EL FRUSTRADO INTENTO DE BURLAR LAS FACULTADES LEGISLATIVAS
 
En la G. O. No. 6.225 de 2 de mayo, fue publicado el Decreto Presidencial N° 2.309 por medio del cual se intenta prohibir a la Asamblea Nacional (AN) dictar votos de censura a ministros y al Vicepresidente de la República, lo que le está permitido al parlamento por la facultad de control contenida en el numeral 10 del Artículo 187 de la Constitución, según la cual la AN  puede censurar a los Ministros y al Vicepresidente; y cuando ese voto sea acordado por las 3/5 partes de los diputados, implicará la destitución del funcionario, como recientemente sucedió con un ministro de Alimentación, al que le fue negada la confianza.
 
Pero resulta que el aludido decreto presidencial, a pesar de estar fundamentado en la imaginaria e inventada emergencia económica que el gobierno imputa a los sectores productivos, es inconstitucional porque:
 
El Presidente  no puede suspender la vigencia de la Constitución de 1999 pues el artículo 7 de ésta dispone que los Poderes Públicos se someten únicamente a la Constitución.
 
El Presidente de la República no puede prohibirle a la AN el ejercicio de sus propias competencias, como el de dar voto de censura, porque el principio de separación de poderes impide que una cualquiera de las ramas del Poder Público se inmiscuya en otra, lo cual también implica que el Poder Ejecutivo no puede suspender que la AN ejerza el control parlamentario de aquel, como el de dar votos de censura. 
 
Ante la realidad del Decreto N° 2.309, hay que recurrir a la propia constitución desde el artículo 333, para concluir en que la decisión presidencial es nula e ineficaz, por lo que debe considerarse inexistente. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, la constitución “[…] no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella” que, como se ha visto, ha sido la intención del Poder Ejecutivo al emitir el cuestionado Decreto y, en ese, caso, “[…] todo ciudadano investido […]  o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
 
De manera que la AN, destinataria del inconstitucional y desafortunado decreto, con la autoridad que emana del texto constitucional y de la representación del voto popular que eligió a los diputados que la integran, está en el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de sus competencias de control las que pretenden ser derogadas en el marco de la emergencia económica; y la única vía posible para ello es la desobediencia civil consagrada en el artículo 350 constitucional que faculta al pueblo –y la AN que es su representación- para no acatar ese decreto, lo que hace en los estos términos:
 
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
 
Con ambas disposiciones constitucionales, de manera cívica y civilizada podrá lograrse la restauración de la facultad de la AN de censurar a los ministros y al Vicepresidente de la República. (Publicado en el Boletín 278 de AIPOP de 8 de mayo de 2016).
 

OTRA VEZ SOBRE LA CORRUPCION

 

La corrupción ha vuelto sobre el tapete gracias a un prestigio medio británico (http://www.economist.com/news/americas/21698269-what-lies-behind-popular-revolt-against-corruption-stop-stealing?cid1=cust/noenew/n/n/n/2016059n/owned/n/n/nwl/n/n/LA/email), con un interesante reportaje sobre este flagelo que está corroyendo las entrañas de la América situada al sur del Río Grande, o Río Bravo, según se le llama en los Estados Unidos o en México.

 

Lo más resaltante del informe es el desprecio que los políticos tienen a las iniciativas populares para contener o controlar la corrupción y, como punto de partida, hace referencia a un proyecto de ley promovido por iniciativa popular en México contra la corrupción denominado “3 de 3”, con el cual se busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos; pero el 29 de abril pasado, el Senado mexicano no discutió la propuesta, principalmente debido a la oposición del Partido Revolucionario Institucional del Presidente Enrique Peña Nieto. El proyecto inocentemente planteaba la exigencia a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y Presidente de la República que presenten tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal.

 

En Brasil, donde millones de personas han salido a las calles para exigir la destitución de la Presidente Dilma Rousseff, y respaldar una cruzada judicial que abarca Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, que ha visto líderes empresariales encarcelados y poderosos políticos acusados; pero a la vez los legisladores se debaten entre el “impeachment” o la continuación de la Presidente en el poder.

 

En Centro América, se observa que en Guatemala protestas en las calles y en los trabajos de una comisión de investigación apoyada por la ONU ayudaron a derrocar al Presidente Otto Pérez Molina por acusaciones de corrupción en 2015, quien se encuentra enjuiciado; y en Honduras,  la presión popular expresada por medio de protestas obligaron al gobierno a aceptar una similar comisión investigadora.

 

En el sur del continente americano, Chile ocupó los medios con un escándalo de financiación de los partidos impulsó leyes contra los conflictos de intereses; y en Argentina, los fiscales y los jueces se están acercando a los capitostes del “kirchnerato”  y especialmente a Cristina Fernández de Kirchner.

 

Venezuela, al norte de Sur América,  se lleva el premio como el país más corrupto del continente según el Índice de Percepción de la corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional  (http://www.larazon.net/2016/01/27/venezuela-es-el-pais-con-mas-corrupcion-en-america-latina/); pero, gracias a una iniciativa de la Asociación Mundial de Juristas (AMJ), se propugna un proyecto de ley destinado a “la recuperación del dinero corrupto del exterior”, como ha expresado un joven diputado a la Asamblea Nacional venezolana (http://sumarium.com/venezuela-sera-el-primer-pais-en-recuperar-dinero-corrupto-del-exterior/).

 

Estos movimientos hacia mayor transparencia administrativa demuestran que hay un cambio de paradigmas que pretende poner fin a la tolerancia de la corrupción, que haya rendición de cuentas por parte de los administradores de los Estados y que los ingresos fiscales se gasten en mejor los servicios y en la infraestructura pública en lugar de que vaya a los bolsillos de los funcionarios estatales.

 

La mesa está servida. Ojalá que iniciativas como la de México no se frustren por el mero capricho de los políticos, como hizo el Presidente mexicano, a través de su partido, al bloquear el proyecto “3 de 3”.

 

¿A QUIEN CREER?

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini (http://informe21.com/politica/mogherini-la-crisis-es-cada-dia-mas-dificil-en-venezuela), ha afirmado ante el pleno de la Eurocámara que la situación política y económica en Venezuela «es cada día más difícil«, y consideró que solo el diálogo político puede sacar al
país de la crisis, agregando:

«La situación política y económica se está tornando cada día más difícil […]  sufren violencia, un récord mundial de asesinatos diarios, secuestros aleatorios, la permanente carencia de alimentos y de productos y servicios básicos, como medicinas y atención médica […]  El agua escasea y ya no garantiza el antiguo estándar sanitario. Incluso la electricidad es objeto de racionalizaciones frecuentes[…]  todos somos conscientes de las restricciones a las libertades civiles, de la situación de los medios, de la de muchos líderes de la oposición, algunos de ellos en prisión esperando juicio«.

No contenta con eso, la diplomática añadió que siendo Venezuela “[…]  un país que se enfrenta a tantos retos necesita en primer lugar unas instituciones que funcionan al servicio de sus ciudadanos. El choque entre el Gobierno y la Asamblea bloquea cualquier intento de solucionar la crisis y un impasse no puede frenar la violencia ni ralentizar la inflación«.

En contraste con esas declaraciones, el Presidente Maduro (http://informe21.com/politica/maduro-venezuela-tiene-que-garantizar-si-o-si-la-produccion-de-sus-alimentos) ha afirmado que “Venezuela tiene 33 millones de hectáreas productivas, nosotros hemos logrado activar tres (…) “Venezuela tiene que garantizar sí o sí la producción de sus alimentos. Y después viene el tema de temas, el distributivo y comercializador”.

Por su parte, en unas declaraciones, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana (http://www.maduradas.com/cara-e-tabla-delcy-nego-escasez-de-alimentos-ante-la-oea-e-insinua-que-sobra-la-comida/) negó una crisis alimentaria en Venezuela producto del desabastecimiento y escasez e insinuó que la comida sobra en el país a la par que concluyó diciendo que:

En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño del nuestro”.

Para colocar la “guinda al pastel”, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (http://www.el-nacional.com/mundo/Bernardo-Alvarez-CIDH-irresponsable-Venezuela_0_823717802.html) consideró que es «irresponsable» hablar de que hay una crisis humanitaria y aseguró que «hay otros países en el continente que se encuentran en una peor situación en temas de salud«.

Usted amable lector, que vive en Venezuela, que sufre la escasez de alimentos  y medicinas, que tiene que hacer largas colas para apenas conseguir algunos productos o acceder a los servicios hospitalarios, que tiene que refugiarse en su casa al apenas caer el día por temor a ser víctima del hampa, a quien le cree?

BUENAS
NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA

Informan los medios (http://confilegal.com/20160417-las-frases-latin-seran-eliminadas-autos-sentencias-segun-acuerdo-cumbre-judicial-iberoamericana/)  que en la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada el pasado mes de abril en Asunción, Paraguay, los delegaciones de magistrados y jueces presentes en el evento acordaron que las frases en latín que se suelen utilizar en autos, sentencias y dictámenes sean eliminadas en los poderes judiciales de los 23 países que forman parte de  esa organización para que los ciudadanos puedan comprender con facilidad las fundamentaciones contenidas en dichos documentos.

De esta manera, esas famosas frases, o latinazos como coloquialmente se las conoce, pasarán a la historia del derecho y no se volverán a leer o escuchar algunas como “exceptio non adimpleti contractus”, “periculum in mora” o “fumus boni iuris”, aunque otras como “habeas corpus” subsistirán por haberse incorporado como institución jurídica.

Pero a esto hay que agregar que, también recientemente, la españolísima  Real Academia de la Lengua ha editado, con patrocinio del Consejo General del Poder Judicial de España, el Diccionario del Español Jurídico, una obra rigurosa y completísima que pretende contribuir al mejor conocimiento de la terminología, los conceptos jurídicos y las leyes
históricas y actuales.

Para este escribidor, si las recapitulaciones lexicográficas y los diccionarios pretenden unificar criterios y definir patrones, en el ámbito del Derecho la función de precisión conceptual es más perentoria que en ningún otro campo, por las consecuencias que conlleva en su aplicación práctica y por las insoslayables exigencias de la seguridad jurídica, por lo que la eliminación de los términos latinos por un lado, y por el otro la promulgación de ese novedoso diccionario, puede decirse que ambas son beneficiosas para el ciudadano de habla hispana quien, ahora, ya no tendrá que averiguar el significado de una extraña palabreja sino que, además, podrá consultar términos jurídicos con un diccionario especializado.

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