EL DESEQUILIBRIO DE PODERES

Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999

 

Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la separación o división de poderes, entendida como una ordenación y distribución de las funciones del Estado en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto.

 

Este principio es complementado con el principio de colaboración o de cooperación entre los Poderes Públicos, comprendida como la colaboración que debe existir entre esos poderes entre sí para la realización de los fines del Estado, lo cual se traduce en la consecución del bien general o colectivo.

 

Del funcionamiento de ambos principios dependerá el que exista una flexible interacción que permita que la independencia y la colaboración fluyan coherentemente, aunque hay funciones que cada una de ellas cumple en forma privativa, como es el caso de la administración de justicia, que solamente puede ser ejercida por el Poder Judicial.

 

En Venezuela, ambos principios han sido reconocidos desde las primeras constituciones republicanas y hoy tienen su base constitucional en el artículo 136 de la Constitución de 1999, el cual dispone:

 

“[…] El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

 

Se trata, pues de un paradigma que garantiza el funcionamiento de los Poderes Públicos mediante un equilibrio que impide que se creen compartimientos estancos sino conforme a un sistema de pesos, contrapesos e interferencias constitucionales.

 

Sin embargo, para el 2009, en contraposición a estos principios, unos hoy ex magistrados impusieron la doctrina del colaboracionismo de poderes, sosteniendo que su división debe verse hoy como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos para lograr que el Estado y la protección de éste se incorpore al interés colectivo del pueblo.

 

Y ha sido a través de la aplicación del colaboracionismo que se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016.

 

El Libertador Simón Bolívar en su recordado Discurso de Angostura expresó:

 

Nada es tan contrario a la armonía de los Poderes, como su mezcla”.

 

Y, contestes con esta acertada frase del héroe americano, vale decir que para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público. De no hacerlo, la propia Constitución, en el artículo 350, tiene la respuesta:

 

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos  humanos”.

 

(Publicado en el Boletín 275 de AIPOP de 17-04-2016 como editorial)

 
EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
 
El editorial de AIPOP en el boletín 275, titulado EL DESEQULIBRIO DE PODERES Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999, expresaba que a través del colaboracionismo se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016, concluyendo en que, para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público porque, de no hacerlo, la propia Constitución, en el artículo 350, tiene la respuesta:
 
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
 
Pues bien, contrariamente a esa necesidad imperiosa de restablecer el Estado de Derecho, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) el 22 de abril de 2016 ha vuelto a aplicar la doctrina del colaboracionismo de poderes y, al darle entrada a una demanda de nulidad propuesta contra la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, ha dictado una serie de medidas cautelares destinadas a condicionar la actividad legislativa y, prácticamente, ha atado de manos al Poder Legislativo al ordenar que los proyectos de leyes deben ser consultados con carácter obligatorio con el Poder Popular y con el Ejecutivo Nacional.  
 
De esta manera, la SC-TSJ ha cerrado la actividad legislativa sin que exista la posibilidad de que la AN recurra de las decisiones tomadas por el TSJ – última instancia judicial contra la cual no se admiten recursos jurídicos- por lo que pareciera que, para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público, para lo cual el pueblo de Venezuela, y concretamente el Poder Legislativo representado en la AN, está en el derecho de desconocer la autoridad que dimana de las sentencias del TSJ que han contrariado los principios y garantías democráticas a través de la desobediencia civil consagrada el artículo 350 antes transcrito.
 
La desobediencia civil es un derecho constitucional del “pueblo de Venezuela”, es decir, de un derecho de ejercicio colectivo y público, debiendo entenderse al “pueblo” como el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades; y, en este caso, el afectado por las aludidas sentencias ha sido el Poder Legislativo, lo que confiere a los diputados el derecho de abstenerse de acatar las tales decisiones.
 
Se trata de un derecho ciudadano democrático, de carácter pacífico y no violento; y procede cuando un régimen, la legislación o la autoridad, primero, “contraríe los valores, principios y garantías democráticas”; y segundo, “menoscabe los derechos humanos”; y en el supuesto que se comenta, las sentencias sobradamente contrarían tales principios y menoscaban los DDHH.
 
La desobediencia civil tiene sus consecuencias cuando el autor de los agravios se niega al restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando y, en este caso, de optar los diputados por acudir a la desobediencia civil, podría  el TSJ alegar que se están desacatando sus sentencias y proceder al enjuiciamiento de los legisladores, y enviarlos a prisión, lo que equivaldría al sepelio de la ya maltrecha institucionalidad gracias a la doctrina del colaboracionismo de poderes.
 
Para concluir, las palabras del profesor John Rawls:
 
Aunque la desobediencia civil justificada parece amenazar la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.
 
(Publicado en el Boletín 276 de AIPOP de 25-04-2016 como editorial)
 
A ROMA POR TODO
 
Según el DRAE, la coloquial expresión que encabeza esta reflexión se utiliza para dar a entender que se acomete con ánimo y confianza cualquier empresa, por ardua que sea; y viene a colación con motivo de la información aparecida en los medios según la cual la Asamblea Nacional venezolana y la Asociación Mundial de Juristas/World Jurist Association (AMJ/WJA) han constituido una alianza para repatriar activos y recuperar de capitales a través de alianzas internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/an-y-asociacion-mundial-de-juristas-crean-alianza.aspx#ixzz46PYAWgA5).
 
Se trata de la presentación por parte de la AMJ/WJA de un proyecto que ha sido elaborado a instancias de esa organización gremial internacional titulado “Ley orgánica de prevención y represión del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo y de la Superintendencia Nacional de Recuperación y Gestión de Bienes Públicos provenientes de actividades delictivas”, que tiene el objeto de prevenir y combatir el blanqueo de dinero, el financiamiento al terrorismo y la transferencia de fondos de origen ilícito; recuperar los fondos de origen ilícito transferidos al exterior, así como también  la creación y la regulación del régimen de funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Recuperación y Gestión de Bienes provenientes de la Corrupción, del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo (SUNAREB).
 
El ámbito de aplicación que prevé el proyecto serán las operaciones y los bienes provenientes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, entendiéndose por lavado de dinero o blanqueo o legitimación de capitales, las operaciones mediante la cuales se encubre con apariencia de legalidad para el aprovechamiento o circulación en el sistema financiero de bienes  o activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los efectos y ganancias que se encuentren en el territorio nacional o de otro Estado, obtenidos a través de actividades ilícitas, y cuyos poseedores no puedan acreditar suficientemente su procedencia lícita, así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.
 
Igualmente se aplicaría a aquellas actividades que se entienden por financiamiento del terrorismo y la aportación, recaudación o financiación de recursos o fondos económicos que tengan por fin o destino provocar alarma, terror o temor en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad de la Nación, o presionar las autoridades para que adopten decisiones o determinaciones.
 
Como puede imaginar el amable lector, se trata de una labor titánica que requiere el concurso de muchos cuando corruptos y lavadores de dinero poseen inimaginables capitales que les hace pensar que es imposible darles caza.
 
La AMJ/WJA y la Asamblea Nacional van a Roma por todo.

 

PASAR A LA POSTERIDAD

Pasar a la posteridad no es otra cosa que adquirir una persona o cosa fama eterna o muy larga, hasta póstuma, que se prolongue  por los siglos de los siglos.

Pero hay diferentes formas de hacerlo, por obras buenas o por malas artes, y es de presumir que todo ser pensante quiera dejar su huella perenne en la tierra a través de una gestión plegada a las virtudes, a las grandes hazañas, a inventos o invenciones en pro de la humanidad y la paz.

Pero no siempre el ser humano toma las mejores decisiones para recordado, y ese es el caso de un juez de LOPNA quien, en fecha reciente, negó un amparo introducido para dar protección a los niños sin medicinas, sosteniendo en su sentencia que no había pruebas de la falta de medicamentos en Venezuela.

Se trata de una insólita decisión que atenta especialmente contra los niños en un momento como el presente, cuando los medios informativos dan cuenta del fallecimiento de 82 neonatos en Zulia, en lo que va de año, 93  en Sucre, 77 en Táchira y, en Caracas, 46.

No hacía falta pruebas, pues bastaba solamente al funcionario judicial informarse, como era su obligación por tratarse de un amparo en protección de la salud de los niños,  o trasladarse a cualquier centro asistencial de la capital y constatar la realidad de la carencia de medicamentos y de la emergencia hospitalaria.

Con su conducta, es claro que este individuo optó por pasar a la posteridad, y lo ha logrado, pues ha quedado marcado para siempre como el juez que negó las medicinas a los niños.

Carolina
Jaimes Branger (http://runrun.es/uncategorized/257780/para-ese-juez-por-carolina-jaimes-branger.html) le hace una advertencia al hoy tristemente famoso juez:

“[…] Tal vez hoy se sienta muy poderoso, muy guapo y muy apoyado. Pero llegará el día en que no podrá ni asomarse a la puerta de su casa. Y sus hijos y sus nietos se lo reclamarán […]”.

O querrá arrepentirse, pero quizás será tarde.

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