La inversión en educación

 

Un funcionario estatal para el área social ha afirmado en un acto público que actualmente Venezuela es uno de los países que más invierte en Educación, sustentando su aserto en que el porcentaje del Producto Interno Bruto (PBI) invertido por el Estado para garantizar la gratuidad de la educación hasta el nivel universitario pasó de 3,9% en 1999 a 7% en 2013, es decir, que en 14 años, ha aumentado casi un 100% (http://informe21.com/politica/ministro-rodriguez-venezuela-es-uno-de-los-paises-que-mas-invierte-en-educacion).

 

Independientemente de lo que cuantitativamente esto signifique dentro del cuantioso presupuesto anual del Estado venezolano, se trata de un incremento que, si bien no es digno de aplaudir, merece al menos unas palabras de aliento para que, en el futuro, el aporte en el sector educativo nacional vaya in crescendo como se viene haciendo en países de primer mundo, donde no han circunscrito el tema educativo a alfabetizar a todos los ciudadanos, sino como Estados Unidos, Europa, China, India, Singapur, donde se ha dado un gran impulso a la calidad de la educación secundaria y universitaria como informa Andrés Oppenheimer (Basta de Historias, DEBATE, México, 11a. reproducción 2012).

 

Asimismo, no basta con mayor asignación de ingresos al sistema educativo, sino que así como hay que mejorar el nivel de vida y el aprendizaje de maestros y profesores, así como debe extenderse el año escolar como lo hacen Japón y Korea del Sur, que cuentan con 243 y 230 días de clases, y Holanda y los Estados Unidos donde se imparten clases 200 y 180 días, respectivamente, en lugar del escaso promedio de 153 días de año lectivo que presentan en promedio los países latinoamericanos.  

 

Finalmente, un gran aporte a la educación nacional sería la reimplantación de programas como los de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, establecido en 1975, que facilitó miles de becas a estudiantes venezolanos para que completaran sus estudios en los mejores centros del saber en los países desarrollados; o la celebración de acuerdos con universidades de primera línea para que se domicilien en Venezuela y que sus títulos sean validados como internacionales. Eso lo hacen China y la India con el mayor orgullo y sin mancillar su soberanía ante potencias extranjeras.

 

Disparen primero, averiguen después

 

Instalada constitucionalmente la democracia nacida el 23 de enero de 1958, el gobierno de Rómulo Betancourt tuvo que enfrentar no solamente a los intentos de rezagados de la dictadura y militares afines que jugaban al derrocamiento de las naciones instituciones, sino también a los para entonces discípulos muy amados del castrismo que se había impuesto en Cuba en 1959.

 

Entre unos y otros mantenían al gobierno en jaque, por lo que Betancourt optaba por suspender las garantías constitucionales y daba rienda suelta a la policía política para que aplicara lo que se llamaba medidas de “alta policía”, al amparo de la Constitución de 1953; pero, con la derogatoria de ésta por la carta magna de 1961, esa previsión quedó fuera de aplicación, dificultando que los sospechosos de actividades conspirativas fueran detenidos y, si lo eran, a los 8 días podían ser puestos en libertad gracias al hábeas corpus.

 

Los seguidores de las ideas del barbudo no se amedrentaban fácilmente porque contaban con el financiamiento y aporte de material bélico llegado desde Cuba, de manera que comenzaron a practicar lo que se denominaba “guerrilla urbana”, teniendo como base las instalaciones de la UCV donde, abusando de la autonomía universitaria, se refugiaban luego de realizar sus atentados y asesinatos de policías en las calles caraqueñas, así como ataques a localidades militares.

 

Ante estas circunstancias, el 21 de enero de 1960 Betancourt ordenó que “…sobre quien sea ubicado por un cuerpo armado colocando una bomba o lanzándola, se aplicará la última ratio de una descarga”; y según el historiador Manuel Caballero, agregó que “…no son métodos democráticos enviar trescientos estudiantes a asaltar una unidad militar en La Guaira» por lo que a quien se encontrase merodeando un cuartel, se debía “disparar primero y averiguar después”.

 

La diferencia entre los momentos históricos en que el “padre de la democracia” ordenó hacer fuego en las condiciones señaladas es que en el país ya había una guerra abierta y declarada, iniciada por las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) -sólo que constituidas oficialmente el 1 de enero de 1963- contra las instituciones legítimas, en la cual triunfó la democracia; mientras que en el presente, justificandose en una supuesta misión de defensa de una seguridad urbana producto de la improvisación, las fuerzas militares han disparado sus armas de guerra contra inocentes y desamparados civiles, olvidando que se dice que el tan mentado Simón Bolívar alguna vez exclamó: “Maldito el soldado que vuelva las armas de la República contra su pueblo”.

 
 

Refrescando la memoria

 

El 2 de diciembre de 1952 se celebró un proceso electoral en Venezuela en el cual resultó ganador el partido Unión Republicana Democrática al obtener el mayor número de votos en la elección de la Asamblea Constituyente que designaría al próximo Presidente de la República que, con toda seguridad, sería Jóvito Villalba por ser el líder de esa agrupación política.

 

Al fin de la jornada, se aseguraba que la victoria de Villalba estaba asegurada y que el partido oficialista Frente Electoral Independiente (FEI) que dirigía el entonces coronel Marcos Pérez Jiménez ocupaba el segundo lugar; pero sorpresivamente, los líderes de URD, encabezados por su máximo dirigente, fueron detenidos y expulsados del país, sin fórmula de juicio, proclamándose, con el incondicional apoyo de las Fuerzas Armadas, que los comicios habían sido ganados por el FEI.

 

Luego del escándalo acostumbrado de varios días, y de las dignas renuncias del Presidente del Consejo Supremo Electoral y de algunos embajadores que se negaron a aceptar el fraude electoral, el coronel Pérez Jiménez fue electo Presidente de la República por la Asamblea Constituyente, la cual promulgó la Constitución de 1953, en la cual se facilitaron al Ejecutivo la posibilidad de tomar medidas de “alta policía” para perseguir a los adversarios del régimen. El Congreso se constituyó y los vocales de la Corte Federal y de Casación fueron designados para el nuevo período “constitucional”.

 

Todo ese proceso fue espurio pero la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, sin remilgos reconocieron abiertamente al nuevo gobierno, el cual comenzó a crear un clima favorable a las inversiones e imponiendo una paz artificial a la fuerza por obra y gracia de la temida y terrible Seguridad Nacional y sus esbirros.

 

Caracas comenzó a situarse como una de las urbes más modernas del continente, las grandes obras de infraestructura pública se concretaban y  el Presidente y sus conmilitones, junto con los militares, se deleitaban en un fastuoso y moderno Círculo Militar, a la par que los civiles eran obligados a desfilar en la “Semana de la Patria”. John Foster Dulles, el Secretario de Estado, apoyaba abiertamente al gobierno dictatorial, al punto que el gobierno norteamericano, el que más tarde extraditaría a Pérez Jiménez, confirió a éste una de las mayores condecoraciones de su país, al tiempo que la revista Times lo declaraba el hombre del año.

 

Todo iba viento en popa, salvo para los presos y los idealistas exilados políticos, de quienes se comentaba: “Eso les pasa por meterse con el gobierno”; mientras que los militares, los empresarios, en fin todas las clases sociales, disfrutaban del clima de progreso y aumentaban sus caudales, a cambio de aceptación tácita o expresa de las reglas de juego autoritarias, aunque “sotto voce” y con el susto en el cuerpo, manifestaran su disgusto con el régimen, a espaldas de los odiados “seguranales”; pero, un día al gobierno se le ocurrió la infeliz idea de organizar un plebiscito para pedir a la población que decidiera si el dictador continuaba en el poder, o se acudía a un proceso electoral. El resultado fue abrumadoramente negativo e, inmediatamente, se optó al manido camino del fraude, con lo cual se obviaba un nuevo proceso comicial, asumiendo Pérez Jiménez la Presidencia el 20 de noviembre de 1957, para un segundo período.

 

En menos de dos meses, un 23 de enero de 1958, el entronizado dictador era desplazado del poder por una rebelión cívico militar que daría paso a la democracia representativa.

 
 
 

El bebe real

 
 

Más allá de la banalidad que puedan reflejar las revistas de corazón, la celebración del nacimiento de un nuevo miembro de una de las monarquías más antiguas del viejo continente es, simple y llanamente, el reconocimiento y reafirmación de las tradiciones del pueblo británico que, por siglos, ven en su rey, o reina, la entidad que fundamenta el imperio británico.

En las imágenes gráficas que revelan el acontecimiento real, se ve cómo la población londinense se volcó a la calle en espera del anuncio de la llegada del bebé para celebrarlo de distintas maneras, desde la comercialización de objetos conmemorativos hasta simples expresiones de alegría, dentro de un ambiente de paz y confraternidad, donde la policía cumplió su papel de cuidar de los ciudadanos sin atropellos ni armas de fuego, culminando la festividad con la presentación al pueblo del nuevo heredero de la corona, todo ello sin alterar la vida cotidiana de la majestuosa urbe que baña el Támesis, ni impedir que, aquellos que disienten del sistema monárquico puedan manifestar su desacuerdo pacíficamente.

Por supuesto, para entender y aceptar un hecho como el aludido, hay que conocer la historia y saber el valor que representan las tradiciones, y cómo y por qué se trasmiten de padres a hijos y así sucesivamente. Por eso, hoy las telecomunicaciones, cuando difunden hechos como el nacimiento real que ha llenado de alegría a los británicos, también cumplen la función de enseñar al que no sabe.

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