De Magnicidios

A lo largo de la historia, muchos han sido los magnicidios que se han consumado en el mundo, mientras otros tantos han quedado en el intento; pero, dada la trascendencia del tema en estos días, vale la pena traer a colación tres casos emblemáticos, en orden cronológico, y los efectos posteriores que ocasionaron e España, Venezuela y Colombia.

José Calvo Sotelo, jurista, escritor y político español de gran prestigio, ejercía como diputado electo a las Cortes y, desde su posición, pronunciaba fogosos y polémicos discursos exigiendo al débil gobierno republicano que reestableciera el orden público al que consideraba totalmente inexistente dado el alto grado de anarquía y conflictividad que regía en el país. En la madrugada del 13 de julio de 1936 un grupo de “milicianos” afectos a una de las tendencias que formaban parte del gobierno republicano,  lo secuestró en su domicilio y posteriormente lo asesinó a sangre fría, sin medir las consecuencias de su desenfrenada acción.

Cinco días después de este históricamente repudiado homicidio, -el 18 de julio- el entonces general Francisco Franco dio inicio a la cruzada que marcó el fin de la II República y el comienzo de una de las guerras más crueles del siglo XX, que bañó a España de sangre durante tres largos años y, posteriormente, a más de 30 años de dictadura.

Carlos Delgado Chalbaud, militar y político venezolano, se formó en Francia como oficial en una academia de armas en Francia y, durante el gobierno del general Eleazar López Contreras regresó al país, siendo incorporado a las Fuerzas Armadas.

Con el rango de mayor, Delgado Chalbaud participó en unión de otros militares y de dirigentes de Acción Democrática, en el golpe de estado que derrocara al Presidente Isaías Medina Angarita, pasando a formar parte de la Junta Cívico Militar que gobernó a partir del 18 de octubre de 1945 hasta la toma de posesión de Rómulo Gallegos, en 1948.

Posteriormente, Delgado Chalbaud, ya coronel, presidió la Junta Militar que derribó a Gallegos hasta que el 13 de noviembre de 1950 cae asesinado en las calles de Caracas, víctima de una conjura de la cual aún se desconoce a certeza si hubo autores intelectuales que ordenaran a los autores materiales que la eliminación física del Presidente.

Las consecuencias del magnicidio de Delgado Chalbaud están registradas en la historia: Un fraude electoral en 1952 y la continuación a cargo de Marcos Pérez Jiménez de una larga dictadura militar que finalizará el 23 de enero de 1958. 

Jorge Eliécer Gaitán, también jurista, escritor y político, como Calvo Sotelo, fue candidato presidencial en su Colombia natal para el período 1946-1950, sin alcanzar el triunfo.

Intelectual de talla y con un verbo que hacía vibrar a las masas, en 1948 cayó asesinado en Bogotá y, al conocerse la noticia, el infausto hecho produjo enormes protestas populares que históricamente se conocen como El Bogotazo.

Las consecuencias del magnicidio de Gaitán todavía perduran en la sociedad colombiana y se han manifestado a través de las distintas acciones violentas llevadas a cabo por grupos irregulares que, desde aquel nefasto día, mantienen en jaque el orden institucional en esa nación.

Tres magnicidios con graves consecuencias. Por eso, hablar de magnicidio es un tema serio. Como sus efectos. No debe jugarse con él y menos si se usa como una simple e insignificante jugada política.

Tiempos de dictadura

El “film” venezolano que lleva el título que encabeza esta reflexión expone gráficamente a la opinión pública una época que vivió la sociedad venezolana, oprobiosa y detestable, la historia de los años de la dictadura militar que dirigiera el general Marcos Pérez Jiménez. 

El gobierno iniciado el 2 de diciembre de 1952 era ilegítimo, producto de un fraude electoral en los resultados obtenidos por la oposición en los comicios celebrados ese día, pero sus antecedentes bastardos se remontaban al golpe de estado contra el presidente Rómulo Gallegos en 1948, aunque se tratara de cubrirlo de un manto de legalidad que le impuso el alto mando militar al designar a Pérez Jiménez, ese aciago día decembrino, como Presidente Provisional hasta que, pocos días después, una domesticada Asamblea Constituyente le impartiera la bendición al amparo de la Constitución de 1953.

Para sobrevivir a su ilegitimidad, el dictador acudió al expediente de todos los autócratas, la violencia contra sus opositores, a cargo de una despiadada policía política que se encargaba de perseguirlos, encarcelarlos y expulsarlos del país, sin fórmulas de juicios, simplemente a través de medidas de alta policía que la recién promulgada Constitución le permitía a través de unas convenientes disposiciones; pero eso no era suficiente, sino que había que darle otro punto de apoyo al régimen, la bonanza económica, manifestada por las grandes obras de infraestructura pública, especialmente en Caracas, convertida en la “vitrina” del régimen. De esta manera, se callaba a los opositores con la fuerza y a las clases sociales mejor posicionadas -no nos metemos en política, se decía- se le facilitaba la realización de jugosos beneficios económicos.

A los más pobres, simplemente se les ignoraba aunque se hacía creer que se les dotaba de viviendas como las inauguradas los días 2 de diciembre, fecha aniversario de la asunción del autócrata al poder.

En pleno apogeo y esplendor, y convertido el país en el primer exportador de petróleo del orbe, el dictador inició el proceso de legitimación de su sistema de gobierno y, además de ser país anfitrión de una conferencia de la OEA, recibió de los Estados Unidos uno de los más preciados galardones que esa nación otorga a extranjeros al punto que la conocida revista “Times” publicó en su portada una fotografía del recién condecorado Pérez Jiménez como el hombre del año 1956; pero, un buen día la mesa del régimen comenzó a tambalearse. Grupos clandestinos en unión de grupos de profesionales y estudiantes realizaban acciones de protesta a sabiendas de que los “esbirros” de la “Seguranal” los atropellarían, al tiempo que  eficientes “mujiquitas” sugirieron al dictador que en lugar de elecciones libres en 1958, anticipara un plebiscito que consultara al pueblo si el gobierno debía continuar o por el contrario cesar al concluir el mandato constitucional.

Como la respuesta del pueblo fue contundente, nuevamente el fraude se puso en acción y el Consejo Electoral declaró que el “Sí” había sido avasallante y, por tanto el 20 de diciembre de 1957 el general Marcos Pérez Jiménez anunció al país que continuaría en el ejercicio de la Presidencia de la República por el período 1958-1963.

23 días después de esa proclamación, el dictador caía derrocado y huía al exterior para refugiarse en la República Dominicana.

Todos estos hechos están expuestos en la película que finaliza con un mensaje claro y preciso: No más dictadura, el grito de libertad de aquel pueblo que el 23 de enero de 1958 optó por la democracia frente a la opresión y la bonanza económica.

“Venezuela es el país de las nulidades engreídas y reputaciones consagradas»

 

Hoy más que en cualquier tiempo pasado, se impone recordar la lapidaria frase que el telegrafista, militar, escritor y político venezolano Manuel Vicente Romerogarcía, escribió en 1896, es decir, hace 117 años, en la entonces conocida publicación caraqueña “El Cojo
Ilustrado”, en la que vertían sus plumas los mejores intelectuales de la época.

De la biografía del Romerogarcía puede fácilmente deducirse que era un amante de la libertad porque, desde la época de la autocracia del Ilustre Americano, dio muestras de su aversión a la dictadura al participar en una sátira que un grupo de intelectuales presentara contra el gobierno de Guzmán Blanco, lo que le valió cárcel y exilio.

Años después, se afilió a la milicia y combatió bajo las órdenes de Cipriano Castro e, incluso le acompañó en su toma del poder en Caracas, en 1899 pero, en 1902 rompió con El Cabito y se marchó al exilio, donde vivió en medio de privaciones económicas.

En 1909, regresó al país y, al atacar con su pluma y acción al régimen del nuevo dictador J. V. Gómez, tuvo que volver al exterior, donde permaneció hasta el fin de sus días.

Al contrario de las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas que al amparo de las dictaduras de Castro y Gómez disfrutaban el poder y amasaban y gozaban fortunas mal habidas y prestigios adquiridos por vías distintas a la honestidad y el trabajo, Romerogarcía moría en Aracataca, la patria chica de El Gabo, en 1917, en una modesta condición económica pero, como algunos compatriotas, soñando con la libertad en Venezuela.

Esta breve referencia a la biografía de este ilustre escritor viene al dedo en estos años iniciales de la centuria XXI cuando los medios de comunicación dan cuenta de venezolanos que, gracias a cuestionables y dudosos negocios con el Estado, ocupan las primeras páginas como protagonistas de historias relacionadas con fabulosas fortunas y ostentosas vidas de magnates cuando, en la década previa, carecían de suficientes ingresos para satisfacer las primeras necesidades. Con ellos, la frase de Romerogarcía retoma vigencia.

El Derecho a las instancias internacionales

El artículo 31 de la Constitución de 1999 establece que toda persona tiene derecho a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos, todo de acuerdo a lo establecido en los tratados, pactos o convenciones sobre derechos humanos que la República haya ratificado.

Esta clara y tajante disposición del constituyente no requiere de explicaciones ni interpretaciones porque su redacción es de elemental comprensión: Todo aquel cuyos derechos humanos hayan sido violentados, tiene derecho a acudir a las instancias internacionales en busca de amparo de los mismos, conforme a lo que establezcan los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.

Ahora bien, si Venezuela, por decisión discrecional de su gobierno ha optado por retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que ha privado a los ciudadanos del derecho a acudir a una instancia internacional, en este caso el sistema de derechos humanos de las Américas, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José” que entró en vigor el 18 de julio de 1978, y ratificada por 25 naciones del continente.

Y si se ha privado a los ciudadanos de una instancia de protección prevista en la Constitución de 1999 es elemental concluir en que la decisión de retiro del tribunal interamericano es inconstitucional.

 

 

Deja un comentario