Al doctor Arturo Luis Torres Rivero, abogado y distinguido profesor universitario. Polémico e intransigente. In memoriam
 

LA POLEMICA RESOLUCIÓN 8610

Cuando ciertas buenas acciones quedan desmerecidas por otras no muy buenas; o cuando se dice una cosa y se termina haciendo otra, coloquialmente se califica así: Lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Y es ese, precisamente, el caso de la resolución  8610 del 27 de enero de 2015 que los jefes militares han puesto en vigencia mediante su publicación en la G. O. 40.589 con el fin de regular la conducta de las Fuerzas Armadas en manifestaciones y protestas.

En efecto, si bien la resolución comienza con una serie de artículos que definen con claridad el comportamiento que deben tener los elementos militares al momento de encontrarse frente a un situación como las descritas, en la que destaca la protección de los propios manifestantes de agresiones de otros, resulta que toda esa buena intención se destruye cuando, en forma por demás inexplicable, se da autorización a la fuerza militar para que haga uso de productos químicos o de armas de fuego para el control de manifestaciones y reuniones pacíficas, lo que atenta directamente contra el artículo 68 de la Constitución que prohíbe de manera absoluta el uso de armas de fuego en esos tipos de reuniones, so pretexto de que lo que persigue la resolución es “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.   

Por otra parte, para justificar estas disposiciones, la máxima autoridad militar, en lugar de facilitar la discusión de ideas, ha insistido que la resolución contiene un «profundo respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a los manifestantes» y ha cuestionado la labor de «algunos» medios de comunicación (léase El Universal, 31-01-2015), de los que dijo se han limitado a «extraer y descontextualizar» la normativa para «poner en zozobra al pueblo de Venezuela«.

Como nuestra lengua es rica en dichos, a la resolución militar puede aplicarse otro adagio: a veces se destruye con los pies lo que se construye con las manos, mientras, la Defensoría del Pueblo hace mutis por el foro.

EL DETALLE QUE FALTABA

Un tiempo atrás, un ex ministro de Finanzas al que calificaban de “monje”, caído en desgracia, dijo: “Los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así”; y poco tiempo después otro ex ministro pero de Educación, afirmó que no se debe sacar a los más necesitados hasta la clase media, ya que, podría generar que éstos intentaran convertirse en «escuálidos«.

Ahora, en días recientes de inicio de 2015, un retrógrado ex funcionario de ingrata recordación, pasado a retiro a la fuerza, ha añadido que ”una medida que se debería tomar inmediatamente es reducir a la mitad el horario de la administración pública y sacarlos (a los funcionarios públicos) a la agricultura. Suspender las clases, total o parcial, y sacar la gente (a los estudiantes y profesores) a la producción. Cultivar las tierras que tengamos disponibles, sean de quien sean”.

Cree este escribidor que esta descabellada propuesta del ex mujiquita controlador de precios de bienes y servicios, como igual de disparatadas las de los ex ministros, viene a ser el detalle que faltaba para dejar en claro que mantener a la población con bajos ingresos y en los más bajos niveles de educación produce dividendos al facilitar la dominación.

Quizás lo apropiado sería reducir la nómina de funcionarios estatales, seleccionar los que tengan capacidad para ir al campo con las adecuadas condiciones y aumentar los recursos en educación y formación ciudadana.

REGLAS PARA DESMANTELAR EL CONTROL DE CAMBIOS

Los expertos económicos y financieros se han pronunciado  sobre el desmantelamiento del control de cambios y han propuesto distintas reglas destinadas a facilitar tal proceso con el objeto de lograr la estabilización del precio del dólar, en un mercado sin restricciones para la compra y la venta, en torno a sus valores de equilibrio, sustentado en un conjunto de medidas que afiancen las posibilidades de crecimiento con equidad de la economía venezolana, como ha planteado el conocido investigador Humberto García Larralde.

Las medidas requeridas para el fin expuesto son: reducción de la liquidez en manos del público, concertación de un significativo financiamiento externo en el corto plazo, una reforma del Estado tendiente a reducir el gasto y mejorar su eficiencia, medidas de compensación a los sectores más vulnerables, entre otras.  

No cabe duda que tales medidas serían fundamentales para desmontar el control de cambios, pero todo ello debe tendría que descansar en una transformación profunda de las instituciones que devuelva las garantías económicas, civiles y procesales, respete la propiedad y genere un ambiente favorable a la inversión productiva; pero dentro de todo ello hay que hacer énfasis en la necesidad de un sistema judicial independiente donde los jueces impartan justicia libres de toda intromisión o parcialización, o que las decisiones tomadas dentro de las fórmulas alternas de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación, sean respetadas y reconocidas como producto de la voluntad de las partes.

 
 

ESTADO FORAJIDO Y ESTADO FALLIDO

El estimado profesor doctor Orlando Alcívar Santos ha escrito una columna denominada “¿ESTADOS FALLIDOS?”, en El Universal de Ecuador, en la cual ha mencionado a algunos estados del continente que, a su juicio, merecen ser calificados como estados fallidos en las Américas por ser aquellos en los que existe corrupción, criminalidad, malos servicios judiciales, y, en suma, un gobierno ineficaz para poner orden en la nación, lo que sitúa al ciudadano en un ambiente de temores y zozobras al percibir que el Estado no le puede brindar toda la protección que requiere al ser incapaz de garantizar a su pueblo la seguridad física, alimentaria, educativa, cultural, sanitaria y ni servicios públicos.

Al lado del Estado fallido que describe don Orlando, está el Estado forajido, es decir, aquel que se caracteriza por violentar de manera sistemática las leyes nacionales y los convenios, acuerdos y tratados internacionales, desempeñando las funciones estatales al margen de la legalidad o eludiendo el ordenamiento jurídico en función de sus propios intereses, ideológicos, económicos y hasta religiosos, llegando incluso a proteger el terrorismo, el tráfico de personas y sustancias estupefacientes, infracción de los DDHH y cualquier otra manifestación condenada y prohibida por el ordenamiento jurídico internacional.

Al ser dos figuras diferentes, puede darse el caso de que un Estado cualquiera sea fallido y forajido a la vez porque simultáneamente se dan las características de ambos.

Ahora bien, sea forajido o fallido, un estado en cualquiera de esas circunstancias acude como primer paso a la destrucción o control absoluto de las instituciones para, sin éstas, poder campear a su antojo mediante los personalismos y los gobiernos autoritarios. Sin partidos políticos sólidos, sin jueces independientes y con impunidad frente a la corrupción, tienen el campo libre para sus arbitrariedades, amparados en esa falacia que es el mito de que un gobierno es democrático porque su origen es electoral.

Si se quiere restituir la democracia en aquellos países donde ha sido pisoteada, y salvaguardarla en aquellos en que aún subsiste, hay que retomar la seriedad en los partidos, dar independencia judicial y que los jueces sancionen plenamente a los responsables de corrupción.

En mi concepto, Podemos, en España, persigue transformar el estado español en un estado forajido o fallido, aprovechando ciertas funestas circunstancias. En la madre patria, los partidos tradicionales se han ido al garete porque la corrupción los ha tragado; y a los jueces se les ha mediatizado. Si no se castiga a los corruptos de los dos partidos, a la Infanta y su consorte, y se hace un mea culpa con voluntad de enmienda, se abrirá el campo a Podemos y, con ello, la destrucción de la democracia española.

Grecia acaba de sucumbir ante los cantos de sirena izquierdistas y en breve, si el ganador implanta el plan de gobierno anunciado en su mensaje político, la tierra de Platón y Aristóteles y de tantos estará llenando las solicitudes de inscripción para ingresar a la categoría de Estado forajido o de Estado fallido. O de ambos.

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