Al doctor Vicente J. Puppio, reconocido abogado y profesor de derecho procesal en
la UCAB. In memoriam.
 

EL TREN PASA UNA SOLA VEZ

 

Se dice que el tren sólo pasa una vez en la vida, y que si no lo tomas, jamás volverá para reclamarte. Otras dicen que pasa varias veces, y que lo que debe hacerse es escoger el vagón adecuado; y  para otros, nunca pasa.

Y viene a colación el refrán en su primera interpretación –el tren pasa una sola vez- que este escribidor desea explicar al amable lector.

El 6 de diciembre de 2015 el pueblo venezolano votó mayoritariamente por la integración opositora dándole una holgada ventaja sobre el grupo oficialista y, a partir de la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, las esperanzas de esa multitud abrumadora se volcó sobre el cuerpo legislativo, especialmente desde el momento en que el recién electo Presidente de la AN pronunció su discurso de toma de posesión, esperanzas que se multiplicaron luego de la intervención del mismo líder del Poder Legislativo cuando encendidamente respondió al Presidente de la República.

Como era de esperarse, el Ejecutivo Nacional, en combinación inconstitucional y descarada con las Sala Electoral y la Sala Constitucional, se las ingenió para cercar al Poder Legislativo, primero eliminando a tres diputados electos, y posteriormente cortando las manos de los diputados en cuanto a la remoción de magistrados del TSJ, así como la limitación en las labores de interpelación de los funcionarios públicos.

No obstante, la sitiada AN ha continuado sus labores y se ha dedicado afanosamente a presentar proyectos de leyes indispensables y necesarias para recuperar la democracia y el Estado de Derecho, tales como la Ley de Amnistia, de Referenda (o Referendums), de Propiedad de las Vivendas, y otros más que por no nombrarlas tienen importancia, como es el caso de la declaratorias de emergencia relativos a alimentos y productos farmacéuticos.

En paralelo, la vida cotidiana del ciudadano normal transcurre entre la inseguridad personal, la escasez de alimentos y medicinas y las largas colas para adquirir esos productos y, para colmo, con el racionamiento de agua y de energía eléctrica, sin que los votantes y los no votantes vean resultados que impliquen una reducción de los males que les afectan, limitándose a quedar como convidados de piedra en el fuego cruzado entre el Poder Legislativo por un lado, y por el otro el Poder Ejecutivo y sus sumisos soldados, el Poder Judicial, el Moral y el Electoral.

Pero el tiempo pasa y no se ven los resultados esperados ni se acude hasta el lugar más remoto, donde hay al menos un votante, para decirle cuál es el trabajo que se está haciendo y las metas que se persiguen. Las informaciones de los medios, las declaraciones de los líderes oposicionistas no llegan a su destino, no permea hasta los más bajos estratos de la escala social, sino que se quedan en las laptops y tabletas de inquietos y preocupados ciudadanos con vocación de servicio.

Todo ello está originando un malestar en aquel inmenso causal de votantes del pasado 6 de diciembre, una desilusión que puede hacer que, en cualquier momento, esa euforia que nació alrededor del triunfo de la oposición, ese deseo de cambiar las cosas, desaparezca y quede en el sentimiento mayoritario una frustración de graves consecuencias para los mismos ciudadanos y para el país.

La que este escribidor expresa no es una voz que clama en el desierto porque otros están manifestando sentimientos similares. Así, Alberto Medina Méndez (@amedinamendez) ha dicho:

“Los que fueron elegidos tienen ahora que responder a la confianza de los votantes. La sociedad espera efectividad. No los juzgará solo por sus modos personales, ni por sus gestos. Eso solo será parte del anecdotario que jugará a favor, si todo resulta bien, y en contra si todo termina mal [..] .Si hacen las cosas adecuadamente y consiguen lo prometido, al menos parcialmente, el acompañamiento electoral estará presente inexorablemente. Si sus planes no se cumplen, si las expectativas no se ven reflejadas, no habrá ardid táctico que les evite futuras derrotas”.

 El tren pasa una vez, llegó el 6 de diciembre y desde el 5 de enero está detenido en la estación esperando a que los pasajeros suban para dirigirse a su destino. Se dejará pasar la oportunidad de subirse a él?

 

MÁS SOBRE LA GUERRA ECONÓMICA

 

El oficialismo persiste desde el 2013 -dos años- en el cuento de la  guerra económica, organizada, según afirma, por los factores de poder vinculados al capital al punto que ha declarado el Estado de emergencia económica, creado 14 “motores económicos” y batallones con sugerentes nombres como la “operación ataque al gorgojo”, mientras la glamorosa ministra para Asuntos Penitenciarios, durante un acto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, aseguró que «le vamos a quebrar el pescuezo» a quien siga con la «guerra económica» (http://www.el-nacional.com/sociedad/Iris-Varela-vamos-quebrar-pescuezo_3_807549250.html).

 

Los sectores especializados y voceros políticos oposicionistas, por su lado,  rechazan las afirmaciones oficialistas y niegan esa guerra económica alegando que los males que padece Venezuela se deben a un modelo y un gobierno que fracasaron en lo elemental, en lo básico, que es permitirle una vida decente a su pueblo, con alimentos y medicinas; que anuló al sector privado persiguiéndolo, confiscándolo y nacionalizándolo, deprimiendo la producción nacional y desestimando la inversión privada. “Quién va a invertir en este país con un gobierno que no tiene escrúpulos para la expropiación y la nacionalización»!, se escucha abiertamente.

 

Como se ve, se trata de dos posturas sobre un hecho concreto, cual es el caos económico en que se encuentra el país y que relata descarnadamente la licenciada Thays Peñalver en http://www.notiminuto.com/noticia/el-colapso-militar-de-maduro/#).

 

Pero resulta que la guerra económica existe como el enfrentamiento entre la economía dirigida y controladora y el libre mercado, el que rige en las naciones democráticas y de progreso. Al respecto, vale traer a colación un párrafo de una reflexión de este escribidor (Reflexiones 2013-2014 www.amazon.com):

 

“El hombre nace libre y, cuando es sometido, o se hacen tentativas para coartarlo, sus deseos de libertad se exacerban porque la esclavitud, y hasta el más sensible límite a su derechos libertarios, le empujan apasionadamente a buscar los espacios abiertos, sin más limitaciones que aquellas que impone la vida en sociedad, donde los gobiernos no tienen más rol que el de mantener objetivamente el equilibrio de los derechos entre quienes voluntariamente han suscrito un pacto social. Por supuesto, hombre libre es aquel que no se vende por las migajas que caen de la mesa del poderoso ni va tras vendedores de ilusiones en busca de vanas esperanzas, sino que por encima de todo hace gala de principios y valores, independientemente de su fortuna o posición social”.

 

EL TEST DE ESTADO FALLIDO

 

En un estudio denominado ESTADOS FALLIDOS: Definiciones conceptuales preparado bajo la dirección de Gabriel Mario Santos Villarreal (http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdfhttp://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdf) se lee que Noam Chomsky afamado filólogo, politólogo y pensador norteamericano, en una entrevista televisiva en marzo de 2002 aseguró que el término Failed States o estado fallido es una teoría inventada por la administración estadounidense luego del fracaso de las políticas acerca del eje del mal y los estados terroristas o estados forajidos y otras invenciones creadas para nuclear y aglutinar a la opinión pública y centrar los esfuerzos contra gobiernos y países cuyas políticas no concuerdan con la visión del gobierno estadounidense. 

 

No obstante la opinión del emérito profesor, algunos autores consideran que si bien no hay una definición aceptada académicamente de manera universal para denominar a un Estado como fallido, ciertos criterios empleados para tal consideración pueden resumirse en la falta de una autoridad unificada, reconocida y más o menos legal sobre un territorio determinado.    De estas ideas, el centro de estudios Fund for Peace ha propuesto los siguientes parámetros:

  • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
  • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
  • Incapacidad para suministrar servicios básicos.
  • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Tales elementos de valoración en realidad equivalen a un “test” que usted, amable lector, puede utilizar para determinar objetivamente cuándo se encuentra frente a un Estado fallido.

 
LA SENTENCIA N° 9 DEL 1/3/16 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
“[…] la peor desgracia que podría ocurrir a un magistrado sería la de enfermar de ese terrible morbo que se llama el conformismo. Es una enfermedad mental similar a la agorafobia: el terror de su propia independencia; una especie de obsesión, que no espera las recomendaciones externas, sino que se les anticipa; que no se doblega ante las presiones de los superiores, sino que se las imagina y les da satisfacción de antemano”. Piero Calamandrei
 

En una insólita cuan cuestionada decisión -la ex magistrada Blanca Rosa Mármol la ha calificado como “sentencia inmoral”- la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“SC-TSJ”), a petición de unos desconocidos “mujiquitas” que se suponen afectos al oficialismo,  interpretó las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y, caprichosamente, estableció las facultades del Poder Legislativo. 

A tal efecto, la SC-TSJ inventó que, para ejercer el control legislativo, debe haber una coordinación entre la AN y el Vicepresidente Ejecutivo para hacer efectivo el ejercicio del referido control  respecto de cualquier funcionario del Gobierno y la Administración Pública Nacional; y que las convocatorias que efectúe la AN “[…] deben estar dirigidas exclusivamente a los funcionarios sometidos a ese control, indicar la calificación y base jurídica que la sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma, permitiendo a los funcionarios que comparecen, solicitar y contestar, de ser posible, por escrito, las inquietudes que formule la AN o sus comisiones,  inclusive, también si así lo solicitaren, ser oídos en la plenaria de la AN, en la oportunidad que ella disponga, para que el control en cuestión sea expresión de las mayorías y minorías a lo interno de ese órgano del Poder Público, las cuales han de representar  a todos los ciudadanos, y no únicamente a un solo sector; todo ello para dar legitimidad y validez a tales actuaciones […]”.

No contenta la SC-TSJ con su servil actitud, agregó que el  control parlamentario se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional, y no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral); ni sobre el poder público estadal ni municipal. En cuanto a la facultad de la AN para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados, la SC-TSJ determinó que la AN  carecía de tales facultades, agregando que no puede calificarse la remoción de un magistrado como “un acto administrativo”, pues se trata, sin duda, de un acto parlamentario en ejecución directa e inmediata de la Constitución, sin forma de ley.

A sabiendas de que la AN estaba en proceso de revisar la espuria designación de magistrados hecha en diciembre de 2015, la SC-TSJ se anticipó acordando la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la AN pretende impulsar la revisión de procesos de selección de esos magistrados.

La sentencia, cuya validez o existencia también se ha puesto en duda por la falta de firmas de magistrados, evidencia con meridiana claridad su carácter político, dictada para complacer al Ejecutivo Nacional en su empeño de poner coto a las facultades que constitucionalmente le corresponden a la AN. Esta circunstancia, per se, la descalifica como documento jurídico serio capaz de cumplir con los límites del Estado de derecho y la seguridad jurídica y desdice con la independencia e imparcialidad que deben ostentar los jueces y magistrados.

Sentencias tan bochornosas como detestables no son sentencias. Son actos políticos que, en lugar de favorecer la paz y convivencia, vienen a alterar no solamente la voluntad popular expresada el  de diciembre, sino a poner en riesgo la ya debilitada institucionalidad.

En días pasados, falleció el juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema de USA. Se le rindieron honores póstumos incluso con bandera a media asta. Se distinguía por sus posiciones conservadoras expuestas en numerosas sentencias, de las cuales resaltan las que se oponían a que la Corte Suprema se convirtiera en legislador, porque creía en la separación de poderes.

Merecerán esos magistrados de la SC-TSJ honores como los rendidos al juez Scalia, o serán considerados por la historia como empíricos leguleyos capeados de toga y birrete al servicio del mandón de turno?

(Publicado en el boletín AIPOP no. 270 de 6 de marzo de 2016).

 
ALGO SOBRE LA SOLIDARIDAD AUTOMÁTICA
 
Los políticos tienen la mala práctica de incurrir en solidaridad automática cuando siendo miembros de un partido político, uno de sus cófrades es denunciado por un delito de corrupción; o, se enteran de los manejos turbios de un compañero de partido, se hacen la vista gorda y cuando el asunto queda a los ojos de todos, entonces dicen que no tenían conocimiento de los hechos irregulares pero que para eso están los tribunales.
 
Eso ha venido funcionando en muchos países y, para muestra, basta con mencionar a España, donde las denuncias de corrupción política abarrotan las páginas de los medios informativos. Venezuela es otro ejemplo de vieja data donde se habla libremente de los corruptos, a quienes se les aplica el mote de “boliburgueses” o de “enchufados”, pero entretanto el oficialismo hace mutis por el foro, como si no supiera de qué se está hablando. Solamente una dama, en el aeropuerto de Barajas que sirve a la capital española, se atrevió a enfrentar a un joven acusado de “boliburgués” en aplicación del castigo social que reemplaza a la sanción legal.
 
No sería más provechoso para las formaciones políticas y para el país que los propios dirigentes partidistas se preocuparan por mantenerse dentro de la transparencia y denunciarlas en el caso de conocer de transgresiones, dejando que los jueces resuelvan de manera imparcial e independiente?
 
Para este escribidor, la respuesta afirmativa se impone. La solidaridad automática debe ser desterrada.

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