Un hacedor de leyes falso.

Por lo general, los hacedores de leyes, y de constituciones, no son infalibles, tampoco un dechado de virtudes, y menos de inteligencia. Si lo fueran, no estarían haciendo leyes sino trabajando y produciendo para su país. La historia da cuenta de brillantes padres de leyes y legisladores como Hammurabi y su Código, Moisés y sus X mandamientos, Licurgo en Esparta, los Decenviros, Solón, en Roma, Justiniano en Bizancio, Zarathustra en Persia, todos ellos grandes legisladores que constituyen las excepciones que confirman la regla, al lado de Jesús de Nazareth con sus enseñanzas que dieron vida al cristianismo; y en los tiempos más recientes, en la América Hispana, con Don Andrés Bello, quien merece lugar preeminente en la labor de crear normas legales.

Pero alguien tiene que hacer de legislador, y de constituyente. De allí que en ciertos países donde domina la fuerza de la ley sobre la ley de la fuerza se hayan inventado hasta normas de técnica legislativa muchas de ellas basadas en el famoso “velo de la ignorancia” de John Rawls que no es otra cosa que, al momento de hacer la ley, el legislador tiene que abstraerse de todas las consideradores subjetivas y del papel que él mismo ocupa en la sociedad, sin privilegiar más que el principio de la justicia, es decir, de lo justo.

Cuando el hacedor de leyes torticeramente se despoja del “velo de la ignorancia” y toma partido por alguna opción subjetiva, el producto no será lo suficientemente eficaz, carecerá de coercibilidad, será cuestionado y, por ende, traerá confusiones dentro de la sociedad para la cual fue dictado; y uno de esos casos es precisamente el de moda actualmente en Venezuela, que no es otro el tema del juramento del Presidente de la República al momento de asumir sus funciones.

Orondamente, algún constituyente de la Constitución de 1999 necesitó dejar estampada su firma como brillante aporte al nuevo país que se pretendía fundar para sustituir a las antiguas instituciones; y, como probablemente carecía de la suficiente inteligencia para generar una creación intelectual, sorprendió a sus colegas con una pomposa redacción de la norma, dando así luz al artículo  231, que dispone que el candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional; y si por cualquier motivo sobrevenido no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Pues bien, bastó echar atrás 67 años para descubrir al falsario: El artículo 3 de la Ley de Juramento del 30 de agosto de 1945 (publicada en la G. O. # 21.799 de la misma fecha) dice:

“De conformidad con el artículo 101 de la Constitución Nacional, el Presidente de la República prestará ante el Congreso el juramento de cumplir fiel y lealmente sus deberes. Si por cualquier circunstancia no pudiere prestarlo ante el Congreso, lo prestará ante la Corte Federal y de Casación”.

Como se observa, no se trata de una invención de un cerebro abrillantado en uno de los mejores centros de conocimiento del primer mundo. 

Fue una vulgar copia de un artículo de una vetusta ley.


¿Quién entiende?

Recientemente la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en la instalación del nuevo Año Judicial 2013, hizo una declaración política sobre las funciones del máximo tribunal:

 “Como Poder Judicial asumimos continuar construyendo un Estado democrático social, de derecho y de justicia, el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela para asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo”.

Pareciera que la alta funcionaria judicial obvió que la Constitución de 1999 expresamente dispone que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, lo que ha sido confirmado por el Código de Ética del Juez Venezolano, que expresa claramente:

 “… El Juez y la Jueza, no podrán, salvo el ejercicio del derecho al sufragio, realizar directa o indirectamente ningún tipo de activismo político partidista  sindical, gremial o de índole semejante capaz de poner en duda la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.Pero resulta que la propia Constitución de 1999 dice enfáticamente:
 “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Ojo por ojo, diente por diente.

Se dice que la primitiva Ley del Talión disponía que si una persona causaba una pena a otra, ésta debía ser castigada en igual forma, es decir, se trataba de una retribución por equivalente: Si pierdo un ojo, o un diente por tu culpa, tu perderás un ojo o un diente.
Sea como sea, en distintas legislaciones en la antigüedad, desde el Código de Hammurabi y los derechos griego y romano, contenían disposiciones similares; y fue Jesús de Nazareth quien, al predicar el amor y el perdón, fue el primero que rechazó estos principios a través de su célebre palabra, cuando recomendó poner la otra mejilla en lugar de responder la agresión.
A diario, los medios de comunicación dan cuenta de injustas y inclementes agresiones infligidas por la ley de la fuerza contra los más débiles. A veces, esas situaciones crean indignación en el observador común quien, en oportunidades, mentalmente se imagina convertido en ángel vengador de la víctima, olvidando la sagrada enseñanza del Evangelio.
Quizás esa actitud ayuda a descargar el stress y dar oxígeno a las neuronas, pero no puede olvidarse en esos momentos que, cuando nada se puede hacer para contrarrestar la ley de la fuerza, es preferible callar y confiar en que, al no regir la fuerza de la ley que permita controlar al que brutalmente apabulla, al final se impondrá la Ley del Talión y aquél recibirá su merecido en proporción al daño que haya causado.
 

El que a hierro mata, a hierro muere.

Con frecuencia se aplica  este antiguo refrán castellano para advertir que las malas acciones se vuelven contra aquel que las ejecuta y, en la generalidad de los casos, se invoca cuando se observa al ejecutor de la ley de la fuerza aplicando despiadadamente todo su poderío contra el más débil.
Así, en la historia del siglo XX se recuerda como muestras de brutalidad y barbarie a individuos como Stalin, el temible dictador comunista que arrasó a miles de sus compatriotas soviéticos; y, en Venezuela, al general Juan Vicente Gómez, quien tuvo sometidos a sus conciudadanos por 27 años de férrea dictadura; pero se agrega que el refrán no funcionó con ellos, pues ambos dieron su último aliento en su lecho de muerte.
Pareciera que eso fue realmente así, o se reseñó de esa manera, por lo menos en el plano terrenal, porque quizás ambos personajes están llevando gas del bueno en la quinta paila del infierno, aplicado dosificada y abundantemente, además de otros desechos tóxicos, por el malvado Satán, la encarnación del Mal.
Pero los tiempos han cambiado y toda una ola de nuevos derechos comunitarios e internacionales se ha orquestado a nivel mundial gracias a la globalización, con miras a que el refrán se cumpla, no el sentido literal de sus palabras, sino en el concepto que envuelve que, como se dijo, no es otro que el que las malas acciones se devuelven contra su autor, y debe ser castigado.
El general Augusto Pinochet, ex Presidente de Chile,  mientras se encontraba de paseo por la majestuosa capital británica,  fue derribado de su pedestal por una orden del célebre Baltasar Garzón, iniciándose un largo proceso judicial en los tribunales de España, Reino Unido y Chile para que el viejo mandatario rindiera cuentas de los delitos de lesa humanidad que se le imputaban, lo que se frustró por la partida del autócrata hacia su
destino final.
Y aún, no había comenzado a funcionar la Corte Penal Internacional, donde hoy algunos tenebrosos personeros han tenido que dar la cara ante la justicia.
Entonces, sí se puede proclamar: El que a hierro mata, a hierro muere.

 Coloniaje

Cuenta la historia que Napoleón había decidido hacerse del reino de Portugal y, para ello, pidió permiso a España para cruzar su territorio con las tropas imperiales; pero, una vez doblegado Portugal, al genial corso se le ocurrió la fabulosa idea de también quedarse con España, pues sus fuerzas militares estaban allí.

Por medio de medio de todo tipo de subterfugios y halagos, el emperador logró que la familia real española, presidida por el rey Carlos IV y su esposa la reina María Luisa de Parma, se trasladara a Bayona, en territorio francés, incluyendo al heredero de la corona, Fernando, que luego sería coronado como Fernando VII.

Una vez hospedados cómodamente, comenzaron las conversaciones tendientes a que el rey Carlos IV abdicara la corona a favor de Napoleón, lo que al fin logra el emperador. Para ello, el abdicante rey dijo a sus súbditos:»He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Su felicidad, la tranquilidad, prosperidad, conservación e integridad de los dominios que la divina providencia tenía puestos bajo mi Gobierno, han sido durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos. Cuantas providencias y medidas se han tomado desde mi exaltación al trono de mis augustos mayores, todas se han dirigido a tan justo fin, y no han podido dirigirse a otro. Hoy, en las extraordinarias circunstancias en que se me ha puesto y me veo, mi conciencia, mi honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad, exigen imperiosamente de mí que el último acto de mi Soberanía únicamente se encamine al expresado fin, a saber, a la tranquilidad, prosperidad, seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me separo, a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios.

Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra, cual ha sido y estado bajo mi soberanía, y también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la única que ha de observarse en todos los dominios de esta monarquía. Tendréis lo entendido y así lo comunicaréis a los demás consejos, a los tribunales del reino, jefes de las provincias tanto militares como civiles y eclesiásticas, y a todas las justicias de mis pueblos, a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis dominios de España e Indias, y de que conmováis y concurran a que se lleven a debido efecto las disposiciones de mi caro amigo el emperador Napoleón, dirigidas a conservar la paz, amistad y unión entre Francia y España, evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son siempre el estrago, la desolación de las familias, y la ruina de todos.  

Luego de la renuncia al trono español, y mientras la familia real quedaba retenida en Francia, Napoleón hizo el 25 de mayo una proclama a los españoles en la que indicaba que no iba a reinar en España, confirmando la convocatoria de la asamblea de notables en Bayona:

…Españoles: después de una larga agonía vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males y voy a remediarlos… Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las Españas; yo no quiero reinar en vuestras provincias… y os haré gozar de los beneficios de una reforma sin que experimentéis quebrantos, desórdenes y convulsiones. Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones, de las provincias y de las ciudades. Yo mismo quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades… asegurándoos al mismo tiempo una Constitución que concilie la santa y saludable autoridad del Soberano con las libertades y privilegios del pueblo. Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria.

Después de esto, Napoleón designó a su hermano José como Rey de España, el célebre Pepe Botella, por brevísimo tiempo porque el pueblo español, que ya había demostrado su valentía el 2 de mayo de 1808, “un día de cólera”, como lo llama Arturo Pérez Reverte, no soportó la dominación gala e hizo retornar al trono a los Borbones, pero esta vez representada por Fernando VII. Así pues, sumida como estaba España en una profunda crisis institucional, con su familia real a merced de una potencia extranjera y mantenida fuera del territorio español, desde Francia y por medio de un fantoche se gobernaba a la Metrópolis y sus territorios de Ultramar.


Cuando el príncipe es un tahúr, el palacio es un garito.

Cuenta la tradición que el emperador romano Cómodo era aficionado a jugar por dinero con los dados, y una vez convirtió al Palacio Imperial en un burdel y en un garito para recaudar el dinero para el tesoro que él había conducido a la quiebra, lo que con el transcurso de los siglos dio a luz al refrán. “Cuando el príncipe es un tahúr, el palacio es un garito” para aplicarlo a aquel gobernante que careciendo de coherencia en su acción gubernamental demuestra el mayor desprecio por la ley y el orden, originando que su proceder sea imitado por los gobernados quienes, alentados por la acción de aquel, crean un caos en la sociedad al punto de que cada uno hace lo que le venga en gana, rompiéndose el equilibrio social.

El reinado de Cómodo marcó la transición de un reino de oro y plata a uno de óxido y hierro, sentenció el historiador y senador romano Dion Casio en Historia Romana.


La historia será generosa conmigo, puesto que tengo la intención de escribirla.

Así se expresó sir Winston Churchill el 4 de febrero de 1944, en pleno apogeo de la segunda guerra mundial, quizás anticipándose a la frase “la historia la escriben los vencedores” de George Orwell en su novela 1984, publicada en 1949; y  es que el gran político británico no escatimaba esfuerzos para manejar la ironía con una elegancia que hasta sus más acérrimos enemigos tenían que reconocerla.

Resulta que el genial Churchill, además de político, era un literato al punto que en 1953 recibió el Premio Nóbel de Literatura y entre sus obras se cuenta The Second World War, en la que el autor narra el período desde el final de la primera guerra mundial hasta julio de 1945, luego del cese del fuego de la segunda conflagración mundial. Al respecto, se ha dicho que la historia relatada por Churchill sobre las dos guerras mundiales está lejos de ser convencional, por cuanto el autor fue un partícipe central en ellas y tomó ventaja total de este hecho al escribir sus libros.

La habilidad de Churchill para escribir es admirable porque tenía no solamente la inteligencia y la capacidad para referir los hechos históricos,  entremezclarlos con aquellos que eran de carácter personal para convertirlos en sus memorias y así entrar en la historia universal como un protagonista activo y triunfante de los momentos que le tocó vivir por lo que la Fundación Nobel, al concederle el galardón se fundamento en «su maestría en la descripción histórica y biográfica, tanto como por su brillante oratoria, que defiende exaltadamente los valores humanos».

Mientras Churchill fue único en genialmente escribir su historia, otros han hecho y se hacen su leyenda.


El ejercicio de derechos u el funcionamiento del Sistema de Justicia.

En días recientes, un conocido y prestigioso líder político de oposición afirmaba que si en Venezuela funcionara el sistema de justicia, es decir, los tribunales, él acudiría ante ellos para denunciar penalmente a quienes, desde la acera de enfrente, le están difamando, o sea, violando su derecho a la intimidad y a su buena honra.

A primera vista, resulta razonable la afirmación, porque para qué acudir ante una institución y proponer una denuncia contra alguien que “es guapo y apoyado” si al fin de cuentas, a  va a ser declarada inadmisible porque el “Poder Judicial” está controlado por el Poder Ejecutivo; pero resulta que ese razonamiento es equivocado porque, de entrada, se está renunciando al derecho de todo ciudadano de acceder a la justicia consagrado en la Constitución de 1999.

Por otra parte, si bien pudiera ser cierto que la independencia judicial es rara avis en Venezuela, a quien le corresponde dirimir los conflictos es al Poder Judicial y es necesario que se produzca una decisión para poder confirmar la sumisión y, por ende, la ausencia de justicia imparcial e independiente.

Pero hay más. De acuerdo a la Constitución de 1999, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 

Esto significa que si tales instrumentos internacionales tienen rango constitucional, el ciudadano venezolano tiene el derecho de ampararse en ellos y solicitar la intervención judicial del sistema de justicia internacional; pero, para ello, tiene previamente que agotar el ejercicio de las acciones previstas en el derecho interno. Así, en el caso de una violación de los derechos humanos, debe accionarse ante los tribunales nacionales y, una vez extinguidas, iniciar el proceso a través de los organismos del sistema interamericano que rige de acuerdo a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como se ve, si se quiere realmente que haya justicia, hay que acudir al sistema de justicia, sometido o no a otro poder y, una vez dictada una decisión realmente ajena al principio de justicia y de legalidad, entonces iniciar el litigio con los derechos y mecanismos que prevé el derecho interamericano. De no hacerlo, no se podrá confirmar la dependencia judicial y la denuncia sobre la supuesta falta de imparcialidad quedará como simple retórica política.

 Cabe recordar, aunque es diferente porque no se trata de derechos humanos, que desde hace años el gobierno venezolano ha venido denunciando a los organismos arbitrales internacionales como instituciones vendidas al capital internacional pero, ha tenido que ejercer su defensa en los juicios iniciados en el CIADI y en la CCI para no quedar confesa, y acogerse a los resultados de los laudos dictados, siempre vociferando sobre la ausencia de imparcialidad cuando han sido adversos; pero recientemente un arbitraje sobre un contrato minero resultó favorable a la República, en cuyo caso el cantar del oficialismo cambió para públicamente reconocer que se había administrado justicia.

En fin, hay que ejercer los derechos para que se confirme el funcionamiento o no del sistema de justicia.  

Deja un comentario