Economía de mercado y economía dirigida

 

Si se comparan ambos conceptos, se observa con meridiana claridad que son incompatibles, es decir, no pueden coexistir. Por tanto, o se aplica la economía de mercado o se estatuye la economía dirigida. Intentar mezclarlos, o incluso hacerlo, fracasará estruendosamente.

 

Por tanto, no debe extrañar que, en la actualidad, no haya un pronunciamiento claro y tajante de las autoridades financieras nacionales en relación con la política cambiaria vigente porque, de dar paso a la implementación de una apertura o de abrir un resquicio para facilitar la obtención de divisas, se estaría introduciendo elementos de la economía de mercado, como sería la desregulación o aminoramiento del control que el Estado ejerce sobre la compra de moneda extranjera y ello implicaría, sin lugar a dudas, un reconocimiento del fracaso del experimento de someter al mercado a los dictámenes estatales.

 

Quizás esta indefinición o parálisis podría generar un caos, pero se doblegaría al libre mercado y, con ello, se buscaría la defenestración definitiva en Venezuela de las instituciones tradicionalmente vigentes en el país al estilo democrático liberal.

 
 

La estrategia comunicacional del trapo rojo

 
Tan antigua y tan fácil de operar. Se trata, pura y simplemente, de desviar la atención de alguien sobre un determinado tema hacia otro al punto que la materia que se discute o trata pasa a un segundo lugar mientras aquélla comienza a ser el nuevo punto de atención.
 
Esta técnica se utiliza diariamente y hasta los niños, desde su infancia, la aplican quizás inconscientemente y sin tener claro su objetivo, pero generalmente obtienen lo que desean cuando, por ejemplo, están siendo regañados por su madre, sueltan unos lagrimones que hacen que ésta se compadezca y olvide la recriminación.
 
También, en la vida adulta se usa el trapo rojo para evitar un conflicto. Una vez, un agresivo interlocutor inició una conversación de negocios acusando al otro de haberse quedado con los bienes de una persona que se encontraba presente. El agredido, guardó silencio, sacó una cajetilla de cigarrillos importados y su lujoso encendedor y, luego de varias y profundas bocanadas, empezó a criticar la decoración del lujoso bar del exclusivo club donde se encontraban. Todos desviaron la atención hacia las fulgurantes paredes cubiertas con dorado papel tapiz y ventanas adornadas con pesadas cortinas y, al unísono, dedicaron varios minutos a criticar lo “cursi” del sitio, luego de lo cual, entre risas y chanzas, pasaron a degustar las delicias del “chef”, sin que se volviera a mencionar el tema que prometía poner fin a la reunión que apenas se iniciaba. El trapo rojo había permitido departir un par de horas y ahondar en eventuales alianzas comerciales.
 
En la política, se aplica la misma práctica a veces con inusitada frecuencia, particularmente cuando los gobernantes a diario incurren en errores o dislates. Se usa el trapo rojo para intentar que los ciudadanos, en ver de considerar la falacia en que se ha incurrido, se preocupen por otros temas y, si aun así no se logra, pues se lanza otro trapo rojo que sustituya al anterior. 
 
 

Antinomia entre seguridad jurídica y revolución

 
Recientemente, alguien comentó públicamente algo que puede parafrasearse así: “jamás había habido más seguridad jurídica que en estos tiempos de la revolución”.
 
Como parece que la afirmación carece de la seriedad que debe ostentar un gobernante responsable, conviene aclarar qué significa seguridad jurídica y cuál es el concepto de revolución a la que se refería el travieso funcionario.
 
La seguridad jurídica es un principio de derecho que implica lo que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el sistema legal de un Estado. Es la «certeza del derecho» que tiene el ciudadano de  que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados, de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos.
 
La revolución, por su parte es, según una de las acepciones que trae el DRAE, el  cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación.
 
Por supuesto, una revolución puede desarrollarse hacia estados de derecho o democracias pero, cuando se la utiliza para promover el cambio violento de las instituciones preexistentes, se está evolucionando hacia un estado autocrático o dictatorial que impone la economía dirigida y el control político de toda la sociedad. En ese caso, no se puede hablar de certeza del derecho porque hay una antinomia entre la seguridad jurídica y un estadio donde el poder reposa en una sola autoridad disfrazada bajo constituciones o normativas legales “ad hoc” o “trajes a la medida” para el poder revolucionario.
 
Por esa circunstancia, cuando el personaje de marras libró su expresión, quizás intentaba hacer algún chiste, pero sin dudas le resultó una morisqueta (DRAE: “acción con que alguien pretende engañar, burlar o despreciar a otra persona”).  
 

Funciones de una misión diplomática

 
En estos tiempos en que las relaciones entre los Estados Unidos de América y Venezuela se han distanciado, se ha dado paso a la expulsión recíproca de ciertos funcionarios diplomáticos.
 
Como es una materia controversial, particularmente para las dos partes en discordia, conviene poner de relieve que, de acuerdo al derecho internacional al cual se acogen todos los estados a excepción de los llamados “forajidos”, todo el proceso de relaciones entre los países se conduce a través de la diplomacia, es decir, el manejo de las relaciones entre dos países soberanos a cargo de personas denominadas diplomáticos; y siendo un tema nada fácil desde los tiempos antiguos, los Estados han llegado a producir la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas firmada en abril de 1961 y en vigencia desde el 24 de abril de 1964.
 
En esa Convención se establece en su artículo 3 las funciones de una misión diplomática. Allí se estipula que ellas «consisten principalmente en: a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. negociar con el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor».
 
Dentro de este orden de ideas, un funcionario diplomático que se acoja fielmente al mandato del citado artículo de la Convención, en ningún caso estaría infringiendo el derecho internacional y, por tanto, no debería ser objeto de sanciones por parte del Estado ante el cual ha sido acreditado.
 

El MERCOSUR

 
Desde los tiempos de la Presidencia de Rafael Caldera (Caldera II) en las postrimerías del siglo XX,  Venezuela ha sido objeto de un influjo que la ha hecho volcarse hacia el Cono Sur en búsqueda de una alianza multilateral internacional distinta a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organización de la cual se apartó en los primeros años del siglo XXI, bajo la gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, con miras de volcarse definitivamente hacia ese ente de carácter multilateral que es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), constituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, a través del Tratado de Asunción y cuyo objeto implica:
 
1.  La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;
 
2.  El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales;
 
3.  La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;
 
4.  El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
 
Pero fue solamente hasta 2006 que Venezuela terminó adhiriéndose al pacto en 2006, a través del Protocolo de adhesión suscrito ese año y pasando a ser estado miembro de pleno derecho en 2012, al igual que Bolivia que se adhirió ese mismo año.
 
Los Estados Partes dicen compartir una comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad.
 
Estados Asociados del MERCOSUR son Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam. 

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