A Pedro León Zapata. En mala hora se fue para no volver. In memoriam

DERECHO A LA DEFENSA Y ASISTENCIA  JURÍDICA

Un juez con competencia penal ha ordenado la privación de libertad de un abogado acusado de haber incurrido en el delito de desestabilización económica, supuestamente por el  solo hecho de asumir la defensa de su cliente, una conocida cadena distribuidora de
productos de primera necesidad.

No tiene este escribidor otros elementos de juicio sobre ese caso, sino que el abogado es
un asesor externo de una empresa en la que sus funciones son las de  brindar apoyo y orientación técnico jurídica y el acceso al sistema jurídico venezolano, lo que venía haciendo en sintonía con el Código de Ética Profesional del Abogado venezolano; y que el ilustre Colegio de Abogados de Caracas ha protestado públicamente la detención de su afiliado por actuaciones relacionadas con su ejercicio profesional; pero sí tiene plena convicción de que la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso; y que “Los Principios Básicos sobre la Función de
los Abogados
”, aprobados dentro del marco de Naciones Unidas (Doc. A/CONF.144/28/1990) establecen que:

 “[La] protección apropiada de los derechos humanos  requiere, que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía libre e independiente” y que “[…] los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de estos últimos, como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

 

EL QUE A HIERRO MATA, A HIERRO MUERE

Un juez de Caracas con competencia en materia de sustancias sicotrópicas ha condenado recientemente a un ciudadano y a sus cómplices a cumplir la pena de prisión de 14 años y 6 meses por narcotráfico y legitimación de capitales, lo que no ha agradado a la Fiscalía, organismo que  inmediatamente ha anunciado que apelaría de la decisión.

Ese es, digamos, el procedimiento normal: Cuando una parte no está de acuerdo con la sentencia, puede recurrir de ella, pero lo curioso del caso es que el juez que intervino en el caso ha sido privado de libertad por otro juez a solicitud del Ministerio Público por supuestamente haber favorecido al procesado con la pena que le impuso en el fallo.

Al respecto, la International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) no ha visto con buenos ojos la detención del condescendiente  juez y se ha pronunciado así:

“Arrestar a cualquier juez por dictar una sentencia que el Gobierno considera demasiado indulgente, como en el caso del juez Paredes, perjudica fundamentalmente las nociones básicas del estado de derecho, la democracia y la separación de poderes.  Condenamos enérgicamente el arresto del juez Paredes, y recordamos a las autoridades de Venezuela que el magistrado tiene derecho al debido proceso y que toda condena está sujeta a apelación y a control judicial”.

Lo más particular del asunto es que ese juez fue el que, hace unos años atrás,  conoció del affaire de la jueza Afiuni y quien acordó su detención luego de que ésta hubiera tomado la decisión de liberar a un banquero.

LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

La Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología se ha empecinado positivamente en reducir los tiempos de tramitación y, entre otras medidas, ha dado un importante paso en la flexibilización de la tramitación de documentos en Registros y Notarías y ha eliminado la exigencia que obligaba a los usuarios a comprar timbres fiscales.

Esto no significa que se han anulado los timbres fiscales, sino que el costo de los mismos será cargado directamente a los usuarios en la planilla del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), quien posteriormente a la recaudación, rendirá cuentas a cada gobierno regional. 

En la implementación de la medida se ha agregado un medio de pago expedito y sencillo: el dinero plástico, es decir, tarjetas de crédito o débito.

Sin duda, como ha dicho la autoridad competente, esta decisión tendrá un impacto positivo en varios aspectos y, particularmente, incidirá en la agilización de los trámites registrales y notariales.

LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

La ocupación temporal de empresas en Venezuela apareció por primera vez en 2007, a través del decreto Ley contra el Acaparamiento, hoy en día prevista en la Ley de Precios Justos (“LPJ”), y constituye una medida que permite a la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) tomar posesión temporal de los bienes, maquinarias e instalaciones de una empresa con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento  e, incluso, puede desplazar a la gerencia o a los accionistas con el argumento de que la empresa está ocupada.

Lo que no queda claro es si se trata realmente de una medida preventiva o una sanción porque la misma  LPJ usa indistintamente ambos calificativos cuando son distintos cuando en uno de sus artículos indica que es una medida preventiva y en otro lo califica como una sanción o un castigo.  

Independiente de esa diferencia, en la ocupación no existe una finalidad de utilidad pública, no hay avalúo del bien, y aunque el Estado no es propietario del bien, en la práctica se comporta como tal. Puede disfrutar y disponer del bien, lo que en la realidad se traduce en que la ocupación temporal es un atajo para eludir una expropiación, que implica un pago al propietario expropiado en medio de un juicio con todas las garantías y es solamente al final que el ente expropiante puede disponer del bien si no ha habido una ocupación previa.

 

LA DEMOCRACIA DE LOS BRAZOS ABIERTOS, NO LA DE LOS PUÑOS CERRADOS, DE SAVATER

Fernando Savater, filósofo español de trascendencia universal y demócrata por convicción ha dicho que lo que caracteriza a los sistemas democráticos es que no determinan de antemano quiénes son moralmente dignos de disfrutar de sus garantías y derechos, sino que acepta a cuantos asumen las reglas legales del juego político compartido. Agrega que no hay demócratas “buenos”, “revolucionarios”, “aceptables” (es decir, que piensan como yo) y otros que no lo son (o sea que piensan de otro modo): sólo hay ciudadanos que asumen las reglas básicas de la democracia y a partir de ahí piensan y deciden como les parece. Precisamente la democracia sirve para eso: para que los adversarios políticos no se conviertan en enemigos de la Patria, en indeseables.

Al referirse a Venezuela, Savater considera que el país necesita, además de muchas cosas materiales que lamentablemente escasean y son de primera necesidad, algo muy importante en el campo de la ideología o, si se prefiere, del espíritu. Y es una actitud íntimamente democrática, incluyente, que no deje a nadie fuera y que prefiera tolerar a desterrar.

En el mismo orden de ideas, el filósofo sostiene que quien pretende imponer sin razonar se sale del reglamento democrático; pero también cae fuera del juego democrático quien se niega a ser persuadido, quien considera una traición vergonzosa o un crimen escuchar las razones ajenas.

Finalmente, sentencia:

Quisiera para Venezuela, un país entrañable para mí y al que no deseo más que cosas buenas, una generación de demócratas capaces de exponer razones y de aceptar también razones ajenas: una generación democrática que se enorgullezca de no tener siempre y en exclusiva el monopolio de la razón, sino de reconocérsela a otros cuando sea el caso”.

MANO DE HIERRO Y CONSPIRADORES

Hace bien el Presidente Maduro cuando advierte al que esté en conspiraderas, o en conjuras, que le va a aplicar mano de hierro con la Constitución en la mano y sin privilegios de ninguna especie porque quien lo haga sabe de antemano a qué se expone.

Sin embargo, lo difícil es determinar qué es una conspiración y quién es conspirador porque el DRAE tiene varias acepciones. Veamos:

El verbo conspirar puede significar:

1. intr. Dicho de varias personas: Unirse contra su superior o soberano.

2. intr. Dicho de varias personas: Unirse contra un particular para hacerle daño.

3. intr. Dicho de dos o más cosas: Concurrir a un mismo fin.

4. tr. ant. Convocar, llamar alguien en su favor.

El calificativo conspirador se aplica a la persona que conspira.

Por otro lado, aludió el primer mandatario a las conjuras. Bien, el mismo DRAE trae estas distintas acepciones sobre el verbo conjurar:

1. intr. Ligarse con alguien, mediante juramento, para algún fin.  

2. intr. Conspirar, uniéndose muchas personas o cosas contra alguien, para hacerle daño o perderle.  

3. tr. Dicho de quien tiene potestad para ello: Decir exorcismos.

4. tr. Increpar, invocar la presencia de los espíritus.

5. tr. Rogar encarecidamente, pedir con instancia y con alguna fórmula de autoridad algo.

6. tr. Impedir, evitar, alejar un daño o peligro.

7. tr. ant. Tomar juramento a alguien.

Ardua tarea la del encargado de echarle mano de hierro a un conspirador porque primero tendrá que identificar en qué consistía la acción del conspirador.

LA PAZ Y EL DERECHO

La prestigiosa organización WORLD JURIST ASSOCIATION (WJA) tiene un lema universal: LA PAZ MUNDIAL A TRAVÉS DEL DERECHO, del cual este escribidor ha sido un fiel creyente porque solamente a través del derecho se consigue la paz cuando cesan los cañones y se pone fin al sacrificio de las vidas de esos inocentes que son los que generalmente caen en los campos de batalla.

Pero resulta que un columnista colombiano, el doctor Eduardo Mackenzie, en un reciente artículo titulado ¿LA PAZ ES LA REVOLUCIÓN?, plantea que, con motivo del proceso de negociaciones que se realizan en La Habana para poner fin al conflicto bélico en Colombia,  el Presidente Santos e inmediatos colaboradores han iniciado una campaña según la cual el derecho y el ordenamiento jurídico de ese país son obstáculos para la paz y hay que quebrarlos!.

Según Mackenzie, esa campaña comenzó en octubre pasado cuando Santos expresó: “Los colombianos  si quieren la paz, tendrán que tragarse algunos sapos”, y el primero de ellos fue admitir a uno de los más criminales de las FARC en las conversaciones de paz, lo que justificó afirmando que “La paz se hace con los enemigos”.

Pero no todo queda allí pues el siguiente sapo a digerir fue cuando un periodista británico, el pasado 5 de febrero, dijo en Cartagena: “El secreto de la solución pacífica en Sudáfrica fue sacrificar la justicia para no perpetuar el dolor”.

Dos días más tarde, el 7 de febrero, en El Tiempo, el magistrado José Leonidas Bustos, recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue entrevistado y Yamid Amad, su entrevistador, resumió así el pensamiento de Bustos: “El derecho no puede ser un obstáculo para la paz”.

Para Mackenzie, esta afirmación de lo dicho por Bustos conduce a una conclusión: el derecho está por debajo de la paz. O la paz está por encima del derecho; y, para él, ello constituye una horrible inversión de valores porque se pretende sobreponer la paz ante el derecho, lo que quiere decir que para los nuevos operadores de justicia, al menos para los que están dispuestos a adherir a la soflama del magistrado Bustos, la revolución puede llegar por una vía diferente a la toma sangrienta del poder, pues la paz, una vez desembarazada del derecho, abre la puerta a la revolución.

De todo esto, Mackenzie concluye en que lo que está ocurriendo con las negociaciones de La Habana no es un acuerdo de paz sino un marco político especial que les permita a las FARC hacer la revolución socialista tras el derrumbe del Estado de derecho. 

No puede este escribidor asegurar que el columnista colombiano esté en lo cierto porque se trate de simplemente una posición antagónica y personal ante el Presidente Santos; pero la cierto es que la paz solamente se logra a través del derecho, como reza el lema de la WJA.

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