Respuesta a un amable lector:

Un amable lector ha hecho uso de su derecho a disentir y ha enviado a este escribidor una nota de respuesta a EL REY HA ABDICADO: VIVA EL REY que textualmente dice:

«Muy buenos días. yo siempre he pensado que es muy importante tener conocimiento de lo que paso, es decir, trasladarse a la Historia para saber por donde vamos. pero también me he dado cuenta que la mayoría de las personas o mejor dicho de los Escribidores, son actores políticos y escriben a su conveniencia, es decir solo escriben lo que les conviene.

En primer lugar le insto a que busque la verdad de la Guerra Civil Española, para que tenga una idea clara, de quienes fueron los responsables y porque lucharon a toda costa para que asesinaran a tantos Españoles inocentes, una verdadera Masacre al pueblo, donde la orden de Matar la dio el Rey de esa Época.

He aquí una prueba de que el que escribe esta historia que usted difunde es solo a medias verdades. y le cuento que ese Rey que hoy Abdica, antes de que lo nombraran Rey, y mandara a callar aun presidente de otro país, (debe ser que por la costumbre de mandar Callar a todos los presidentes que El Gobernó incluyendo a Rajoy) antes de que se supiera uno de los tantos Amoríos Extra Matrimonial, antes que aumentara la cuota que asignan para el vivir como Un Rey, la cual se la debitan a cada uno de los trabajadores, desde el mas Rico hasta el mas pobre, sin importarle la verdadera crisis que hoy viven los Españoles, y que quieren tapar con un dedo, antes de que su Yerno protegido por su esposa la Infanta Hija del Rey, los descubrieran y saliera a la luz publica, uno de los tantos actos de Corrupción por ellos ejecutados, Antes que Asesinara a un Centenar de Elefantes y otros seres vivos, lo cual lo hacia para satisfacer sus ansias de Asesino, Este Rey ASESINO A SU HERMANO MAYOR, DE UN TIRO PARA QUEDAR COMO ÚNICO HEREDERO DE LA CORONA. que le parece este pasaje de la historia que no cuentan los interesados en que creamos que el Rey es un enviado de Dios. que cosas con los Escribidores, pero no por esto dejen de Escribir medias Verdades, mas bien insto a los Leedores, y no crean todo lo que les llega por todos estos medios, si no que busquen la otras fuentes de información y así saquen sus propias conclusiones. Parece en el medio de la tormenta y vean para los dos lados y serán mas Objetivos. Que vivan los Escribidores… Pero cuidence los Leedores, que a lo mejor El Rey nos manda a Cazar…
PD: EL REY PARA QUE SU ORDEN SE CUMPLA MATA, SERA QUE EL PRESIDENTE CHAVEZ LE HIZO CAZO OMISO A SU ORDEN DE QUE SE CALLARA Y NO SE CALLO… LO MANDO A MATAR ??? INVESTIGUEN Y SE SORPRENDERÁN…».

Como dice el lector, es muy importante trasladarse a la historia y, por ello, desde la historia va la respuesta.

El rey Alfonso XIII renunció al trono en 1931, cinco años antes de que se desatara la conflagración civil en 1936, de manera que fue imposible que el renunciante ordenara matanza alguna, sobre todo cuando el alzamiento fue comandado por el entonces general Francisco Franco, quien particularmente no se caracterizó por su admiración hacia el renunciante real y menos hacia su hijo don Juan de Borbón.

Con relación al rey Juan Carlos I, aludí expresamente “las cuestionadas conductas de personajes de la familia real, incluido el mismo rey con su safari, y el procesamiento de un yerno por corrupción”, por lo que en forma alguna ha habido un ocultamiento o una justificación de los hechos atribuidos a esos personajes.

En cuanto a que el rey Juan Carlos I “asesinó” a su hermano “para quedarse con la corona”, la afirmación es absolutamente falsa porque Juan Carlos era el primogénito, mayor que “Alfonsito”, el segundo hijo de Don Juan y Doña María de las Mercedes, siendo necesario advertir a) que ese oscuro evento sucedió en 1956, en pleno auge de la dictadura y cuando nadie anticipaba una sucesión, y menos monárquica, en el franquismo y b) que cuando, en 1969, el Generalísmo designó como heredero del poder al entonces príncipe Juan Carlos, enfáticamente advirtió que “…el Reino que nosotros…hemos establecido, nada debe al pasado…”, lo que evidencia que la designación de aquel fue producto de la férrea voluntad del “Caudillo de España por la gracia de Dios”, y no por un entente con la dinastía borbónica.

El Rey de España reina, pero no gobierna, es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes, entre ellas la de Capitán General de los Ejércitos.

Como dice Octavio Vinces en un artículo titulado “Sueños de República”, puede ser, y es admisible, que la monarquía no sea del agrado de cualquier ciudadano porque es una entidad basada en la sangre y no en los principios de la libertad e igualdad de derechos; pero, en el caso de España y del rey, “es aquí —en la vida real, no en el mundo de las especulaciones— donde la monarquía, y don Juan Carlos en particular, juegan un rol fundamental para la España contemporánea. Negarlo sería una mezquindad. Y además poco práctico”.

Este escribidor agradece al amable lector que le haya dado la oportunidad de volver a tratar sobre el rey, a quien con todos sus defectos, hubiera preferido antes que a muchos Presidentes republicanos que han arrasado con los países que han tenido a su cargo. En fin, ya Felipe VI es rey.

«La seguridad del Estado está por encima de cualquier procedimiento judicial»

Esta frase ha sido pronunciada repetidamente a lo largo de la historia, textualmente o con términos alusivos al interés general sobre el particular, o a la seguridad nacional, mote que, para algunos venezolanos, trae más bien el recuerdo del tenebroso cuerpo policial del mismo nombre que dirigía el célebre Pedro Estrada durante los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Todo con el objetivo de justificar la fuerza bruta sobre la fuerza de la ley.

Sea cual sea la forma como ha sido dicha, la frase concentra el desprecio por el estado de derecho y por la seguridad jurídica y, con ella, se están echando por la borda los principios democráticos y de derechos humanos. Claro que el interés público está por encima del particular, pero regulado constitucionalmente con normas como el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho de defensa y demás derechos y garantías. Jamás, a lo macho, bajo ninguna circunstancia, porque si se sospecha que está peligrando la seguridad del Estado, o la nacional, da lo mismo, existen los caminos legales para salvaguardarla, como es la detención “in fraganti” de autores de delitos, prevista en la Constitución de 1999.

Pero lo que parece extraño es que la frase haya sido pronunciada por el burgomaestre caraqueño, quien sufrió la pérdida de su padre, el luchador social y activista político Jorge Rodríguez, asesinado en 1976 por sicarios de la DISIP mientras le aplicaban tortura física, en los tiempos de CAP I, cuando se investigaba el secuestro del industrial William Niehous, recientemente fallecido a los 82 años de edad –hecho delictivo de suma gravedad y que afectaba el interés general del país en ese momento-, lo que en ningún supuesto justificó que, en ese sonado caso, se pusieran de lado los procedimientos judiciales al punto de costarle la vida aquel ciudadano.

La ONU y la independencia del sistema judicial

Informan los medios que relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, afirmó estar «muy preocupada» por la falta de independencia de magistrados y miembros del Poder Judicial en Venezuela. Al efecto, afirmó tener una gran inquietud por la interferencia del poder político en el Poder Judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y fiscales venezolanos; y que desde que comenzó su mandato hace cinco años ha recibido innumerables denuncias sobre la falta de independencia de los jueces y los fiscales en Venezuela, concluyendo en la existencia de dos problemas fundamentales: la provisionalidad de los jueces y fiscales en sus cargos y la falta de magistrados y jueces de carrera, lo que impide que se cumpla con el principio de inamovilidad judicial, porque, al estar esos funcionarios sujetos la posibilidad de ser removidos, es factible que se abstengan de conocer de casos delicados, o ser sustituidos arbitrariamente en caso de asumirlos.

Esto no es nada nuevo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en distintos informes, ha alertado acerca de la provisionalidad de los jueces, fiscales y demás funcionarios del sistema de justicia y la ausencia de una institucionalidad en el acceso a la carrera judicial lo que atenta directamente contra la inamovilidad judicial.

En lo interno, el expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesor emérito de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, Alfredo Morles Hernández, en declaraciones recogidas por El Universal en su edición del 16 de junio de 2014, ha afirmado que hay ausencia de autonomía e independencia de los Poderes Públicos y agrego que en el país no existe separación efectiva de poderes; y el profesor Gustavo Briceño Vivas, en un artículo publicado en el mismo diario el 17 de junio de 2014, titulado “Tribunales gobernadores”, se ha pronunciado en términos críticos sobre la independencia del sistema de justicia, afirmando que los tribunales y los órganos de control social como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, han puesto de lado sus atribuciones y competencias para situarse como expresión de los mandatos políticos del gobierno, desnaturalizando sus funciones y alterando desde sus bases los mandatos democráticos que el pueblo ha construido producto de la voluntad popular.

En la realidad, el panorama descrito difiere de los principios universales aprobados por la ONU sobre independencia judicial, pues la función judicial no es un empleo ni un simple cargo en el cuadro de la administración pública. Se trata de una carrera profesional que amerita de la vocación por la administración de justicia y, para ello, se requiere un sistema de selección y acceso a la función judicial y que, una vez ganados sus cargos, permanezcan en ellos sin ser removidos al antojo del organismo o persona que les designaron, porque la inamovilidad es inherente a la carrera judicial.

Para finalizar, las palabras de un abogado, José Aguilar Lusinchi, quien en un artículo publicado en El Universal el 21 de junio de 2014, titulado “El sueño de un abogado”, sintetiza el deseo de todo abogado que haya acatado fielmente el décimo mandamiento de Couture, “ama tu profesión”:

“Me atrevo a tomar la frase de Luther, y decir: Yo tengo un sueño. Yo sueño con un sistema judicial cuyos jueces no figuren en listas de bandas de criminales, como la conocida banda de los enanos que ha sido denunciada innumerables veces. Yo sueño con unos tribunales eficaces, donde sus empleados no deban caer en extorsión por una sentencia que favorezca a una de las partes, por un favor para esconder total o parcialmente un expediente, incluso por una simple fotocopia. Yo sueño con unos Juzgados que no sea el brazo zurdo de un gobierno tirano. En fin, yo sueño con un poder judicial imparcial que sentencie antes que el poder ejecutivo, y vele por la seguridad jurídica de todos los venezolanos por igual”.

El PODEMOS español y Venezuela

Informa la prensa española que el emergente grupo PODEMOS ha utilizado para su campaña el peculiar sistema denominado crowdfunding, lo que significa financiación colectiva, consistente en que, en vez de presentar un gran proyecto, recurrió a objetivos menores, como una furgoneta, el spot electoral o el buzoneo y, con el éxito electoral obtenido en las elecciones al Parlamento Europeo, donde han alcanzado más de 1 millón 200 mil votos que le dan derecho a 5 eurodiputados, recibirán ahora 1 millón 500 mil euros de dinero público.

Esa estrategia la llevó adelante la cabeza visible de PODEMOS, Pablo Iglesias, un profesor de la Universidad Complutense, quien con otros colegas de la misma casa de estudios, entre ellos el conocido asesor del gobierno venezolano Juan Carlos Monedero, constituían una fundación denominada CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES (CEPS), dedicada a formar consensos de izquierdas y que ha colaborado técnicamente en el diseño de políticas públicas en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Paraguay.

Para su financiamiento, informa El País, de España, que el CEPS ha recibido desde 2002 al menos 3,7 millones de euros del Gobierno de Hugo Chávez, según las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura. En algunos ejercicios, los pagos del Gobierno venezolano, retribuciones por convenios de asesoramiento político, superaron el 80% de los ingresos de esta fundación “sin ánimo de lucro” nacida en 2002 para promover “la redistribución de la riqueza”.

Como se observa, y aunque sus dirigentes lo nieguen, la asistencia económica se extendió hasta PODEMOS, partido que sorprendió en las euro elecciones parlamentarias, gracias a los aprendizajes adquiridos de este lado del mundo y del dinero que desde acá se le aportara.

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