La fuerza de la ley y la ley de la fuerza son conceptos antónimos

 
La fuerza de la ley significa que en un ordenamiento jurídico se aplica la legislación sin discriminaciones para permitir una convivencia social, y cada uno conoce y ejerce sus derechos sin restricciones.
 
La fuerza de la ley rige en una democracia con independencia de poderes, donde el Poder Ejecutivo manda, el Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial se encarga de juzgar sin interferencia de los otros dos Poderes.
 
La ley de la fuerza se cumple cuando se doblan los principios de la ley y arbitrariamente se toman decisiones al arbitrio del más fuerte a la par de que los poderes públicos y los ciudadanos, quedan sometidos a una sola y omnímoda voluntad.
 
Sobre los efectos de la ley de la fuerza, D. Miguel de Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, al responder al odioso grito “Viva la muerte, muera la inteligencia” del general José Millán-Astray, advirtió solemnemente:
 
«Éste es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho

El talento sin probidad es un azote”.

 

Esta célebre frase fue expresada por El Libertador ante el  Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819.

De acuerdo al DRAE,  la palabra talento proviene del latin talentum y éste del griego τάλαντον, que significa plato de la balanza, peso; y en el castellano tiene varias acepciones, entre ellas inteligencia, o sea capacidad de entender, y aptitud, es decir, capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. En fin, debe entenderse que una persona talentosa es alguien inteligente,  o apto.

Para el Libertador había dos tipos de talento: con probidad y sin probidad, pero se refería, sin dudas, a la aptitud, más que a la inteligencia; y según ello, lo que el Padre de la Patria entendía es que el talento con probidad es el que se expone apegado a los valores, a la conciencia, a la enseñanza de los padres, en fin, de todo ese conjunto de principios que caracterizan a un ser humano que no está dispuesto a vender sus conocimientos ni torcer los principios de la justicia; y el talento sin probidad, por el contrario, es aquel que vende su inteligencia al mejor postor, sin importante ni tomar en consideración los principios.

Talento con probidad era lo que Simón Bolívar esperaba de quienes aspiraran dirigir la República sustentada en la Constitución de Angostura; y, con seguridad, en las Constituciones posteriores.

 
 
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Arturo Uslar Pietri fue un intelectual de larga acción durante el siglo XX, pues desde la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, su presencia fue permanente en la política, la academia, la literatura, la cátedra y la función pública, hasta llegar a ser candidato a la Presidencia de la República en 1963, luego de desempeñarse como Senador. Ya antes, había sido ministro de Educación y ministro de Relaciones Interiores en
los gobiernos de los generales  Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, previamente a que en 1945 la tristemente célebre gloriosa “Revolución de Octubre” diera al traste con el gobierno más democrático que en su historia tuviera el país desde 1810, hasta nuestros días.
 
Un personaje de tan larga actividad hubo que ganarse adeptos y detractores, sobre todo por la ocupación política pues así como fue acusado de ser el “poder tras el trono” en el gobierno del general Medina Angarita, en los últimos años de la década del siglo XX, fue considerado como la cabeza visible de “Los Notables”, formado por intelectuales y políticos independientes que cuestionaron fuertemente el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, al punto de calificarlo como el grupo que subrepticiamente aupó el golpe de estado “constitucional” que se dio contra Pérez en 1993, cuando se le destituyó de la Presidencia de la República, para entregar el Poder Ejecutivo al doctor Octavio Lepage y luego al doctor Ramón J. Velázquez.
 
Pero cada vez que Uslar abría su boca por los medios de comunicación, todo el mundo tenía que estar pendiente de sus palabras, porque siempre estaban llenas de sabias enseñanzas. Por ejemplo, en una oportunidad, refiriéndose a la corrupción pública en Venezuela, expresó que aquel que no fuera corrupto debería ser condecorado con la “orden de los pendejos”, aclarando que el calificativo no era en modo alguno una palabrota, sino que estaba reconocido por la Real Academia de la Lengua Española; y en otro momento dijo; “La palabrota que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu. Quien habla como un patán, terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción.
No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces. Es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción
«.
 
No hacen falta más comentarios. Cuando una persona se expresa con palabras o frases soeces demuestra su poca cultura y carencia de vocabulario, pero cuando es un personaje público  que adorna sus frases retóricas con lenguaje “burdelero” –mix de burdel y cuartel-, el mensaje es claro: muestra las condiciones de la acción frente a la opinión pública.
 
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«Donde hay educación no hay distinción de clases«, decía CONFUCIO, el célebre filósofo de la China, la misteriosa y milenaria región de los mandarines.
 
Por argumento a contrario, donde no hay educación, hay distinción de clases; y, por esa razón, en anteriores Reflexiones hacía referencia al énfasis que la actual China ha puesto en la educación de su pueblo, al punto que, como se sabe, hoy es la segunda economía del mundo, detrás del gigante de Norte América, los Estados Unidos, luego de largas décadas de hambrunas, persecusiones ideológicas, revoluciones culturales y demás atentados contra los más elementales derechos humanos.
 
Y es que China ha entendido que la igualdad se adquiere entre iguales y, si hay educación, no pueda haber discriminación porque todo el mundo, educado, está en capacidad de conocer ejercer y defender sus derechos.
 
Pero, si lo que se persigue es el control de una sociedad mediante la ignorancia, es fácil hacerlo dejando de lado la educación porque si un pueblo no recibe educación, los primeros analfabetas serán aquellos de las clases menos favorecidas en la escala social por una elemental razón: se reproducen más rápidamente que los que están por encima porque desconocen de educación sexual.
 
En las ciudades de los países del Sur del río Grande es fácil observar multitudes carentes de educación, y por supuesto de la sexual, y no es un secreto que hay hacinamiento en las pobres viviendas, donde los padres viven con los hijos en un desvencijado ambiente, donde el padre, o la madre, mantiene relaciones íntimas con sus propios hijos o hijas y, en fin, cuando el padre se va en busca de otra aventura llega otro a sustituirlo con la madre que allí quedó abandonada, y ella sigue pariendo hijos.
 
La única manera de solucionar esta tragedia y conseguir la igualdad es mediante la educación, que sin dudas será una tarea titánica como le ha costado a China. De lo contrario, cualquier cantamañanas se hará cargo del poder y seguirá el círculo vicioso de la ignorancia y la pobreza. El primero, disfrutando del poder omnímodo y los segundos, en su tragedia pero con la esperanza de que mañana ellos serán beneficiarios de alguna prebenda que les permita seguir arrastrando su miseria, sin morder la mano del amo que les dio de comer las migajas del banquete en que aquél y sus áulicos devoran las riquezas que controlan a su antojo.
 
 
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 El 23 de enero no es una fecha que tenga el mismo significado e importancia para todos los venezolanos. En efecto, para hoy la mayoría de los actores políticos de la época de los 50´s han fallecido: el ex Presidente Marcos Pérez Jiménez y sus cortesanos; los miembros de la Junta Patriótica, salvo algunos de longevas existencias, como es el caso de ese valeroso político que es Pompeyo Márquez; los integrantes de la Junta Cívico Militar que sucedió al dictador; los firmantes del Pacto de Punto Fijo, han dejado este mundo; y los partidos políticos que dieron la pelea a la dictadura -AD, PCV y COPEI- son vacíos cascarones.
 
Por otro parte, hay un grupo de venezolanos que rondan los 70 años de edad que mantienen vivo el recuerdo de tan heroica fecha; y otros finalmente que conocen la efemérides por haberlo escuchado de sus setentones padres o por la referencia a ella en las clases de Historia de Venezuela.
 
Eso es más que razón suficiente para sostener que, a 55 años de la caída de una férrea dictadura como la que allí fue echada abajo, todos los venezolanos no sienten por igual el valor y significación que el 23 de enero de 1958 representó:
 
Para unos, se lleva en el corazón, como el inicio de la democracia de partidos que rigió hasta 1999, cuando se promulgó la Constitución vigente; y para otros, es un día festivo más.
 
Pero independientemente de esas consideraciones, es tan importante el 23 de enero que hay quienes hacen de esa fecha una comparsa porque no pueden llevarla en el corazón.
 
 
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 El 23 de enero de 2013, el longevo y astuto político venezolano Pompeyo Márquez declaraba ante una emisora radial que, había tenido oportunidad de analizar y revisar su larga carrera política e, incluso, de rectificar errores del pasado.
 
Decía Santos Yorme, así se conocía a Pompeyo en la lucha clandestina contra la dictadura perezjimenista , que en los primeros años de la década de los 60´s le correspondió a él el cargo de Comisario Político de la lucha armada decretada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, como tal, dirigir acciones bélicas contra el gobierno de Rómulo Betancourt, aunque jamás fue guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).
 
Agregaba el veterano político que, tan pronto se dio inicio a la cruzada armada contra la democracia recién instaurada, se percató del grave error que se había cometido y, a pocos, se comenzaron las conversaciones para conseguir una concertación, la cual se empezó a dar en tiempos del Presidente Raúl Leoni, para culminar con la pacificación convenida con el Presidente Rafael Caldera en su primer mandato.
 
Pero lo que más llamó la atención de las declaraciones de Pompeyo, porque lo anterior ya había sido expresado por él y otros correligionarios, es que rechazó las versiones que sobre la conducta de Betancourt y su gobierno, en especial la policía política -DIGEPOL- han circulado por años, según las cuales se trató de una persecución a mansalva y asesina de los dirigentes de izquierda. Pompeyo, como todo un varón, aclaró los hechos con dos preguntas: ¿Persecución sangrienta?.Es que acaso no nos alzamos en armas contra un  gobierno legítimamente constituido que tenía el derecho de defenderse?
 
¡Chapeau, Don Pompeyo!
 
 
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Cuando las instituciones están en su nivel más bajo cada uno puede hacer lo que le plazca y se queda tan tranquilo. Eso sí, siempre y cuando no pise los callos de quien impone la ley de la fuerza.
 
Dentro de este orden de ideas, los abogados tienen sus instituciones, los Colegios de Abogados y la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, pero ambas igualmente no están en su mejor momento. Pareciera que fuera un contagio.
 
La Ley de Abogados de 1966 consagra el derecho que tiene cada abogado de anunciarse para el ejercicio de su profesión en general, lo que significa que el profesional del derecho bien puede colocar avisos informativos sobre su actividad, así como publicar los números telefónicos de su bufete o escritorio en las páginas amarillas de la guía telefónica, o contratar un cintillo publicitario en Internet.
 
Pero lo que le está vedado al abogado es ofrecerse como especialista en una rama determinada del Derecho, pues para ello es necesaria la anuencia del respectivo Colegio, la que será otorgada previa comprobación de la circunstancia del caso, debiendo los anuncios ser sometidos a la consideración y aprobación del Colegio. Así lo dispone el artículo 20 de la Ley de Abogados de 1966.
 
Pero qué sucede cuando las instituciones no están funcionando debidamente? Pues que al hacer cada uno lo que le venga en gana, se encuentra con que un abogado se toma la libertad de publicitarse como especialista en una rama específica del derecho, sin contar con la autorización del Colegio al cual pertenece, o al menos ni alude a que previamente obtuvo el permiso para hacerlo.  
 
Los ciudadanos sólo podemos hacer pública esa ilegal situación, pero quien sí podría hacer algo útil es quien haya contratado al abogado de marras pues, a sabiendas de éste está violando la ley profesional que lo rige, lo menos que podría ser es rescindirle el contrato de servicios profesionales.
 
 
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Pareciera que el tema de la independencia judicial no se agota nunca, pues en cada momento, hasta en el de la más profunda tranquilidad, surge algún comentario, algunas veces malsano, otras acertado, de lo que significa el que un juez sea independiente; y es que no puede ser de otra forma desde el mismo momento en que teoría de la división de los poderes públicos fue expuesta por el célebre Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, en su conocida y leída obra “De l’esprit des lois”: El Poder Ejecutivo gobierna, el Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial hace juzgamientos y controla tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo.
 
Esta trilogía de los poderes ha sido recogida en la mayoría de las constituciones que rigen las democracias occidentales, como la de los Estados Unidos de América de 1787, hasta la Constitución de 1999, de Venezuela. En ellas, están claramente definidas las atribuciones de cada una de las ramas del Poder Público.
 
En el caso venezolano, el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional y este último se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, o sea, 5 grandes ramas; y cada una de esas ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
 
En cuanto al Poder Judicial, la Constitución establece que es independiente y que el  Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa, a cuyo efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. 
 
Para garantizar la independencia judicial la Constitución también previó que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concurso de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley, con la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación, y sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.
 
Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función a excepción de actividades educativas, ni siquiera podrán los jueces asociarse entre sí.
 
Esta independencia, que pudiera ser calificada como funcional, se extiende igualmente a la que deben mantener los funcionarios judiciales frente a las partes en el litigio del cual estén conociendo, de manera que cuando un juez entra en conflicto de intereses con alguna de ellas, está en la obligación de manifestar su incompetencia para conocer e inhibirse conforme a las leyes procesales.
 
Estas son las premisas fundamentales de la independencia judicial. Si usted, amable lector, observa que un funcionario judicial mantiene una actitud de obediencia o sumisión frente a otro de los poderes públicos, o frente a alguna de las partes en un juicio, podrá usted tranquilamente considerar que se encuentra ante una situación de absoluta independencia judicial. A veces esto ocurre porque el funcionario judicial está supeditado de alguna forma a un factor externo que lo domina; pero también puede ser que éste sufra de esa enfermedad que se conoce como agorafobia que no es otra cosa que temor a los espacios abiertos y, ante la posibilidad de que un ser dominante le exija la sumisión, el funcionario judicial prefiere rendirse a sus pies antes de que le sea exigido.

 

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