su similitud con la iniquidad que en aquellos días significó el enjuiciamiento del doctor Pedro Núñez de Cáceres, un abogado nacido en Santo Domingo a que emigrara a Maracaibo en 1828, adonde había arribado para eludir las persecuciones políticas de las cuales era víctima en La Española.
Cuenta el doctor Núñez en sus “Memorias”[1] que fue sometido a un juicio militar que le fuera inventado por haber defendido el caso de su cliente, lo que lo mantuvo encarcelado por varios años en la prisión de los Pontones, en Puerto Cabello, hasta que por gracia del entonces Presidente de Venezuela general José Antonio Páez, se autorizó su traslado a otro lugar con palabras más o menos similares:
“Ese Núñezito? Mándelo a Valencia, que ya lo hemos trabajado bastante”.
En esta narración se observa la primacía de la arbitrariedad sobre la ecuanimidad y la justicia, tiempos en los que aquellos próceres eran considerados como portentosos 
generales independentistas y que, además se sentían como los amos del poder, lo que les permitía intervenir decisivamente en la labor judicial en una nación que para la post guerra se encontraba en ruinas y carente de instituciones solidas, una clara similitud con la Venezuela actual, en la que se anuncia con bombos y platillos una sedicente reforma procesal mediante la derogatoria del Código de Procedimiento Civil para sustituirlo por un Código Orgánico Procesal cuyo proyecto parece haber sido fabricado en desconocidos y clandestinos laboratorios por empíricos leguleyos capeados de toga y birrete que practicando la proskynesis pretenden que la ciencia del derecho procesal quede sujeta al arbitrio y el capricho de una ideología fracasada, desdeñando cualquier aporte científico que desde los centros de estudio del derecho se podría compartir para que el hoy ya antiguo CPC de los juristas Rengel Romberg, Fuenmayor, Márquez Añez y Maury sea puesto al día y adaptado a un cuerpo de normas procesales al estilo del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica[2] que desde hace años promueve el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y, además, aprovechar la oportunidad para la incorporación de la tecnología digital que ofrece posibilidades de facilidades y certezas para la simplificación de los actos procesales. “Hay que pensar en una forma más amplia y aceptar que las formas tradicionales deben ser abandonadas”, ha dicho con acierto un avezado procesalista[3].
El pretendido proyecto de reforma contiene una serie de aberraciones que deben ser combatidas por la sociedad civil porque es inadmisible, por ejemplo, la inclusión de un representante de las comunas en los procesos “a petición del juez o de oficio”, o que las comunas sean parte de los procesos incluso entre particulares, figuras que, de resultar aprobadas serían mas que suficientes para la independencia judicial y por tanto la seguridad jurídica justo cuando se pretende atraer a los inversionistas extranjeros. ¿Qué inversor foráneo, por muy tolerante que sea en cuanto a violaciones de derechos humanos, va a apostar por Venezuela para poner su dinero, a sabiendas de que las comunas pueden decidir la suerte de los posibles juicios que pudieran tener en el país?.
En este sentido un comunicado publicado el 7 de marzo de 2021 por un importante grupo de profesionales del derecho que concluye en los siguientes términos:
“Se hace necesario también señalar que antes de la reforma de los códigos y las leyes hay que mejorar la situación del Poder Judicial. Nada se logra con un buen texto legal si los funcionarios que deben interpretarlo y aplicarlo están sometidos a trabajar en sedes físicas deficientes, carecen de la información y preparación adecuada, tienen bajos sueldos, precisan de estabilidad laboral y tampoco cuentan con el indispensable apoyo tecnológico tanto en equipos físicos como en capacitación para utilizarlos, y así poder acometer los retos de la justicia digital. Una reforma procesal sin estos cambios previos estaría destinada al fracaso”.
En fin, si no se corrigen los vicios y falencias que afectan al sistema judicial y si no se sanciona constitucionalmente una reforma procesal seria, Venezuela continuará viviendo como en los tiempos del doctor Pedro Núñez de Cáceres, en los que la justicia dependerá de la “generosidad” de un dictador y de su corte de mujiquitas. O de una comuna.
Disponible en:
https://www.elnacional.com/opinion/sistema-judicial-y-reforma-procesal/
[1] Núñez de Cáceres, Pedro. Memorias. Caracas: Fundación para el Rescate del Acervo Cultural Venezolano, Biblioteca Nacional, 1993.
[2] Disponible en: http://www.iibdp.org///wp-content/uploads/2020/08/IIDP_Codigo_Procesal_Civil_Modelo_Iberoamerica.pdf . Consultado el 27032021.
[3] El Dr. Salvador Benaim Azaguri, expresión del buen amigo de este escribidor, en comunicación privada.