La Toga

Según el DRAE, la palabra toga tiene dos significados:

“Traje principal exterior y de ceremonia que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc, encima del ordinario”; y

Prenda principal exterior del traje nacional romano, que se ponía sobre la túnica”.

A los efectos de esta reflexión, el significado será el que corresponde a la toga como la vestimenta ceremonial de jueces y magistrados, esa sobria prenda de vestir larga, de color negro, que sobre su ropa habitual se ponen los citados funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones o en actos protocolares.

La razón de ser del uso de la toga, aparte de sus antecedentes que se remontan a la Roma imperial, es fundamentalmente el magnificar el valor de la función judicial, un simbolismo que indica que el administrador de justicia se distingue del común de los ciudadanos y que, tal como la sotana sacerdotal, merece respeto y diferenciación porque quien la porta representa una sagrada misión.

La toga está tan afianzada en ciertos países de larga tradición que en algunos, como en Francia, la noblesse de robe, según el criterio napoleónico, se sostiene que el juez debe ser pagado con el honor y la consideración social que le atribuye el cargo, antes que con el relativo estipendio que le da el Estado.

En España, donde se usa por siglos la toga en la función judicial, don Angel Ossorio y Gallardo publicó en 1919 “El Alma de la Toga”, obra de lectura obligatoria para todo aquel que haya decidido hacerse abogado, donde precisamente uno de sus capítulos lo dedica el autor al hábito de jueces y magistrados y, por supuesto, de los abogados.

En los países anglosajones el uso de la toga es de vieja data y los últimos años en países hispanoamericanos, entre ellos Venezuela, es obligatorio portarla en las actuaciones judiciales y actos ceremoniales.

Pero “el hábito no hace al monje”, dice sabiamente el adagio castellano, lo que significa que por más que uno se esfuerce en dar la apariencia de algo que no se es, nunca se llegará a serlo realmente; y es que para portar una toga hay que ser juez o magistrado en el sentido literal de la palabra, es decir, un abogado que, además de las cualidades profesionales, cuente con las condiciones indispensables de idoneidad, independencia e imparcialidad para cumplir con la sagrada misión de administrar justicia.

Si no es de esa manera, quienes porten la toga sin las condiciones señaladas serán integrantes de una comparsa de  empíricos leguleyos capeados de toga y birrete, malabaristas en la argumentación al genuflexo servicio del mandatario de turno.

 

Aquí no está pasando nada

“Aquí no está pasando nada!”.

Esta es una frase común que, hoy en día y en ciertos círculos -áreas geográficas, actividades profesionales y comerciales, por ejemplo- se escucha cotidianamente en la convulsionada Venezuela, particularmente en Caracas, al punto que se ha convertido en una rutina y que con frecuencia es pronunciada por los voceros oficialistas cuando a través de sus múltiples y diversos medios de comunicación dicen que el país está en completa calma, apenas alterado levemente por acciones aisladas de un microscópico grupo de inadaptados; o cuando nuestros seres queridos, fuera de la patria, angustiadamente nos preguntan acerca de cómo nos sentimos en medio del caos que, para ellos, es Venezuela, según lo que perciben de fuentes de familiares, amigos, medios de comunicación, porque la noticia, y especialmente la mala, se acrecienta con la distancia y el amor a la patria.

Si se trata de un mero cliché para los primeros, o de un mecanismo psicológico al que acudimos los segundos para tranquilizar a quienes nos quieren, no lo sabemos; pero lo cierto es que es algo tan común que ya no extraña estar a escasos metros de un inocente bombardeo de gases tóxicos y escuchar a alguien diciendo:  ¡Aquí no está pasando nada!

Pero a la vez, quienes hemos visto films referidos a las trágicas guerras europeas rememoramos que en algunos de ellos se reflejan la vida de lujos y confort que se disfrutaban en ciudades como París, Berlín, Madrid, Londres, mientras las tropas en conflicto se desangraban a escasos kilómetros de cada una de esas capitales, durante la II guerra mundial; y es eso, precisamente, lo que, en la vida diaria venezolana acontece cuando a, menos de cincuenta metros de un centro comercial del este de Caracas, o de un aledaño y pobre barrio, o de una elegante mansión en una exquisita urbanización, nadie se entera de que, a poca distancia, hay un enfrentamiento entre fuerzas del orden, o de “batallones de la muerte”, con manifestantes pacíficos la mar de las veces infiltrados por saboteadores o por fanáticos de su propia parcialidad.

Evidentemente, pareciera que hay una doble faceta cuando hay tiempos convulsionados que se perciben de distinta manera según “el color del cristal con que se mire” y de la distancia que se mantenga frente al conflicto; pero, recientemente, un grupo de personas disfrutaba de un momento de esparcimiento y relax en una apacible zona urbana y, de pronto, vieron correr por la calle a personas provistas de máscaras bajo el estruendo de las bombas lacrimógenas y sus tóxicas nubes, lanzadas por “robocops” armados hasta los dientes, en compañía de bandas criminales. Entonces, pregunté:

¿Será que está pasando algo?. Los vientos que soplan desde el Estado Táchira suenan a tempestad.

Adolfo Suárez, el hombre que sustituyó al caudillo

Con los máximos honores, don Adolfo Suárez González se marchó a su última morada con el adiós de los españoles de todas las tendencias porque supo manejarse en ese turbulento mar pleno de tiburones que era España luego de la muerte del generalísimo Francisco Franco; y es que no podía ser de otra manera porque Suárez era un hombre del régimen franquista, al que había servido en diferentes cargos, desde funcionario ministerial y Gobernador Civil de Segovia y Director General de RTVE y Vicesecretario del Movimiento en el gabinete de Franco, cargo equivalente al de Secretario General de la Falange Española Tradicionalista y de la JONS, único partido político autorizado por la dictadura. Conocía el “monstruo por dentro”.

Con ese bagaje político, aunque continuaba siendo un personaje desconocido para la  mayoría de sus compatriotas, a la muerte de Franco fue designado Ministro Secretario del
Movimiento en el gabinete del Presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, pero saltó realmente a las primeras páginas cuando en junio de 1976, presentó la Ley de Asociaciones Políticas a la consideración de las Cortes, logrando no solamente su aprobación sino que en el mes de julio de ese mismo año, el rey le encomendó la formación de un nuevo gobierno y, con ello, se inició el desmontaje de toda la estructura franquista que se instaurara empezaron a desarticular las estructuras del franquismo iniciadas en 1939, empezando con la sanción por las Cortes de la Constitución española de 1978, que le facilitó a Suárez postularse para Presidente del gobierno, ganando sobradamente las elecciones, instaurándose en el poder hasta 1981, cuando renunció a su cargo, con estas solemnes palabras:

Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España”.

La cortísima biografía de Suárez que antecede hace pensar que para salir pacíficamente de los engranajes que sostienen las dictaduras es fundamental que la iniciativa venga de gente afecta a éstas, que se hayan mantenido durante sus funciones al margen de crímenes y de corrupción, y que cuenten con inteligencia, honestidad y capacidad política  suficientes como para lograr, con los grupos de oposición, un acuerdo que conduzca a una provisionalidad como la que alcanzó el “factótum” del proceso de transición español, que le hizo ganar a éste un bien ganado puesto en la historia, a la cual ha entrado a paso de vencedores.

La duda está en si, en todas las tiranías, se dan personajes con el temple y personalidad de
Adolfo Suárez.

 

El manifiesto del General Eleazar López Contreras en enero de 1958

Los días que antecedieron a la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez fueron movidos porque el régimen se tambaleaba ante la resistencia civil que crecía diariamente desde el 1º de enero. 

Protestas, manifiestos de estudiantes y profesionales y todo tipo de expresión de repudio, a la par que el gobierno acentuaba la represión creyendo erradamente que, a través de la violencia, podría superar las dificultades que se le presentaban.

Una de las voces más preclaras que se escuchó fue la del general Eleazar López Contreras, ex-Presidente de la República y ex-General en Jefe del Ejército de Venezuela, quien se había mantenido alejado de la política luego de regresar del exilio al cual le había obligado el golpe de estado del 18 de octubre de 1945, contra el general Isaías Medina Angarita.

En su llamado público, lo primero que se observa es la modestia del viejo general al expresar que hablaba, más bien llamaba, como un simple ciudadano que ostentaba como su mayor honra, el haber vestido con dignidad el uniforme de soldado; y responsablemente comenzaba diciendo:

No podemos callar cuando habla el MACHETE en violento lenguaje contra los niños en las Escuelas, las mujeres indefensas y hasta los SACERDOTES en sus altares profanados. Este momento la indiferencia es complicidad y toda abstención resulta criminal. Ya no se trata solamente de una recia oligarquía donde impera el peculado o un régimen personal carente de planes constructivos del que se podía esperar un aparatoso derrumbe más o menos tarde…ya no es la felicidad, sino la seguridad de tu familia, lo que cuenta: la vida misma de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus maestros, de tus guías espirituales tantas veces consagrados. TU MISMO no estás en la cárcel por sospechas, porque no se han habilitado las nuevas prisiones nacionales e internacionales que en breve estarán disponibles. Observa cómo hoy abren nuevos presidios y se cierran viejos y tradicionales planteles de enseñanza”.

Advertía el exmandatario que “la burla grosera y el irrespeto del que son víctimas la LEY y el DERECHO, el individuo y la propiedad, acusan un deplorable desgobierno. Vivimos en un estado de emergencia y estamos al borde de la anarquía y del terrorismo”; y preguntaba:

“¿DÓNDE SE ESCONDE MALICIOSAMENTE PLEGADA LA BANDERA DE MIRANDA?”

Terminaba López con un claro y encarecido ruego:

Yo os conjuro para que forméis un FRENTE CÍVICO VENEZOLANO (FCV) (hasta que se reconstituyan los partidos políticos) donde pueda refugiarse la dignidad perseguida; con ideales, propósitos y acción encaminada a crear en Venezuela un clima de honestidad, de seguridad, de respeto a la Libertad, a la Ley y al Derecho, y con igualdad de oportunidades
para todos.”

En los días subsiguientes, el 23 de enero, la última dictadura del s. XX venezolano se vino
abajo estrepitosamente.

Derecho Internacional Humanitario

Los países americanos han sido abanderados de la promoción y protección de los derechos humanos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica,[] suscrita el 22-11-1969, y con vigencia desde el 18-07-1978.

En la Convención, los Estados partes se «comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas  que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna«, compromiso que se ajusta a los principios democráticos.

La Convención cuenta con dos organismos para la protección de los derechos y libertades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Venezuela ratificó la Convención en 1977 y, en la Constitución de 1999, hizo reconocimiento expreso del Derecho Internacional Humanitario, ese derecho que ha surgido internacionalmente para la protección de los derechos humanos. Así, el artículo 19 establece que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

También en el artículo 22 expresó: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

Finalmente, en el artículo 23,  dispuso que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

En el año 2012, Venezuela denunció la Convención con el fin de sustraerse de la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el Derecho Internacional Humanitario transciende la soberanía y sigue plenamente vigente, y otras convenciones internacionales, como el Estatuto de Roma del 17-07-1998 que instituyó la Corte Penal Internacional (CPI), forman parte del sistema jurídico venezolano, ratificado el 7 de junio de 2000.

El Estatuto identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, si dichas conductas se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La responsabilidad penal se aplicará a todas las personas, sean o no Jefes de Estado o de gobierno, miembros de un gobierno o parlamento, representantes elegidos o funcionarios gubernamentales.

Si una persona ha cometido un crimen por órdenes superiores, no exime de responsabilidad. Un comandante militar responde por los crímenes que cometan las fuerzas bajo su comando o control; e incurre en responsabilidad si el comandante sabe o deba saber que sus fuerzas están cometiendo o van a cometer tales crímenes y, sin embargo, no evite que se cometan o no castigue a los responsables.

El Estatuto cuenta con jurisdicción internacional, es decir, la competencia judicial de cualquier Estado para juzgar o enjuiciar a personas por crímenes cometidos fuera de su jurisdicción territorial. Si una persona es acusada de haber cometido una desaparición forzada y está fuera del país donde el crimen fue perpetrado, las autoridades deben tomar a dicha persona en custodia, y/o bien extraditarlo o: entregarlo a otro Estado; entregarlo a un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido reconocida por el Estado, como la CPI; o presentar el caso a las autoridades competentes del Estado para su enjuiciamiento.

En fin, afortunadamente, en Venezuela hay suficiente legislación como para confiar en que, quienes hayan violado derechos humanos, no escaparán de la mano de la justicia que, a veces, parece tardía.

(Publicado en el diario El Universal, Caracas, el 27 de marzo de 2014).

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