Inmunidad Parlamentaria

 
En las primeras monarquías, el poder residía en el rey, quien gobernaba, dictaba leyes y administraba justicia, a su leal saber y entender.
 
Con el transcurso del tiempo, los monarcas fueron obligados a aceptar los parlamentos como una forma de detener el poder absoluto, dando origen a la separación de poderes y la búsqueda de independencia del poder legislativo del ejecutivo y del judicial, con lo cual comenzaron a constituirse las monarquías parlamentarias.
 
Como se trataba de un freno al absoluto poder real, era frecuente que, cuando un parlamentario disentía de la voluntad real, el rey y sus “mujiquitas”  se las ingeniaban para apartarlo de la función parlamentaria, para lo cual se valían de todo tipo de truculencias, incluyendo la falsificación de los elementos probatorios y testigos mendaces, para acusarlo de algún hecho delictivo y enviarlo a prisión.
 
Ante esas odiosas situaciones, hubo que establecer medidas de protección, y una de ellas fue que no podía enjuiciarse a  un parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su autorización  y, en caso de ser encausado, el proceso se llevara ante el Tribunal de mayor jerarquía.
 
Este sistema pasó a conocerse como inmunidad parlamentaria y privilegiaba a los miembros del Parlamento de las acciones arbitrarias de los monarcas y, con el tiempo y auge posterior a la independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa, las constituciones democráticas comenzaron a admitirla para los legisladores.
 
En la historia constitucional de Venezuela, la inmunidad parlamentaria ha sido tradicionalmente reconocida y los congresantes, diputados o senadores, han estado amparados por ella mientras cumplan sus funciones legislativas; y existen antecedentes de diputados que, en el pasado, fueron despojados de su privilegio.
 
En mayo de 1962, dos diputados al Congreso Nacional, abusando de la inmunidad parlamentaria, se unieron al Carupanazo, un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Rómulo Betancourt. Se trataba de los diputados Eloy Torres y Simón Sáez Mérida, militantes respectivamente del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que colaboraban con las ilegales Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), movimiento armado financiado y dirigido por el gobierno cubano.
 
Controlada la insurrección, los dos congresantes fueron apresados cuando, con el susto en el cuerpo y vestimenta militar, intentaban huir en una embarcación rumbo a Trinidad y Tobago. De seguidas, el gobierno solicitó el enjuiciamiento de Torres y Sáez Mérida, y la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el antejuicio de mérito y el Congreso los despojó  de la inmunidad.
 
En 1976, los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera fueron objeto del despojo del retiro del fuero parlamentario y fueron enjuiciados por su presunta participación en el secuestro de un ejecutivo norteamericano, William Niehous, pero durante el juicio, fueron postulados nuevamente al congreso y, al resultar electos, recuperaron la inmunidad y cesó el proceso en su contra.
 
Esos hechos sucedieron durante la vigencia de la Constitución de 1961, y ahora, con la Constitución de 1999 ha ocurrido el discutido y polémico desvalijamiento de la prerrogativa del diputado Richard Mardo.
 
Lo curioso de estos casos ha sido el que han estado vinculados a la política. Torres y Sáez Mérida eran fanáticamente adversos al gobierno democrático al punto de correr el riesgo y formar parte de un movimiento cívico militar armado de ultra izquierda cuyo objetivo era derrocar al Presidente Betancourt; Meza Espinoza y Herrera eran militantes del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), partido que hacía fuerte oposición al Presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1978) pero coqueteaban con los rezagados guerrilleros que para la década de los 70 aún seguían con sus prácticas delictivas y  antidemocráticas. Mardo, por su parte, es igualmente miembro de Primero Justicia, partido adversario al gobierno del chavismo.
 
Como un caso atípico de despojo arbitrario de la inmunidad parlamentaria en la era democrática, a modo de los monarcas absolutistas, puede traerse a colación el caso del senador Miguel Angel Capriles, propietario y editor de la Cadena Capriles, quien fue apresado sin fórmula de juicio por orden del Presidente Rafael Caldera (1969-1973) por haber publicado una información que fue calificada de ofensiva por el gobierno. A los tres días, el senador renunció a su senaduría para la cual había sido electo como independiente en las planchas del gobernante partido COPEI, y tomó rumbo al exterior para unas apacibles vacaciones.
 

Hiperónimo e hipónimo

 

El constante atareo diario citadino al que, a veces, se somete el ciudadano, le impide recordar las lecciones sobre gramática y lenguaje que le enseñaron en la escuela y, por ello, muchas son los vocables y los conceptos lingüísticos que permanecen en el subconsciente y que normalmente se utilizan en la comunicación verbal o escrita. Por ello, conviene recordar algunas.

 

Hiperónimo e hipónimo. No se trata de unos coterráneos de Pericles ni Aristóteles, ni de
 personajes nacidos, como Odiseo y Penélope, de la inventiva de Homero en la Odisea, sino de dos voces que, en castellano, tienen un significado preciso.

 

Hiperónimo es aquella palabra cuyo significado incluye al de otra u otras, como por ejemplo, “pájaro” respecto a “tucusito” y se utiliza para designar unos rasgos generales que agrupan a un cierto número de individuos.

 

Hipónimo  es aquella palabra cuyo significado está incluido en el de otro como por ejemplo “tucusito” respecto a “pájaro”, o sea, el hipónimo nombra a cada tipo específico de integrantes.

 

«Vivienda» es hiperónimo de «piso«, «mansión» o «apartamento«. Y el hiperónimo «árbol» engloba los hipónimos «apamate» o «caoba”.

 

Nunca es tarde para recordar…y aprender.

 

Eloy Tarazona, Eustoquio Gómez y Juan José Abreu Velásquez, tres personajes tres destinos

 

El abogado Luis Molina,  en “Eloy Tarazona Tesoro y cautiverio” (2003), revela una breve referencia bibliográfica del coronel Eloy Tarazona, apodado el “Indio”, un misterioso personaje nacido en Cúcuta en la década de 1880, un bárbaro tropical que se desempeñó como hombre de confianza y edecán del general J. V. Gómez y, entre otras curiosidades,  como un supuesto y fantasioso tesoro que el dictador le había encomendado a Tarazona enterrar al clásico estilo de la caleta de los narcos colombianos, Molina trae a colación un hecho que  vinculó al “Indio” con Eustoquio Gómez, otro primitivo personaje famoso por sus desafueros como Presidente de los estados Táchira y Lara, y finalmente con la digna actuación del doctor Juan José Abreu Velázquez, juez del Crimen de Caracas, entre 1907 y 1909.

 

Resulta que el 27 de febrero de 1907 -hace más 113 años- Tarazona y Eustoquio Gómez, junto con Isaías Nieto y  Milton Martínez, acudieron en estado de embriaguez a un famoso sitio de la Caracas de entonces, el bar “Bois de Bologne”, en Puente Hierro, vociferando insultos contra el Presidente Cipriano Castro y dando vivas al Vice Presidente J. V. Gómez.

 

La euforia llegó al climax cuando Tarazona desenfundó su arma y comenzó a disparar al aire, por lo que se llamó al Prefecto de Caracas para poner orden y este funcionario, a su vez, se comunicó con el Gobernador del Distrito Federal, el doctor Luis Mata Illas quien, siendo amigo de los revoltosos, se acercó a ellos con el fin de calmar sus ánimos.

 

En ese instante, Gómez vehementemente le dijo a Mata: “Usted me ha engañado!” y de seguidas sacó su arma y la descargó sobre la humanidad del Gobernador, con lo cual se produjo un caos total entre los asistentes que intentaban escapar ilesos del tiroteo, mientras Tarazona, Gómez y sus acompañantes escapaban para no se apresados.

 

Eustoquio Gómez fue detenido y enjuiciado, resultando condenado a 15 años de presidio por el asesinato de Mata Illas, sentencia que fue confirmada por el doctor Abreu Velázquez en su condición de Juez del Crimen; pero la condena fue burlada porque, siendo Eustoquio Gómez primo hermano del general J. V. Gómez, éste le facilitó la fuga y le dio un nombre ficticio, Evaristo Prato, hasta el momento en que, con el mayor descaro y desprecio por el Poder Judicial, lo designó Jefe de la Fortaleza de San Carlos.

 

Entretanto, el doctor Abreu fue apresado por los sicarios del general Gómez y recluido sin fórmula de juicio en el penal del Castillo de Puerto Cabello por haber osado confirmar la sentencia condenatoria de Eustoquio Gómez.

 

Pasó el tiempo y, finalmente, un 17 de diciembre de 1935 desaparece de la escena el dictador al fallecer tranquilamente en su lecho en su casa de Maracay, lo que cambió el destino de estos tres personajes.

 

Eustoquio Gómez, fatídicamente cayó de la misma manera como él hizo con el doctor Mata Illas, víctima de un disparo el 21 de diciembre de 1936, escasamente 4 días después de la muerte de su primo hermano el dictador. En  su caso, se dio el popular adagio: “El que mata a balazos no puede morir a sombrerazos”.  

 

Eloy Tarazona fue pasado a retiro y, habiendo sido ordenada su detención por el nuevo mandatario, el general Eleazar López Contreras, huyó a su tierra natal, para luego, en 1951 regresar a Caracas resultando apresado y recluido en la tenebrosa prisión del “Obispo” a la orden de la Seguridad Nacional, donde falleció, cuando ya llevaba 3 años en el poder la dictadura que derrocó a don Rómulo Gallegos.

 

El doctor Abreu Velázquez fue designado Procurador General de la Nación en 1936, correspondiéndole iniciar el enjuiciamiento de los herederos y familiares del difunto dictador y de sus “mujiquitas”, entre ellos los de Tarazona y de los herederos de Eustoquio Gómez, falleciendo en paz con su conciencia en el 10 de marzo de 1950.

 

Como se observa, tres vidas, tres destinos. De ellos, la conducta del doctor Juan José Abreu Velázquez, demuestra cómo los principios y valores juegan papel importante al momento de tener que asumir responsabilidades, como las que él tomó al ratificar la sentencia condenatoria de un asesino convicto y confeso, a sabiendas de que sería sancionado con la arbitrariedad que emana de todo poder autocrático.

 

Ello demuestra, además, que incluso en las épocas de las peores dictaduras que han azotado a Venezuela, ha habido jueces, no simplemente “mujiquitas” u operadores de la justicia al servicio de los mandones de turno.  

 
 

El fabricante de peinetas

 

La historiadora Inés Quintero, en su trabajo de investigación titulado “El vendedor de peinetas” (Alfa, 2011) saca a la luz un pasaje oculto para muchos venezolanos, cual fue el período durante el cual María Antonia Bolívar, hermana de El Libertador, mantuvo relaciones amorosas con un humilde joven llamado José Ignacio Padrón, quien se dedicaba a la venta de peinetas; pero no son asunto de esta reflexión las cuitas románticas de la  sexagenaria y díscola mantuana, sino a la conducta profesional del juez que condujo un proceso criminal iniciado en 1836 a instancias de la señora Bolívar, viuda de Pablo Clemente y Palacios, contra su amante, a quien había acusado a éste de haberle hurtado 10.000 pesos.

 

Iniciada la querella, correspondió dirigir el proceso al juez Juan Jacinto Rivas, un abogado que había ingresado a la carrera judicial en 1830, es decir, con posterioridad a la independencia y a la disolución de la Gran Colombia, quien luego de escuchar a los numerosos testigos promovidos por las partes y los documentos aportados, dictó su decisión declarando improcedente la acusación por no haber pruebas que implicaran al procesado Padrón en el robo de la suma denunciada y ordenó su libertad, mientras condenó en costas a la querellante.

 

La señora María Antonia Bolívar, al enterarse del resultado del fallo, entró en cólera y, con la mayor soberbia y malcriadez, irrespetó al juez Rivas quien le reclamó su comportamiento y amenazó con detenerla, luego de ordenarle que se retirara del juzgado; y aquella, al reaccionar con la debida serenidad, envió una comunicación al doctor Rivas presentando sus excusas, las que no fueron aceptadas, pues el recto funcionario ordenó abrir una incidencia que hiciera constar la colérica conducta de la querellante.

 

Al mismo tiempo, tanto la Bolívar como Padrón apelaron de la sentencia que liberaba a éste y el Juez Superior, en 1838, o sea, a dos años de iniciado el juicio, confirmó la absolución del acusado y revocó la condena en costas impuesta por el juez Rivas a la denunciante.

 

Lo interesante de este relativo atinente al proceso Bolívar versus Padrón está en la imparcialidad judicial. En efecto, María Antonia  Bolívar era una dama de alcurnia que disfrutaba de un consideraba riqueza, aparte de tratarse de la hermana de Simón Bolívar que, si bien su memoria estaba en desgracia y sus restos reposaban en Santa Marta, gozaba del crédito de haber sido el forjador de cuatro naciones. Siendo así, el veredicto del juez Rivas hubiera podido ser acomodaticio y favorable a la honorable matrona, si se hubiera dejado influenciar por la riqueza y posición social de la dama en cuestión.

 

Pero no, el juez Rivas cumplió con su mandato como servidor de la justicia al dictaminar conforme a las actas procesales, lo que en su momento le fue reconocido porque continuó por varios años en la carrera judicial como miembro de la Corte Superior del Tercer  Circuito de Caracas y Relator  de la Corte Superior de Caracas, hasta que optó por circular como diputado por los caminos del Poder Legislativo.

 

Como se ve, desde la naciente república ha habido jueces en Caracas.

 

Crítica Judicial

 

Desde que el barón de Montesquieu logró que su doctrina de la trilogía de poderes públicos se implementara a través del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial en las constituciones europeas y americanas, los encargados de administrar justicia, es decir, los jueces y magistrados, han sido siempre objeto de críticas, unas sanas, otras malsanas y hasta despiadadas y, en Venezuela, ha sido práctica constante murmurar de ellos y de las decisiones que dictan.

 

La razón fundamental para que siempre haya opiniones de esta naturaleza estriba en la circunstancia incuestionable de que el servidor de la justicia tiene que dictar un fallo dando razón a una parte, negándosela a la otra. La consecuencia es obvia: el perdedor en lugar de civilizadamente ceñirse a impugnar la sentencia mediante una apelación, irracionalmente agrega su disgusto por no haber resultado favorecido.

 

Si bien existe y debe respetarse el derecho a disentir, la censura debe ser hecha con razones fundamentadas, y no con expresiones descalificadoras y deningrantes, pues una crítica llena de consideraciones subjetivas contaminadas con el despecho se va trasladando de boca en boca y creando una matriz de opinión acerca de los funcionarios judiciales, llegando el momento en que se generaliza, al punto de presentar como un hecho público y notorio el que todos los funcionarios judiciales carecen de transparencia y que sus actuaciones son producto del precio que hayan recibido por una decisión, sea en metálico o en otro tipo de recompensa.

 

Por eso, es realmente grave y peligroso para un país que una institución como el Poder Judicial sea objeto del mayor desprestigio porque se mina su confiabilidad y hace que el ciudadano común pierda la fe en la justicia, como en alguna encuesta reciente de opinión se situaba a los jueces venezolanos entre los funcionarios más corruptos del país. Obsérvese, por ejemplo, que en la actualidad en los contratos de relativa importancia se incorpora una cláusula contentiva del compromiso de arbitraje con el objeto de que, en caso de litigio, la controversia sea resuelta por árbitros designados por las partes, en lugar de los jueces de la jurisdicción ordinaria.

 

Las decisiones judiciales deben ser reprochadas, pero con seriedad, con el debido análisis jurídico, resaltando los errores que cometieron los juzgadores, porque de una tormenta de ideas surgidas alrededor de un fallo se va creando derecho, emergen nuevas ideas sobre la ciencia jurídica, sin necesidad de acudir a expresiones denigrantes ni ofensivas. En este sentido, conviene traer a colación la Constitución Política del Perú, en el numeral 20 del artículo 139, que consagra como principio el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.

 

Ahora bien, la forma de contrarrestar los vituperios injustificados e intentar devolver al Poder Judicial su majestad está en la Constitución de 1999, y existen principios generales atinentes a la judicatura para una auténtica administración de justicia, tales como la selección y formación de jueces, la estabilidad en el cargo, la adecuada remuneración, la independencia política. El funcionario judicial únicamente debe estar al servicio de la justicia, no al de las partes, ni depender de instrucciones u órdenes venidas de los otros poderes o de los partidos políticos.

 

Cuando el funcionario judicial cumple con las exigencias para ser juez o magistrado, y está ceñido a la justicia, podrá ser objeto de la más agrias de las críticas pero siempre su personalidad estará por encima de la ira injustificada de un perdedor; pero si se convierte en una marioneta o peón de otro, dejará de ser juez o magistrado para convertirse en vulgar operador de una justicia inexistente.

 
 

Judicatura y política

 

El gran penalista de Pisa, Francesco Carrara dijo un día, con el mayor acierto: «En cualquier tiempo, cuando la política entra por las puertas del templo, la justicia huye despavorida por la ventana para volver al cielo«.

 

La frase no fue pronunciada al azar ni producto de la privilegiada mente jurídica del autor de “Programma dal corso di diritto criminale, sino de la experiencia del maestro en las lides del derecho y de la política porque, además, de catedrático en Florencia y Lucca, llegó a desempeñarse como legislador en el Parlamento italiano, lo que le permitía tener la visión de poderes independientes y advertir de los potenciales perjuicios que ocasionaría la intervención de elementos políticos en la administración de justicia.

 

Con el transcurso del tiempo, en los parlamentos de la Europa del siglo XIX que admitieron las monarquías parlamentarias y los Estados Unidos con su Constitución, fue definiéndose una clara línea de separación entre los Poderes Públicos y, para las últimas décadas del siglo XX, se comenzaron a incorporar principios programáticos mediante los cuales se preveía que los magistrados y jueces debían mantenerse fuera de la política. Así, y solamente para citar algunos casos, en el numeral 1 del artículo 127 de la Constitución Española de 1983 se veda a los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo,
pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

 

En el artículo 256 de la Constitución venezolana de 1999 se estableció que, con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Público y los defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.

 

En el artículo 117 de la Constitución Política de Colombia, de 1991, con modificaciones posteriores entre ellas la efectuada por el Acto Legislativo 2 de 2004 se prohíbe a los empleados judiciales tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, salvo el derecho al ejercicio del voto.

 

En el artículo 174 de la Constitución Política del Ecuador de 2008, se lee que los jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso.

 

De esta manera se ha venido haciendo realidad el dicho del jurista italiano, al menos desde el marco teórico porque, en la práctica, a diario se observa a lo largo de las Américas los ataques indiscriminados desde el sector político hacia la judicatura, la designación a dedo de funcionarios judiciales afectos a la “causa”, los intentos, como en la Argentina, de modificar el régimen de elección de los jueces al punto de promover una ley que les obligara a afiliarse a un partido político y que su elección fuera resultado de comicios generales.

 

En fin, una serie de actos que hacen que la justicia desaparezca de su sagrado recinto para ser copada por la política, con lo que, lamentablemente,  sigue vigente la frase del maestro
italiano.

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