Control y leyes punitivas

 
Narraba una vez un promotor de negocios que en la época soviética, en la década de los 80´s, se propuso instalar un restaurante de comida española en Moscú, destinado exclusivamente para los círculos diplomáticos, los turistas y los privilegiados, porque al ciudadano común le estaba vedado el acceso a ese tipo de establecimientos.
 
La aventura obligó al promotor a tener que frecuentar la capital moscovita y, por ello, en el proceso de montaje del restaurante, tenía que acudir a los pocos sitios de los que disponían los visitantes para disfrutar de una comida; y en ese ajetreo, podía observar cómo la reprimida población se burlaba de las medidas punitivas impuestas por las autoridades y, en el caso concreto, que en los pocos sitios de comida, aun siendo propiedad o bajo administración del Estado, los mesoneros abiertamente sacaban del almacén las latas del apreciado caviar y las vendían a los turistas por unos cuantos dólares, o sea, en precios muy inferiores al marcado oficialmente.  
 
Si esto sucedía en una feroz dictadura comunista, como fue la soviética, no parece que la implementación en las autocracias de severas leyes para regular la economía sea el mecanismo eficaz para regular la economía, sino que debe ser el mercado el que de manera transparente y ordenada fije los precios, como sucede en las democracias occidentales. El control riguroso y las leyes punitivas para regular la economía solamente conducen a escasez y mercado negro, dentro de un marco de impunidad, y para citar otro ejemplo, en la vecina isla propiedad del barbudo caribeño se venden abiertamente los  humidificadores” de habanos en la poca economía informal, con materiales extraídos de las factorías autorizadas, sin ningún riesgo para el vendedor ni el turista.
 
Debe recordarse que los criminólogos sostienen que la pena de muerte no es en sí un mecanismo de disuasión para que el asesino no incurra en el delito y, en sus referencias históricas, recuerdan que en la Europa medieval mientras alguien era ejecutado en el cadalso frente al pueblo entero, los carteristas, ladrones, violadores y todo género de pícaros se aprovechaba de los incautos que habían acudido a la cita para presenciar la muerte del condenado.
 
Ofrecer castigos con leyes punitivas que no se van a cumplir, o se aplicarán a algún “chino de Recadi”, no traen utilidad práctica alguna.

La inhabilitación de partidos políticos y la independencia judicial

 

La democracia representativa instalada en Venezuela el 23 de enero de 1958 fue recibida con alborozo por los venezolanos de las distintas tendencias políticas -excepción hecha del dictador caído y sus conmilitones- y rápidamente se puso en marcha el proceso electoral que llevaría a Rómulo Betancourt a ganar la Presidencia de la República para el período 1959-1963; pero, a menos de un año de la reapertura democrática, el triunfo de la Revolución Cubana y sus postulados hizo mella en un partido netamente antidemocrático, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), y en un sector del partido  Acción Democrática (AD), muy importante porque se trataba de la dirigencia juvenil de esa organización que había sido embelesada por una partitura de claro corte comunista y que, a sus oidos, parecía la música celestial que acompañaría la liberación de los pueblos subyugados por el imperialismo.

 

Ante estas circunstancias, en 1960 AD se dividió y los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, resolvieron montar tienda aparte, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes inmediatamente se aliaron con el PCV para adoptar una política conjunta de oposición democrática dentro del Congreso Nacional; pero, paralelamente, algunos de sus dirigentes alientaban desde el Congreso del PCV en 1961 la lucha armada como medio para acceder al poder.

 

Ante estas circunstancias, y dado que el PCV y el MIR no ocultaban su apoyo a la violencia y, sin ambajes, soportaban a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), una banda de irregulares, en 1962 Betancourt dictó un decreto mediante el cual inhabilitó a ambos partidos alegando que, si bien eran organizaciones legalmente constituidas, sus actuaciones eran contrarias a las prácticas democráticas, por lo que dejarían de funcionar hasta que resolvieran reincorporarse a la democracia.

 

El planteamiento político fue muy claro: el PCV y el MIR son partidos políticos, como tales, pueden actuar dentro de la democracia, pero como están atentando contra el sistema y no se puede revocar legalmente sus registros, entonces se les suspende del derecho a funcionar hasta que vuelvan a la actividad democrática. Como se observa, simplemente un sofisma destinado a justificar una decisión política que de ninguna manera se podía justificar en una democracia sin violentar el sistema jurídico, pese a que en efecto los partidos inhabilitados estaban actuando fuera de la ley.

 

Dictado el decreto y comenzado a aplicar inmediatamente, los afectados lo impugnaron ante la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia (SPA-CSJ), la cual estaba integrada por los magistrados José Manuel Padilla, José Gabriel Sarmiento Núñez, Jonás Barrios E., Saúl Ron Troconis y Alejandro M. Osorio. Los dos primeros eran Presidente y Vice Presidente de la mencionada Sala, respectivamente.

 

Para 1963, la SPA-CSJ dictó una sentencia mediante la cual confirmó el decreto de Betancourt y ambos partidos quedaron inhabilitados; pero lo significativo de ello fue que el veredicto fue favorable al gobierno solamente por una mayoría simple porque dos de los magistrados salvaron sus votos.

 

De este breve relato histórico quedan algunas moralejas. Una de ellas es que en  determinados momentos,injustificables desde todo punto de vista, los gobernantes, aun democráticos, incurren en atentados contra el sistema aunque lo justifiquen como la única defensa posible frente la ilegal conducta del agresor, como lo hizo Betancourt frente a la lucha armada del dúo PCV-MIR; y la otra es que cuando hay estado de derecho, un gobierno respeta la independencia del Poder Judicial y el derecho de los magistrados a obrar conforme a su conciencia, sino que sean objeto de persecuciones. De hecho, luego de la inhabilitación del PCV y el MIR  y de  la subsecuente sentencia que la avaló, en 1964 el Congreso de la República reeligió a los magistrados Sarmiento Núñez y Ron Troconis, que habían salvado sus votos en aquel discutido fallo.

La lucha contra la corrupción administrativa como argumento político

 

Las primeras acciones en favor de la transparencia administrativa se remontan al tristemente célebre Jurado de Responsabilidad Administrativa establecido por la Junta Revolucionaria de Gobierno que siguió al derrocamiento del Presidente Isaías Medina Angarita en 1945 cuando, en imitación tropical del implacable Robespierre, funcionarios de los regímenes anteriores fueron sometidos al oprobio de ser juzgados por un organismo administrativo sin base constitucional como responsables de opacidad en sus gestiones como administradores de la cosa pública.

 

El objetivo que perseguían los nuevos gobernantes era claro: Mediante un tribunal de opereta, sacar del juego político a quienes durante los 45 años anteriores habían detentado poder e influencia desde que Cipriano Castro fuera recibido con los máximos honores en la famosa estación de ferrocarriles de “Caño Amarillo”. Sin embargo, el experimento duró poco porque, derrocado Rómulo Gallegos a escasos tres años del revolucionario evento del que nadie quiere acordarse, el Jurado de Responsabilidad Administrativa se extinguió, algunos de sus miembros fueron a parar a la cárcel o el exilio y los encausados recuperaron sus bienes y su poder e influencia, aunque limitadamente porque la dictadura militar los mantenía a raya, aunque a algunos les solicitó su colaboración en los tres Poderes Públicos, donde se desempeñaron con transparencia en sus funciones, como fue el caso de vocales de la Corte Federal y de Casación quienes, habiendo sido altos funcionarios del gobierno del general Medina Angarita, culminaron sus carreras públicas como integrantes -principales, suplentes o conjueces- de la Corte Suprema de Justicia, electos conforme a la Constitución de 1961.

 

Con la caida del gobierno de Marcos Pérez Jiménez en 1958, los dirigentes de los partidos principales de la época, Acción Democrática, Copei, Unión Republicana Democrática y Partido Comunista de Venezuela pactaron nuevamente sacar del juego político a los “perezjimenistas” y, para ello, acudieron de nuevo al viejo expediente de 1945, instaurando la también lamentablemente famosa Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI), a la que fueron sometidos el propio dictador, la mayoría de sus ministros y colaboradores y hasta honestos servidores públicos.De esta manera, la función pública les quedaba vedada a los gobernantes del decenio militarista.

 

Durante los primeros años de la república civil iniciada con Betancourt en 1959 poco se hablaba de falta de transparencia administrativa. Al contrario, los gobiernos se vanagloriaban de la pulcritud de sus actos aunque, como es de suponer, siempre hubo la posibilidad de que algunos infractores se aprovecharan de su posición y, en complicidad con particulares, hicieran opacos negocios; pero, con el transcurso del tiempo, y ante el surgimiento de serias acusaciones públicas, los partidos políticos cayeron en el error de considerar que, mediante leyes, se podría controlar el flagelo que había penetrado el cuerpo social, por lo que sancionaron la también funesta y reputada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, con su ignominioso Tribunal Superior de Salvaguada del Patrimonio Público, suerte de trío ad hoc que infringía el principio constitucional del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales y que entró en la historia como el órgano colegiado que sirvió para condenar al más débil de la cadena de negociados: El “chino” de Recadi.

 

Pasaron los años y la república civil se extinguió en medio de las mayores denuncias de corrupción administrativa que, incluso, facturaron al Presidente Carlos Andrés Pérez el cargo al ser destituido de la Presidencia de la República por el Congreso, en función de la interpretación errada de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que había autorizado su enjuiciamiento; y posteriormente, en 1999, entra en vigencia la Constitución actual, bajo cuyo ámbito se han dictado una serie de disposiciones legales destinadas a garantizar la transparencia administrativa, tales como la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Contra la Corrupción, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley del Estatuto de la Función Pública y leyes relacionadas con la delincuencia organizada y la legitimación de capitales. Sin embargo, y pese tan variado menú de  leyes castigadoras, en los años posteriores no se hizo uso de ellas como patente de corso para poner fuera de juego a los actores políticos que mantuvieron notoriedad antes de 1998, ni se han abierto procesos de importancia contra supuestos transgresores de la república militar.

 

Ahora bien, con la matriz de opinión que se está formando sobre la conveniencia de agregar a la carta de sanciones nuevas leyes punitivas, pareciera que se está removiendo aquel viejo expediente cuyos antecedentes se remontan al Jurado de Responsabilidad Administrativa y a la CIEI  pues, si se analiza la actual coyuntura política -un nuevo proceso electoral y la necesidad de tomar trascendentales decisiones- en realidad no se busca  mayor carga legislativa en favor de la transparencia en la administración pública, sino la imposición de nuevas normas sancionatorias para expulsar del juego político a los inmediatos antecesores que aún ejercer poder e influencia y que no han podido ser cesados, con lo cual los nuevos actores tendrían el campo libre para crear una nueva franquicia que les distinga y desvincule de la que hasta el presente ha estado en boga.

 
 

Esperanza y caridad

 

Decía alguien que su padre había dejado de existir el día en que sufrió un accidente cerebro-vascular que le afectó su intelecto y que, por tanto, cuando entraba en tratos con él, se encontraba al frente de un extraño, aunque fuera el mismo físico. Es cierto. Puede suceder y, de hecho, sucede a diario, de lo cual solamente tienen conocimiento quienes
están alrededor del personaje.

 

Entonces surge el momento de preguntarse qué hacer ante el infausto acontecimiento. Una de las primeras acciones, basadas fundamentalmente en la esperanza, -ese estado de ánimo en el cual se nos presente como posible todo lo que deseamos- es que el enfermo se recupere y que vuelva a ser la persona que encarnaba, con todas sus virtudes y defectos. Para ello, se acude a todo género de tratamientos que van desde la medicina más avanzada hasta los ejercicios mentales que pongan a trabajar el cerebro.

 

Estos mecanismos suelen ser largos en  el tiempo y sus resultados distintos pues el paciente puede recuperar su intelecto a cabalidad y volver a su antigua condición, o continuar igual, o mantenerse con una mejoría.

 

Por supuesto, en el primer caso, la alegría reina para todos, mientras que en los otros dos la nostalgia, la angustia o la desesperación puede afectar a los relacionados al ver que sus
deseos de recuperación no son tan efectivos como los esperados.

 

A este estado, hay que analizar la situación con la paciencia del santo Job, comenzando con aceptar la realidad de la enfermedad, rodear al enfermo de amor para que sienta el afecto que se le tiene y, en la medida de lo posible, compartir con él los momentos que a su
entorno más cercano le permitan sus ocupaciones.. Como dijo Pablo de Tarso: «La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta» (1 Co 13, 4-8).

 

Porque es que hay una realidad: Las desgracias se presentan solas, generalmente no son anunciadas y sorprenden tanto a la víctima del síndrome como a sus seres queridos.

 

 

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