EL INFORME PISA DE LA OCDE Y LA EDUCACION FINLANDESA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue constituida en 1961 y en la actualidad agrupa a 34 países miembros, siendo su misión la promoción de políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

La OCDE ha desarrollado, a tal fin, el Programme for International Student Assesment o Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, el cual, cada tres años, rinde lo que se conoce como Informe PISA, basado en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan en ese período en varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos.

Uno de los países que presentan la mejor calificación en materia educativa es Finlandia, acaparando los primeros puestos por su excelente nivel educativo.

Uno de los aspectos más resaltantes que revela el informe y un serio análisis del País, de España, es que a los 4 y  5 años menos de la mitad de los niños finlandeses acuden a guarderías y solamente es cuando alcanzar 7 años de edad que empiezan el colegio; pero ello ha dado como resultado que dos años después sus puntuaciones sean mejores que la de los estudiantes del resto de los países de la OCDE.

En ello colabora el que, durante los primeros  6 años de la primaria, los niños tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas al mismo maestro, que vela porque quede ningún niño excluido, porque se considera que es una manera de fortalecer la estabilidad emocional y la seguridad en los alumnos, por lo que no se dan calificaciones numéricas y se evita fomentar la competencia entre los estudiantes.

Por otro lado, la educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad, incluyendo las clases, el comedor, los libros y hasta el material escolar aunque, si alguno lo extravía, estará obligado a comprarlo y pagarlo.

La jornada escolar es aproximadamente de 6 horas, con un espacio para el almuerzo, totalizando, en primaria, unas 608 horas lectivas, incluyendo el tiempo de las tareas en casa.

En cuanto a los maestros, cuentan con una elevada calificación académica, utilizando el procedimiento de colocar a los mejores educadores en los primeros años de enseñanza, requiriéndose una calificación de 9 puntos sobre 10 en sus promedios de educación secundaria y de reválida. Posteriormente, cada universidad escoge después a sus aspirantes a profesores con una entrevista para valorar su capacidad de comunicación y empatía. “Son las pruebas más duras de todo el país”, asegura un experto catalán, Javier Melgarejo, quien, según El País, ha estudiado el tema educativo finlandés, comparándolo con el español, desde hace más de 10 años.

Luego de seleccionado el candidato, le es exigido la licenciatura y período de prácticas.

Otro aspecto de gran transcendencia que se toma en cuenta en Finlandia es el prestigio social con el que cuentan los maestros, al punto de ser valorados y respetados por padres y alumnos, lo que contribuye a que tengan mayor auto confianza y motivación; pero, además, reciben elevadas remuneraciones por el trabajo que desempeñan, lo que les permite un buen estándar de vida.

En fin, esa es la forma de un país para situarse con las mejores puntuaciones en la  sociedad occidental desarrollada y ubicarse entre los primeros con mejor calificación en la materia educativa. De allí que Harri Skog, secretario de Estado de Educación de Finlandia, como informa El País, haya exclamado atinadamente; “La educación es la llave para el desarrollo de un país”.

Ojalá todos los países siguieran con seriedad el ejemplo de la nación nórdica en lugar de estar perdiendo el tiempo en discusiones estériles y en programas de  gobierno que lo que promueven no solamente es la ignorancia, sino también la pérdida de valores sociales.

Por cierto, Venezuela no es miembro de OCDE ni figura en proceso de adhesión, por lo que sus resultados educativos no son considerados.

 

EL DESALOJO DE ARRENDATARIOS SEGÚN EL TSJ

En 1947, la Asamblea Nacional Constituyente electa a raíz del derrocamiento del general Isaías Medina Angarita en 1945, promulgó el Decreto Legislativo contra el desalojo de viviendas, estableciendo una serie de limitaciones al derecho de propiedad cuando dispuso determinadas condiciones para desalojar una vivienda urbana porque consideraban los asambleístas que era necesario conceder a los arrendatarios con contratos a tiempo indeterminado un plazo mayor para el desalojo de los que preveía el Código Civil.

En 1960, y con la autorizada oposición del entonces senador Arturo Uslar Pietri, la República Civil incurrió en un craso error, que aún permanece vigente y causando graves daños a la industria de la construcción. Se trataba de la Ley de Regulación de Alquileres (LRA), texto legal mediante el cual se pretendía controlar la fijación de los cánones de arrendamiento en su precio máximo.

No obstante el daño que la LRA ocasionó -porque los inversionistas dejaron de construir viviendas para arrendar- permaneció en vigencia por casi 40 años hasta que fue derogada por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI) cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda y/o al desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales y de enseñanza entre otras, ya sean arrendados o subarrendados parcial o totalmente así como los cánones de arrendamiento.

Para complementar el contenido de la LAI, el 6 de mayo de 2011 fue publicada la Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas (Ley contra desalojo y ocupación arbitraria), destinada a la protección de los arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como a los adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren, o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley contra desalojo y ocupación arbitraria, no  podía procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección, sin el previo cumplimiento de un procedimiento especial ante el ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, previo a las demandas y, además, se disponía que no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada.

Como es de suponer, una normativa de esta naturaleza atentaba directamente contra el derecho de propiedad porque el propietario no podía disponer de su inmueble, ni recibir los réditos que ésta produjera; pero, en lugar de enmendar los daños, el 14 de noviembre de 2012 entró en vigencia la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos (LRCA), la cual estableció el régimen jurídico aplicable al arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, habitación, pensión y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales, de enseñanza y otras distintas de las especificadas, ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes.

La LRCA impuso un procedimiento administrativo previo de conciliación en el que las partes ejercen su derecho de defensa e, independientemente de la decisión administrativa (una vez finalizado el procedimiento) las partes podrían acudir a la sede judicial para hacer valer sus pretensiones; y, en caso de prosperar un juicio por desalojo se le otorgaría al arrendatario 6 meses, contados a partir de la sentencia, para el desalojo (retiro) voluntario.

En caso de prosperar un juicio por desalojo se le otorgan 6 meses a partir de la sentencia firme para el retiro voluntario.

El tema que ha generado más polémica, dejando de lado el perjuicio a la industria de la construcción y a los miles de potenciales arrendatarios que no consiguen alquilar una vivienda, ha sido el plazo para el desalojo y, ahora resulta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en reciente decisión del 3 de octubre de 2014, entendiendo que es necesario fijar un plazo perentorio que, una vez vencido, habilite al tribunal para ejecutar el desalojo.

Al efecto, dijo el TSJ que se trata de una situación que contraría los postulados constitucionales de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, por lo que ordenó que la Sunavi dispone de un plazo de 4 meses para que emita su pronunciamiento, más una prórroga adicional de 2 meses; y, vencido este plazo sin que haya habido decisión, el juez quedará habilitado para ejecutar la sentencia de desalojo.

La decisión no es una panacea si de derecho de propiedad hablamos, pero, al menos, da un poco más de seguridad jurídica al propietario de un inmueble arrendado en estos tormentosos tiempos.

LA DUQUESA DEL PALACIO DE LIRIA

Durante mi infancia y adolescencia madrileña, al transitar desde la Plaza España hacia la calle Princesa, o viceversa, se encuentra una inmensa construcción que, con el transcurso del tiempo, supe que se conocía como el Palacio de Liria, y se me decía:  Ahí vive la Duquesa de Alba!. No había más explicaciones, su solo título nobiliario era suficiente como para que, a mi corta edad, entendiera que se trataba de alguien muy importante dentro de la sociedad española de aquel tiempo.

Con el transcurso de los años, aprendí que aquella noble dama que habitaba aquel palacio era María del Rosario Cayetana Victoria Alfonsa Fitz-James Stuart y de Silva quien, además de Duquesa de Alba, fue la tercera mujer de esa estirpe que en 500 años ostentó el título, junto a otros más de 40 reconocimientos nobiliarios según Guinness lo que, a título de chisme de las revistas del corazón, le daba derecho a que hasta su alteza real la reina Isabel II del Reino Unido, le hiciera una genuflexión en su presencia, por superarla en la cantidad de títulos.

Pero no sólo aprendí los aspectos nobiliarios de la dama en cuestión, sino que se comentaba desde siglos atrás que la modelo de las famosas damas del gran Goya lo había sido una antecesora de doña Cayetana.

También pude conocer que se trataba de una persona que era colosalmente rica, dueña de  fincas de miles de hectáreas, palacios, castillos y una de las colecciones privadas de arte más importantes de España que iniciara el tercer Duque de Alba en el s. XVI y que está compuesta, entre otros, por El Creco, Rubens, Goya, Sorolla o Murillo.

Con este bagaje económico fue fácil para ella convertirse en una mecenas, protectora del arte y de los artistas; pero lo que más llamó la atención de Cayetana, a secas como coloquialmente me acostumbré a referirme a ella, fue su desenfado y falta de formalidad en su conducta, muy contraria a la que se presume que debe mantener un noble de su categoría, al punto que era frecuente su presencia en los medios y, a través de ellos, en el hogar de cualquier persona, bien a través de las revistas del corazón o por las redes noticiosas.

Hoy, enterado de su reciente deceso, solamente queda decir como su epitafio:

“Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió”.

 

AIRES DE INDEPENDENCIA JUDICIAL DESDE EL EXTERIOR

Noticias procedentes de Brasil dan cuenta de una redada policial anticorrupción condujo a la detención de 23 de los más ricos y poderosos de ese país.

De acuerdo a la información, la policía arrestó a ese selecto grupo, a quienes escasamente les dio tiempo para cargar con unas mudas, lecturas y neceser, y los trasladó en varios aviones a Curitiba, en el Estado de Paraná, donde fueron alojados por varias noches en 6 estrechas celdas compartidas de una comisaría local, donde también tienen que lavar su ropa y asearse en baños públicos.

Los detenidos -presidentes y ex presidentes de las mayores constructoras de Brasil- pertenecen a un selecto grupo conocido como el “club de los mil millones”, según una revista brasileña, y han sido acusados oficialmente de haber organizado junto a PETROBRAS un esquema de sobornos, corrupción, fraude a la ley de licitaciones y lavado de dinero que entre 2004 y 2012 pudo desviar más de 3.000 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros) y financió irregularmente a los principales partidos políticos (sobre todo al gobernante Partido de los Trabajadores, PT, pero también al PMDB y al PP).

Por supuesto, esta situación ha originado de manera inmediata la reacción de los acusados y de otros que utilizaron ágilmente su vía de escape y han propuesto llegar a acuerdos con la Fiscalía para lograr una reducción en las condenas.

Así se comenta que algunos de ellos han convenido en devolver USA$ 165 millones de sus cuentas personales en Suiza, no por haber sido repentinamente afectados por un virus de honestidad, sino como la forma para evitar largas condenas.

Los procesos están en sus inicios y falta aún mucho que transcurrir antes de ver el final de la película pero, lo que sí se puede anticipar es que, al menos en esta etapa, el Poder Judicial brasileño está actuando con independencia e imparcialidad; y no puede dejar de mencionarse que si en algo ayudó la libertad de prensa en este escándalo ha sido la decidida actitud de la prensa de exponer libremente los hechos sin estar sometido a censura previa ni a autocensura.

Por otros lares, la red da cuenta de que la infanta Cristina de Borbón está considerando renunciar a sus derechos sucesorios en la corona ante la posibilidad cierta de que la acusación judicial en su contra siga su curso; la conocida tonadillera Isabel Pantoja -La Pantoja- tiene desde hoy un nuevo hogar, y es que habiendo sido condenada a 2 años de prisión y multa por  US$ 1.4 millones por el delito de lavado de dinero, entró en un penal en Andalucía, donde cumplirá la condena; y, a última hora, José Sócrates acaba de ser detenido en el aeropuerto de Lisboa por una investigación relacionada con supuestas actuaciones fraudulentas en transacciones bancarias y transferencias de dinero mientras se desempeñó como Primer Ministro de Portugal.

Entretanto, Venezuela estrenará otra ley de lucha contra la corrupción pero, según enseñaron a este escribidor, las leyes no tienen efecto retroactivo salvo las de procedimiento y las que reduzcan penas, así que el novedoso texto será aplicable a los delitos de ese tipo que se produzcan a partir de la entrada en vigencia del novedoso texto legislativo.

Amanecerá y veremos.

RECORDANDO A CAMPOAMOR

Parece que la visita sin previo aviso de un ministro venezolano al Brasil ha creado una tormenta en un vaso de agua.

El ministro venezolano afirma que viajó a ese país para firmar un convenio para ayudar a formar comuneros entre los miembros del Movimiento Sin Tierra que defiende la reforma agraria en el país. También, añadió, se reunió con laboratorios médicos para hablar sobre la exportación de medicinas a Venezuela para atender la crisis de desabastecimiento venezolana. 

Por su parte, para el ministro brasileño, el gobierno de su país entendía que se trató de una visita privada por lo que solamente bastaba que por cortesía lo hubiera informado previamente, pero en la realidad el ministro venezolano fue con otros planes y sucribió el aludido acuerdo que no tiene validez oficial para el gobierno ya que fue suscrito con una
organización no gubernamental; y agregó textualmente: «Para el Ministerio de Relaciones Exteriores no existe como un acuerdo y usar el nombre de acuerdo es algo que lleva a un
engaño».

El impasse diplomático ha de terminar pronto, como siempre sucede; pero vistas las dos interpretaciones ministriles, este escribidor trae a colación el poema de don Ramón de Campoamor y Campoosorio:

 
En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira.

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