Venezuela: 99/99 y 16/16

En el informe rendido en 2013, la ONG norteamericana THE WORLD JUSTICE PROJECT (WJP), una organización con sede en Washington D. C. y en Seattle WA, concluyó en los siguientes términos:

“Venezuela es el país con peor desempeño en la región en la mayoría de las dimensiones que conforman el estado de derecho. La responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno es débil (quedando en el antepenúltimo puesto del ranking mundial), la corrupción está muy extendida (puesto número ochenta y uno), el crimen y la violencia son comunes (puesto número noventa), las instituciones gubernamentales no son transparentes y la justicia penal no es efectiva (quedando en el último lugar en el ranking mundial). El país también muestra serios problemas para garantizar algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Los derechos de propiedad son débiles. La mejor puntuación de Venezuela se da en las áreas de libertad religiosa, acceso a las cortes civiles y protección de los derechos laborales”.

Pues bien, en días recientes, el Índice de Estado de Derecho 2014 de la misma WJP ha rebajado a Venezuela a la posición número 99/99 de la tabla general mundial y al sitio número 16/16 entre las naciones latinoamericanas analizadas, y ha concluido:

«Venezuela es el país con el desempeño más pobre de todos los países analizados, mostrando tendencias decrecientes en el rendimiento de muchas de las áreas en relación con el año pasado».

El informe abarca distintas áreas atinentes a un estado de derecho y señala al efecto:

«El país ocupa el último lugar en la rendición de cuentas por parte del gobierno debido a una creciente concentración del poder ejecutivo y a un sistema debilitado de pesos y contrapesos a la actividad del mismo. La corrupción ocupa un lugar preponderante (en la posición 90 y el último en la región); los órganos administrativos padecen de ineficiencias y falta de transparencia en su actividad; y el sistema judicial, aunque relativamente accesible, pierde posiciones debido a una creciente interferencia política”.

Otro aspecto que todo habitante en Venezuela conoce y sufre, y que el informe indica con preocupación, es el aumento de la criminalidad y la violencia, así como las violaciones a los derechos fundamentales, particularmente al derecho a la libertad de opinión y expresión, así como el derecho a la privacidad.

El índice coloca a Dinamarca (Europa Occidental y Norte América), Uruguay (Latinoamérica y el Caribe), Botsuana (Sub-Sahara Africano), Nueva Zelanda (Este de Asia y Pacífico), Georgia (Europa del Este y Asia Central), Sir Lanka (Sur de Asia), y los Emiratos Árabes Unidos (Oriente Medio y Norte de África) como los países que ocupan el primer lugar en las áreas geográficas mencionadas.

Afortunadamente, no todo fue tan negativo en Venezuela: Los mejores puntajes obtenidos se encuentran en las libertades religiosas, el acceso a la justicia civil y la protección a los derechos laborales.Luego de considerar el informe, el travieso duendecillo que habita en la mente me hizo una pregunta:

Estará Venezuela en el camino correcto y el mundo equivocado?

Los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la jurisdicción internacional. 

Uno de los principios fundamentales tratados en el Derecho Internacional ha sido el de la soberanía, entendido, lacónicamente, como el derecho que tienen los pueblos de elegir a sus gobernantes, hacer sus leyes y hacer respetar su territorio. 

Este principio, debatido largamente por siglos al no lograrse un acuerdo que implicara la aceptación unánime de qué era la soberanía, ha ido cediendo espacios con el transcurso de los siglos para adaptarse a algo menos egoísta y aislacionista, los derechos humanos, dando paso a esa rama conocida hoy en día como Derecho Internacional Humanitario, dejando en segundo lugar al concepto de soberanía. Por supuesto, las dictaduras y las autocracias juegan a su antojo con este último y con el mayor descaro y conocimiento de lo que significa la soberanía, la invocan como escudo protector cada vez que incurren en violaciones de derechos humanos y la comunidad internacional intenta poner atención sobre el país de que se trate.

 

Los países americanos han sido abanderados de la promoción y protección de los derechos humanos y por ello se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, entrando en vigencia el 18 de julio de 1978.

 

En la Convención, los Estados partes se «comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna»; y si el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter en los países, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos.

 

La Convención creó dos organismos fundamentales para la protección de los derechos y libertades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Venezuela no solamente ratificó la Convención en 1977, sino que en la Constitución de 1999 hizo reconocimiento expreso del Derecho Internacional Humanitario en los artículos 19, 22 y 23, de los cuales conviene transcribir el último de ellos, que expresa: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

 

En el año 2012, Venezuela denunció la Convención con el fin de sustraerse de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

No obstante, el Derecho Internacional Humanitario transciende la soberanía y sigue plenamente vigente, y otras convenciones internacionales, como el Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 que instituyó la Corte Penal Internacional, el primer organismo judicial encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos contra del Derecho Internacional, que forma parte del sistema jurídico venezolano, ratificado el 7 de junio de 2000.

 

El Estatuto de Roma identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

 

La responsabilidad penal se les aplicará igualmente a todas las personas sin distinción de su categoría de Jefes de Estado o de gobierno, de miembros de un gobierno o parlamento, de representantes elegidos o de funcionarios gubernamentales. Ni su calidad de funcionarios puede constituir un motivo para rebaja de penas.

 

El hecho de que una persona haya cometido un crimen por órdenes de un superior, no exime a esa persona de responsabilidad, por lo general. Asimismo, un comandante militar es penalmente responsable de los crímenes que cometan las fuerzas que están bajo su comando o control; y también incurre en responsabilidad penal el hecho de que el comandante militar sepa o deba saber que sus fuerzas están cometiendo o van a cometer tales crímenes y, sin embargo, no evite que se cometan o no reprima a los responsables.

 

Pero todo ese andamiaje jurídico sería inútil sin la jurisdicción internacional, entendida ésta como la competencia judicial de cualquier Estado para juzgar o enjuiciar a personas por crímenes cometidos fuera de su propio territorio (jurisdicción territorial) sin que esto esté unido al estado por la nacionalidad del sospechoso (jurisdicción de la personalidad activa), o de las víctimas (jurisdicción de la personalidad pasiva) o por daño a los intereses nacionales del propio estado (jurisdicción protectora). Si una persona es acusada de haber cometido una desaparición forzada y está fuera del país donde el crimen fue perpetrado, las autoridades deben tomar a dicha persona en custodia, y/o bien extraditarlo o: entregarlo a otro Estado; entregarlo a un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido reconocida por el Estado, como la Corte Criminal Internacional; o presentar el caso a las autoridades competentes del Estado para su enjuiciamiento.

 

En fin, gracias al Derecho Internacional Humanitario, que está incorporado al derecho interno venezolano, hay suficiente legislación y jueces como para confiar en que, quienes hayan violado derechos humanos, no escaparán de la mano de la justicia que, a veces, parece tardía.

 

(Este artículo es una edición de otro publicado con el título “Derecho Internacional Humanitario” en El Universal, de Caracas, el 13 de marzo de 2014).

 

Pescuezo no retoña

En la política, en cualquier país, hay anécdotas y cuentos, leyendas e invenciones, algunas trágicas y otras divertidas. También prudentes.

Esta vez se trata de una historieta que, según parece, tuvo lugar el 22 de enero de 1958, el día previo al inolvidable 23 de enero.

El 15 de diciembre de 1957, había tenido lugar el plebiscito para facilitar la continuación del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, con el beneplácito del Congreso Nacional que apoyó la fraudulenta jugada permitiendo que el dictador iniciara un nuevo mandato presidencial para el período 1958-1963; pero resulta que, en los días subsiguientes, comenzó una ardua tarea por la libertad, llevada adelante por los estudiantes y la histórica Junta Patriótica, junto con los partidos políticos, quienes movían clandestinamente las acciones contra la dictadura.

Para el 1 de enero de 1958, es decir, apenas a 15 días del plebiscito, un grupo de militares se alzó contra el régimen fracasando en su intentona, pero Pérez Jiménez optó por modificar su gabinete ministerial, removiendo al ministro de Relaciones Interiores y al Jefe de la Seguridad Nacional y efectuando una serie de nombramientos que no fueron del agrado general, por lo que el 21 de enero se produjo una huelga general.La situación se estaba poniendo cada día más tensa porque la oposición iba ganando adeptos, principalmente entre las fuerzas militares, al punto que el 21 de enero se produjo una huelga general; y reunido Pérez Jiménez con su equipo más íntimo el 22 de enero, cuéntase que el general Luis Felipe Llovera Páez, anticipando la debacle y temiendo por su vida, le dijo:

“Marcos, vámonos. Pescuezo no retoña”.

Frases Históricas

Durante la II República Española hubo distintos ingredientes que dieron al traste con ese ensayo democrático en 1936 y que originaron la terrible y fratricida guerra civil que asoló a España hasta 1939; y dentro de esas actuaciones caben mencionar dos, específicamente: La beligerancia y la violencia.

La beligerancia consistía en la intolerancia hacia los adversarios -las derechas-“ a quienes no se les daba cuartel y constantemente se atacaba y perseguía desde las filas del gobierno, los sindicatos afectos, las “bandas armadas del régimen”, en fin, las izquierdas.

Esta beligerancia alcanzó sus mayores decibeles en el primer trimestre de 1936 y, en una sesión de las Cortes del 16 de junio de 1936, el parlamentario Juan Ventosa, profirió estas palabras en tono de reclamo:

“…si el gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe”.

 La violencia también subió de tono en el mismo período, agravada con el asesinato por hordas oficialistas de José Calvo Sotelo, diputado de oposición, lo que obligó días después al también parlamentario José María Gil Robles a quejarse vehementemente en la sesión de las Cortes del 15 de julio de 1936 en los siguientes términos:

 “Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente. Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella…Ahora estáis muy tranquilos porque véis que cae el adversario. Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros”.

 A los tres días de estas palabras, el 18 de julio de 1936 se inició el alzamiento militar, la guerra civil y la larga dictadura del generalísimo Francisco Franco.

Orgullo de gobernante

Todo gobernante debe sentir satisfecho al dejar el cargo cuando observa que las cifras que arrojan las estimaciones económicas sobre su desempeño son sobradamente positivas.

Así debió sentirse Sebastián Piñera, el Presidente saliente de Chile, cuando se despidió de sus coterráneos a través de una cadena nacional voluntaria. Nos vamos “con la alegría del deber cumplido”, dijo Piñera el domingo en cadena nacional voluntaria, agregando que “Hoy Chile crece, crea empleo, mejora los salarios, reduce la pobreza y las desigualdades”, y afirmó orgullosamente que dejaba “un mejor país”.

 

Y es que no podía ser de otra manera la actuación de un gobernante serio que siempre mantuvo la compostura y jamás se le vio en actitudes estridentes y desacopladas: Más de un 5% de crecimiento económico promedio, aunque con una leve desaceleración de los últimos meses, casi un millón de trabajos creados, una tasa de desocupación en torno al 5,7% y una inflación muy baja marcaron sus cuatro años de gobierno.

 

En fin, Sebastián Piñera termina un mandato constitucional con un 50% de aprobación popular. Cumplió con su pueblo. 

A todo esto, se sumaba la soberbia de Manuel Aznar y de Casares Quiroga, Presidentes de la República y del Gobierno, respectivamente, quienes se consideraban invencibles, al punto de negarse a cualquier diálogo con los sectores de oposición.Dentro de ese convulsionado clima en el cual hasta el asesinato de políticos de ambas tendencias estaba a la orden del día, fue gestándose el golpe de estado militar, lo que era vox populi; los conspiradores encontraban ciertas dificultades para unificar a todos los comandos y por otro lado el gobierno no podía identificar que el coordinador del levantamiento era el general Emilio Mola pero, además, el oficialismo sobrestimaba su estabilidad, por lo que había una división palpable entre dos grupos: uno, que pensaba que lo conveniente a la República era dejar que se rebelaran las fuerzas armadas, pues inmediatamente los facciosos serían derrotados por el pueblo y la parte militar leal; y otro, que solicitaba al gobierno que repartiera armas a los colectivos oficialistas para enfrentarse a cualquier rebelión.En medio de beligerancia, violencia y soberbia no hubo fórmula de entendimiento y menos la posibilidad de iniciar una negociación en un país dividido.El 18 de julio de 1936, cayó la II República Española y lo que siguió, ya lo sabemos.DE TINTERILLO, AMANUESE Y MUJIQUITA El castellano se ha venido enriqueciendo como lenguaje desde el año 1000, cuando un anónimo fraile del monasterio de San Millán de la Cogolla tuvo la genial ideal de traducir la oración del “Padre nuestro” para que el vulgo pudiera entender lo que, desde el púlpito, sermoneaba el sacerdote a sus feligreses, en latín; y una de las particularidades ha sido incorporar dichos y frases utilizadas cotidianamente para etiquetar ciertos hechos y circunstancias, bien sea con un contenido irónico o simplemente descalificador.Los magistrados y jueces, es decir, aquellos funcionarios que forman parte del Poder Judicial encargados de administrar justicia en forma imparcial e independiente, cuando han incumplido su sagrada misión, han sido vistos desde la perspectiva de los dichos castellanos; y uno de ellos ha sido el de calificarles de “tinterillos” que, de acuerdo al DRAE, en América se corresponde con picapleitos, abogado de secano (jurista que no ejerce ni sirve para ello), rábula.Otro calificativo utilizado para este tipo de personajes es el de amanuense, o sea, aquel que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta, y se les aplica porque sus decisiones no devienen del sentido de justicia sino de quien o quienes controlan su oficio y, por tanto, les han hecho perder su imparcialidad e independencia para, de rodillas, complacer a sus amos.En Venezuela, la pluma de don Rómulo Gallegos dio vida al “mujiquita”, en “Doña Bárbara”. Se trataba de un personaje que manejaba las leyes y entendía la necesidad de aplicarlas, pero todas sus energías se centraban en darle matiz legal a las decisiones de Ño Pernalete -el personaje que en la novela se encargaba de administrar justicia- y maquillar todos los atropellos con frases edulcoradas con el falso sabor de la equidad.En caso de que en este país fuera necesario escoger, se podría aplicar cualquiera de los tres calificativos a aquel sujeto que, diciendo cumplir como magistrado o juez, dicte una sentencia en la que se evidencie que la imparcialidad e independencia judicial -o los derechos humanos- han sido vilmente vendidos; pero, quizá valdría la pena preferir el de “mujiquita” para, a la vez, divulgar la obra maestra del excelso escritor caraqueño.