Patria o papel «tualé»

Un funcionario gubernamental ha originado un debate sobre el dilema que se plantea en el título de esta reflexión, cuando recientemente, en un acto de proselitismo político, puso a los oyentes a escoger entre patria y papel “tualé”.

Ante tan cuestionable planteamiento, es necesario hacer algunos comentarios.

La patria es el lugar, sea una ciudad o un país, donde un ser humano ha nacido; pero este concepto no se limita al plano geográfico sino que abarca todas aquellas cosas materiales e inmateriales, de todos los tiempos, y por los que un patriota lucha a diario por mantener porque son las que les otorga una identidad y un sentido de pertenencia. Por consiguiente, no basta con nacer en un sitio determinado para ser patriota, sino que hay que hacer suyo el patrimonio material e inmaterial para sentirse vinculado e identificado con esa patria. No es suficiente nacer en ella, como tampoco vivir en ella y quemar autobuses para que alguien diga que es un patriota, o que tiene tradición patriótica. Hay que sentir la patria, o como dice un cliché político, se lleva en el corazón.

En cuanto al papel “tualé”, en la cultura occidental, esa que deviene de Grecia y de Roma, se cuenta que fue introducido en Europa en el siglo VI d.c., pero fue solamente en el siglo IX cuando se empezó a utilizar para sustituir la utilización de hojas de lechuga y agua que se empleaban para asearse luego de descargar el vientre, transmitiéndose hasta nuestros días.

En otra milenaria y respetable cultura, la musulmana, la Sharía regula detalladamente la forma en que el creyente de Alá debe cumplir el llamamiento de la naturaleza, aunque algunos fanáticos rechazan el uso del papel higiénico al afirmar que Mahoma les ordenó que “cuando alguno de vosotros defeque, debe tomar tres piedras y limpiarse con ellas, y eso será suficiente”.

Como se observa, el concepto de patria ha sido empleado torticeramente con la finalidad evidente de confundir y engañar porque, para que haya patria, debe haber papel “tualé” como un elemento de calidad de vida de los habitantes de un país.

O será que lo que se pretende es que se reimplante utilización de las piedras que aconsejaba el respetable profeta a sus adoradores?

 

La Ministra de Prisiones y los abogados privados defensores de los reos

La ministra de Prisiones ha dicho en estos días que se niega a trabajar con abogados privados defensores de reos pues éstos deben aceptar la defensa pública para que sus requerimientos puedan ser atendidos por esa representante del Ejecutivo Nacional.

Esta afirmación debe analizarse con sumo cuidado porque tiene relación directa con el derecho del procesado a seleccionar al abogado que ha de asistirle en una causa penal y, además, con el mismísimo derecho de defensa constitucional.

Analizar precipitadamente el dicho ministerial puede conducir a concluir que se trata de un simple y vulgar desconocimiento de los derechos mencionados, lo que es inadmisible en un alto funcionario del Estado; pero también alcanzaría a violentar el ejercicio profesional de los abogados penalistas porque se estaría criminalizando el derecho a defender a enjuiciados criminalmente así como el derecho al trabajo, como acertadamente ha expresado el Colegio de Abogados del Distrito Capital.

Por tanto, habría que considerar que lo que quiso decir la tremendista funcionaria es que existen abogados que, en lugar de defender a sus enclaustrados clientes con eficiencia para obtener su libertad o la atenuación de las condenas, tergiversan su apostolado profesional y deliberadamente prolongan la privación de libertad con la intención de obtener la satisfacción de mejores honorarios profesionales.

De ser ese el objetivo de las cuestionadas declaraciones ministriles, lo procedente hubiera sido denunciar los hechos de corrupción ante los organismos disciplinarios de los Colegios de Abogados en los cuales estén inscritos esos abogados, para lo que  existe el procedimiento correspondiente en la Ley de Abogados y en el Código de Etica Profesional, en lugar de pretender enlodar la reputación de todos aquellos que honestamente se dedican a la difícil tarea de defender a los privados de libertad, cuando
constitucionalmente el abogado es un auxiliar de la justicia.


La derecha y la izquierda

 

No se trata de escribir sobre esa antigualla o tara atávica que mantiene a ciertos políticos anclados en épocas ya superadas por el pensamiento moderno y que aún persisten ridículamente en dividir al mundo en derecha e izquierda.

En realidad, es un tema de ubicación. Así como se dice que izquierda es lo que está situado en el cuerpo humano en el lado del corazón, también se aplicaba a aquellos que, en la época de la Revolución Francesa, se sentaban en la parte izquierda del presídium de la Asamblea Nacional; y, por consecuencia, la derecha en el cuerpo humano es la que está opuesta a la del corazón; e igual sucedía en la célebre Asamblea revolucionaria con quienes se ubicaban de ese lado del presídium.

Pero también la derecha y la izquierda se utilizan en la circulación. En un pasillo, los peatones deben considerar la primera como la vía para ir, mientras la que segunda es para el regreso. Lo mismo sucede con las rutas para los vehículos, que deben circular por la derecha, al menos en gran parte bajo su influjo o dominación.

Pues bien, resulta que pareciera que hay un gran número de personas que desconoce estas normas de circulación y, en lugar de mantener su derecha, lo hacen indiscriminada y arbitrariamente por cualquiera de las dos vías, creando caos y desorden. Se observa en el tránsito y, peor todavía cuando los peatones ni se molestan por mantenerse en su vía en
perjuicio de los demás.

Como es un deber enseñar al que no sabe, pareciera conveniente la divulgación de esta reflexión.

 

Y dale que dale con el fascismo

 

El fascismo emergió triunfante en los primeros años de la segunda década del siglo XX, concretamente en 1922, cuando Vittorio Emanuele Ferdinando Gennaro Maria di Savoia-Carignano Pivetti, mejor conocido como Vittorio Emanuele III de Italia, designó como Primer Ministro del gobierno a Benito Mussolini.

El régimen político italiano era una monarquía constitucional a la que Mussolini aparentaba respetar amparándose en los principios democráticos, aunque en realidad subrepticiamente la iba minando de manera paulatina, comenzando con la creación de brigadas armadas –los famosos camicie nere– para defender la “revolución”, listas para cualquier cosa y a la orden del Duce, como él mismo vociferaba. 

El siguiente paso fue el ataque a la independencia judicial. Así, en 1923, se dictó un decreto que permitió la destitución de cualquier juez cuando “cuando hubiera mermado el prestigio o la autoridad necesaria para el debido cumplimiento de sus obligaciones«. No obstante, el potencial autócrata disimulaba su afán de controlar el Poder Judicial al punto que en alguna oportunidad declaró que la justicia “debe ser cómoda y rápida, quien pida justicia, no ha de ser sofocado por procedimientos demasiado complicados y ella debe ser obtenida en el más breve tiempo posible; no basta que cada hombre sienta que encontrará la justicia que busca, es necesario que no espere un siglo para obtenerla, es preciso que sea solícita y profundamente humana. Es necesario no dar la impresión de que el individuo podrá tener razón sólo después de haber naufragado en un mar de papeles”.

Simultáneamente, en 1923, se restringió la libertad de expresión, estableciendo la censura a la prensa escrita; reservándose el Primer Ministro el derecho a “encadenarse” para pronunciar interminables peroratas, gracias a las ondas hertzianas.

Minado el sistema democrático, no fue difícil el paso desde la monarquía constitucional a la dictadura del partido único que imponía su mayoría en el parlamento, lo que facilitó la promulgación de leyes destinadas a controlar toda la actividad de la sociedad, la persecución de los disidentes y hasta el adoctrinamiento de los niños, dando paso a la dictadura corporativa con el beneplácito de una clase industrial y comercial  que buscaba la protección de sus intereses bajo el manto gubernamental, sin importarle las consecuencias políticas, como también lo hicieron afamados intelectuales y académicos. «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado«, clamaba Mussolini en sus agresivos y teatrales discursos.

Con esta situación, no fue difícil para Il Duce hacerse de poderes especiales que acabaron con la potestad del Parlamento y arrasaron con lo que restaba de independencia judicial al poder destituir a los jueces a su antojo, lo que se completó con la ley para la Defensa del Estado creando un tribunal especial para juzgar delitos políticos.

Como la autonomía provincial y municipal se había fortalecido a lo largo de los siglos en la península itálica, Il Duce arremetió contra ellas, y las despojó de alcaldes y legislaturas comunales, designando funcionarios que cubrían esas funciones.  

Así continuó el dictador controlando a toda la sociedad al punto que sin vergüenza alguna declaró públicamente en el Senado: «La Constitución ya no existe«, a la par que restringió el derecho a fijar domicilio y cambiar de residencia, mientras ordenó que se elaboraran listas clientelares para la concesión de empleos y contratos solamente a los afiliados al fascismo.

En medio de esa locura, Il Duce apostó por su colega del nacionalsocialismo alemán y, además de perseguir a los judíos, se integró al Eje, todo lo cual terminó con la derrota de Alemania y sus aliados, resultando Mussolini ajusticiado por partisanos italianos que le dieron caza cuando cobardemente huía en busca de refugio.

Ingenuamente podría pensarse que la humanidad ha evolucionado y que el fascismo ha desparecido de la faz de la tierra, pero en realidad sobrevive escondiendo su detestable rostro bajo un llamativo color o una picaresca máscara, pero afortunadamente siempre será identificado, porque como dice el refrán popular: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

 

La responsabilidad de la masacre del Estado Falcón

Es hoy un triste y lamentable hecho público y notorio que un grupo perteneciente a un cuerpo militar irresponsablemente masacró a una inocente familia que circulaba en un vehículo que pareció sospechoso a los sedicentes guardianes de la seguridad ciudadana.

Por supuesto que hay una responsabilidad penal directa de los autores de la masacre y, consecuentemente, una responsabilidad civil, como dispone el derecho venezolano; pero esaresponsabilidad no queda limitada allí, sino que se prolonga hacia arriba en dos vertientes:

La primera, en quienes irresponsablemente han confiado a la fuerza militar el cuidado de una ciudadanía que de día y de noche sufre los embates del hampa, sin que hayan considerado que, para cumplir esas funciones, es preciso contar con especiales conocimientos policiales tanto de prevención como de represión. Simplemente, hacer las cosas a lo macho, manu militari.

La segunda, en el Estado, por disposición expresa de la norma contenida en el artículo 30 de la Constitución de 1999: “…(omissis)…El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios…(omissis)…”.

Y así como suceden a diario hechos que cercenan vidas venezolanas o les causan lesiones imborrables, también hay otro atentado contra los derechos humanos producidos por esas fuerzas armadas, como son los delitos de naturaleza penal en la que incurren algunos de sus enrolados, tales como atracos, hurtos, robos, en fin, delitos que también son contra los derechos humanos porque el derecho de propiedad es derecho humano. Ahí la responsabilidad también sigue su curso hacia arriba, sobre todo cuando quienes llevan las riendas deberían conocer las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990.

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