Expectativa plausible o confianza legítima y medidas humanitarias

 

La expectativa plausible o confianza legítima comenzó a divulgarse a través del XV Congreso de Derecho Comparado celebrado en Bristol, Reino Unido, en 1998, resumiéndose en lo siguiente:

Si alguien se encuentra frente a una autoridad o ante su contraparte en una relación jurídica, tiene derecho válidamente a esperar que éstos continúen manteniendo una determinada conducta, aun cuando no exista una norma o una manifestación formal de voluntad a través de la cual se reconozca necesidad de su acatamiento, porque se ha creado una expectativa legítima a recibir el mismo resultado.

Este criterio, inicialmente admitido en Venezuela por la Corte Suprema de Justicia a finales de los 90´s, fue confirmado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a mediados de los 2.000´s al sostener que la confianza legítima o expectativa plausible tiende a la existencia de confianza por parte de la población del país, en su ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que comprende:

1.  Que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes.

2.  Que la interpretación de la ley se haga en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.

3.  Que a las leyes no se les dará carácter retroactivo, salvo las procesales y las que impongan menores penas.

4.  Que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable, o sea, que la interpretación que hagan los tribunales, en especial el Supremo, sea considerada idónea, responsable y no caprichosa ni sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que conducirían a un caos interpretativo que afectaría la transparencia (no “tramparencia”) y la imparcialidad.

De esta manera, puede decirse que la expectativa plausible o confianza legítima es derecho vigente y, por tanto merece  el respeto debido, no solamente por quienes administran justicia, sino también por todo aquel que, al momento de tomar una decisión conforme al ordenamiento legal, está obligado a aplicar el criterio utilizado en un caso precedente.

Veamos un ejemplo.

Los artículos 5 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal suscriben un trato humanitario para quienes, privados de libertad o no, necesiten asistencia por su delicado estado de salud.

En ese supuesto, si un procesado en grave estado de salud solicita una medida humanitaria porque requiere de tratamiento médico adecuado, la autoridad judicial está obligada a otorgársela, en función de los citados dispositivos legales; y si, posteriormente, otro procesado que se encuentre en tales condiciones invoca los mismos motivos para recibir igual tratamiento, la autoridad judicial en ese caso está compelida por la expectativa plausible o confianza legítima que tiene este último procesado a recibir igual trato que el que le precedió.

¿La deuda por pasajes aéreos, quiénes la pagarán?

 
El tema se inicia a raíz del control de cambios al contemplarse en los convenios cambiarios firmados entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas que los pasajes aéreos serían pagados a una tasa preferencial determinada,  pero resulta que esa deuda se fue incrementando a cuantiosos montos en dólares americanos, porque oportunamente el Estado no liquidaba el importe respectivo a las líneas aéreas.
 
Entretanto, es un hecho notorio, las líneas aéreas fueron paulatinamente incrementando el precio de los pasajes para protegerse de la dilación de los pagos, llevándolos incluso a precios astronómicos. Por ejemplo, un pasaje aéreo Caracas-Sao Paulo-Caracas llegó a costar en el mes de septiembre de 2013 Bs. 27.000 aproximadamente, algo cercano a US$ 4,500, cuando el tiquete aéreo Caracas-Madrid-Caracas, que es el doble de la distancia, solamente costaba la mitad, más o menos.   
 
Ahora resulta que, según informaciones de prensa, las acreedoras y el deudor han comenzado a negociar la deuda y, aparentemente, aquéllas han convenido en hacer una “quita”, vale decir, un descuento al deudor para facilitar el pago de las facturas vencidas.
 
Entonces, si las acreedoras elevaron los precios -sobrefacturaron- para protegerse económicamente y ahora hacen un descuento al Estado, causaron un perjuicio a los intereses económicos de los viajeros. En otros términos, los viajeros “pagaron el pato”.

Estrés: Acelerador del reloj celular

El 29 del corriente mayo, ABC.es publicó un interesante artículo titulado “Tóxicos que acortan la vida”, referido a algunas sustancias a las que estamos expuestos       que a diario aceleran el envejecimiento y pueden marcar la diferencia entre cumplir años con salud o con achaques.

El autor relata una serie de elementos que inciden en la salud del ser humano, entre ellos, el envejecimiento celular, el tabaco -el “top ten” de todo lo malo-, la radiación U V solar, la quimioterapia, el arsénico y el benceno, la obesidad y el estrés.

Como se trata de un tema de salud, y por tanto de significación para el ser humano, quiso este escribidor traer el tema a colación, a título de consideración para todos, especialmente para mis paisanos y mis no paisanos que aman a Venezuela, pero centrándola en el estrés, sobre el que el articulista dice:

No es una sustancia concreta, pero influye en el envejecimiento. Un poco de estrés es bueno y estimulante. Un exceso ya no lo es tanto. Diversos estudios muestran, según los investigadores de California, que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, disminuye las defensas, afecta a la memoria y favorece la muerte neuronal”.

 Como se observa, el estrés, si bien puede ser razonable como se indica, cuando estamos en medio de un torbellino de inseguridad, alto costo de la vida, escasez, protestas aun pacíficas y pare usted de contar, si no lo controlamos y mantenemos la racionalidad,  nos alcanzará y atrapará con sus redes, dando al traste con la posibilidad de una calidad de vida cada día mejor que compase el reloj celular.

¡¡¡¡A desestresarse!!!!

No violamos ninguna Ley

 

Recientemente, un sujeto del mundo político ha hecho pública una curiosa información referida a una pantomima de una acción absolutamente ilegal y delictiva que implica un magnicidio político y a un imaginario golpe de Estado.

 

Al ser cuestionado y rechazado por los presuntos magnicidas e imaginarios golpistas, el individuo de marras ha respondido, cual párvulo del primer grado que pareciera no haber salido, que “no violamos ninguna ley” al denunciar los torticeros y ridículos hechos.

 

No se trata de dirimir entre tirios y troyanos, ni de ratificar que toda afirmación tiene que estar dotada de la correspondiente prueba, ni siquiera si la imputación es una farsa o no, sino de algo elemental: Nadie puede ser juez y parte a la vez. En efecto, si alguien hace alguna afirmación que finalmente resulta cuestionada, el único que puede resolver la controversia es aquel poder al cual constitucionalmente la ha sido asignada la facultad de dirimir las diferencias entre partes.

 

Por consiguiente, como en el aludido caso el declarante fue contradicho por aquellos a quienes acusó, su afirmación de no haber violado ninguna ley, no es más que una infantil argumentación.

 

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