Al doctor César Tinoco Richter, abogado y profesor universitario, vilmente asesinado por el hampa. In memoriam.
 

…ANTE TODO, ERA UN SER HUMANO

Una polémica de grandes proporciones se ha desatado por el vil asesinato de un dirigente político de oposición mientras participaba en un acto de masas con motivo del proceso electoral. Fue abaleado mientras se encontraba en la tarima de oradores, junto a otros cofrades que compartían la reunión.

La oposición inmediatamente acusó a bandas armadas del oficialismo como responsable del crimen y pidió una investigación seria e imparcial. El Secretario General de la OEA, Presidentes, políticos, legisladores de todas partes igualmente solicitaron una pesquisa para identificar a los autores y, además, rechazaron el uso de la violencia dentro de la campaña electoral venezolana.

El oficialismo y sus voceros, y el mismo Presidente de la República, replicaron con una agresividad poco democrática y acusaron al asesinado de ser un delincuente, miembro de una banda de asaltantes y ladrones, y hasta fue calificado como “pran”, o sea, jefe de los presos en una cárcel.

La Fiscalía General de la República dijo haber iniciado las investigaciones  pero a la vez apuntó que quizá se trataba de un cobro de cuentas entre pillos; y finalmente la Defensoría del Pueblo comentó que el asesino había sido identificado, pero “no mostró los pelos del burro”.

Este escribidor entiende que durante un proceso electoral los ánimos se enervan, sobre todo cuando algunos de las formaciones políticas que participan no están seguras del eventual triunfo, por lo que endurecen sus posturas; pero en el caso de marras pareciera que el asunto ha tomado otro cariz porque el hecho cierto es que cuando se produce un homicidio hay una víctima y un victimario, o sea, que se ha cometido un delito tipificado en la legislación penal; y ésta establece la pena de presidio hasta 30 años para el autor del delito.

Por consiguiente, lo que es significativo en este caso es que un ciudadano común ha sido eliminado físicamente por otro ciudadano común.

De allí que este escribidor entiende que con la polémica iniciada, que traspasa las fronteras patrias, se está obviando el punto central cual es la muerte de un ser humano a manos de un sicópata “gatillo alegre”, , para trasladarlo a un escenario circense en el que el asunto que se debate es, como dijo el Secretario General de la OEA el asesinato de un político que abre una herida de muerte a la democracia; y ello lo que revela es la necesidad en que se encuentra la sociedad venezolana de rescatar los valores primarios, de que se aprecie el valor de la vida y que el NO MATARÁS de los X Mandamientos es una norma mínima que debe privar en la conciencia de los miembros de una colectividad.

El dirigente político asesinado era, ante todo, un ser humano.

 

6D

A VOTAR…A PESAR DE LOS DADOS  CARGADOS Y LAS FALTAS DE OPORTUNIDAD PARA LA OPOSICIÓN

El historiador y biógrafo romano Suetonio atribuyó al gran Cayo Julio César haber expresado la frase Alea iacta est o Allea jacta est  en el momento que éste cruzara el río Rubicón en el norte de Italia; y con ello se supone que el triunfante general quiso decir a sus tropas que ya no había marcha atrás, que solamente quedaba esperar el resultado de su acción; y esa es precisamente la situación de los venezolanos frente al proceso electoral parlamentario del 6D pese a que el dos veces ex Presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ha dicho que “[…] los dados están cargados muy a favor del partido de Gobierno” (http://runrun.es/nacional/235793/oscar-arias-los-dados-estan-marcados-en-las-parlamentarias-de-venezuela.html); y que Felipe González haya declarado que las próximas elecciones de Venezuela, el 6 de diciembre, se celebren con “[..] Igualdad de oportunidades para la oposición venezolana”, una reivindicación en la que centró su discurso al recoger anoche el premio Líder de América en Washington (http://informe21.com/politica/felipe-gonzalez-pide-a-venezuela-unas-elecciones-justas).

Los venezolanos estamos conscientes de lo que en realidad representa el sistema electoral y el papel que juega el directorio del CNE, en su mayoría integrado por agentes de una de las parcialidades políticas que concurren al proceso. Igualmente sabemos que los dados están marcados, no porque lo dijo Oscar Arias, o  Luis Almagro lo haya demostrado en su carta a la Presidente del CNE, sino porque no estamos en Babia, es decir, ni distraídos ni ajenos a las condiciones en que la campaña electoral se está adelantando y, por ello, sabemos que la apabullante propaganda oficial es permanente y diaria en los numerosos medios y canales televisivos del Estado, mientras que la oposición no cuenta con canales o estaciones, salvo algunos que en internet publican información de la agenda opositora.

No ignoramos que la escasez e inflación reinantes en el país es apresuradamente suplida con arbitrarias medidas confiscatorias de regulación de precios de los productos básicos, que luego aparecen en los mercados populares como paliativo temporal, mientras llega el 6D.

Que hay zonas del país bajo cuestionados estados de excepción es un hecho público y notorio, y sabido es que ello dificulta la campaña electoral y entrabará el fluido de votantes a los centros de votación; y para colmo de todo esto, no han sido aceptados observadores ni de la Organización de Estados Americanos ni de la Unión Europea, sino de una organización regional de reciente creación y de dudosa reputación.

Que el Presidente Maduro haya expresado que la revolución ganará las elecciones por las buenas o por las  malas, que dio origen a un reportaje titulado “by hook or by crook”, en The Economist de Londres (http://www.economist.com/news/americas/21678241-venezuelas-regime-scared-and-ugly-mood-hook-or-crook  ), tampoco es desconocido. Al contrario, ha sido reivindicado y reiterado por el Presidente, con palabras más, palabras menos.

Por estos y otros hechos, como el asesinato de un dirigente político, Oscar Arias no ha quedado satisfecho con la preparación para las elecciones del 6 de diciembre; y Felipe González no ve una razonable igualdad de oportunidades entre el gobierno y la oposición, marginada, castigada, sin acceso a los medios de comunicación, con estado de excepción que no permite el derecho de reunión para hacer una campaña.

A escasos días de los comicios, este escribidor piensa, como Cayo Julio César al cruzar el Rubicón, que la suerte está echada y que, a pesar de las intimidaciones y amenazas que desde el poder se lanzan -recuérdese, perro que ladra no muerde-, nos debemos encontrar en los centros de votación el 6D cumpliendo con el deber cívico.

 

NI TRIUNFALISMO NI ILUSIONES  

El ejercicio del voto es suficiente como para pensar que cada uno va a un proceso electoral a expresar su agrado por el candidato de su preferencia, y espera que éste, de resultar elegido, cumpla con las promesas electorales que él candidato, o la organización política a la que pertenezca, haya ofrecido a los votantes.

Esa sola posibilidad da margen al ciudadano para adoptar posturas triunfalistas dentro de las cuales se encuentran desde los buenos deseos de cambio hasta reprimidas ansias de venganza contra los adversarios perdedores, y también la ilusión de que el mero hecho de ganar implica que, de inmediato, comenzarán los cambios políticos a los que aspira un elector; y, ante esto, hay que ser realista porque la Asamblea Nacional (“AN”), si bien tiene constitucionalmente asignada la función legislativa, ello no significa que cuente con poderes ilimitados con capacidad suficiente para frenar la actuación del Poder Ejecutivo, sino que posee ciertos poderes que eventualmente podrían condicionar la acción de gobierno o que obliguen al Poder Ejecutivo a establecer lazos de cooperación con la oposición.

En efecto, la AN puede nombrar la Directiva y las Comisiones de la AN, en cuyo caso podría ser que diputados de la oposición ocupen esas posiciones, con lo cual se podría convocar a las sesiones de la AN, someter a consideración el orden del día y mantener la dirección de debates en las sesiones.

Otra acción podría ser que ciertas comisiones de la AN fueran presididas por diputados de oposición, con lo cual podrían ejercen el control parlamentario sobre los poderes públicos en áreas como Finanzas, Defensa, Política Interior, y con la iniciativa de las leyes impulsar cambios legislativos y comenzar procesos de investigación, interpelación e interrogatorios a funcionarios integrantes de la administración pública e, incluso, declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y requerir al Poder Ciudadano  que inicie las acciones legales. Para 1983, el Congreso de la República declaró la responsabilidad política del ex Presidente Carlos Andrés Pérez con motivo de una cuestionada negociación de un barco frigorífico llamado “Sierra Nevada”, y se salvó de la condena administrativa y penal gracias al voto del entonces diputado José Vicente Rangel, el mismo que critica a la Republica civil 1958-1998 como si nunca hubiera estado en ella.

Otro aspecto que merece mencionarse es que la AN tiene la facultad de dar voto de censura al Vicepresidente de la República y a los Ministros; y también cuenta con la potestad para la autorización presupuestaria, endeudamiento y contrataciones públicas.

Como se ha hecho recientemente, la AN autoriza los estados de excepción y las ausencias del Presidente, lo que implica que una vez decretados, deben ser aprobados por la AN; y por otro lado el Presidente no puede andar de paseo cuando le venga en gana, sin autorización de la AN.

Igualmente corresponde a la AN el nombramiento y revocatoria de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los integrantes del Consejo Moral Republicano que ejercen el Poder Ciudadano, es decir el Fiscal y el Contralor General de la República, así como el Defensor del Pueblo.

En fin, el constituyente de 1999 confirió a AN hasta la iniciativa para enmendar la constitución siempre que la enmienda sea ratificada por los electores en referéndum popular y otras facultades que constitucionalmente presentan al Poder Legislativo como el más fuerte de los poderes públicos; pero volviendo al triunfalismo y la ilusión, los electores deben tener presente que una AN con mayoría opositora puede ejercer sus poderes y tomar medidas acordes a ellos, pero no hay que olvidar que, para que esto funcione, se requiere, junto a la seguridad jurídica, la absoluta independencia de poderes, y un Poder Judicial con jueces imparciales e independientes.

 

DICCIONARIO DEL ESPAÑOL JURÍDICO

Los medios (http://www.fundeu.es/noticia/la-rae-presenta-en-mexico-el-diccionario-del-espanol-juridico/) dan cuenta de que la Real Academia Española de la Lengua -la RAE- ha presentado en México el Diccionario del español jurídico, que se publicará en abril del 2016 auspiciado en España por el Consejo General del Poder Judicial y llevado a ejecución por la RAE.

La importancia del Diccionario del español jurídico -quizá será conocido por sus siglas DEJ- radica en la falsa creencia de que el lenguaje forense es complicado y ajeno al lenguaje común, como afirma don Santiago Muñoz Machado, Director del proyecto:

Se suele decir que el lenguaje jurídico es oscuro. No debería de ser así, porque la mayor parte de sus expresiones son de uso común y popular. Pero lo cierto es que, a juicio de muchos, ocurre de ese modo y eso es algo que pone en juego el Estado de derecho. Y si los ciudadanos no entienden las leyes, el Estado de derecho no funciona bien”.

Satisface a este escribidor la iniciativa de creación del DEJ pues cualquiera podrá consultar la obra, constatar  el significado de las palabras forenses utilizadas y, al menos, formarse una idea de qué hablamos los abogados y que expresan las sentencias, o a qué se atienen los ciudadanos cuando los códigos y leyes tipifican de delitos y establecen sanciones.

En una reflexión del año 2014 este escribidor, al referirse al tema de la seguridad jurídica, citada el artículo “Difundamos el derecho” que en abril de 1958, en los albores de la República Civil, publicó mi padre José Gabriel Sarmiento Núñez en su columna del El Universal, de Caracas. Como lo allí expresado tiene relación directa con el DEJ y la intención de sus promotores, se permite reproducirlas:

Es necesario divulgar el Derecho. Hay que despojarlo de los fastuosos y engorrosos estuches de artículo caro, para presentarlo a la colectividad con genuina envoltura de pan cotidiano. Hay que devolverlo al pueblo en la misma forma simplista, inafectada y franca como él mismo lo creó para que pueda comprenderlo y aplicarlo libre y conscientemente, y modificarlo cuando ya no corresponda a sus necesidades”.

 

EL CAMBIO DE LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES

Existe una extraña práctica del ejercicio del poder que consiste en cambiar los nombres de las calles para colocarles el nombre de líderes afectos a la gestión gobernante.

En Venezuela, al menos en Caracas, se ha puesto a las calles nombres y más nombres que a las nuevas generaciones de caraqueños dicen poco. Tal es el caso de la avenida principal de Maripérez, bautizada César Augusto Sandino en 1959, pero que sigue siendo conocida por su nombre original, al igual que la .avenida Victoria, a la que se le cambió el nombre por el de Isaías Medina Angarita, pero la tradición volvió a ganar una. El caso se repitió con la Cota Mil, oficialmente llamada avenida Boyacá, y la Cota 905, avenida Guzmán Blanco, que une a Santa Rosalía con El Paraíso y La Vega, pero que nadie sabe que fue para homenajear al “ilustre americano” como se conocía al afrancesado autócrata decimonónico.

En años recientes, al Parque del Este, su nombre original, la República Civil lo rebautizó “Parque Rómulo Betancourt” para honrar post mortem al ex Presidente y luego le fue cambiado a “Parque generalísimo Francisco de Miranda”, por el chavismo. A la avenida Principal de La Castellana se la denominó “Eugenio Mendoza” en honor del notable empresario ya fallecido; y, para recordar al promotor de la urbanización Altamira, a la avenida Avila se la llamó “Luis Roche” arteria que inicia en la Plaza Altamira, hoy Plaza Francia,  nombre que se le asignó luego de un convenio entre las ciudades de Caracas y París para tener una Plaza Francia en Caracas y una Plaza Venezuela en París.  

Pero el deseo de cambio de nombres de las rutas citadinas, incluso extra urbanas como la que fuera Autopista Rafael Caldera hoy con nombre de un esclavo zambo del siglo XVIII colonial, puede estar fundado en distintos motivos, dentro de los que resaltan los políticos.  

Igual sucede en otros lares. En 2003, el Concejo de la mayoritariamente católica Bogotá designó a la Avenida Calle 85 entre Carrera 7 (Alberto Lleras Camargo) y Autopista Norte (Avenida Paseo de los Libertadores, Carrera 32), como  Avenida Calle 85 SANTO JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, pero al menos le conservaron la denominación original. Pocos bogotanos utilizan esa nomenclatura, ni la del santo, ni la del ex Presidente Lleras Camargo, se refieren a la calle 85.

En la actualidad, en España, los alcaldes elegidos con el apoyo de la formación Podemos tiene en miras cambiar los nombres que aluden al franquismo, como hizo éste al finalizar la guerra civil, sustituyendo nombres, como la Gran Vía, por el de José Antonio, para loar al fundador de la Falange aun cuando durante la larga dictadura de Franco la gente -menos los franquistas y falangistas- seguía diciéndole Gran Vìa.

Pero resulta que en esto del cambio del callejero de las ciudades hay algo que tomar en consideración y es la memoria histórica.  El “coletas”, como se denomina al líder de Podemos, Pablo Iglesias, con expresiones un poco extrañas asegura que cuando su partido plantea políticas sobre esta materia no lo hace pensando en el pasado, como una “suerte de ajuste de cuentas”, sino en el futuro, para que los españoles se sienta “orgullosos” de que muchos de sus compatriotas lucharon “por un país mejor”.

Puede que el populista dirigente tenga razón, pero cómo se sabe  quién o quiénes lucharon por un país mejor? Cambiando los nombres de las calles no se va a honrar a personas que se lo merezcan por una u otra razón, porque como ha quedado demostrado, la tradición se impone y se seguirán utilizando los nombres originales.

Por eso, el cambio que auspician los del “coletas” en España suena más a “ajuste de cuentas” con el pasado franquista que acciones para galardonar a quien merezca por haber luchado por un país mejor.

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