Testigo vivencial de tres cuartos de Siglo

Apaciblemente, acaba el doctor Ramón J. Velázquez de llegar al punto de no retorno, siendo un hecho que no debe pasar desapercibido cuando todos sabemos que algún día nos tocará; pero, se trata de un personaje que formó parte de los acontecimientos políticos del s. XX, desde su llegada a Caracas en 1935 hasta este triste día de junio, coincidente con la celebración de la Batalla de Carabobo, en el que ha entrado en la inmortalidad.

Abogado, escritor, historiador y político, jamás ejerció el derecho como práctica profesional porque desde temprana edad topó con el mundo de la política, cuando habiendo sido designado Secretario de su coterráneo, el doctor Diógenes Escalante, pudo presenciar los trágicos momentos en que este personaje se desmoronaba al repentinamente perder la memoria, justo cuando los partidos le habían seleccionado como candidato presidencial de unidad para las elecciones de 1945. 

Como escritor e historiador deja una vasta obra, con muchas facetas relacionadas con la historia venezolana y también con su región natal, el Táchira, a la que supo representar en el Senado de la República; y como político, su posición más alta la alcanzó al ser seleccionado como Presidente de la República en 1993, por designación del Congreso Nacional para completar el período del inconstitucionalmente destituido Presidente Carlos Andrés Pérez.

Velázquez, andino “zamarro”, en su breve paso por la Jefatura del Estado se desempeñó con ágil  mano izquierda, pues conocía la grave crisis política que corroía a las instituciones luego de los dos intentos de golpe de estado en 1992 y la cuestionada remoción de Pérez, lo que le permitió navegar entre esas indómitas aguas, quizás producto de la experiencia adquirida como testigo vivencial de tres cuartos de siglo, concluyendo el mandato presidencial que se le había encomendado y entregando el poder a quien en 1994 resultara candidato ganador, Rafael Caldera.

De su gestión como mandatario, puede recordársele como el inspirador y motor del proceso descentralizador, con el cual se implantó en Venezuela la elección de gobernadores y alcaldes por el voto popular.

¡Descanse en paz, doctor Velázquez!.

 
 

Nuevamente en el último puesto en independencia judicial: 148/148

En Reflexiones a últimos de Marzo de 2014, bajo el título de Venezuela: 99/99 y 16/16, este escribidor hizo referencia el informe rendido en 2013 por la ONG norteamericana THE WORLD JUSTICE PROJECT (WJP), en el que se calificaba a Venezuela como el país con peor desempeño en la región en la mayoría de las dimensiones que conforman el Estado de Derecho; y que, la misma organización, en su Índice de Estado de Derecho 2014 de la misma WJP ha rebajado a Venezuela a la posición número 99/99 de la tabla general mundial y al sitio número 16/16 entre las naciones latinoamericanas analizadas, concluyendo en que Venezuela es el país con el desempeño más pobre de todos los países analizados, mostrando tendencias decrecientes en el rendimiento de muchas de las áreas en relación con el año pasado.

En las Reflexiones a últimos de Junio de 2014, insertamos “LA ONU Y LA INDEPENDENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL”, exponiendo que los medios informaban que la relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, afirmó estar «muy preocupada» por la falta de independencia de magistrados y miembros del Poder Judicial en Venezuela y que tenía una gran inquietud por la interferencia del poder político en el Poder Judicial.

Ahora a escasos días de esas reseñas, Uypress, de Montevideo, en nota del 25 de junio, informa que en el Reporte Global de Competitividad que realizó el Foro Económico Mundial, correspondiente al 2013-2014, Venezuela ocupa el último puesto entre los 148 Estados encuestados, precedida de Paraguay (146), Argentina (142) y Perú (126).

Por el otro extremo, Uruguay calificó con el puesto número 1 en América Latina y 25 en el “ranking” mundial, y le siguen Chile (27), Costa Rica (37), Brasil (55) y México (90).

Al mismo tiempo que esta información se trasmite a lo largo del orbe, en Venezuela el ex diputado Richard Mardo, luego de ser impuesto de los cargos que le formuló el Ministerio Público, dijo a los medios:“…los venezolanos tenemos sed de justicia”; y tres de 15 jóvenes que se encuentran en “ayuno permanente” desde el 20 de junio en la Parroquia de Nuestra Señora de La Chiquinquirá, de la Florida, se cosieron la boca en las inmediaciones del Palacio de Justicia para exigir la liberación de los más de 100 estudiantes que aún se encuentran detenidos y la revocatoria de las medidas cautelares dictadas a más de 2.000 personas por protestar pacíficamente. “Los compañeros llegan a la acción extrema de coserse la boca por el silencio de la justicia…”, manifestó uno de ellos. 

¿Estarán errados, o tergiversados, esos índices de medición? Juzgue usted, amable lector.

Una reflexión entre reflexiones

Con motivo del artículo que este escribidor publicó en El Universal el pasado 26 de
abril bajo el título “¿Qué es la seguridad jurídica?”, recibí numerosas respuestas con comentarios acerca del párrafo que, en abril de 1958, mi padre José Gabriel Sarmiento Núñez escribió en el mismo diario con el título de “Difundamos el derecho” y que a continuación se reproduce:

Es necesario divulgar el Derecho. Hay que despojarlo de los fastuosos y engorrosos estuches de artículo caro, para presentarlo a la colectividad con genuina envoltura de pan cotidiano. Hay que devolverlo al pueblo en la misma forma simplista, inafectada y franca como él mismo lo creó para que pueda comprenderlo y aplicarlo libre y conscientemente, y modificarlo cuando ya no corresponda a sus necesidades”.

Y es que las respuestas que llegaron a mi buzón refieren precisamente a esa advertencia que, hace hoy casi 60 años hizo mi padre, que no era otra que la necesidad de divulgar el derecho, de hacerlo llegar al pueblo para que éste, como colectividad, estuviera consciente de sus derechos y, por consiguiente, de cómo ejercerlos y reclamarlos.

No cabe duda de que la democracia iniciada el 23 de enero de 1958, con todas sus deficiencias, trajo una serie de ventajas para todos los sectores del pueblo venezolano,  aunque hay quienes han pretendido desconocerlo e incluso negar la existencia de esas cuatro décadas de gobiernos constitucionales.

Que los adelantos fueron incompletos, o mal ejecutados, hay que aceptarlo y, así como no se llevó a cabo un plan de instrucción de los valores cívicos y morales de una sana sociedad con la intensidad requerida, se incurrió en el error de no inducir el conocimiento de los derechos en una forma que llegara no solamente a aquellos que tenían acceso a la información, sino hasta los menos favorecidos, para que no se dejaran seducir con falsas promesas de redención y superación.

Por supuesto que, con el apoyo de todos aquellos comprometidos con la democracia se pueden dar lecciones, como lo hacen innumerables personas que dejan expresar sus pensamientos no solamente desde el punto de vista político, sino desde otras ciencias como las económicas o el derecho, en importantes medios informativos, o en libros y revistas. ¿Pero, será ese esfuerzo suficiente para divulgar el derecho y hacerlo conocer por todos? ¿O será necesario iniciar una campaña de divulgación masiva de los derechos?.

Solamente aquel que conoce los derechos de la personalidad, el respeto del derecho ajeno, la familia, sus bienes, que sabe lo que es el valor del trabajo, el ascenso por méritos, etcétera, podrá defender sus derechos y rechazar a los impostores aunque éstos se cubran con la piel del cordero y usen manso lenguaje, mientras reparten baratijas para conquistar voluntades.

Ulises, el hombre sabio de La Odisea, tapó sus oídos con cera para no escuchar los cantos de sirena que guiarían las naves hacia el naufragio y pudo llegar a buen puerto; pero Ulises, además de guerrero, conocía sus derechos.

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