Otra oprobiosa calificación para Venezuela

 

La ONG norteamericana The World Justice Project, una organización con sede en Washington D. C. y en Seattle WA, fue fundada en 2006 por iniciativa de William H. Neukom, para entonces Presidente de la American Bar Association, con el objeto de desarrollar iniciativas destinadas al mejoramiento de la vigencia de la ley en el mundo.  

 

Anualmente, la organización elabora un Índice de Estado de Derecho y, en el correspondiente al período 2012-2013,  sus expertos ubicaron a los tribunales penales venezolanos en el último puesto del ranking, 97/97, pues apenas obtuvieron una puntuación de 0.24 sobre 1, por debajo de países de dudosa condición democrática como Zimbabue, Irán o China.

 

El estudio fue elaborado con base en entrevistas a catedráticos, abogados, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios en los 97 países evaluados, a quienes se les consultó si consideraban que en sus países existía un sistema de investigación criminal eficiente, sobre la eficacia del sistema carcelario para regenerar a los delincuentes, sobre su percepción de la corrupción en los juzgados y si consideraban que los jueces eran independientes de otros poderes a la hora de decidir sus casos.

 

El informe concluyó en los siguientes términos:

 

“Venezuela es el país con peor desempeño en la región en la mayoría de las dimensiones que conforman el estado de derecho. La responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno es débil (quedando en el antepenúltimo puesto del ranking mundial), la corrupción está muy extendida (puesto número ochenta y uno), el crimen y la violencia son comunes (puesto número noventa), las instituciones gubernamentales no son transparentes y la justicia penal no es efectiva (quedando en el último lugar en el ranking mundial). El país también muestra serios problemas para garantizar algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Los derechos de propiedad son débiles. La mejor puntuación de Venezuela se da en las áreas de libertad religiosa, acceso a las cortes civiles y protección de los derechos laborales”.

 

Para THE WORLD JUSTICE PROJECT, estado de derecho contiene varias acepciones: el cumplimiento de premisas tales como que los funcionarios, oficiales y agentes estén obligados a rendir cuentas a la Ley, que las leyes sean claras, estables y justas, y que los derechos fundamentales de las personas sean protegidos, incluyendo el derecho a la vida, a la seguridad y a la propiedad. También, que funcione un sencillo y transparente acceso a la justicia y que los órganos jurisdiccionales sean independientes e imparciales.

 
 

Coger el rábano por las hojas

 
Dice el Diccionario de dichos y refranes que “coger el rábano por las hojas” significa tergiversar, interpretar algo de forma errónea o interesada; y el DRAE lo define como “equivocarse de medio a medio en la interpretación o ejecución de algo”.
 
Es lo que, a mi entender, está sucediendo con las propuestas  que se están haciendo a para contrarrestar la inseguridad ciudadana. En efecto, se ha afirmado que debe promulgarse alguna regulación que impida que los “motorizados” circulen en Caracas después de determinada hora de la noche, cuando en realidad el problema de la inseguridad tiene otras fuentes, como por ejemplo, la ausencia de valores, a lo que se une la falta absoluta de una política criminal destinada a promover los medios para prevenir y sancionar a la delincuencia.
 
Dentro de la prevención, harto dicho está la necesidad de fomentar el hogar y la formación de los niños inculcándoles los valores, así como la instauración de centros de atención deportiva y de estudios que mantengan a los menores ocupados en actividades serias que desechen el ocio y la vagancia,; y en cuanto a la sanción, igualmente están escritas hasta la saciedad la necesidad de una policía científica organizada con capacidad de combatir la delincuencia, libre de corrupción; y por supuesto, un sistema de justicia imparcial e independiente en el cual jueces y fiscales tengan como norte la aplicación de la ley con la adecuada severidad, así como centros de reclusión en los que se reeduque al delincuente.
 
Pero si, al contrario, nada se hace para prevenir y tampoco para sancionar, sino que no se alimentan los medios de prevención y se facilita la gestión de “pranes” en los establecimientos carcelarios,  y tampoco se conduce hacia una policía científica y un digno y eficiente sistema de justicia, el que se limite el horario de circulación de los “motorizados” quizás parezca una iniciativa extraordinaria de lucha contra la inseguridad cuando no se ha hecho nada en varias décadas, pero el resultado será el mismo que produjo la prohibición de automóviles con vidrios tintados por Caracas dictada con el mismo objetivo por un gobernador de la ciudad, en la época del gobierno del Presidente Luis Herrera Campíns: Salvo que no se vendieran vehículos con cristales tintados, en nada mejoró la inseguridad reinante en aquel momento aunque, por supuesto, la capital parecía un paraíso terrenal en comparación con el infierno de hoy donde Lucifer y sus secuaces mantienen en jaque diariamente a los venezolanos.
 
Por tanto, la propuesta no es más que un coger el rábano por las hojas. Te quedarás con las hojas en la mano, pero el rábano seguirá en el sitio donde se cultivó.
 
 

La violencia televisiva

 
Hasta donde se tiene conocimiento, en la sangrienta época donde las bandas gansteriles dominaban Chicago o Atlantic City aún no existía ese importantísimo medio audiovisual. Por tanto, nadie se imagina al mafioso Al Capone o a su acérrimo oponente Elliot Ness sentados cada uno frente a un televisor aprendiendo técnicas de contenido violento, el primero para realizar sus crímenes y el segundo para reprimirlos con toda la fuerza policial.
 
Por eso, sostener que los programas de contenido violento alientan la agresividad y la criminalidad no pasa de ser un sofisma, es decir, hacer creer que el origen del crimen está en el aprendizaje que deviene del infaltable electrodoméstico cuando en realidad la causa se encuentra en otros sitios. Como dice mi apreciado César Landaeta Hurtado:
 
¡Oh, descubrimiento! Después de todo, la violencia no estaba en la televisión sino en la escasísima evolución que nos acompaña desde los tiempos en que Caín sacó despiadadamente a su hermano de este mundo (por cierto, creo que Caín tampoco veía mucha tv)”.
 
 

La política del trapo rojo en acción

 
Con motivo de la devaluación monetaria -sin sofismas, lo es- desde tempranas horas de la  mañana del 24 de enero, cuando fue conocida la decisión oficial,  solamente se hablaba de los nuevos cupos para viajeros determinados por el Ejecutivo Nacional. Al respecto, hay que señalar que lo primero que debe determinarse para calcular si este tema tiene alguna importancia es cuántos venezolanos se benefician de esas escuálidas cantidades para “y que” disfrutar de vacaciones o viajes de placer allende los mares.
 
A mi modo de entender las cosas, en este país viajan al exterior menos de 300.000 personas al año, o sea el 1% de 30.000.000 de habitantes.  Entonces, llama la atención el que la inmensa mayoría de los ciudadanos se ha venido preocupando por lo que afecta a una porción mínima, olvidando otros ingentes problemas como inseguridad, inflación, desabastecimiento y escasez, temas que pasaron a un segundo plano.
 
Como se observa, el trapo rojo que mostró el “mataor” surtió efecto y el toro embistió inocentemente bajo la mirada de la hipnotizada fanaticada de cuyas gargantas brotaba el clásico grito taurino del “ole”.
 
 

Explicación práctica de la devaluación

 
Terca y sofísticamente, los voceros oficialistas siguen sosteniendo que no ha habido devaluación monetaria en Venezuela, sino un ajuste cambiario. Sin embargo, a través de un simple ejercicio matemático basado en las tasas oficiales -nunca en el innombrable- se verá que, en efecto, ha habido una devaluación del bolívar.
 
Si usted, amable lector, asigna a su vehículo un valor de  Bs. 300.000 y de seguidas divide ésta entre Bs. 6,30 obtendrá como resultado la suma de US$ 47,619.
 
Pero si toma esa misma cifra de Bs. 300.000 y la divide entre Bs. 11,30 resultará US$ 26,548.
 
Conteste entonces la pregunta: ¿Ha habido o no una devaluación?
 
Por cierto, el significado de sofisma es: Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso.
 
 

«Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis»

 
Con estas tajantes y firmes palabras, el célebre don Miguel de Unamuno replicó al tenebroso grito “viva la muerte” del famoso general José Millán-Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, finalizando así:
 
“Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”. 
 
Esta frase tiene plena vigencia hoy en Venezuela cuando la guerra económica continúa en plena acción. En efecto, como ha podido observarse, el Ejecutivo Nacional ha tomado una serie medidas destinadas al robustecer el control de la economía con el objeto -según afirman- de derrotar a la economía libre de mercado, a la que ramplonamente se refieren como oligarquía y otros calificativos decimonónicos.
 
Una de las armas -para seguir en el lenguaje bélico- ha sido la normativa destinada a regular los precios de los locales comerciales, entrometiéndose en la voluntad de las partes plasmada en los contratos de arrendamientos suscritos válidamente, restringiendo el valor por metro cuadrado a los efectos de la fijación del canon de arrendamiento y eliminando convenios de participación en los beneficios del negocio del arrendatario como parte del canon.
 
La otra poderosa arma es la novedosa Ley Orgánica de Precios Justos, con la cual se pretende determinar qué son precios justos y, a la vez, fijar la ganancia lícita que debe obtenerse, amén de incorporar severas penas para los infractores, todo en búsqueda de un mentado “orden económico socialista productivo”  en el que el Estado se impone como el que todo lo sabe, el que pretende saber —tener la información— de qué es lo que le conviene consumir a los ciudadanos, cuáles son los bienes que se deben producir, cuáles servicios se deben prestar y a qué precios se debe vender, como ha analizado Angel Alayón en “7 apuntes sobre las medidas económicas”, publicado en Prodavinci del 26 de
enero pasado.
 
Desde el mismo momento en que han sido implementadas estas normativas, habrá que acatarlas y, por tanto, se revela sin ambages que en este caso ha triunfado la economía controlada sobre la economía libre; pero he ahí el detalle: Ha vencido, porque tiene la fuerza pero no ha convencido al carecer de razón y de derecho porque se está atacando un principio fundamental: la libertad. La libertad de negociar y de facilitar que sea el propio mercado el que determine los precios.
 
Unamuno murió a pocos días del evento y la gente de Millán-Astray ganó la guerra, pero casi 40 años después y sin disparar un tiro, el franquismo fue desalojado del poder para da paso a una estable democracia a partir de la Constitución española de 1978.
 

Gobierno de calle

 

Gobierno de calle no es montar un escenario en el cual el gobernante -nacional, estadal o municipal- cumple las veces de un showman  que, acompañado de una cohorte de “mujiquitas”, hace creer a unos anestesiados espectadores convocados a cambio de una “cajita infeliz” sazonada con aguardiente barato, que las decisiones gubernamentales son tomadas por voluntad de los asistentes.

El gobierno de calle es algo muy serio pues es el propio pueblo quien, junto con sus gobernantes, participa en Cabildos y Asambleas de ciudadanos mediante la exposición de planteamientos y sugerencias que, luego de ser aprobadas, son trasladadas a aquéllos para su ejecución, siempre que estén acordes con el sistema jurídico.

Uno de los ejemplos más notorios en la historia se halla en el País Vasco. En efecto, en una loma de la Villa de Guernica está localizada la Casa de Juntas, donde se encuentra, desde siglos, el legendario y representativo Árbol bajo el cual, y como costumbre centenaria, se reunían los pobladores de distintos lugares de la región para decidir sobre los intereses comunitarios e, incluso, bajo ese representativo roble se redactaban las leyes de Vizcaya hasta 1876.

Esa forma de gobernar en la cual el pueblo tomaba parte activa ha sido reconocida como una incipiente democracia y una manifestación de respeto a la libertad porque no existían decisiones ocultas -se acordaban entre todos, bajo el roble- ni infracción a los derechos de los ciudadanos, todo fundamentado en la costumbre; y esas reuniones eran de una importancia tan singular que los Señores de Vizcaya allí prestaban su juramento.  

John Adams, primer Vicepresidente de los Estados Unidos y segundo Presidente de ese país, en visita que hiciera a Bilbao en enero de 1780 y observar la forma democrática del gobierno de calle, expresó:

“Esta gente extraordinaria ha preservado su antigua lengua, genio, leyes, gobierno y costumbres sin cambios, mucho más que cualquier otra nación de Europa”.

Un comentario en “Reflexiones a últimos de Enero de 2014”

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