Al doctor Orlando Alcívar Santos, excelente abogado ecuatoriano, demócrata a carta cabal y mejor amigo en las lides gremiales interamericanas.
In memoriam
 
UNA TRAMPA SADUCEA
Populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas.
Henry Louis Mencken, el «Sabio de Baltimore».
 
Se denomina trampa saducea a una “manipulación capciosa para conseguir que el adversario dé un paso en falso o cometa un grave error”; y deviene de un pasaje evangélico en el que unos saduceos (miembros de una secta religiosa que negaba la inmortalidad del alma) plantean a Jesús, para ponerlo en una situación difícil, la siguiente pregunta: si una mujer ha tenido siete esposos, cuando todos resuciten ¿de quién será esposa? (http://www.fundeu.es/consulta/trampa-saducea-831/).
 
Pues bien, con motivo de la decisión del CNE de contabilizar el porcentaje del 20% para el RR contra el Presidente de la República, han surgido dos interpretaciones acerca del artículo 72 de la Constitución de 1999: una, que sostiene que ese porcentaje debe ser contado por región, de manera que si en un estado no se llega a alcanzar, el RR resulta negado; y la otra, que afirma que el porcentaje es nacional.
 
Para resolver la situación, basta con leer el artículo 72 constitucional y aplicar los métodos de la interpretación – gramatical, lógico, sistemático e histórico o causal-teológico-, para concluir en que, cuando se trate del Presidente de la República,  la voluntad del constituyente fue que el porcentaje fuera nacional y para ello es suficiente la opinión de un jurista serio, Jesús M. Casal (http://informe21.com/politica/abogado-casal-basta-con-que-el-20-sea-nacional):
 
“[…] «basta» con que la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades sea nacional porque la Constitución no establece varios tipos de circunscripciones electorales, sino una única”.
 
No obstante, el CNE inconstitucionalmente y conforme a la doctrina del colaboracionismo de poderes, se ha pronunciado por la tesis del porcentaje regional, como es público y notorio; y, en apoyo a esa cuestionada decisión del organismo electoral, el mujiquita obeso, el de hueca pero florida verborrea, pomposa y torticeramente ha sugerido que quienes sostienen lo contrario acudan a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) para que ésta interprete el artículo 72 y, de esa manera, quede zanjada la discusión.
 
Analizando todas las aristas del caso desde el principio romano “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (donde no distingue la ley no debe distinguir el intérprete) y consciente este escribidor de que la SC-TSJ es el instrumento de la doctrina del colaboracionismo de poderes y que, en función de ella, toda decisión será conforme a los dictados del Poder Ejecutivo, ha llegado a la conclusión de que la pretendida sugerencia que ha formulado el sujeto de luctuosa vestimenta no es más que una trampa saducea para inducir a la oposición a que inste ante la máxima autoridad judicial cuando, hasta el
menos preocupado sabe, de antemano,  el resultado de la consulta.
 
PEDIR PERDON NO FUE SUFICIENTE
Vox populi, vox Dei
 
Durante el acto de firma de la paz en la amada ciudad del Gabo, la  de las mariposas amarillas, Cartagena de Indias, el comandante de la banda de insurgentes que ha azotado a Colombia con más de 50 años de guerra, más de 220.000 muertos, 5 millones de desplazados y 25.000 desaparecidos, ha pedido perdón por los crímenes cometidos   (http://www.diariocontraste.com/2016/09/londono-alias-timochenko-pidio-perdon-por-el-dolor-que-las-farc-causaron-a-las-victimas/):
 
Ofrezco sincero perdón a todos los caídos por esta guerra (…) Hoy pido perdón por todo ese dolor que le causamos a todos los colombianos”.
 
Independientemente de la sinceridad de esas palabras, o de la buena fe con que hayan sido pronunciadas, o que ciertamente es necesario “Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas (…) Con el acuerdo aspiramos a poner punto final en Colombia a la larga historia de luchas y enfrentamientos”, como aseveró el mismo portavoz del grupo armado, surge una duda para este escribidor cual es si es suficiente para las víctimas de una sociedad el que autores de crímenes de lesa humanidad se presenten ante el mundo entero a solicitar benevolencia por los caídos en la guerra y por el dolor causado a sus
compatriotas.
El negociador por el Estado colombiano, ha dicho que “[…] las víctimas reales están más cerca de la reconciliación que quienes no han sido directamente víctimas […]” (http://www.nytimes.com/es/2016/09/27/humberto-de-la-calle-colombia-farc/?em_pos=large&emc=edit_bn_20160927&nl=boletin&nlid=74311758&ref=headline&te=1 ). Cierto o no,  quizás pudiera aceptarse que por la vía propuesta se lograría la reconciliación entre víctimas y victimarios y que las primeras estén dispuestas a olvidar, pero, sinceramente y con la mano en el corazón, ¿Podrá una madre perdonar por el asesinato de su hijo, por la violación de su hija, por el secuestro y homicidio de su padre a manos de sanguinarios bandoleros, por la voladura de las piernas de su nieto a causa de una mina? O ¿El doctor Alvaro Uribe Vélez podrá olvidar el vil asesinato de su padre cometido por los integrantes del grupo guerrillero en la finca Guacharacas, en Antioquia?
 
Usted, amable lector, quizá tiene las respuestas. La paz no tiene precio y probablemente Colombia haya comenzado a respirar con más tranquilidad, pero lo que se desconoce es si el perdón como lo ha expresado el comandante guerrillero será suficiente para lograr la pacificación sin que haya una justicia aplicada por jueces imparciales e independientes, lo que es distinto al “sistema de justicia negociado” que ha sido previsto, que juzgará en tribunales especiales los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto -guerrillas, paramilitares, agentes estatales-, tanto uniformados como civiles. Recuérdese que el jurista italiano Luigi Ferrajoli ha dicho que “[…] no es posible, no sólo por razones jurídicas, sino también morales, tener una total impunidad
(http://www.semana.com/nacion/articulo/penalista-luigi-ferrajoli-analiza-los-acuerdos-de-paz-con-las-farc-en-la-habana/444451-3).
 
No cree este escribidor que estas reflexiones estén a destiempo porque el pacto FARC-SANTOS haya sido rechazado por la voluntad de los colombianos expresada en el plebiscito. Están más vigentes que nunca cuando, en otros sitios, entre ellos Venezuela, es necesario un diálogo entre las fuerzas políticas que busque una salida hacia la institucionalidad democrática, conscientes, ante todo, de que no basta alcanzar ciertos arreglos para lograr la paz, sino que es indispensable una adecuada relación entre la justicia y el perdón.
 
LA “TRIPLE
ALIANZA” DEL MERCOSUR
 
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, para descalificar la decisión tomada por Brasil, Argentina y Paraguay, con la abstención del Uruguay, ha rechazado el comunicado oficial del MERCOSUR, calificándolo despectivamente como “la declaración de la Triple Alianza”, cuando en realidad a lo largo de la historia han existido distintas e importantes uniones que han realizado los estados en ciertos momentos para enfrentar a sus adversarios bien sea en la guerra o por otros medios; pero de esa manera, pareciera que se trata de minimizar lo que realmente está detrás de la decisión del organismo regional, que no es el ejercicio colectivo y coordinado de la Presidencia pro tempore por los cuatro países fundadores, sino el que Venezuela no ha cumplido con sus compromisos alcanzados en materia económica y política en el Protocolo de Adhesión y, por tanto, corre el riesgo de quedar fuera de la organización regional si no cumple antes del 31 de diciembre de 2016.
 
Pero, si usted, amable lector, se toma la molestia de dedicarle un tiempo a este delicado asunto, va a observar que no se trata actualmente de exigir a Venezuela los compromisos a los que se obligó para optar a ser miembro pleno del MERCOSUR, sino que en realidad los socios, incluyendo a Uruguay pese a su taimada posición, están conscientes de la degradación de la democracia y la violación de los DDHH en Venezuela.
 
Esto es tan cierto que basta con mencionar a los distintos voceros sureños, comenzando por el  Presidente de la Argentina (http://informe21.com/politica/macri-latinoamerica-no-puede-darle-la-espalda-a-venezuela):
 
Lo veo mal. Todo lo que está sucediendo en Venezuela lo veo mal. Me preocupa, me desespera porque cada día está peor, cada día más gente sufre las consecuencias, cada día vale menos la vida de la gente, cada vez se violan más los derechos humanos y claramente Latinoamérica no puede darle la espalda a lo que está sucediendo. No podemos convivir con lo que está sucediendo. Esa es mi posición. Lo he expresado y la sostengo. Venezuela no ha cumplido los requisitos ni cumple con lo que creo que debe ser para ser parte del Mercosur”.
 
Por su parte, el Paraguay, que padeció lo suyo en política internacional cuando fue echado del MERCOSUR por un supuesto golpe de Estado cuando se trataba de una decisión
constitucional -un impeachment– contra Fernando Lugo que lo mandó a casa probablemente a cuidar a sus innumerables y desconocidos hijos. En efecto, Paraguay, ha reiterado en numerosas oportunidades que se oponía al ingreso de Venezuela al MERCOSUR porque no estaban dadas en la tierra de Bolívar las condiciones de institucionalidad democrática que exige la normativa que lo rige y que, por esa misma razón, ahora se mantiene en la posición contraria a la presencia venezolana en ese organismo.
 
Palabras más, palabras menos, el nuevo gobernante de Brasil, Temer, también se ha hecho eco de la carencia de democracia en Venezuela; mientras que el Uruguay guabinosamente sigue deshojando la margarita, a la espera del milagro del pago por parte del gobierno venezolano a los exportadores de su país. 
 
Como puede observarse, todos estos señores resaltan la violación de los DDHH, la falta de institucionalidad y sus consecuencias sobre los venezolanos, de manera, pues, que la pretendida “alianza tripartita”  a la que se refiere el vocero oficial de la Casa Amarilla, debería asumir que su pretendida descalificación carece de relevancia cuando lo que está detrás es el incumplimiento de Venezuela a los compromisos asumidos en el MERCOSUR, lo que le impide ganarse honorablemente la posición de miembro de ese grupo.
 
Para Albinson Linares, del NYT, (http://www.lapatilla.com/site/2016/09/16/nyt-venezuela-y-el-mercosur-un-amor-no-correspondido/), se trata de un amor no correspondido; y, para otros, como Alfredo Coronil Hartmann (http://informe21.com/politica/oposicion-pide-a-brasil-que-sancione-a-venezuela-en-el-mercosur), el problema radica en que “[…] en Venezuela hay una evidente fractura del orden constitucional y democrático […]”.
 
Por su parte, con esa pretendida habilidad de culpar a los demás de los errores propios, la
cancillería venezolana hace caso omiso de las advertencias de sus socios y olímpicamente ha respondido:
 
Venezuela, en ejercicio legítimo de la Presidencia Pro Témpore de MERCOSUR, rechaza las amenazas y agresiones proferidas por el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y el Presidente de facto de la República Federativa de Brasil, Michel Temer, quienes persisten en su acción para implosionar y destruir el MERCOSUR” (http://www.lapatilla.com/site/2016/10/03/gobierno-bolivariano-califica-de-agresion-el-ultimatum-de-argentina-y-brasil-en-mercosur/).
 
 
EL PAIS MENOS COMPETITIVO
 
El informe de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial (http://www.el-nacional.com/economia/Venezuela-pais-competitivo-America-Latina_0_929907278.html) reporta que Venezuela es el país menos competitivo de las Américas y que, en la lista mundial de los peores, figura por encima de algunos países africanos.
 
No es la primera vez que Venezuela tiene ese galardón, si es que puede dársele ese nombre, porque en anteriores oportunidades otros índices de organizaciones especializadas internacionales le han dado los últimos puestos en distintas mediciones; pero en este caso tiene relevancia porque se toma como base el análisis de las  instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, sanidad y enseñanza primaria, enseñanza secundaria y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación.
 
Asimismo, el informe del FEM expresa que existen factores que dificultan hacer negocios en el país: regulaciones cambiarias, inflación, inestabilidad política, los robos, ineficiencia burocrática gubernamental, corrupción, regulaciones laborales restrictivas.
 
Ahora bien, esa data que muestran las estadísticas deviene del hecho de que tanto el FEM como otras organizaciones especializadas internacionales hacen el análisis situándose en la óptica del libre mercado, desde la perspectiva de un sistema económico desregularizado donde rige la oferta y la demanda en el que la libertad económica es un garantía plena: pero si usted, amable lector, se pone en el lugar de quienes practican y defienden la economía dirigida y se nutren en los principios del Manifiesto comunista, verá que la situación se invierte y que lo que es falta de competitividad, regulaciones arbitrarias y excesivas de precios y controles cambiarios y todo aquello que pueda ser negativo, se convierte en positivo pues, por ese camino, se va logrando el objetivo propuesto que no es otro que la destrucción de la sociedad y, en ese punto, el país menos
competitivo pasa a ser, para ellos, un logro muy importante dentro de su proyecto político.
 
UNA
ANÉCDOTA COTIDIANA EN UN PAIS SIN COMPETITIVIDAD
 
En días recientes, sucedió que un amigo de este escribidor estacionó momentáneamente su automóvil en un lugar señalado como prohibido, y al cabo de unos minutos, cuando regresaba a retirarlo, pudo ver cómo el auto era remolcado por una grúa pese a sus vanos intentos de lograr que el “grüero” y su asistente escucharan sus gritos de atención pero, afortunadamente, pasaba por el sitio un “moto taxista” quien, previo un acuerdo económico, lo trasladó al estacionamiento oficial  donde sería depositado el vehículo.
 
Cuando llegó, la oficina de tránsito estaba a punto de cerrar pero logró convencer al funcionario que esperara a que le trajera todos los documentos exigidos; y luego de ello, preguntó a cuánto ascendería la multa, que resultó ser Bs. 8.600.
 
Dada la alta inflación existente en el país, nadie porta encima esa cantidad, ni otra similar, porque es muy voluminosa, o puede correrse el riesgo de un atraco. Ante ello, el amigo preguntó si podía pagar con tarjeta de crédito, recibiendo una respuesta afirmativa, con el agregado de que “el punto” estaba dañado y por tanto no podía hacerse la operación. Sorprendido, preguntó si había alguna oficina bancaria cercana, pero le dijeron que eso no era necesario, pues al lado le solucionarían el problema.
 
Pacientemente, el amigo siguió las instrucciones y efectivamente consiguió una destartalada oficina de SERVICIOS FINANCIEROS -una suerte de banca paralela-, justo al lado de la dependencia de tránsito, donde amable pero displicentemente le explicaron que allí podía pasar su tarjeta de crédito y pagar unos módicos honorarios del 20% del monto de la operación, sin factura SENIAT, por supuesto.
 
Raudo y veloz el amigo alcanzó a recuperar el auto, no sin antes darle al moto taxista “algo bueno” para un suculento almuerzo, como éste había exigido; y aun desconcertado, se percató de que habían transcurrido casi 4 horas desde que se había iniciado el “kafkiano” proceso por el que había pasado.

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