Crítica Judicial

 
Un comentarista llamado Lucio de Ciano –un pseudónimo?- formuló la siguiente observación al artículo de mi autoría denominado LIBERTAD DE MANIFESTAR PACÍFICAMENTE, publicado en El Universal, de Caracas, el 1º de mayo de 2014:
 
¿SE IMAGINAN QUE ALGUIEN EXIJA LA ELIMINACIÓN DE LOS SEMÁFOROS dizque porque restringen el derecho constitucional al libre tránsito? Ciertamente tal postura sería demencial; pero igualmente demencial es decir que el Tribunal Supremo está coartando el derecho constitucional a la protesta cuando sentencia que el ejercicio de los derechos constitucionales no es irrestricto, ya que deben ser ejercidos según las normas establecidas al respecto en las leyes y reglamentos, a fin de que el ejercicio de un derecho por alguien no colida con los derechos de los demás. Los que hoy critican la sentencia del Tribunal Supremo son los mismos que no entienden que TRANCAR UNA CALLE NO ES UNA PROTESTA PACÍFICA, sino que es hacer violencia contra el derecho constitucional que todos tenemos al libre tránsito”.
 
Al respecto, cabe responder lo siguiente:
 
Murmurar de los jueces, es un crimen; criticar sus decisiones en público con justas e ilustradas razones, es elevada función ciudadana”. Así se expresaba el doctor Luis Loreto, insigne jurista, paradigma de los procesalistas patrios del siglo XX orientando a los ciudadanos para que no incurrieran en indebidos e injustificados ataques a espalda de los jueces; y sentenciaba: “Criticar con palabras airadas y procaces, sin razones y fundamentos serenos y atendibles, es más grave que murmurar, porque la crítica falaz e intemperante concita los ánimos a la desobediencia, al desorden y al vilipendio de la magistratura”.
 
De acuerdo a estos sabios comentarios, criticar una sentencia no constituye ni ofensa ni falta grave. Es un derecho, sobre todo si se hace fundadamente.
 
En cuanto al fallo No. 276 del 24-04-2014 del colectivo judicial, contrariamente a lo que expresa el comentarista, se apartó de los lineamientos internacionales sobre el derecho a manifestar pacíficamente, porque dispuso que se necesita autorización previa de la autoridad local para su ejercicio; además, criminalizó las protestas que se efectúen sin autorización; y avaló la acción represiva de los cuerpos policiales para dispersar manifestaciones no autorizadas, extendiendo esa obligación a las policías municipales cuando éstas no tienen facultades legales de esa naturaleza.
 
La verdadera esencia de los principios generales que orientan internacionalmente la libertad de manifestar pacíficamente está precisamente en que la manifestación no debe estar sujeta a la obtención de una autorización previa de las autoridades. A lo sumo, a una notificación para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y para proteger la seguridad y el orden públicos y los derechos y libertades de los demás. Incluso, a los efectos organizativos, se ha considerado la conveniencia de que en las reuniones pacíficas se incluyan a organizadores o responsables que velen por el buen desarrollo de las manifestaciones y orienten a los asistentes.
 
Esa es la libertad de manifestar  y, por tanto, lo demencial es pretender poner camisas de fuerza y cortapisas injustificadas e ilegales al ejercicio de los derechos usando falacias y sofismas concebidos a la medida para la satisfacción de los intereses ajenos al derecho y la justicia.  
 
La libertad priva sobre su control, sea del tipo que sea, porque su restricción atenta contra ella misma y, en el caso de la libertad de manifestar pacíficamente el Estado tiene obligaciones fundamentales: Una, dejar que la expresión pacífica se desarrolle bajo protección estatal y, a la vez, impedir que el derecho de manifestar afecte los derechos de terceros; pero la tesis del comentarista, me hace dar la razón a un eminente magistrado de la república civil, el doctor Julio Horacio Rosales cuando se oponía vehementemente al control matizado del Poder Judicial por parte de los otros poderes y al, respecto, afirmaba que esa actitud constituía una  “Especie de servilismo en la sangre, que inspira reminiscencia indeliberada del no bien desposeído complejo del gendarme necesario”.
 

Inquietante encuesta

 

En la encuesta de Venebarómetro a marzo de 2014, aparece una lámina por lo demás preocupante, al modo de ver de este escribidor. Resulta que a la pregunta de la encuestadora acerca de qué tan dispuesto estaba el encuestado por salir a protestar a la calle, las respuestas fueron inauditas, pues oscilaron entre un 45,4% por la escasez de alimentos y productos hasta un 55.5% por el aumento del transporte público, mientras que problemas tan serios y perjudiciales para la población como la inflación, la inseguridad, la falta de viviendas o la suspensión del servicio de energía eléctrica, se movió entre esos dos rangos.

 

Si se promedian ambos porcentajes, el resultado será del 50,45% del país no está en disposición de protestar. Ahora bien, explicaciones de gobierneros y opositores habrán muchas frente a este resultado, pero quizás las empresas encuestadoras deberían  indagar un poco más y preguntar acerca de las causas por las cuales se da el resultado señalado.  ¿Indolencia? ¿Conformismo? ¿Irresponsabilidad?  ¿Ignorancia? ¿O es que ese 50% ha vivido toda su vida en esos ambientes al punto de considerarlos normales como forma de vida? ¿O hay otras causas?

 

En las Reflexiones a últimos de abril de 2014 hice referencia a los factores que, según Julián Marías, dieron origen a la guerra civil española y, uno de ellos fue el fanatismo y sonambulismo, que el ilustre filósofo explica así: «Llegó un momento en que una parte demasiado grande del pueblo español decidió no escuchar, con lo cual entró en el sonambulismo y marchó, indefenso o fanatizado, a su perdición…”.

 

Será que el pueblo venezolano ha decidido no escuchar y como autómata estará marchando hacia un sangriento agujero negro del que, al despertar, se lamentará?. Como dijo Luis Vicente León en estos días, con respecto a sus sentimientos frente a la inseguridad: “¡Tengo miedo!”.

La sentencia anti porno

 
A petición de un impoluto ciudadano en ejercicio del derecho de acceso a la justicia y del
derecho a defender a sus hijos menores de las cochinadas sexuales que promocionan los medios de comunicación, la Sala Constitucional (SC) del máximo colectivo judicial acaba de dictar una extraña -por su extrapolación medioeval- sentencia por la cual, entre otros temas, ordenó la eliminación de “toda imagen de carga o contenido sexual explícito o implícito de los anuncios publicitarios en los medios impresos”, estableciendo, además, que ese tipo de avisos deben indicar que se trata de un servicio exclusivo para mayores de 18 años.
 
Asimismo, la SC ordenó a Conatel, como ente regulador de las telecomunicaciones, supervisar el contenido de las canciones de todos los géneros para determinar si se deben pasar en horario restringido para los niños; y solicitó del Ministerio Público que investigue si en los anuncios clasificados que aparecen publicados en los medios impresos, puede haber delitos de “trata de personas o inducción a la prostitución”.
 
Por último, se ordenó a Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos que supervise las salas de juegos computarizados y electrónicos y garantizar que estén cumpliendo la ley que protege a los menores de edad.
 
Se puede estar de acuerdo o no con este fallo y su fundamento jurídico-social,  pero presumo que al enterarse de su contenido, fray Tomás de Torquemada debió haber compartido una gran alegría con sus símiles inquisidores de todos los tiempos,  y brindado con ellos con la peor poción que expende Lucifer en la quinta paila de sus ígneos dominios.
 
Para este escribidor el tema radica en  que pareciera que se está generando una tendencia que persigue conservar la moralidad mediante la aplicación de controles, prohibiciones y sanciones destinadas a mantener la pureza mental y espiritual dentro de conceptos y acciones en desuso, como las que imponía la Santa Inquisición y que ahora la SC rescata a través de su sentencia, cuando en realidad la responsabilidad sobre la formación moral de los hijos la tienen primordialmente los padres, sin olvidar la responsabilidad residual que le corresponde al Estado.
 
En fin, los especialistas expondrán sus consideraciones sobre la decisión judicial y quizás alguno de ellos, al juzgar a la SC, parafraseará a Sebastián de Olmedo, quien en su tiempo calificó al tristemente célebre Gran Inquisidor como “el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden”.
 
De todos modos, que Dios nos agarre confesados.

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