VENEZUELA NO TIENE
EL MONOPOLIO DE LOS
PENDEJOS
Así
se expresó recientemente el amigo Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, en los
comentarios que agrega al noticiero La ceiba; y es que tiene razón el
burgomaestre del primer municipio del país puesto que pendejos los hay en todas
partes y, no en el sentido que expresaba el ilustre escritor Arturo Uslar
Pietri porque éste pedía la “orden de los pendejos” a aquellos funcionarios que
desempeñaran transparentemente sus funciones, sin incurrir en corrupción.
Cuando
los “tres chiflados del liberalismo” –Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto
Montaner y Alvaro Vargas Llosa- escribieron en 1996 su primera obra sobre los
pendejos, dejaron claramente definido que ningún país tiene el monopolio de
ellos, y por esa razón la titularon “Manual
del perfecto idiota latinoamericano
”, continuada posteriormente en 1997 con
El regreso del idiota”, cuando se
percataron de que, para mala fortuna de todos, el idiota, vale decir, el
pendejo a quien los loados escritores estimaban desaparecido, había resurgido
de sus cenizas como el Ave Fénix y expandido por toda la América, hispana o
latinoamericana da lo mismo, arrastrando tras sí a millones de símiles que se han
impuesto en el continente de Colón, desde el Río Grande hasta la Patagonia, lo
que obligó a aquellos chiflados en 2014 a tener que protestar nuevamente la
presencia de tantos enfermos de idiocia a través de otra obra: “Últimas noticias del nuevo idiota”.
El
idiota está implantado, no se va porque no se trata de un problema de
elecciones o de democracia. Es un problema mental, en el cual Venezuela no
puede erigirse como monopolizador porque va más allá de sus fronteras.
Que
los especialistas en el estudio de las conductas perdonen el atrevimiento de este
escribidor, y hagan como el estimado amigo César Landaeta quien ya osó hacerlo
con su excelente “¡No sea usted tan
pendejo!
” que ya alcanza la tercera edición, dejando perplejos a los
pendejos.

LA
CARAQUEÑA REENCARNACIÓN  DEL CHATO
PUERTAS

Cuando
este escribidor transita por las selectas urbanizaciones caraqueñas y observa la
cantidad de lujosos palacetes recién construidos o en proceso de construcción,
se pregunta: De dónde habrá sacado fortuna esta persona que hasta hace poco
vivía en una modesta vivienda de un barrio caraqueño? Cómo habrá hecho para
adquirir tanto dinero como para edificarse esa mansión en tiempos de recesión?
Como
abogado al fin, que sabe que la buena fe se presume, se imagina este escribidor
que quizás ese personaje, en los últimos 16 años, hizo pingües negocios que le
produjeron cuantiosas utilidades como para darse el gusto de una colosal casa
en un lugar que ni siquiera había imaginado: pero, también puede que no haya
sido así, sino que el hombre tuvo buenos contactos que le “ayudaron” a amasar
como a otros “[…] nuevas espectaculares
fortunas mal habidas que retumban en Andorra, Suiza y otros paraísos fiscales
”,
según ha dicho Laureano Márquez en un artículo denominado “Resistir”, publicado en el portal runrunes.
Y
en este instante, le viene a la mente de quien esto escribe el caso del Chato
Puertas, del cual el historiador Juan Eslava Galán da cuenta en su obra “Los años del miedo” bajo el sello de
Planeta.
En su obra, Eslava Galán narra los hechos históricos atinentes a la post
guerra española entre 1939 y 1950, pero intercala hechos novelados dando
nombres ficticios a personajes reales, donde ubica a don  Ildefonso López Puerta (a) el Chato Puertas,
“[…] un antiguo delincuente fichado por
la policía de la República, que tuvo la suerte de que el estallido de la
contienda lo sorprendiera en Granada por lo que ha hecho la guerra en el bando
nacional
” y que, gracias a su astucia -viveza criolla, diríamos por estos
lares-, desde un humilde estrato social, llega a las altas esferas del poder y
los  negocios a la sombra del franquismo.
 
El Chato Puertas se comienza a mostrar “montado
en el dólar
”, haciendo tratos que van desde el contrabando o estraperlo -bachaqueo
y hormigueo- de productos que escaseaban en España hasta cualquier tipo de
intercambio gracias al pago de sobornos y comisiones a funcionarios, lo que con
el tiempo le permite mudarse a Madrid, vestir elegantemente con la insignia del
yugo y las flechas de la Falange en la solapa, regalar joyas y costosos abrigos
de piel a su mujer y degustar espirituosas bebidas en glamorosa compañía de
voluptuosas vampiresas en los famosos “Chicote
y “Pasapoga” de la Gran Vía.
Uno de los escenarios que imagina Eslava es una cacería de perdices en una
finca propiedad del Chato Puertas -ahora le dicen don Ildefonso- a la que
asiste el generalísimo Franco, oportunidad que éste tiene de estrechar la mano
del invicto Jefe de Estado español para luego ir de corro en corro
enterándose  de negocios posibles, como
la apertura del mercado de divisas en Madrid, o el próximo despegue de la
industria de la construcción, o la próxima fabricación en España de la
penicilina y los autos Seat con licencia italiana, de los que se aprovecha para
aumentar su capital, gracias a sus buenas conexiones.  
Para los años 50´s, el Chato Puertas se ha convertido en todo un magnate, y
cumple su sueño dorado: Adquiere un palacete en el aristocrático barrio
Salamanca madrileño, pasando a ser un respetado personaje sin que nadie
recordara su procedencia desde los bajos fondos, hasta que fallece
tranquilamente en su cama en 1994.
Volviendo al inicio de la reflexión, parece que el caraqueño personaje es
la reencarnación del Chato Puertas pero dotado de boina roja.

LA
INIMPUTABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS A LA LUZ DE LA LEY CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA “TRANSICIÓN”

Un
novedoso artículo, el 31, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y el Financiamiento del Terrorismo («Ley») que reforma a la LOCDO de
2005, excluye las responsabilidades penal, administrativa y civil del Estado y
sus empresas, en los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada
y el financiamiento del terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus
órganos directivos o sus representantes. 
Veamos
qué significa esa exclusión.
En
el artículo 27, la Ley dice que se consideran delitos de delincuencia
organizada, además de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados
en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo
delictivo organizado en los términos señalados en esta Ley.
También
serán sancionados los delitos previstos en la presente Ley aún cuando hayan
sido cometidos por una sola persona.
En
el artículo 48, la Ley define la Delincuencia organizada como la acción u
omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de
cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para
terceros.
Igualmente,
se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola
persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la
intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
 A la luz de esta normativa, la exclusión que
contiene el artículo 31 es muy clara:
Los
administradores del Estado y sus empresas no son responsables por delitos
relacionados con la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, ni
tampoco civil y administrativamente.
Pero,
además, como apunta Fernando M. Fernández, en un artículo titulado ¿Asociación
ilícita? publicado en El Universal, de Caracas, “[…] el asunto puede ser muy peligroso por cuanto la inmunidad penal,
administrativa y civil del Estado y sus empresas puede ser el caldo de cultivo
para que algún mafioso de verdad infiltre sus estructuras. También para que
cualquier funcionario se corrompa y sea campo fértil para asociarse al mafioso
”. 
Para
este escribidor, el citado artículo 31 de la Ley sienta las bases fundamentales
para lo que se viene denominando la “transición”, que comienza por dejar
claramente establecido que los que “salen” o “dejan cuotas de poder” serán
inimputables por los hechos cometidos a cargo del Estado y sus empresas, sin tener
que pelear esa ventaja en el acuerdo “transicional”; y si salen electos
diputados, todo perfecto, ganan inmunidad parlamentaria.

LA
REPRESIÓN DEL BACHAQUEO

Dicen
los noticieros en la red que ha sido detenida por la Policía Municipal de Ribas
una pareja por revender productos regulados con sobreprecio, en La Victoria,
Estado Aragua.
Sin
dejar de reconocer que la autoridad estaba cumpliendo con su deber porque la
acción que realizaban el hombre y la mujer es delictiva a la luz de las leyes
penales vigentes, su castigo -si es que se les llega a aplicar- no surtirá los
efectos deseados, es decir, prevenir o contener la repetición del bachaqueo por
parte de otras personas, porque bachaquear no es más que una acción ejecutada
dentro de la guerra económica desatada en el país entre la economía dirigida
que mantiene el sistema político que nos rige y el libre mercado, realizada por
personas que por alguna circunstancia no cuentan con los ingresos suficientes
para subsistir y que han captado que comerciar ciertos productos de manera
irregular o ilegal le producirá mejores beneficios económicos.
Por
esa circunstancia, encontrará usted amable lector a maestros en la Goajira
venezolana que ceden sus cargos en colegios para irse a bachaquear cualquier
producto porque obtendrá hasta tres veces su remuneración mensual; o a gente
como la pareja detenida que se las vale de cualquier tramoya para adquirir los
productos que escasean y llevarlos hasta el hogar del ama de casa quien le paga
cualquier precio por encima del oficial, con tal de abastecerse.
Tampoco
extraña que en esas circunstancias se acaparen productos básicos para ciertas
industrias, como pueden ser el hierro y el cemento para la construcción cuando
el promotor se encuentra con su proyecto paralizado o atrasado por falta de los
mismos y los intereses bancarios se siguen acumulando: Pagará lo que sea antes
de comenzar a perder dinero y, en ese caso, el bachaquero obtendrá una buena
tajada, la que al final del camino pagará el comprador del inmueble cuando le
será trasladado el costo.
Por
eso, la represión del bachaqueo no funciona. Para ello, lo que procede es la
aplicación de una política económica que permita el libre mercado, pero ello,
en los tiempos que corren, implica pagar un precio: Reconocer que en la guerra
económica se impuso el libre mercado sobre la economía dirigida.

A
PROPÓSITO DE UNAS DECLARACIONES DEL DEFENSOR PÚBLICO

El
Defensor Público que dirige la Defensoría Pública -que no es la Defensoría del
Pueblo- ha dicho a El Universal el pasado 30 de julio que 23 mil abogados han
sido revocados por sus clientes desde enero de 2015, cifra superior a las revocatorias
que durante el primer trimestre de 2014 se dieron en el país, porque “[…] esos ciudadanos decidieron optar por los
abogados que el Estado pone a disposición de los venezolanos que no tienen
recursos para costearse uno privado
”.
Al
respecto, este escribidor tiene algunas consideraciones.
La
cifra aportada es alarmante porque afecta a un importante sector de la
profesión, pero para validarla, hay que comenzar por determinar cuántos
abogados activos hay en Venezuela porque la data del Inpreabogado arroja un
número cercano a 240 mil abogados, pero de esa cantidad habría que restar a
aquellos que han fallecido desde 1967, año de la creación de la institución; y
también habría que deducir a los abogados en funciones públicas que no ejercen
la profesión debido a sus funciones (entre ellos los mismos defensores públicos
que deben estar en el orden de 2 mil 500 en todo el país) y a quienes han
colgado el título por distintos motivos, incluyendo a las abogadas que optaron
por practicar otros oficios o dedicarse a ser madres y esposas.
Por
otra parte, es importante resaltar que el planteamiento en la forma como fue
dado a la opinión pública es al menos chocante, para no entrar en otros
calificativos.
La
defensa pública no es competencia de la defensa privada, ni tampoco es mejor o
peor, puesto que lo que se trata es que el ciudadano tenga garantizado el
derecho a la defensa y, si no puede costear un abogado privado, el Estado está
en la obligación de suministrarlo. Es de presumir que tanto el abogado privado
como el defensor público van a defender los derechos que les han sido
confiados, “[…] teniendo como norme de
sus actos servir a la justicia, asegurar la libertad y el ministerio del
Derecho
”, como indica el Código de Etica Profesional del Abogado
Venezolano, debiendo, por tanto, actuar con probidad, honradez, discreción,
eficiencia, desinterés, veracidad y lealtad y manteniendo en todo momento el
respeto a su dignidad como persona y como profesional, por lo que deberá defender
los derechos de la sociedad y de los particulares cooperando en la conservación
y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una recta y
eficaz administración de justicia.
Pasando
a otro aspecto, el uso del verbo revocar, que según el DRAE significa dejar sin
efecto un mandato, es despectivo y el Código de Etica mencionado exige que el
abogado observe la cortesía y la consideración que imponen los deberes de
respeto mutuo entre los profesionales del derecho, al punto de ordenar a un
funcionario público que es abogado que atienda a
su colega en ejercicio de su gestión profesional, con prioridad y la debida
cortesía.
            En fin, el honor
de la abogacía es indivisible; la dignidad y el decoro han de caracterizar
siempre la actuación del abogado; y lesiona el patrimonio moral de todo gremio,
el abogado que incurra en una acción indigna; y, por ello, considera este
escribidor que las aludidas declaraciones del Defensor Público deben ser
rechazadas por los profesionales del derecho pues los expone al desprecio
público.

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