FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
 
“Lo vi desde mi balcón en medio de gritos de la gente. A la dueña de este carro, se le pusieron encima, por todas las puertas como si fueran hienas devorando la presa…uno de los motorizados se montó en el capó y con el casco le rompió el parabrisas con gran ensañamiento. La señora retrocede y prosigue el ataque. previamente se bajaron varios a enfrentar a los empleados de una cauchera de la zona. Uno de ellos estaba armado y sacó la pistola en posición amenazante. Y momentos antes, se le montaron a un conductor por todas sus puertas y proceder a desvalijarlo. Gracias a Dios que no le hicieron nada y pudo irse con su carro. Mientras, trepaban por las aceras y las cosas que desechaban del atraco al suelo los motorizados, lo recogían los conductores del cortejo fúnebre. Esto es una tragedia”. (Comentario de uno de los testigos del atraco masivo efectuado el 14-05-2013 en Macaracuay, Zona Metropolitana de Caracas, por docenas de motorizados).
 
Una decisión gubernamental ha ordenado que las calles de ciertas ciudades, entre ellas algunos municipios de la Gran Caracas, sean custodiadas por las fuerzas armadas para garantizar la seguridad ciudadana, azotada por el hampa desbordada que ha colocado a Venezuela como uno de los países más peligrosos del orbe, cuarto en homicidios y con más de 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes. 
 
Parece que se considera que utilizando a las huestes militares y su armamento de guerra van a reducir las cifras de criminalidad; pero, sin pretensiones de ave de mal agüero, puede predecirse que el hampa ganará esta batalla porque las causas principales del incremento del crimen no se soluciona con represión a ultranza, ni con gente inexperta en el manejo de la conducta humana por más armas que posean, sino mediante la aplicación civilizada de políticas públicas destinadas a erradicar el delito, y que se ubican en dos grandes áreas: la prevención y la represión.
 
Dentro de la prevención hay que situar los valores de la sociedad y su reforzamiento mediante la querella contra los antivalores, así como la educación y el deporte; y a ello hay que unir el buen ejemplo de los padres en el hogar y de los maestros en la escuela, con la colaboración de elementos policiales que entiendan que su función no es reprimir sino favorecer en la formación ciudadana, y enseñar que delinquir es un crimen. Asimismo, debe rechazarse cualquier acción que tienda a tolerar la delincuencia, como el caso de la corrupción, de la cual un viejo dirigente político ya fallecido afirmaba que en Venezuela no había razones para no robar porque no era Suiza. En fin, se trata de crear mecanismos de disuasión para evitar que brote la maleza en la pradera donde debe germinar el césped, que no es otro que la juventud.
 
En la represión, el aspecto fundamental radica en la independencia judicial, con jueces comprometidos con su responsabilidad como juzgadores, no vinculados a organizaciones partidistas, a quienes los organismos policiales de investigación como la Fiscalía del Ministerio Público y la policía científica les den los instrumentos necesarios para que apliquen la ley con las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico penal y que las penas corporales sean cumplidas en cárceles aptas para seres humanos. El mantenimiento de la seguridad de la población por una policía apta, además del desarme de la población y la severa persecución de los focos del delito, como el narcotráfico, son indispensables.
 
Por esas razones, amable lector, con militares en la calle, aunque armados hasta los dientes, no se va a poner coto a los graves actos delictivos que se comenten cada hora en Venezuela, ni siquiera el descrito en el epígrafe que encabeza esta nota.
                      
 

Crisis democrática en las américas

 

Desde el s. XIX, y con posterioridad a la independencia de las coronas española y portuguesa, los antiguos dominios de la península ibérica vivieron en medio de una turbulencia política entre golpes de estado y revoluciones de pacotilla, aunque el imperio del Brasil se vio menos afectado gracias al gobierno progresista del emperador Pedro II quien finalmente fue echado del poder por una combinación de fuerzas militares y económicas. 

 

Venezuela fue víctima de gobiernitos a cargo de quienes se consideraban con derecho a mandar por el solo hecho de haber participado en la guerra de la independencia, como si el país fuera su botín. Salvo José María Vargas, Carlos Soublette y Manuel Felipe de Tovar, quiens gobernaron con civismo y tolerancia, los demás se caracterizaron por su autoritarismo, destacándose en la centuria José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco.

 

Esta situación de inestabilidad fue superada por las autocracias de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez hasta 1935 cuando fallece éste, el gran loquero que durante 27 años metió en cintura a los caporales de hacienda que pretendían crear sus parcelas territoriales dentro de la República y que sentó las bases para la administración pública.

 

Con los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita se logró la transición pacífica hacia la democracia pese al golpe de estado de 1945, un “quítate tú para ponerme yo” que condujo a Rómulo Gallegos a iniciar un breve gobierno democrático al que dio al traste un movimiento militar que usurpó el poder durante 10 años, cuando Marcos Pérez Jiménez se ve obligado a huir, quedando a cargo una Junta de Gobierno que en menos de un año convocó a elecciones, resultado electo Rómulo Betancourt, a quien Germán Carrera Damas no duda en calificar como el padre de la democracia venezolana. Y promulgada la Constitución de 1961, uno de los más importantes de sus principios fue la alternabilidad, es decir, prever que el período constitucional tuviera una vigencia de 5 años y la prohibición de reelección para el mandatario saliente hasta por 10 años.

 

A raíz de ello, los venezolanos cada 5 años elegíamos a un nuevo Presidente de la República, como sucedía en las demás repúblicas hispanas que no estaban sujetas a dictaduras; y así de la misma manera sucedía en las repúblicas hispanoamericanas que habían logrado instaurar gobiernos democráticos.

 

La Constitución venezolana de 1999 extendió el período constitucional a 6 años, en lugar de los 5 que preveía su antecesora de 1961, lo que pareció conveniente dado que se consideraba que un quinquenio era insuficiente para culminar su obra de gobierno; pero, gracias a una reforma llevada a cabo a raíz de un referéndum consultivo, se incorporó la reelección indefinida del Presidente de la República, lo que permitió que Hugo Rafael Chávez Frías se postulara y ganara las elecciones cuantas veces quiso hasta que la muerte le impidió acceder a su último gobierno. Esa decisión del pueblo venezolano de facilitar a su Presidente la reelección indefinida corrió como pólvora por la América Hispana. Colombia aprobó una ley que le permitió a Alvaro Uribe Vélez postularse para un nuevo período y ganar las elecciones con importante apoyo popular, pero afortunadamente para el sistema democrático, éste optó por aceptar la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le impedía volver a postularse para un nuevo período constitucional.

 

En Bolivia, Evo Morales ingenuamente hizo aprobar en 2009 una constitución en la que se dispuso que los mandatos anteriores a la vigencia de la misma cuentan, lo que lo inhabilitaba para volver a postularse, pero gracias a una acomodaticia sentencia del complaciente Tribunal Constitucional, Morales podrá candidatearse para un tercer período consecutivo.

 

En Ecuador, Rafael Correa igualmente hizo modificar la constitución de su país para optar a un tercer período, logrando el triunfo que le permitirá gobernar hasta el 2017.

 

En Nicaragua, Daniel Ortega no perdió el tiempo en reformas constitucionales sino que apeló a una servil Corte que, pasando por encima de la Constitución, declaró legal la postulación de aquél.

 

En la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mientras mantiene su terca pelea con los medios impresos, ha resuelto abrir otro frente que, de triunfar, le facilitará su postulación para un tercer período constitucional en 2015: la ocupación del Poder Judicial para incorporar jueces sumisos a los designios políticos de su entorno político.

 

Esta modalidad reeleccionista es absolutamente antidemocrática porque atenta contra el principio de la alternabilidad y deja al desnudo una verdad indiscutible: los gobernantes que se han plegado a ella lo que desean es gobernar ilimitada y autoritariamente el tiempo que consideran necesario mantenerse en el poder so pretexto de hacer realidad los principios de una supuesta democracia progresista, revolucionaria, liberadora, popular y bolivariana, con la bendición del pueblo. Por supuesto, escapa de ese contexto Uribe Vélez quien, una de las cosas que no haría en su vida es sumarse a esas ilusorias declaraciones.

 

Eso no es más que una falacia porque, en la práctica, de lo que se trata es de camarillas de intereses anclados en el poder que, en lugar de gobernar para el bienestar de sus respectivos países lo que hacen es empobrecer a los pueblos para dominarlos con más facilidad, como acertadamente dijo en fecha reciente el Papa Francisco. Simplemente,  “Neodictaduras legítimas”, como los califica un conocido y exitoso asesor de imagen.

 

Para desgracia de todos, esos escenarios reales demuestran que la democracia en las Américas está en crisis, si es que no está moribunda; y lo más triste es que está postrada ante la mirada impasible de los gobiernos democráticos del mundo.

 

Basta de lloradera

 
En cualquier actividad humana en lacual haya una competencia, siempre habrá un ganador y un perdedor y, al final del concurso, el ganador se mostrará pleno de alegría y satisfacción por el triunfo obtenido, que compartirá con sus seguidores. Por supuesto, siempre que su éxito sea producto de una competición limpia, no fraudulenta.
 
El  perdedor, por su parte, si ha sido en buena lid, aceptará el resultado, al igual que quienes le acompañan y si quieren seguir para una posterior oportunidad, lo aconsejable será que se preparen para una oportunidad futura. Por supuesto, si ha habido fraude, no es fácil conformarse y da pie a las depresiones y pérdida de confianza en su líder.
 
Esa situación aplica a la política, en los procesos electorales donde debaten distintos candidatos que, cosa normal, tienen sus seguidores; pero, generalmente los perdedores tienden a desanimarse y a renegar de la campaña electiva y de su propio candidato por no haber logrado llevarse el trofeo.
 
Eso es realmente un error porque en toda lid debe haber un ganador y un perdedor, y hay que asumirlo con responsabilidad; por supuesto, puede ser que la derrota se deba a factores de distorsión -generalmente de mala fe- y los seguidores se sientan defraudados porque a quien ellos seguían aceptó su pérdida sin rechistar, o con poca resistencia, en cuyo caso solamente queda el camino de levantarse y apoyar decididamente a su candidato.
 
Pero ese apoyo no puede ser simplemente una expresión de respaldo desde una cómoda butaca escuchando la mejor música clásica, ni degustando un suculento plato en maridaje con un excelente vino, ni tampoco en una peña literaria despotricando de las debilidades de su dirigente, como tampoco cayendo en críticas en círculos de amistad al gobernante de turno fundadas en chismes y “bolas” salidas de las redes sociales, en medio de abundantes lágrimas de cocodrilo de los asistentes. La actitud debe ser proactiva pues no basta que el líder asuma su responsabilidad sino que cada uno de sus adherentes debe asimilar que un solo grano de arena no hace montaña; y para ello, la sociedad o aquella parte de la sociedad que siga a ese dirigente debe organizarse motivadamente para lograr que su esfuerzo conjunto arroje el resultado deseado.
 
Como ejemplos de proactividad se puede comenzar con abandonar el cómodo sofá e iniciar ciertas acciones dependiendo de la disponibilidad y capacidad de cada uno: escribir mensajes en las redes sociales con información seria y veraz de la actualidad nacional previamente comprobada así como de la actividad de su candidato, escribir ensayos en blogs, dibujar caricaturas, comunicarse con la gente y animarla a la participación ciudadana y, muy importante, enseñar al que no sabe, especialmente en cuanto a valores y principios.
 
En fin, basta de lloradera. Prepárese para actuar.
 
 

El proceso internacional de impugnación de elecciones

 
El proceso internacional de impugnación de elecciones es aquel que se tramita ante determinados organismos internacionales de derechos humanos de acuerdo a los convenios y tratados firmados por Venezuela, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo Facultativo de la ONU y la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”, de la OEA. Se trata de pactos en la comunidad internacional dentro del marco de los derechos humanos -porque el derecho a elegir es un derecho humano- que permiten que en un proceso especial se juzgue el resultado electoral en algún país miembro de la ONU o de la OEA en el caso de los países americanos, o en ambos si se trata de un país que pertenece las dos organizaciones.
 
Los órganos para conocer del proceso internacional de impugnación de un país miembro de la ONU y de la OEA son:
 
  • La Comisión de Derechos Humanos (HRC) de la ONU.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Para que proceda la iniciación del proceso, el interesado debe haber  agotado los recursos previstos en la legislación interna del país americano, si así lo exigen sus leyes; y, ante la posibilidad de ejercer su acción ante cualquiera de los dos organismos mencionados, se deberá optar ante cuál de ellos propondrá su denuncia. Podría eventualmente proponerse ante ambos, pero podría haber la posibilidad no solamente de duplicar esfuerzos y costos, sino de que se produzcan decisiones contrarias o contradictorias.
 
Interpuesta la denuncia, el organismo deberá imponer al Estado denunciado del contenido de la demanda y, posteriormente, se abre el debate probatorio, luego del cual las partes, el decir, el denunciante y el Estado, rinden sus conclusiones, antes de que se emita el dictamen correspondiente. El dictamen de la CIDH puede ser consultado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por voluntad de la CIDH o del Estado denunciado.
 
Si finalmente el Estado resulta condenado, debe recibir y acatar la decisión si ésta fuere de naturaleza anulatoria de las elecciones y convocar a un nuevo proceso electoral. Ahora bien, a este respecto hay que observar lo siguiente:
 
1.    La economía de tiempo. Estos procesos, al ser complejos y con unas amplias competencias, tienden a que las decisiones sean lentas, o consuman mucho tiempo, es decir, no puede pensarse que se obtendrá una decisión en el corto plazo y hasta quizás podría producirse luego de haber terminado el período constitucional surgido a raíz del proceso impugnado.
2.    La ejecutoriedad. En principio, todas las decisiones deben ser ejecutoriadas por el Estado salvo que se haya violado el orden jurídico interno. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) de Venezuela ha establecido una excepción cual es la revisión de las sentencias dictadas por la CIDH y negarles la ejecución; pero en el caso de las decisiones de la HRC la SC-TSJ no ha adoptado criterio alguno hasta el presente, ni ha interferido en su ejecución.
 

En conclusión, es perfectamente legítimo acudir a los organismos internacionales para impugnar procesos electorales, pero hay que estar conscientes de que no se obtendrá una decisión inmediata. Más bien, lo que se pretendería con el inicio de una acción de esta naturaleza es demostrar que en el orden interno la institución judicial no funciona y, de esta manera, restarle legitimidad al ganador en el proceso cuestionado.

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