Fechas repugnantes

 
Cualquier acción que genere pérdidas de seres humanos y daños materiales como consecuencia de un infausto hecho perpetrado por soldados que han jurado cumplir con la constitución y leyes de una República, merece el más absoluto repudio. No es posible que un hecho de sangre que conlleve una subversión contra el ordenamiento jurídico de una nación pase a formar parte de la leyenda de inventados héroes con un origen espurio.
 
No puede ser de otra manera porque iría contra toda lógica que quien haya actuado al margen de la legalidad se convierta en el adalid y su reprochable acción sea objeto de loas y celebraciones, mientras quien haya detentado el poder legítimamente se convierta en villano y paria.
 
Una acción detestable será siempre abominable. Por eso, rechacemos las fechas repugnantes. Son simplemente ficticios espejos para crearle un fondo de mitología a los usurpadores, como ha hecho el castro-comunismo desde que accedió al poder en 1959 con la fantasiosa leyenda del Cuartel Moncada. Es que el castro-comunismo se fantasea inventando presuntas hazañas, tergiversando y hasta desapareciendo la historia y elaborando promocionadas quimeras.
 
 

La desobediencia civil

 
Aunque la desobediencia civil justificada pareciera amenazar la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse.
John Rawls.
 

La desobediencia civil no es una mera teoría ni un improvisado invento de politólogos y especialistas en las ciencias políticas. Es, como enseña John Rawls en “Teoría de la justicia”, un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno; o como dice la doctrina constitucional, se trata de una actividad tendente a evitar que se dicten normas infraconstitucionales que contradigan lo establecido en la Constitución.

La desobediencia civil no nace, por tanto, del capricho de un grupo de ciudadanos que discrecionalmente resuelven no acatar ciertas disposiciones legales, sino que para que sea considerada como tal, deben cumplirse ciertas condiciones:

En primer lugar, graves violaciones al principio de justicia, al principio de igualdad y al principio de libertad igual como, por ejemplo, cuando a ciertas minorías se les niega el derecho a votar, o a desplazarse de un sitio a otro.

En segundo lugar, deben haberse agotado todos los medios legales de reparación que establezca el ordenamiento jurídico, es decir, que se han propuesto recursos contra los actos inconstitucionales y tercamente no han sido revocados por razones ajenas al derecho. 

Desde el punto de vista real, cuando es promulgada y aplicada una ley manifiestamente inconstitucional, violatoria de los principios antes enunciados y, habiéndose agotado todos los recursos legales sin lograr el cambio deseado, entonces la sociedad puede acudir a la desobediencia civil. Eso sí, los ciudadanos tienen que estar conscientes de que su pacífica actitud puede ser sancionada y privados de la libertad, sobre todo cuando la autoridad ha conculcado los poderes públicos y particularmente el sistema judicial. Henry Thoreau, Gandhi y Martin Luther King -y más recientemente el fallecido Mandela- aplicaron la desobediencia civil y terminaron en prisiones, antes de pasar a la historia como paradigmas de hombres que lucharon por la libertad y la democracia.

Aunque la desobediencia civil no tiene que ser reconocida por ley alguna, en el artículo 350 de la Constitución venezolana de 1999 se establece:

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

 

Basta ya: Objetivo país

 

En Reflexiones para un amigo imaginario oficialista (Reflexiones a primeros de junio de 2013 apuntaba que lo que hay que plantearse como punto de partida para salir del atolladero en que se encuentra Venezuela es preguntarse qué país quieres que sea tu país en un futuro. Un país de primer mundo, o una nación subdesarrollada incapaz de conseguir su propio destino en el concierto mundial, con un centro de poder fuera de las fronteras.

 

Desde aquellas reflexiones hasta este mes de febrero que se inicia, nada ha mejorado sino que, al contrario, los problemas se han ido agudizando y hasta esa apatía que ha venido dominando el alma de los ciudadanos se ha ido despertando a la par que la inflación, la escasez y el costo de la vida se van imponiendo mientras sus negativos efectos se apoderan de los bolsillos de los venezolanos; y es un despertar porque, a diario, vemos una serie de expresiones que se formulan colectivamente a través de manifestaciones y protestas en distintos puntos del país y, recientemente, las llamadas asambleas de ciudadanos, iniciativa de ciertos sectores de la oposición política nacional.

 

No cabe duda que el pueblo tiene la razón y el derecho a expresar su disgusto, así como la oposición organizada convocar a aquél para que, en una especie de cabildos o asambleas y, conjuntamente, acometer acciones democráticas destinadas a hacer cambiar las erradas políticas gubernamentales. Ahora bien, eso no es suficiente porque, dada la magnitud de los problemas, no basta simplemente una catarsis entre convocantes y convocados sin que se presente algo concreto que no puede ser, ni más ni menos, un objetivo país, un fin, una meta distinta a la que ha ofrecido y viene ofreciendo el plan de la patria

 

¿Cómo hacerlo? Las universidades, las academias, los centros de saber, los profesionales, independiente o gregariamente, pueden y deben empezar a trazar las líneas que llevan al objetivo que, en mi personal opinión es alcanzar un lugar en el primer mundo; y será luego de haber obtenido la definición, el que la oposición, confronte las políticas gubernamentales con un plan de acción y con un objetivo país, como lo propuso  en días pasados el padre José Virtuoso (declaraciones a Actualidad Venezuela, 30 de enero de 2014, disponible en: actualidadvenezuela.org), con claridad meridiana:

 

“Un proyecto político se plantea sus horizontes a largo plazo, es algo que se proyecta para 20 años y se debe pensar cuáles son sus símbolos, cuáles son sus palabras claves, cuáles son sus figuras, cuáles son sus grandes utopías, cómo concibe el gobierno, cómo concibe el Estado referente a si se es Gobierno en un próximo período. En ese sentido el proyecto político es un gran marco y, como su nombre lo explica, es una proyección. Una mirada a mediano y largo plazo donde se prevé una serie de transformaciones, más global de lo que puede ser la adscripción a una ideología o a una nueva ideología”.

 

CELAC

 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un organismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Rio y la CALC, la Cumbre de América Latina y del Caribe que tiene por objeto promover la integración y desarrollo de los países latinoamericanos. 

 

Fue creada en febrero de 2010 en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en México, celebrándose la reunión correspondiente para su constitución definitiva como organización regional y de integración frente a la crisis económica en Caracas, en diciembre de 2011. La I Cumbre tuvo lugar en Chile en enero de 2013 y recientemente en el mismo mes de 2014 la II Cumbre, en Cuba.

 

Ahora bien, si en efecto el objetivo de esta agrupación es claramente económico, en la II Cumbre que acaba de finalizar en la Habana, con presencia hasta del Secretario General de la OEA, la extensa declaración final suscrita por los mandatarios y/o sus representantes, llena de ampulosas declaraciones y principios retóricos, se incluyeron dos aspectos que revelan un cinismo en las relaciones internacionales.

 

En efecto, en su primera declaración, los asistentes clamaron de forma acorde a los objetivos del CELAC y manifestaron sus votos por  “la unidad y la integración de nuestra región debe construirse gradualmente, con flexibilidad, con respeto al pluralismo, a la diversidad y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su forma de organización política y económica”, pero a la vez, cínicamente reiteraron, cuando la realidad es otra, “…que nuestra Comunidad se asienta en el respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, el fomento de la participación ciudadana y la democracia”, para concluir en un maniqueo
compromiso de“….trabajar conjuntamente en aras de la prosperidad para todos, de forma tal que se erradiquen la discriminación, las desigualdades y la marginación, las violaciones de los derechos humanos y las transgresiones al Estado de Derecho”.

 

Pero la hipocresía no queda ahí sino que se supera cuando en la última declaración -la número 83- expresan su “…agradecimiento al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba por el liderazgo y trabajo realizado durante el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del foro y el reconocimiento al pueblo y Gobierno de Cuba por la organización de la II Cumbre de la CELAC…”.

 

Con razón, un portavoz del Departamento de Estado acusó a los países de América Latina y el Caribe de traicionó “la dedicación declarada de la región a los principios democráticos al respaldar el sistema unipartidista en Cuba.

 

Será que la diplomacia internacional ha pasado a ser una suerte de corpus de la alcahuetería donde privan los intereses económicos y de otra especie sobre los principios democráticos y los derechos humanos y en donde se le ha dado cabida al castro-comunismo y su necrofilia ideológica?. O tendrá razón Asdrúbal Aguiar cuando califica a la CELAC como un “Sindicato de autócratas”, para quienes de lo que se trata es de acceder al poder conforme al estado de derecho o de hacerlo valer ante la sociedad, cumpliendo con sus formas pero haciendo mutar sus contenidos -con jueces a su servicio- u omiten la aplicación de la ley, severa y draconiana para quienes los adversan, cuando se trata de sancionar delitos que sus camarillas cometen en nombre de la misma neodictadura y para su consolidación?

 

Por cierto, la frase necrofilia ideológica -Moisés Naim dixit– se interpreta como apasionado amor por ideas muertas.

 

Precios justos

 

La Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) trae un curioso objetivo hecho a la medida dentro del marco de la economía dirigida y como instrumento de la guerra económica iniciada contra el libre mercado, en fin, contra la libertad; y ese objetivo no es otro que la regulación general de precios, costos y ganancias máximas, para así promover el “orden público socialista consagrado en el Plan de la Patria”, siguiendo la pauta de una ley de 2011, ahora derogada, y cuyo nombre es Ley de Costos y Precios Justos, a la que nadie le hizo el menor caso durante su vigencia.

 

La LOPJ pretende controlar todas las actividades económicas: desde la gran fábrica hasta el más pequeño comercio al detal y su aplicación estará a cargo de un nuevo ente burocrático, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), que sustituye a otros organismos, la SUNDECOP y al INDEPABIS, pero que ejercerá sus funciones a través de dos Intendencias, una encargada del control de precios, costos y ganancias, y la otra de la defensa de los consumidores y usuarios.

 

Para empezar, la LOPJ instala tres controles: el control del precio, el control de márgenes
máximos de ganancias y un nuevo Registro de Empresas.

 

La Superintendencia fijará el precio máximo de venta de cualquier bien o servicio, incluso en relación con productores, distribuidores y comercializadores, partir del análisis económico de la información que al respecto se recabe, conforme a los lineamientos que serán dictados; y ese precio máximo fijado será considerado  como el “precio justo”, siendo de señalar que la LOPJ no define ese concepto ni cómo será fijado ese precio máximo ni los parámetros para su fijación, pese a que ésta crea el “certificado de precio justo”, el cual será un requisito obligatorio para solicitar divisas.

 

Esta laguna hace pensar que hasta tanto la SUNDDE regule el precio máximo, los precios podrán ser fijados libremente, salvo en aquellos casos en los cuales exista otro control de precios fijado por otro texto legal.

 

La SUNDDE podrá optar por regular los márgenes máximos de ganancia en función a la estructura de costos o fijar el precio máximo de venta, pero la LOPJ no establece expresamente un margen máximo de ganancia ni indica los parámetros para realizar esa fijación, por lo que el margen de ganancia deberá ser fijado SUNDDE en cada caso.

 

La Ley crea un nuevo registro llamado Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), el cual formará parte del elenco de múltiples registros exigidos por leyes, reglamentos, providencias, con lo cual se complica aún más la tramitación de gestiones ante oficinas estatales, contrariando el tan cacareado principio de simplificación.

 

Como es usual en la legislación de la economía dirigida, en la que la promulgación es considerada erradamente como la clave para mantener al ciudadano bajo coacción, se establecen una serie de sanciones, incluyendo la privación de libertad. Así se tiene:

 

Restricción de la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la SUNDDE o retención de los mismos con sin ocultamiento para provocar escasez o distorsiones en los precios: Este delito será sancionado con prisión de 8 a 10 años, multa de 1.000 UT a 50.000 UT y ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días.

 

La reincidencia será sancionada con la clausura de los almacenes, depósitos o establecimientos del sujeto infractor, así como, la suspensión del  RUPDAE.

 

La especulación, es decir, cuando se vendan bienes o servicios a precios superiores a los fijados por la SUNDDE será sancionada con prisión de 8 a 10 años, multa de 1.000 UT a 50.000 UT y ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días.

 

Quien importe o comercialice bienes declarados como nocivos para la salud y de prohibido consumo será castigado con 6 a 8 años de prisión; y quienes vendan productos alimenticios, bienes vencidos o en mal estado será castigado con multa de 200 UT a 10.000 UT, sin menoscabo de las sanciones penales a que hubiera lugar.

 

Finalmente, la LOPJ tiene dos normas punitivas inconstitucionales: La expropiación, como una sanción cuando se realicen prácticas prohibidas allí prohibidas, siendo que la expropiación es la transferencia coactiva de una propiedad privada al Estado mediante el pago de una indemnización; y la pena de confiscación cuando los delitos realizados procuren “la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la Nación”, cuando la confiscación –entendida como la incautación o privación de las propiedades de alguien sin compensación, sólo procede en los casos fijados en el artículo 116 de la Constitución.

 

En términos bélicos, la LOPJ es una batalle dentro de la guerra económica.

 

 

 

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