Al filo del 14 de abril

 

A una semana. Los venezolanos estaremos emitiendo nuestro voto para seleccionar al que regirá los destinos del país por los próximos 6 años.

 

No se trata de una simple votación para elegir un candidato de la simpatía de cada uno. Es el momento histórico y oportuno para que el pueblo se manifieste entre dos tendencias claramente marcadas de política: el libre mercado, con una democracia plena en la que funcionen todas las instituciones al servicio de la colectividad; y la economía dirigida, con un sistema de gobierno férreo que controle todos los poderes desde la Presidencia de la República y donde la seguridad jurídica brille por su ausencia so pretexto de que, quien manda, es el pueblo soberano.

 
La decisión es crucial y le corresponde a los electores. Abstenerse de votar por indolencia, o simplemente porque no se tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral, o porque determinado candidato no es del agrado del elector, es simplemente un suicidio en primavera.
 
No tengo confianza en el árbitro electoral, y estoy consciente de la apabullante campaña electoral del candidato oficial con el uso ilimitado e incontrolado de los recursos del Estado; pero como demócrata convencido, solamente me queda acudir a las urnas y dejar allí mi voto.
 
La Constitución y leyes de la República no me dan otra arma. Votemos masivamente.
 
¡Soy venezolano!.
 

Ley de desarme

 
Con inusitada algarabía se viene hablado de un necesario proyecto de Ley de Desarme con el fin de desposeer a la población de infinitas armas que circulan legal e ilegalmente en el país.
 
Se trata de una excelente idea que ha tenido éxitos en otros países y que, por elemental deducción, debería igualmente ser un triunfo en uno de los países más violentos de la América Hispana.
 
Sin embargo, si Venezuela ha sido conducida al extremo grado de violencia que denuncian las estadísticas, no puede achacarse ese estado de agresividad a la mera posesión de armas, por la simple y elemental razón de que hay personas que han poseído armas por años y jamás han hecho uso de ellas, más allá de tenerlas a buen recaudo como aquel que porta un amuleto para sentirse emocionalmente seguro.
 
En efecto, la agresividad excesiva que reina en el país tiene un especial y valioso aliado en la impunidad, es decir, en la ausencia de castigo o sensación de libertad para infringir las leyes sin recibir el castigo correspondiente, situación que deviene básicamente de dos elementos: la falta de prevención y la deficiencia del sistema judicial.
 
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que si se ha creado un estado general de impunidad en el cual cualquiera se siente libre de darle un par de tiros a otro por simple y llanamente “quítame esta paja”, es que la sociedad está enferma.
 
Por consiguiente, paralelamente a la Ley de Desarme deben ir proyectos concretos para mejorar la prevención y el sistema judicial, así como crear urgentes programas pilotos para el estudio y control social.
 
Quitar el arma porque dispara como programa único no solventa la agresividad social porque el individuo puede sustituir el mortífero revólver por otro artefacto igualmente dañino.
 
 

Las Mujiquitas

 
En las Reflexiones a últimos de Marzo de 2013, bajo el título Los Mujiquitas, anuncié que a éstos les había salido competencia, las “mujiquitas”.
 
Pues sí, aunque usted amable lector no lo crea, las “mujiquitas” han existido, han resurgido de sus cenizas con especial agresividad, una variedad viviente del sexo femenino que está marcando importantes hitos en eso de solucionar problemas a a quien detente algún mando. Veamos algunas de sus características:
 
Las mujiquitas, de entrada, son audaces. De mediocre formación profesional no se amilanan ante nada mientras se sientan “guapas y apoyadas”, sea por algún “pesado” o porque detentan algún cargo en la administración pública; pero si se sienten amenazadas, son de una agilidad increíble para desaparecerse de la escena como por arte de magia hasta que el temporal amaine.
 
En la indumentaria, las recientes mujiquitas superan a aquellas que hubo en los años de democracia, generalmente refugiadas en el Poder Judicial, donde se desempeñaban como juezas y fiscales, para desdicha de las juezas y fiscales serias y responsables; y cuya vestimenta, joyería que se “echaban encima” y los extravagantes y engominados peinados las hacían objeto de mofa. Las mujiquitas de hoy se proponen ser “catiras a juro” en la medida de que su físico se lo permita, porque hay otras que prefieren mostrarse como son para no parecer un espanto, de esos de los que se hablaba antes de que se inventara la luz eléctrica. La vestimenta que adoptan, por lo general, es unfino  “taller” negro, quizás para olvidar los humildes y roídos vestidos que antes llevaban. Lujosas gafas “polarizadas” delineadas por los diseñadores de moda ocultan sus desdeñosas y falsas miradas hacia el pueblo del cual salieron.
 
La otra característica de las “mujiquitas” de última generación es que caen en trance cuando, rodeadas de un sinfín de guardaespaldas suben a sus autos blindados, o cuando se les da la oportunidad de viajar en “business class” a sitios privilegiados en representación de algún ente estatal donde hacen gala de su verborragia intentando convencer a los auditorios de las bondades de aquel a quien prestan sus servicios.
 
 En cuanto a su actuación, las “mujiquitas” están prestas a dar la respuesta que necesita quien les pide su opinión y, ante un auditorio, o una cámara de televisión, se transforman como por arte de magia en una especie de caricatura del fallecido doctor Arturo Uslar Pietri dibujada por algún enemigo del ilustre escritor. A la par que emplean endulzadas palabras, configuran frases ininteligibles y rimbombantes, aderezadas con alguno que otro “latinazo” mal aprendido en las aulas, que resuenan como un concierto celestial a cargo del arcángel san Miguel en los oídos de su mentor, mientras que los órganos auditivos de otros las perciben como una partitura de Beethoven interpretada por un mal viviente que salda sus pecados en la quinta paila del infierno bajo la batuta de Lucifer.
 
Nunca imaginó el maestro don Rómulo Gallegos que su “mujiquita” saltaría de las páginas literarias a la historia patria.

Reciprocidad Diplomática

 

Una de las características de las relaciones diplomáticas entre los estados es la reciprocidad, entendiéndose como tal el hacer por el otro lo que éste hizo por uno.

 
Hay distintos ejemplos en la diplomacia que fácilmente demuestran cómo funciona la reciprocidad. Uno de los más comunes es cuando un Estado declara persona non grata a un embajador, en cuyo caso el Estado del embajador tiene el derecho de hacer exactamente lo mismo con el embajador del primero. También se da cuando un Estado expulsa a un funcionario diplomático de otro, en cuyo caso éste puede hacer lo mismo.
 
Un supuesto donde generalmente funciona la reciprocidad es en el visado. El principio general es que todo Estado exige a los nacionales de otros Estados que obtengan una visa de ingreso; pero eso principio se ha ido aminorando mediante la celebración de acuerdos bilaterales entre los Estados que faciliten el ingreso de nacionales entre ellos, sin visa; e incluso, acuerdos multilaterales como la Unión Europea o el Mercosur, facilitan el tránsito de viajeros simplemente con el documento nacional de identidad del transeúnte.
 
La reciprocidad debería alcanzar también en determinadas situaciones. Por ejemplo, un Estado es libre de fijar o establecer el mecanismo para la solicitud de visa y, por tanto, puede decidir que el sitio para la tramitación sea distinto del lugar donde se encuentre su sede diplomática o sección consular en otro Estado; pero en ese caso, el Estado debería aplicar el mismo sistema, en acatamiento del principio de reciprocidad. Por supuesto, esto funciona en Estados con gobiernos serios.
 
Recientemente, Canadá decidió que los venezolanos soliciten la visa de ingreso online o a través de un outsourcing en Caracas, pero los pasaportes y demás recaudos exigidos deben ser enviados mediante un courrier a la representación consultar canadiense en ciudad de México, que es quien concede o niega la visa.
 
Si la reciprocidad funciona, Venezuela debería aplicarla frente al Canadá en el caso de la solicitud de visas a fin de mantener no solamente correlación sino la igualdad de Estados frente al derecho internacional. En ese sentido, quizás convendría a Venezuela trasladar la tramitación de visas en el Consulado General en Toronto a Buenos Aires, o alguna otra capital suramericana.
 
Eso sería auténtica reciprocidad.

Legitimidad

 
Legitimidad, de acuerdo al DRAE, es la cualidad de legítimo,  o sea, hay legitimidad cuando se es legítimo; y entre los varios significados debe entenderse como tal que determinada actuación se ha hecho conforme a las leyes, o que es lícita o justa.
 
Por tanto, cuando se actúa en disconformidad con las leyes se dice que la acción es ilegítima o injusta, adolece de legitimidad. Pues bien, hay casos donde determinadas actuaciones de la vida real parecieran legítimas, pero no lo son. Por ejemplo, un estudiante que se copia en un examen y obtiene una buena calificación, cumplió con el requisito, pasó la prueba, pero su acción es ilegítima; o el alumno que logra adulterar sus notas para presentar su examen frente al jurado y alcanzar su grado universitario, será un profesional pero no tiene legitimidad, ni podrá legalizarla posteriormente aunque llegue a gozar del mayor prestigio.
 
De igual manera, si en un proceso electoral un candidato se aprovechara de los recursos del Estado, chantajeara a los empleados estatales, manipulara a la fuerza armada en su favor, estableciera registro -listas negras- de opositores para degradarlos, integrara comandos de campaña con ministros del gabinete gubernamental, controlara todos los Poderes Públicos y, además, contara con la complicidad del ente arbitrador, quizás lograría el triunfo y se haría con el cargo al que aspira, pero sin dudas, carecería de legitimidad. Sería Presidente, Alcalde o miembro de una Junta Comunal, aun con las masas rendidas a sus pies, pero siempre sería ilegítimo.
 
Pero el efecto más sorprendente de la falta de legitimidad es que, quien se valiera de ella, y aunque con la asistencia los “mujiquitas” mantuviera las apariencias, siempre estaría escuchando una imperceptible y suave voz que, constantemente y por el resto de sus días, le diría desde lo más profundo de su subconsciente: ¡Tramposo!.
 

La intervención extranjera

 
La intervención extranjera no es algo nuevo en la civilización. Existe desde que Dios resolvió poner fuera del Paraíso Terrenal a Adán y Eva y enviarlos a reproducirse, dando origen a distintas tribus que, luego de multiplicarse, no perdían oportunidad para atacarse unas a otras en búsqueda de todo aquello que fuera indispensable para cubrir sus necesidades elementales.
 
Con el transcurso de los años, y delimitándose fronteras y territorios, la intrusión  foránea se hizo una costumbre entre los distintos feudos, reinos, agrupaciones tribales que aún persisten en algunos países; y así se ha venido repitiendo a lo largo de la historia, dando origen a pactos, convenios, acuerdos y todo tipo de convención entre las naciones destinados a proteger las fronteras y evitar que al vecino se le ocurra la aventurada idea de sobrepasar los límites, todo ello fundamentado, de paso, en el derecho de soberanía.
 
Generalmente, la agresión forastera se practicaba por la fuerza, para lo cual se creaban montoneras, dando paso a la ocupación del territorio invadido, sometiendo a sus habitantes al yugo del ocupante. La Biblia narra las esclavitudes que ciertos pueblos imponían a otros y, en la historia, el poderoso ejército de la Roma imperial ocupó partes de
Europa, Asia y África durante siglos, antes y después de Cristo.
 
Y así sucesivamente hasta que llegaron tiempos donde la invasión extranjera es más sutil, sin olvidar, por supuesto, las divisiones militares nazis para someter a Europa, o las de Estados Unidos en ciertos países asiáticos e hispanoamericanos y, hasta la invasión de Machurucuto en 1967, cuando las fuerzas castro-comunistas irrumpieron en Venezuela; pero esa delicadeza deviene de las relaciones internacionales y del papel de la ONU que, si bien a veces no cumple cabalmente, o no puede cumplir, con imponer sus decisiones, sirve como un foro para frenar las ideas expansionistas de ciertos países.
 
 Ante estas circunstancias, surge lo que se llama la intromisión extranjera velada, es decir, aquella que se hace mediante el control económico financiero de un estado, como la imposición de sanciones económicas -Estados Unidos frente a Cuba-, la colaboración militar, y otras formas simuladas de cooperación que son simplemente intervención, como la colocación de funcionarios de un país a cargo de determinados servicios, como los registrales y notariales, o la celebración de contratos que son gravosos para el Estado que, bajo el pretexto de hermandad o solidaridad continental, lo facilita.
 
Como se observa, la intromisión foránea no ha desaparecido de la faz de la tierra. Lo que ha cambiado es la forma de conquista, penetración y sumisión, ahora sin violencia, cubriendo las apariencias de una camaradería que existe en algunas trasnochadas mentes bajo el influjo de determinada ideología.

Referéndum Revocatorio

 
La legitimidad de un gobernante deviene del acatamiento de una constitución y de las leyes, amén del buen desempeño de sus funciones, por lo que, teniendo su origen en la voluntad popular manifestada en libres comicios, debe permanecer en el cargo hasta el fin de su mandato cuando, en aplicación del principio de alternabilidad debe dar paso a un sucesor, también en elecciones generales, salvo en aquellos poco democráticos supuestos de reelección.
 
Ahora bien, si durante su mandato un gobernante, pese a su legitimidad, es repudiado por sus actos de forma tal que cree un manifiesto descontento dentro de la colectividad, ciertas constituciones han previsto mecanismos para que se consulte excepcionalmente a los electores. Así, en el régimen parlamentario se prevé que el Presidente, o el Primer Ministro, disuelva el Parlamento y convoque a nuevas elecciones; y, en el presidencialista se prevé la posibilidad del referéndum revocatorio, como en el caso de la Constitución venezolana de 1999, para todos los cargos de elección popular.
 
En efecto, en el artículo 72 de la Constitución se dispone que transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor del veinte por ciento de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
 
De acuerdo a lo transcrito, si se tratara del Presidente de la República, que es electo por 6 años, se requerirían dos requisitos: Uno, que hayan transcurrido tres años, que es la mitad del período para el cual aquel fue electo; y dos, que la solicitud de revocatoria lo efectúe al menos un 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral.
 
Ahora bien, convocado el referéndum, dice el mismo artículo que para se considere revocado el mandato,  se exigirá dos condiciones:
 
1.  Que igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al Presidente hubieren votado a favor de la revocatoria.
2.  Que haya concurrido al referendo un número de electores igual o superior al veinticinco por ciento de los electores inscritos.
 

Cumplidas ambas condiciones concurrentes, se considerará revocado el mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta prevista en la misma Constitución.

En cuanto a los cuerpos colegiados, verbigracia la Asamblea Nacional, la anulación del mandato se realizará de acuerdo con lo que establezca una futura ley.

Finalmente, es de observar que, dado el carácter excepcional del referéndum revocatorio, durante el período para el cual fue elegido el funcionario no podrá hacerse más de una solicitud de abolición de su mandato.

 

Una mirada al arbitraje

 
 Uno de LOS REQUISITOS fundamentales DE la administración de justicia imparcial e independiente ES la necesidad de TENER buenos jueces, hombres que solamente tengan como norte la aplicación de la ley y no estén sujetos a las presiones de terceros o de las partes que ante esos jueces litigan. Sólo así puede hablarse de un verdadero Poder Judicial; pero cuando éste se transforma en la Oficina de Asuntos Judiciales del Poder Ejecutivo, CON JUECES DESIGNADOS A DEDO, la función de administrar justicia deja de ser transparente y quienes se encuentran en la necesidad de tutela judicial efectiva reflexionan seriamente cómo, cuándo y quién les dará un veredicto ajustado a las leyes.
 
En esas circunstancias, surge la posibilidad de buscar la solución de las controversias a través del arbitraje que, en el derecho, es una alternativa real para resolver las disputas entre particulares renunciando a la jurisdicción de los tribunales, y se formaliza mediante la inclusión de un acuerdo de arbitraje, que es aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias surgidas o que puedan surgir respecto de una relación jurídica contractual o no contractual.
 
El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente y es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria, debiendo constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de
arbitraje si consta por escrito y la referencia implica que esa cláusula forma parte del contrato.
 
El arbitraje puede ser institucional o independiente. El arbitraje institucional se realiza a través de los centros de arbitraje. El arbitraje independiente es el regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje, en cuyo caso el procedimiento se regirá por lo acordado por las partes y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje Comercial.
 Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad, y  el idioma y el lugar del arbitraje lo determinan las partes, al igual que el número de árbitros, siempre impar. 
 
La duración del arbitraje será de 6 meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral si las partes en el acuerdo de arbitraje no señalaren otro, y  podrá ser prorrogado por una o varias veces, de oficio o a solicitud de las partes o de sus apoderados. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas cautelares.
Contra el laudo únicamente procede el recurso de nulidad con base a taxativos motivos, por ante los tribunales jurisdiccionales.
 
El laudo, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios venezolanos como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente sin requerir exequátur, o sea, el formalismo que tiene que cumplir una sentencia extranjera ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se pueda ejecutar en Venezuela.
 
Como se observa, los particulares cuentan con una clara e invalorable institución en caso de requerir que sus controversias sean resueltas sin tener que someterse a interminables litigios ante los jueces de la jurisdicción ordinaria. 
 

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